En los últimos años nuestro país ha actuado poco o nada contra la corrupción internacional, ya que no ha sancionado ningún caso, señalaron Transparencia Internacional y Transparencia Mexicana a través del informe “Exportando Corrupción 2020”.
Al analizar las investigaciones y sanciones de los gobiernos de 47 países en casos de cohecho transnacional, se expuso que casi tres cuartas partes de las naciones (34) actúan poco o nada en casos de cohecho internacional; México es uno de ellos.
- El reporte señala que, de acuerdo con información pública disponible en fuentes oficiales como la Fiscalía General de la República, México inició sólo tres investigaciones en el periodo del reporte (2016-2019), las cuales no se han presentado ante el poder Judicial y en consecuencia no se ha identificado la presunta responsabilidad o se ha sancionado a los posibles responsables. Tampoco se han recuperado los activos desviados.
Se advierte que hay poca información pública disponible sobre las indagatorias, aparte de las que se refieren a hechos ocurridos en España y Guatemala. Aunque una de estas investigaciones aún está en curso.
El informe añade que las cifras publicadas por las autoridades mexicanas contrastan con lo informado por otros países, por ejemplo, las de Estados Unidos, que reportan cuatro investigaciones y procesos judiciales por soborno a servidores públicos mexicanos o radicados en México, o a empresas mexicanas que sobornaron en el extranjero.
- Los cuatro casos fueron sancionados en Estados Unidos, pero no se investigaron en México. Derivado de estas investigaciones, el Departamento de Justicia y la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos recuperaron más de 1,000 millones de dólares por las sanciones impuestas a las empresas que operaron indebidamente en México y otras naciones.
- Entre los casos sancionados en EU, se encuentra la investigación contra una empresa constructora, la cual fue señalada por el Departamento de Justicia en el 2016, por irregularidades presuntamente cometidas por sus empleados en la construcción de una planta en Colombia. Ello, debido al pago irregular de más de 20 millones de dólares a terceros para adquirir tierras, derechos mineros y los beneficios de una zona franca.
Sin embargo, en México no existe información pública sobre si se ha iniciado una investigación contra la empresa.
Asimismo, en el 2015, el gobierno de España inició una investigación sobre presuntos actos de corrupción y sobornos en el extranjero relacionados con una empresa minera. Cinco años más tarde, no se conocen medidas tomadas en México.
LOS PROGRESOS
Pese a no contar México con acciones penales o sanciones contra la corrupción internacional, el documento reconoce algunos avances en nuestro país, como otorgar autonomía constitucional a la Fiscalía General de la República en diciembre del 2018; sin embargo, subrayó que el proceso de nombramiento para el primer fiscal general fue muy cuestionado.
Además, las organizaciones resaltaron la aprobación, en octubre del 2018, de un protocolo para combatir el soborno en el extranjero, adoptado por la administración pública y la Fiscalía General, el cual busca establecer principios, estándares de desempeño y recomendaciones para orientar a las autoridades responsables en el combate a la corrupción en el soborno extranjero.
Pero lamentaron que desde el cambio de gobierno, en diciembre del 2018, no hay más información pública sobre la implementación de este protocolo.
- Otro de los avances reconocidos es el nombramiento de un fiscal anticorrupción en marzo del 2019, año en el cual inició 773 investigaciones sobre cohecho, pero sólo cinco fueron presentadas ante un juez, mientras que el informe anual del fiscal no menciona alguna investigación de soborno en el extranjero.
- Otra observación es “insuficiencias” en el marco legal para combatir la corrupción internacional, ya que después de crear el Sistema Nacional Anticorrupción, que trabaja para luchar contra este delito a nivel penal y administrativo, “las autoridades encargadas de señalar y sancionar los delitos de corrupción, incluidos los sobornos en el extranjero, no han mostrado resultados concretos. Argumentando que se necesitan reformas adicionales para crear un marco legal más eficiente.
