TEXTO ÍNTEGRO: EU y MÉXICO tratan como CRIMINALES a MIGRANTES que TRANSITAN por America del NORTE

La política migratoria de México está basada en la represión, contención y deportación de las personas migrantes, a quienes no solo se les violan sus derechos humanos, también se les criminaliza y en ocasiones se les ve como amenaza

Elementos de la Guardia Nacional detuvieron el 21 de junio a migrantes mientras intentaban cruzar el Río Bravo desde Ciudad Juárez, Chihuahua. AFP

Las autoridades de Estados Unidos violan los derechos humanos de los migrantes de manera “persistente” y con impunidad, denuncia un informe publicado en 2023.

  • El documento, que analiza cientos de casos recopilados por las organizaciones WOLA y Kino Border Initiative, encontró que de 78 denuncias formales presentadas ante las autoridades entre 2020 y 2022, un 95% quedaron impunes.
  • Estas acusaciones, sobre las que no se investigó o se tomó acción disciplinaria alguna, incluyen casos de palizas, negación de atención médica y abusos de autoridad. El texto, recoge decenas de duros casos a los que el sistema de escrutinio interno de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) no ha dado una respuesta.
  • Entre ellas, está la historia de Berto, quien pidió agua a un agente de la Patrulla Fronteriza que lo encontró en el desierto, después de haber caminado durante ocho días, y recibió una paliza que lo dejó inconsciente.

“Si quieres agua, hay agua en tu país”, le gritó el agente mientras le pegaba, según el testimonio recogido en el informe. Cuando Berto recuperó la consciencia, el agente que lo golpeó le dijo que se fuera caminando hacia México, pero él ya estaba muy malherido para moverse.

El agente al final accedió a llevarlo a un hospital, donde Berto intentó contar su historia y denunciar con otro agente el maltrato al que había sido sujeto, pero no le hizo caso. Al poco tiempo, fue deportado a Nogales, en el norte de México.

  • En otra instancia recogida en el informe, las autoridades de la Patrulla Fronteriza se negaron en varias ocasiones a dar atención médica a Evelyn, quien tenía ocho meses de embarazo y llevaba horas sin sentir a su bebé después de haber caminado durante un largo rato en el desierto, donde fue encontrada por las autoridades.

Ese mismo día, la expulsaron de vuelta al lado mexicano de la frontera en Nogales y, a la mañana siguiente, cuando pudo acudir a un centro médico, le dijeron que su bebé ya no tenia vida. El extenso reporte subraya las falla en el proceso de escrutinio de las autoridades migratorias.

Las organizaciones denuncian que, de no ser por el trabajo de “actores externos” como defensores de derechos humanos, periodistas o incluso las propias víctimas, no se darían a conocer las instancias de abuso, ya que raramente son reportadas por el propio personal.

  • Y es que, aún cuando se decide poner una denuncia formal, los casos se ingresan en bases de dato “sin que se les haga seguimiento”, se cierran a causa de litigios o porque “no hubo una violación de la política”.
  • “Es difícil decirle a alguien que ha experimentado abuso por parte un oficial de migración y que quiere poner una denuncia, que en la mayoría de los casos no recibimos respuesta”, señaló Zoe Martnes, coordinadora en Kino Border, en un comunicado.

“La falta de escrutinio es tan grave”, subrayó Adam Isaacson, investigador en WOLA, “que facilita que se lleven a cabo estos abusos”.

  • “La falta de rendición de cuentas está tan extendida que ayuda a cimentar una cultura que permite las violaciones de derechos humanos de los migrantes. Los abusos siguen llegando porque lo más probable es que haya impunidad”, destacó el experto.
  • El informe expone más de 40 recomendaciones para acabar con este problema, entre ellas aumentar la penalización para los agentes que cometen abusos, mejorar el sistema de denuncias y permitir un mayor escrutinio por parte del Congreso de EU.

