Este jueves, en el marco de la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, José Antonio Peña Merino, presentó la Ley Nacional de Simplificación y Digitalización.
- En este sentido, el funcionario detalló que se buscan reformar los artículos 25 y 73 constitucionales con el fin de que el Congreso tenga la facultad para expedir una ley nacional.
- Los beneficios concretos de esta ley es reducir aún más espacios de corrupción, eliminar discrecionalidad, homologar los trámites, requisitos y el tiempo de resolución y tener el 80 por ciento de los trámites en línea», explicó.
En este contexto, se detallaron desde Palacio Nacional los objetivos de la Ley Nacional de Simplificación y Digitalización, los cuales buscan homologar trámites, requisitos, tiempo de resolución y procesos de atención.
Aunado a eso se estima también mantener buenas prácticas regulatorias (T-MEC), así como facilitar que las personas accedan a lo que tienen derecho sin tanto trámite burocrático.
En cuanto a los beneficios que traerá la Ley Nacional de Simplificación y Digitalización, Peña Merino, indicó que el más importante es reducir aún más espacios de corrupción, eliminar discrecionalidad, homologar los trámites, requisitos y tiempos de resolución.
También se señaló que reducir la carga regulatoria en los tres órdenes de gobierno, fortalecer la certeza jurídica, facilitar el acceso a derechos y acelerar la actividad económica para generar prosperidad compartida son parte de los beneficios.
Por último, se indicó que con esta medida habrá un 50 por ciento menos trámites, requisitos y tiempo.
Beneficios
- Reducir aún más espacios de corrupción
- Eliminar discrecionalidad
- Homologar los trámites, requisitos y tiempos de resolución
- Reducir la carga regulatoria en los tres órdenes de gobierno
- Fortalecer la certeza jurídico
- Facilitar el acceso a derechos
- Acelerar la actividad económica para generar
- Reducir al 50 % los tiempos de trámites
- El modelo se basa en 9 puntos
Decálogo de la Simplificación:
- La mayor carga regulatoria la debe asumir la autoridad
- No solicitar documentos que el gobierno genera
- Fusionar trámites y crear flujos simultáneos
- Eliminar requisitos no indispensables físicos
- Los documentos digitales tienen la misma validez que documento
- Todo trámite digitalizado debe ser previamente simplificado
- Homologar vigencias en trámites que dependan uno de otro
- Renovar vigencias cuando proceda, no reiniciar el trámite
- Sustituir permisos por avisos, cuando proceda
- Priorizar volumen de uso y grupos de mayor vulnerabilidad
Repunta 42.5% costo de corrupción en trámites públicos
En 2023 la corrupción en pagos, trámites o solicitudes de servicio en México tuvo un costo de 11,911 millones 615,651 pesos; en promedio, cada ciudadano desembolsó 3,368 pesos, lo que significó un repunte con respecto del 2021, aunque las cifras se mantienen por debajo de lo reportado en 2019, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
- Con respecto a 2019, cuando dicho costo total ascendió a 12,290 millones 312,638 pesos y comparado con “pesos constantes de la segunda quincena de julio de 2018”, precisa la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG 2023) levantada por el Inegi, la reducción fue 3.1%, y 8.5% menos en el caso del promedio de gasto por persona, ya que en ese año la cifra fue de 3,679 pesos.
- No obstante, si se cotejan las cifras del 2023 con el 2021 hay un repunte en el costo total de la corrupción en trámites de 42.5% y si se considera el promedio por persona el alza es de 25.6 por ciento.
Y es que para el 2021, el costo total ascendió a 8,357 millones 637,571 pesos; en cuanto al promedio por persona el dato se ubicó en 2,681 pesos.
Los trámites en donde existió un aumento en el porcentaje de personas que experimentaron corrupción, entre 2021 y 2023, fueron el proceso para abrir una empresa, que pasó de 21.9 a 27.5 por ciento.
- Le siguieron permisos relacionados con la propiedad (22.3 a 23.5%); trámites municipales (13.8 a 18%); pago de tenencia (3.3 a 3.7%); trámites en educación pública (1 a 1.4%); llamadas de emergencia a la policía (1.1 a 1.4%) y atención médica programada (0.3 a 0.6%).