Sin embargo, Transparencia Internacional considera que el marco legal actual es suficiente para iniciar investigaciones y enjuiciar los casos que podrían conducir a sanciones. Mientras que el fiscal anticorrupción ha señalado la necesidad de reformar varias leyes para obtener jurisdicción en una serie de casos de lavado de dinero; para aumentar sanciones para las empresas involucradas en grandes casos de corrupción; para desarrollar el uso de la tecnología y una mayor vigilancia en las investigaciones; y definir mejor el estándar de cumplimiento requerido a las empresas.
CORRUPCIÓN, EL INESPERADO LASTRE DEL GOBIERNO DE AMLO
Nada simbolizaba más la cruzada del presidente Andrés Manuel López Obrador para combatir la corrupción en México que el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado (Indep), una oficina gubernamental que creó para hacer precisamente eso.
Pero a fines de septiembre, el entonces jefe del Indep, Jaime Cárdenas, renunció a su cargo tras señalar presuntas irregularidades al interior del organismo que administra los recursos decomisados a corruptos, narcotraficantes y miembros del crimen organizado.
- Cercano aliado del mandatario desde hace décadas, Cárdenas denunció en una carta pública la supuesta manipulación de subastas para beneficiar a ciertas personas y dijo que a más de una decena de joyas listas para remate les desengarzaron piedras preciosas como diamantes, esmeraldas y zafiros.
“Si hay denuncias se van a investigar como tiene que ser, pero esto es, más que nada, un asunto politiquero, no hay nada de qué preocuparnos”, se defendió el presidente, conocido por su acrónimo AMLO.
- Las acusaciones, sin embargo, no fueron las primeras grietas en la lucha anticorrupción encabezada por el mandatario.
- En los últimos meses surgieron videos de uno de sus hermanos recibiendo sobres con dinero en efectivo, su cuñada renunció al ayuntamiento en su ciudad natal en medio de señalamientos de desfalco y un hijo de un alto funcionario cercano a López Obrador vendió ventiladores mecánicos con sobreprecio al servicio de salud.
Aquellos y otros casos recientes de supuesta corrupción dentro de las filas del propio AMLO están perjudicando su promesa de luchar contra este mal enquistado en el país y podrían pesarle al oficialismo que, a mediados del próximo año, buscará conservar la mayoría en la Cámara de Diputados.
Para Eduardo Bohórquez, director del capítulo local de Transparencia Internacional, los escándalos también son un recordatorio de que erradicar la corrupción política no es algo que se puede lograr sólo con un buen ejemplo.
Si el presidente cree que basta que él sea honesto para que se acabe la corrupción, esa afirmación es falsa”, opinó Bohórquez, advirtiendo de que la actual crisis económica, agravada por la pandemia, podría hacer que aceptar sobornos sea aún más atractivo para los políticos necesitados de liquidez.
“Las amenazas son muchas y muy grandes: en un momento de contracción económica global, se van a acercar (…) a ofrecer desde mecanismos de financiamiento de las campañas electorales en 2021 hasta negocios jugosos”, agregó. “La corrupción es una amenaza permanente de todo sistema político y administrativo”.
- En junio del 2021, el gobernante Movimiento Regeneración Nacional (Morena) tentará, además, 15 gubernaturas, 30 congresos estatales y cerca de 2,000 otros cargos locales en un proceso que ha sido catalogado por el árbitro electoral como “el más grande” en la historia del país.
Si el partido de AMLO pierde la mayoría en la Cámara de Diputados podría tener dificultades para continuar con su “transformación” del país y, entre otras cosas, revertir la apertura del mercado energético promulgada por su predecesor que, según él, tiene visos de corrupción.
ESTRATEGIA ELECTORAL
A principios de septiembre, Concepción Falcón, cuñada del mandatario y entonces regidora de Macuspana, renunció junto a otros 10 funcionarios y el alcalde municipal argumentando “ingobernabilidad” en la tierra natal de López Obrador.