El Ejército y la GN tratan a los migrantes “como enemigos”

En el gobierno de Andrés Manuel López Obrador México ha vivido un proceso de militarización sin precedentes de las políticas migratorias, lo que ha provocado el incremento de la violencia institucionalizada en contra de las personas en situación de movilidad, advierte la Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes (Redodem) en su noveno informe que abarca el periodo de 2021-2022.

Esta organización civil realizó un arduo análisis regional y temático al que tituló «La esperanza en el camino: La Redodem en un país de impunidad, militarización y violencias”, en el cual advierte que uno de los riesgos de la militarización de las políticas migratorias es que al migrante se le toma como “enemigo” y es sujeto de constantes violaciones a sus derechos humanos.

  • Cita que tan solo en 2021 se abrieron 504 quejas contra elementos de la Guardia Nacional (GN) por violaciones a los derechos humanos de personas migrantes que incluyen agresiones, abuso de la fuerza, encapsulamiento y dispersión de las personas en tránsito, uso de armas de fuego y casos de tortura en estaciones migratorias.
  • Indica la Redodem que esta política militarizada del gobierno de López Obrador tiene relación con la política migratoria implantada por el gobierno de Estados Unidos. Con base en ella –y de acuerdo con informaciones periodísticas– se han enviado más de 25 mil soldados y miembros de la Guardia Nacional a las frontera sur y norte.

Así se ha agravado la realidad de la movilidad humana en México por gestiones públicas erráticas alineadas a intereses distintos a la garantía y protección de los derechos humanos de las personas migrantes y/o con necesidades de protección internacional.

“Este informe documenta los efectos de la militarización y de las acciones de contención, disuasión y criminalización por parte de las autoridades migratorias y de seguridad pública mexicanas para impedir el tránsito por México de miles de personas en contexto de movilidad humana”, afirma la red integrada por 24 organizaciones de atención a migrantes en todas las regiones del país.

Destaca que desde hace dos décadas la violencia que las poblaciones en movilidad enfrentan en México es constante. Recuerdan que defensores de derechos humanos han evidenciado que la violencia no se concentra en la frontera, sino que se extiende en todo el territorio mexicano, el cual se ha convertido en zona de riesgo, de violencias y graves violaciones a derechos humanos.

Aunado a esto, el país ha vivido un proceso de militarización de las políticas migratorias sin precedentes, lo que ha provocado el incremento de la violencia institucionalizada en contra de las personas en situación de movilidad.

Dicho incremento de militarización, subraya la Redodem, obligó a migrantes que viajan con niños o a menores no acompañados a tomar rutas migratorias más remotas y peligrosas.

  • Además, ha conducido a la detención ilegal y a la deportación de una gran cantidad de migrantes sin una determinación del interés superior, en contravención de la Ley de Protección a la Niñez y de la reforma mexicana a la Ley de Migración de 2021 que prohíbe la detención de niños y adolescentes migrantes y exige en todos los casos la determinación del interés superior de éstos.
  • “Además de agentes del INM, las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) denunciaron la presencia de las policías municipales y estatales, agentes de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) e incluso de la Guardia Nacional (GN), la Marina, y la Armada de México en los puntos de entrada y en los puestos de control internos”, advierten las organizaciones.

Como ejemplo de esta situación señalan que miembros de centros de asistencia a migrantes documentaron cómo la llamada “Alerta Migratoria”, la cual ayuda al INM a verificar, registrar e informar a las autoridades sobre posibles ingresos o salidas de personas, ha servido para intensificar la criminalización de la población migrante, obstaculizando las posibles vías de regularización.

  • El informe de la Redodem documenta que agentes migratorios han disparado contra migrantes, ocasionando muertes, como ocurrió en Chiapas contra un guatemalteco y un cubano.
  • Además de violencia sexual contra mujeres migrantes, como documentaron las integrantes del Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi) durante el monitoreo de las condiciones de estas personas detenidas en estaciones migratorias.
  • “Ellas detectaron casos de violencia sexual ejercida por elementos de la Guardia Nacional contra mujeres en donde atestiguan lo siguiente: “Nos desnudaron, nos metieron los dedos por la vagina y a otras el cañón de su arma” (Imuni, 2022).