Por estados, para 2023, la CDMX (6,471 pesos); Hidalgo (5,664) y Sinaloa (5,654) fueron los del costo promedio de corrupción en trámites más alto.
Los más bajos fueron Aguascalientes (1,157); Campeche (1,007) y Chihuahua (827).
Tasa de prevalencia
En general, la tasa por cada 100,000 habitantes de prevalencia de corrupción al realizar un trámite se mantuvo a la baja.
- Entre 2013 y 2019, la tasa subió de 12,080 a 15,732 casos en el país; sin embargo, para el 2021, la cifra bajó a 14,701, mientras que para el 2023, el dato disminuyó nuevamente a 13,966.
- Por entidad, entre 2021 y 2023, hubo un alza de víctimas de corrupción en ocho estados; en cuatro bajó y en 20 se mantuvo igual.
Para el año pasado, por sexo, los hombres fueron los que más reportaron corrupción en trámites ya que la cifra se ubicó en 18,821; en mujeres la tasa fue de 9,647.
Por su parte, de diez “servicios públicos bajo demanda” medidos por el ente autónomo, en 2023 disminuyó el “nivel de satisfacción”, comparado con las cifras de dos años antes, en los seis siguientes:
“Educación pública universitaria” (83.1% y 81.6 en 2021 y 2023, respectivamente); “autobús de tránsito rápido (78.9% contra 76.7); “educación pública obligatoria” (71.3% y 71); “transporte público Metro o tren ligero” (62.3% y 62.2); “servicio de salud en el ISSSTE” (51.8% y 49.3) y “servicio de salud en el IMSS” (52 y 48.7%).
- En “servicio de energía eléctrica”, “autopistas con casetas de cuota”, “servicio de salud en centros de salud estatales o Insabi” y “transporte público automotor “el nivel de satisfacción de los ciudadanos incrementó con respecto a la medición previa; en los servicios de “transporte por teleférico de Cablebús o Mexicable” y “servicio de salud del IMSS-Bienestar”, incluidos por primera vez en la encuesta, la satisfacción fue 93.6% y 57.9, respectivamente.
En ocho “servicios públicos básicos”, el “nivel de satisfacción” fue superior en seis en 2023 y menor en dos, comparado con los resultados de dos años antes.
Registraron una baja en la satisfacción de los pobladores los servicios de “agua potable” y de “drenaje y alcantarillado” (53.7% y 50.7 en 2021 y 2023 y 45.6% y 45.4, respectivamente).
Corrupción por realizar trámites relacionados con propiedades
El porcentaje de víctimas de corrupción por realizar trámites relacionados con propiedades aumentó en 2023, sin mejorar el promedio que ha mantenido en los últimos 10 años, de acuerdo con los resultados más recientes de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) del Inegi.
- El número de personas que experimentaron un acto de corrupción al realizar alguna gestión relativa a la propiedad ascendió a 23 mil 518 el año pasado, cifra que significó 23.5% del total, tasa superior a la de 22.3% registrada en 2021.
- El nivel de prevalencia de este problema se mantiene estancado cerca del promedio de 23.8% reportado desde 2013, cuando el Inegi inició su medición.
El costo por la corrupción en los permisos relacionados con la propiedad ascendió a 16 mil 744 pesos por víctima, cuatro veces superior a los cuatro mil 354 pesos que en promedio eroga una persona por este problema en pagos, trámites o solicitudes de servicios en general.
Los trámites relacionados con la propiedad tienen que ver con los permisos básicos para construcción, remodelar o ampliar una vivienda, que incluye las solicitudes de alineamiento y número oficial, explicó por su parte Raymundo Tenorio, profesor emérito del Tec de Monterrey.
Esas gestiones relacionadas con la propiedad son responsabilidad de autoridades municipales, donde la tasa general de prevalencia de la corrupción en trámites asciende a 16.5%, tasa menor a la de 19.7% reportada para los gobiernos estatales.