Legisladores locales del opositor Partido de la Revolución Democrática (PRD) aseguraron, sin embargo, que la dimisión tuvo su origen en un desfalco de al menos 200 millones de pesos (unos USD 10 millones), citando documentos del órgano interno de fiscalización que aún no se han hecho públicos.
- AMLO negó los señalamientos y calificó a Reforma -el diario local que destapó el escándalo- como un “pasquín inmundo”. Hasta ahora no se ha presentado denuncia alguna contra Falcón.
- El presidente de la Mesa Directiva del Congreso de Tabasco -donde se encuentra Macuspana- sostuvo que mientras no se termine la investigación no se pueden adelantar responsabilidades.
“No estamos diciendo que no ha habido corrupción, ni que no se vaya a investigar (…) el debido proceso se tiene que cumplir, no podemos adelantar vísperas”, dijo Jesús de la Cruz.
Unos días antes, uno de los hermanos del mandatario, Pío, apareció en dos videos presuntamente recibiendo dinero para la campaña electoral de 2015 de Morena en el estado sureño Chiapas.
- El mandatario pidió que se investigue el hecho aunque negó un acto de corrupción y dijo que era “cooperación”. El opositor Partido Acción Nacional (PAN) presentó una denuncia ante la Fiscalía para que indague pero, hasta el momento, no se ha iniciado una pesquisa.
- Para Bohórquez, el jefe de Transparencia mexicana, AMLO está tomándole el pulso a los escándalos y, si siguieran creciendo, actuaría incluso si debe ir en contra de su familia.
“Si es necesario que investigue a Pío para mantener la gobernabilidad de su proyecto, lo va a hacer. Y si necesita investigar a su familia política en Tabasco, lo hará también”, pronosticó Bohórquez, de 48 años.
Por su parte, Porfirio Muñoz Ledo, un histórico dirigente de la izquierda mexicana que aspira a dirigir el partido de AMLO, dijo que los señalamientos se deben comprobar y “si hay alguien que ha fallado, pues que se vaya a la cárcel”.
“Una ola tan grande (como Morena) arrastra también alguna basura. Yo estoy porque se juzguen aquellas inmoralidades, quienquiera que sea”, afirmó el abogado de 87 años.
En junio, durante las peores semanas de la pandemia del coronavirus en el país, la popularidad de AMLO llegó a un 47.5%, su nivel más bajo desde que asumió a fines de 2018, de acuerdo a cifras de la firma Consulta Mitofsky.
Desde entonces, su aprobación se ha recuperado pero aún está lejos de sus máximos. El salto, según analistas, se produjo gracias a la extradición de Emilio Lozoya, un exdirector general de la estatal Pemex, y la captura de un exgobernador, ambos acusados de corrupción.
Aquellos sucesos de julio le permitieron a López Obrador refrendar su promesa de luchar contra la corrupción y revivir su propuesta sobre un referéndum para preguntarle a la población si quiere juzgar o no a sus antecesores en la misma fecha de las elecciones intermedias.
- “Hay múltiples obstáculos que podrían descarrilar la consulta o reducir sus consecuencias prácticas, pero López Obrador la utilizará para sumar puntos antes de las elecciones de 2021”, opinó Carlos Petersen, analista de la firma Eurasia.
- “La popularidad del presidente ha resistido bastante la crisis actual, pero hay evidencia de que hay descontento con la forma en que se ha manejado la crisis. Mantener vivo el tema de la corrupción es políticamente beneficioso para él”, agregó.
A principios de octubre, miles de manifestantes organizaron la que probablemente fue la mayor protesta contra el mandatario en Ciudad de México, la capital que gobernó entre 2000 y 2005.