Presión de Estados Unidos

En uno de sus apartados, la Redodem advierte que no se debe ignorar la relación de México con Estados Unidos y que algunos de los cambios en la política migratoria mexicana se dieron en el contexto de la presión que el gobierno de Donald Trump utilizó en las negociaciones económicas y la posible renovación de los acuerdos comerciales para que el gobierno mexicano asumiera un papel más contundente en la contención de los flujos migratorios.

Violencia institucional

El informe precisa que 2021, 19 de las 32 delegaciones estatales del Instituto Nacional de Migración (INM) estaban en manos de militares, quienes –a pesar de recibir alguna instrucción– siguen cometiendo graves violaciones a los derechos humanos, pues para los militares los migrantes son “enemigos”.

  • “Además de la persecución estatal y la violencia criminal en contra de personas migrantes, así como la violencia institucional marcada por falta de medidas reales de protección, las personas en situación de movilidad han tenido que enfrentar las consecuencias de un proceso de militarización inédito en la historia de México.
  • Si bien existen antecedentes de dicho proceso desde finales del siglo pasado, el informe ‘Bajo la bota’ provee evidencia actualizada sobre cómo la política migratoria mexicana ha llevado a cabo un proceso de militarización sin precedentes durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador”, señala el informe.

Destaca que “lo novedoso” de la militarización de las políticas migratorias en este sexenio se puede observar en que si bien la Guardia Nacional, en origen, es una institución de carácter civil, su estructura operativa, la formación mayoritariamente militar de sus agentes y la subordinación a la autoridad no civil, la convierten por la vía de los hechos en una institución de naturaleza castrense, lo cual no sólo va en contra de las disposiciones normativas mexicanas, sino que también viola las premisas básicas del derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional de los refugiados, las cuales México está obligado a cumplir.

  • Precisa que los migrantes, además de sufrir tratos raciales y de criminalización, son maltratados a través de la militarización de las políticas migratorias debido a que los elementos de las Fuerzas Armadas no tienen un entrenamiento para proteger a la población civil, sino que más bien su enfoque está dirigido a vencer a un supuesto “enemigo”, en este caso la persona migrante.

“La construcción del sujeto migrante como amenaza o como enemigo no es un fenómeno novedoso en México, pero sí ha tenido en los últimos años nuevas manifestaciones cada vez más violentas e institucionalizadas en contra de la población en situación de movilidad. Desde la Redodem hemos documentado cómo la política de control migratorio y la imposición de números que representan los avances en esta materia, han generado una dinámica de mayor criminalización y de detenciones arbitrarias”.

En ese marco precisa que en los últimos años México incrementó la militarización en las zonas fronterizas, así como los puestos de control (retenes), las redadas (revisiones migratorias) y los aseguramientos de migración, bajo presión y con el apoyo de Estados Unidos que históricamente proporcionó financiación y capacitación a muchas de las fuerzas de seguridad mexicanas que ahora se encuentran en la frontera sur de México.

  • La Redodem indica que durante los primeros años de la pandemia de covid-19, Estados Unidos instó a México a reforzar su frontera sur con Guatemala para impedir que la población migrante viajara hacia el norte y presionó a los países centroamericanos para que impidieran el paso de las personas migrantes, fueran nacionales o extranjeras.
  • A partir de ello se incrementó la presencia militar en ambas fronteras. De acuerdo con informes periodísticos para 2021 se desplazaron cerca de 10 mil soldados en la frontera sur y para el 2022 más de 15 mil integrantes de la Guardia Nacional fueron ubicados en los estados fronterizos con Estados Unidos y otros 9 mil 298 elementos en estados de la frontera sur.
  • “Aunque las tropas han recibido capacitación sobre derechos humanos y las vulnerabilidades de la población migrante, en la práctica, no se han producido cambios sustanciales en su trato hacia este sector. En consecuencia, las personas migrantes siguieron sufriendo violaciones de derechos humanos a manos de las autoridades policiales mexicanas».