- A escala nacional, los estados que reportan los mayores niveles de prevalencia de corrupción en 2023 en permisos relacionados con la propiedad fueron: Chiapas, con una tasa de 73.5%; seguido de Baja California, con 53.8%; Tabasco, 51.9%; Veracruz, 45.7%; Ciudad de México, 45.5%, y Quintana Roo, 43.1%.
- Por el contrario, los estados con las menores tasas de este delito fueron: Chihuahua, con 1.9% víctimas de corrupción en estos trámites; Querétaro, 4.5%; Zacatecas, 5.5%; Sonora, 5.9%; Coahuila, 6.4%, y San Luis Potosí, 8.1%.
“Si no confiamos en las autoridades, no denunciamos el delito, por lo cual hay una cifra negra bastante alta, que en el país está arriba de 93%, y si no hay denuncia del delito, las autoridades no pueden actuar, por lo tanto, es un círculo negativo”, afirmó Tenorio.
Cinco de cada 10 empresas enfrentan actos de corrupción
El 48% de las empresas en México revelaron que un servidor público o una tercera persona les había solicitado algún beneficio —como dinero, regalos o favores— para realizar, agilizar o evitar trámites, multas o pagos.
Lo anterior, de acuerdo con la última Encuesta Nacional sobre Experiencias de Corrupción en Empresas, realizada por los equipos de Data Coparmex y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) en una muestra de los más de 36 mil empresarios afiliados a esta confederación patronal.
- Este porcentaje es el más alto reportado por las empresas durante los últimos seis años que Data Coparmex ha levantado esta encuesta y representa un incremento de 23% comparado con el dato de 2022, cuando la incidencia fue de 39 por ciento.
- Las razones por las cuales las empresas, para participar en un acto de corrupción, fueron directamente vinculadas con interacciones con las autoridades: agilizar trámites en el 59% de las empresas involucradas, seguida de obtener licencias o permisos, con 39% y, por último, para evitar multas, sanciones o clausuras, en 31% de los casos.
De acuerdo con la encuesta el 59% de las empresas que experimentaron corrupción en el último año lo hicieron en un trámite con el gobierno estatal.
Mientras que las autoridades municipales estuvieron involucradas en 55% de las experiencias de corrupción y el gobierno federal en 46 por ciento.
Además, se reveló que entre más grande sea una empresa, se incrementan las probabilidades de que le soliciten un soborno.
Mientras que 38% de las microempresas reconocieron haber tenido que involucrarse en un acto de corrupción, la incidencia crece a 49% en las empresas pequeñas, 56% en las empresas medianas y 61% en las grandes.
Sube incidencia, pero no denuncian
A pesar del crecimiento en la incidencia de corrupción, 73% de los empresarios decidieron no denunciar ante las autoridades, debido a que consideran que no sirve para nada y, de manera preocupante, el temor a represalias.
- El miedo a las consecuencias de denunciar ha crecido un 65% en comparación con el año anterior. En el caso de las empresas en que sí se denunció, únicamente 4% de los casos tuvieron un proceso en que se investigó y sancionó al responsable”.
- José Medina Mora, el entonces presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), aseguro que la corrupción desincentiva las inversiones, por el tiempo que tardan los empresarios en completar trámites.
Nos parece que la expectativa no debe ser que, de un día para otro, de un año para otro o de un sexenio para otro, se acabó la corrupción, es una tarea de décadas y de todos, es decir, del gobierno, la ciudadanía y también las empresas y las instituciones”, mencionó.
- Ricardo Alvarado, investigador de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, coincidió en que se necesita un esfuerzo nacional sostenido durante décadas para frenar la corrupción.
- Así como de una política pública de largo aliento, como la apuesta del sistema nacional anticorrupción.
En lugar de cooperar y de coordinar, ha habido esfuerzos unidireccionales para controlar la corrupción y eso es lo que no sirve, porque no sirvió antes”, consideró/PUNTOporPUNTO
Documento Íntegro a Continuación:
https://drive.google.com/file/d/1W0GcAlga3HV5-dgzwUaelnO__SVzXt5E/view?usp=drivesdk
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