- “Voté por él (López Obrador) para que acabe con corrupción, no para que la mantenga”, dijo Teresa Molina, una asistente de 41 años que trabaja en un consultorio médico en la capital. “Es indignante que hasta ahora no haya hecho mucho”, añadió.
ACIERTOS, SELECTIVIDAD
Desde antes de asumir como presidente de México a fines de 2018, AMLO hizo de la lucha contra la corrupción e impunidad una de sus principales banderas. Una vez en el cargo, ha emprendido una campaña de austeridad y combate a la deshonestidad que, dice, le ha ahorrado al país unos USD 26,500 millones.
Bajo su gestión, la Fiscalía General y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que combate el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo, han investigado sonados casos.
“Mientras que el sexenio anterior se caracterizó por la simulación en materia de corrupción, este sexenio se ha caracterizado por un ímpetu en combatir la corrupción en todos los frentes”, dijo a Reuters el jefe de la UIF, Santiago Nieto.
- México subió ocho posiciones en el Índice de Percepción de la Corrupción 2019, ranking que elabora la ONG Transparencia Internacional todos los años. Pasó del puesto 138, de 180 países, al 130.
- Pero el año pasado, la tasa de mexicanos que experimentaron al menos un caso de corrupción al realizar un trámite ante la administración pública trepó un 7% respecto al 2017, según una encuesta del Instituto Nacional de Estadística (Inegi).
Muñoz Ledo, cercano aliado del mandatario desde hace décadas, aseguró que el combate a la corrupción “todavía es muy imperfecto” y sostuvo que se debe atacar la evasión de impuestos para lograr “una lucha frontal contra la corrupción”.
Los opositores, por su parte, acusan que la justicia sólo tiene en la mira a los rivales de AMLO.
- Mientras Rosario Robles, exministra entre 2012 y 2015, se encuentra en prisión preventiva acusada de irregularidades, el hijo del director general de la estatal eléctrica CFE, Manuel Bartlett, señalado de vender al Estado ventiladores con sobreprecio durante la pandemia del COVID-19, sólo ha recibido sanciones administrativas que, de hecho, ha logrado frenar.
Sin embargo, cada vez que puede, el mandatario recuerda en sus discursos que “ya no hay corrupción arriba”, en referencia a los altos cargos de su Gobierno. “La política anticorrupción de López Obrador es mucho ruido y pocas nueces: es una gran narrativa y una pobre realidad”, opinó Emilio Álvarez Icaza, senador independiente.
CORRUPCIÓN CRECE EN EL PRIMER AÑO DE LA 4T
La Encuesta Nacional de Calidad de Impacto Gubernamental del Inegi reveló que las víctimas de actos de corrupción en la prestación de servicios básicos creció 7.5% entre 2017 y 2019.
Este indicador señaló que la tasa de prevalencia de corrupción pasó de 14 mil 635 víctimas por cada 100 mil habitantes en 2017 a 15 mil 732 en 2019.
- El mayor porcentaje en experiencias de corrupción se estimó en el contacto con autoridades de seguridad pública con 59.2% de los casos; seguido de los trámites relacionados con permisos de uso de suelo, demolición o construcción, solicitudes de constancias de libertad de gravamen u otros trámites en el Registro Público de la Propiedad con 25 por ciento.
Estas cifras expresan tanto la relación de personas afectadas, como las experiencias de corrupción registradas en trámites, pagos y solicitudes de servicios públicos, así como otro tipo de contactos con servidores públicos en áreas urbanas
- El costo total en 2019 a consecuencia de la corrupción en la realización de trámites o solicitudes de servicios públicos y otros contactos con la autoridad fue de $12,770 millones, equivalente a $3,822 por persona afectada; el mayor costo provino de trámites educativos.
La encuesta del Inegi también reveló que se duplicó la confianza de la ciudadanía en el gobierno federal, con lo cual éste se colocó por encima de los otros dos órdenes de gobierno, el estatal y el municipal./Agencias-PUNTOporPUNTO
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