En 2021, se abrieron 504 quejas contra elementos de la GN por violaciones a derechos humanos contra personas migrantes; que incluyen violencias como agresiones, abuso de la fuerza, encapsulamiento y dispersión de las personas en tránsito, uso de armas de fuego y casos de tortura en estaciones migratorias.

  • Además de que la presencia de las fuerzas policiales en la frontera sur de México hace que las y los niños migrantes sean más vulnerables a la violencia, la explotación, las violaciones de derechos, los ataques xenófobos y la discriminación basada en el creciente sentimiento antiinmigrante.
  • Concluye la Redodem que año con año, las y los defensores de derechos de las personas migrantes pueden constatar que la situación para miles de éstas que llegan a México lejos de resolverse se ha vuelto más compleja y violatoria de su dignidad y sus derechos.

“Los gobiernos federales (panistas, priistas y morenistas), lejos de cumplir con su papel de principal garante de derechos, han sido incapaces de implementar una efectiva política de atención, protección e integración de las personas migrantes y solicitantes de protección internacional que asegure el respeto pleno de su dignidad.

Y, por el contrario, han fortalecido, en la práctica, acciones de endurecimiento de los controles migratorios, de contención, persecución, detención y deportación que violentan sus derechos humanos, por lo tanto aumenta el riesgo de que sean víctimas de grupos criminales nacionales, al verse orillados a optar por rutas y condiciones aún más inseguras y costosas”.

Migrantes enfrentan violaciones, tortura y falta de servicios

Las estaciones donde se detienen a personas migrantes en México son lugares donde se alojan en condiciones indignas y están sujetas a violaciones a sus derechos, que van desde abuso sexual a migrantes por parte de elementos de la Guardia Nacional hasta una falta de acceso a servicios de salud y alimentos, advirtió la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH).

  • La asociación civil denunció que en las estaciones migratorias revisadas tenían detenidos a niños, niñas y adolescentes, pese a ser esto ilegal; o bien se tenía un acceso limitado al agua potable, comidas de mala calidad, y habían incluso celdas de castigo para retener a quienes protestaran por las malas condiciones de las instalaciones.
  • Además, han podido documentar casos de tortura, abuso sexual y uso excesivo de la fuerza contra personas migrantes por parte de agentes de la Guardia Nacional, del Instituto Nacional de Migración (INM) y cuerpos policiacos.

“En la Estación Migratoria de la Ciudad de México, la CNDH [Comisión Nacional de Derechos Humanos] reconoció a través de una recomendación, porque presentamos una queja, y derivada de la investigación que realizó la CNDH, este organismo reconoció que al interior de la estación migratoria, una persona detenida en este lugar fue víctima de tortura por parte de agentes migratorios, lo cual es gravísimo y se replica constantemente”, remarcó Yoceline Gutiérrez, coordinadora en el área de Asilo de la asociación civil, en la presentación de su informe “Caminos en pausa: Condiciones de detención en estaciones migratorias de México”.

  • Las estaciones monitoreadas por la Comisión fueron en las ciudades de Chetumal, San Luis Potosí, Hermosillo, Tapachula, Guadalupe y Ciudad de México. La detención de personas migrantes en estas estaciones, reportó la Comisión, se da de manera sistemática sin importar que sean solicitantes de asilo o refugiadas.

“Uno de los aspectos más preocupantes de la política migratoria del Estado mexicano es la detención sistemática de personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas. Esto implica una clara criminalización del fenómeno migratorio, ya que la migración irregular es castigada de facto. Si bien en el caso mexicano la detención de personas migrantes es administrativa y no penal, las personas con situación migratoria irregular o indefinida son detenidas en centros de privación de la libertad administrados por el Estado”, remarca el documento de la CMDPDH.

  • La política migratoria mexicana, remarcó la asociación, es contraria a las disposiciones del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas respecto a la detención de personas migrantes irregulares, al realizar esto frecuentemente de manera arbitraria, injustificada, y sin permitir que soliciten una protección judicial o internacional.
  • Además de los abusos y violaciones a derechos, la CMDPDH reportó condiciones de falta de acceso a servicios de salud, agua con olor putrefacto o su distribución usada “como moneda de cambio (…) a cambio de favores sexuales”, y alimentos de mala calidad o repetitivos, sin consideración a las necesidades específicas de cada grupo de personas.
  • Con respecto a los servicios de salud, el informe cita: “Una mujer de nacionalidad hondureña manifestó que padecía trastorno bipolar de la personalidad. Por esto requería tomar medicamentos psiquiátricos de manera regular, los cuales no le habían sido proporcionados desde que fue detenida. Como consecuencia del estado emocional que esto le generaba, en diversas ocasiones intentó quitarse la vida dentro de la Estación Migratoria [de San Luis Potosí]”.

Uno de los casos citados en Chetumal fue de mujeres que no tenían acceso a suplementos sanitarios menstruales, ni tampoco se les permitía lavar su ropa. En San Luis Potosí, si bien los dormitorios y sanitarios tenían un estado de limpio por la mayor parte, las cobijas no eran lavadas con regularidad, y en los dormitorios había un fuerte olor a humedad.

  • En Guadalupe, el acceso a agua tanto potable como no potable era difícil, y la comida que recibían migrantes era de “muy mala calidad”. “Varias personas señalaron que los alimentos no eran buenos y que había personas con malestares estomacales o de otro tipo a partir de la alimentación que llevaban en la” estación migratoria, cita el informe.
  • A esto se sumó la falta de acceso a medios de comunicación, de manera que varias personas llevaban largos periodos de tiempo sin hablar con sus familiares o informarles de su situación; el cobro de parte de agentes migratorios para recibir asesoría jurídica, entre otras irregularidades en sus trámites migratorios.

Por esta razón, la asociación recomendó al Gobierno mexicano que evite la detención de personas migrantes en estos sitios, y que se respeten condiciones salubres y de trato digno dentro de las estaciones.

Criminalización y violación de derechos

La política migratoria de México está basada en la represión, contención y deportación de las personas migrantes, a quienes no solo se les violan sus derechos humanos, también se les criminaliza y en ocasiones se les ve como amenaza, revela el informe “El muro mexicano. Estudio de percepciones sobre la migración en México”.

  • El estudio realizado por Oxfam sostiene que a los migrantes se les utiliza como “chivos expiatorios” para encubrir problemas y miedos sociales en lugar de atender las causas estructurales que generan desigualdades y propician la migración.
  • “Las narrativas y el discurso público que criminalizan e incluso deshumanizan a las personas migrantes suelen imposibilitar el acceso a derechos humanos de las personas migrantes, contribuyendo a su exclusión en la sociedad”, refiere el informe.

Al comentar el estudio, Giovanni Lepri, representante de Acnur en México, aseguró que es momento de humanizar a los migrantes y no verlos como alguien que viene a quitar algo. “Se requiere romper las percepciones negativas con hechos”, aseguró.

  • El informe revela que el 53% de los mexicanos considera que la llegada de personas extranjeras es un problema muy grande.
  • En particular cuando se asocia la migración a la delincuencia e inseguridad. “El miedo no es a la migración, sino más bien a que los problemas existentes se agraven. Particularmente, se identificó que la sociedad mexicana percibe que las caravanas de personas migrantes pueden contener personas criminales (75%)”, cita el informe.

Carlos Heredia, investigador del Centro de Estudios y Docencia Económicas (CIDE), consideró que la política migratoria de México es contradictoria, pues por un lado ve como hermanos migrantes, pero por otro viola sus derechos y ejerce violencia contra ellos.

  • Mencionó que se ha alertado que además de manos militares, a la política migratoria también incursionarán elementos de la Guardia Nacional. “México ya hizo el muro y además lo pagó y envió a 28,000 soldados”, dijo.

La activista Lenin Alvarez pidió visibilizar el lado humano de la migración, pues por años han tenido que alejarse de sus familias. “Todos estamos buscando dignidad”, lo que estamos buscando es la dignidad humana, comentó.

  • La periodista Gabriela Warketin planteó que los medios de comunicación de México no estaban preparados para cubrir la migración, pues este fenómeno solía ser de mexicanos que se iban y no de extranjeros que ingresan, transitan y salen de territorio mexicano.
  • Por lo que hay una gran responsabilidad al informar sobre el fenómeno migratorio para no contribuir a que los extranjeros sean vistos como posibles delincuentes o desafortunados.
  • “Tenemos que hacer una autocrítica porque no imaginamos que teníamos que hablar de migración en el país…tenemos que reconocer que los medios de comunicación lo estamos haciendo mal”, afirmó.

Otros hallazgos El informe advierte que la sociedad mexicana es racista, pues se ubica en un 5.8, en una escala donde 0 es “nada racista” y 10 es “muy racista.

  • El 35% de la población encuestada considera que la migración no tiene un impacto positivo en la economía y tienen miedo de que la migración afecte la seguridad en el país, pues advierten que en las caravanas puedan incluirse personas criminales.
  • El 55% considera que México tiene leyes permisivas por lo que en cuestión de migración el gobierno debe regular el tema, y no proporcionar servicios asistenciales ni humanitarios a las personas migrantes.
  • El 65.8% de los mensajes que se analizaron como parte del estudio rechaza la estadía de las personas migrantes en el país, pues se considera que su presencia atenta contra la cultura y tradiciones de la sociedad mexicana.

Quejas contra el INM se disparan

La cantidad de quejas presentadas contra el Instituto Nacional de Migración (INM) por presuntas violaciones a los derechos humanos se ha disparado en 200% en lo que va del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, de acuerdo con datos oficiales.

  • En 2019, primer año completo del mandato de López Obrador, los expedientes de queja registrados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) fueron 714, indican las cifras históricas del Sistema Nacional de Alerta de Violación a los Derechos Humanos. Para el cierre de 2022, el número cerró en 2 mil 141, lo que representa un incremento de 199.8%.

Con ello, además, el INM se ubicó en la tercera posición en este rubro entre instituciones las federales del país, solamente detrás del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que tuvo 3 mil 789, y del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, que tuvo 2 mil 679.

  • La tendencia al alza de las quejas en contra del INM ha sido una constante en lo que va del sexenio. Después de las 714 de 2019, la cifra subió a mil 044 en 2020, a mil 239 en 2021 y, finalmente, a las 2 mil 141 de 2022.
  • En este último año, las tres entidades donde se registraron más quejas fueron Chiapas, con 583; la Ciudad de México, con 249, y Tabasco, con 227. Más abajo se ubicaron tres estados de la frontera norte del país: Sonora, con 182; Nuevo León, con 142, y Tamaulipas, con 119.

Las conductas más denunciadas son acciones u omisiones contra los derechos de personas migrantes y sus familias, falta de ética y honestidad por parte de funcionarios del INM, prestación indebida de servicios públicos y, en menor medida, omisión para brindar atención médica, detenciones arbitrarias y deportaciones ilegales./PUNTOporPUNTO

Documento Íntegro en el Enlace:

https://www.wola.org/wp-content/uploads/2023/07/Abuses-at-the-US-Mexico-Border_How-To-Address-Failures-and-Protect-Rights.pdf

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