Está aumentando el ataque de gobiernos de todo el mundo contra las organizaciones no gubernamentales (ONG) mediante la creación de leyes que las someten, a ellas y a su personal, a vigilancia, kafkinanas trabas burocráticas y la amenaza constante del encarcelamiento, así lo afirmó Amnistía Internacional en un informe publicado en febrero de 2019.
- De acuerdo con el documento Leyes concebidas para silenciar: Ataque mundial a las organizaciones de la sociedad civil, revela el sorprendente número de países que están utilizando tácticas intimidatorias y normas represivas para evitar que las ONG desempeñen su esencial labor. En él se citan 50 países del mundo donde se han aplicado o están en trámite leyes contra las ONG.
“Hemos documentado cómo cada vez hay más gobiernos que someten a las ONG a obstáculos y restricciones irrazonables, impidiéndoles llevar a cabo su esencial labor”, declaró Kumi Naidoo, secretario general de Amnistía Internacional.
- “En muchos países se acosa hasta sumirlas en el silencio a las organizaciones que se atreven a alzar la voz en favor de los derechos humanos. Las personas que se agrupan para defender y exigir derechos humanos se enfrentan a obstáculos cada vez mayores para trabajar con libertad y seguridad. Silenciarlas e impedir que lleven a cabo su labor tiene consecuencias para todas las personas.”
Sólo en los dos últimos años, en el mundo se han adoptado o están en trámite casi 40 instrumentos legales que interfieren con el derecho de asociación y han sido concebidos para obstaculizar el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, por lo general aplicando absurdos procesos para la inscripción de estas organizaciones en el registro, vigilando su trabajo, restringiendo sus fuentes de recursos y, en muchos casos, cerrándolas si no cumplen con los irrazonables requisitos que se les imponen.
Un problema global
En octubre de 2018, el Ministerio del Interior de Pakistán rechazó las solicitudes de inscripción de 18 ONG internacionales y desestimó los consiguientes recursos sin más explicación.
- En Bielorrusia, las ONG están sometidas a una estricta supervisión estatal. Trabajar para una ONG a la que se ha denegado —con frecuencia arbitrariamente— la inscripción en el registro es delito.
- En Arabia Saudí, el gobierno puede negar el permiso a nuevas organizaciones y disolverlas si se considera que “perjudican la unidad nacional”. Esto ha afectado a los grupos de derechos humanos, incluidos los que defienden los derechos de las mujeres, que no han podido registrarse y funcionar libremente en el país.
- En Egipto, las organizaciones que reciben financiación del extranjero deben cumplir normas estrictas y arbitrarias. A causa de esto, muchos defensores y defensoras de los derechos humanos han sufrido prohibiciones de viajar, congelación de activos y procesamientos judiciales, en algunos casos con penas de hasta 25 años de cárcel en caso de dictarse sentencia condenatoria.
“También han sido atacadas oficinas de Amnistía Internacional en todo el mundo. Desde India hasta Hungría, las autoridades han sometido a abusos a nuestro personal, han irrumpido en sus oficinas y han congelado sus activos en una nueva escalada de sus ataques a las organizaciones locales”, ha manifestado Kumi Naidoo.
Cárcel por incumplimiento
- Muchos países, como Azerbaiyán, China y Rusia, han introducido más requisitos para la inscripción en el registro y la presentación de informes. Su incumplimiento supone el encarcelamiento, un castigo que conoce muy bien el defensor de los derechos humanos Rasul Jafarov, entrevistado para el informe.
“Me detuvieron por el activismo y las manifestaciones del Club de Derechos Humanos en los que había participado”, relató Rasul, que quedó en libertad en 2016, tras pasar más de un año detenido. “Esto dio lugar a un ambiente horrible: quienes no fueron víctimas de detenciones o investigaciones tuvieron que cerrar sus organizaciones o paralizar sus proyectos. Muchas personas dejaron Azerbaiyán para trabajar en el extranjero.”
- Esta restrictiva regulación supone que las ONG están bajo el constante escrutinio de las autoridades. En China, la nueva legislación controla estrechamente la labor de las ONG, desde su inscripción en el registro y su presentación de informes hasta su actividad bancaria, sus requisitos de contratación y su recaudación de fondos.
- En Rusia, el gobierno denomina a las ONG que reciben financiación extranjera “agentes extranjeros”, un término que es sinónimo de “espía”, “traidor” y “enemigo del Estado”.
- El gobierno aplica esta legislación de manera tan amplia que incluso una organización que apoyaba a las personas con diabetes fue sancionada con una elevada multa e incluida en el registro de “agentes extranjeros”, por lo que se vio obligada a cerrar en octubre de 2018. Los grupos médicos, ecologistas y de mujeres también están la mira.
Reacción en cadena
Las políticas represivas del gobierno ruso han causado una reacción en cadena que ha alcanzado otros países.
En Hungría, el gobierno ha obligado a varias ONG a inscribirse en el registro como “organización que recibe financiación extranjera” para desacreditar su trabajo y poner en su contra a la opinión pública. Las organizaciones que no cumplan la normativa se enfrentan a cuantiosas multas y, en última instancia, a la suspensión de sus actividades. Las organizaciones que trabajan en apoyo de personas migrantes y refugiadas han sido atacadas deliberadamente y su personal ha sido hostigado tras la aprobación de un nuevo conjunto de leyes en junio de 2018.
“No sabemos qué va a pasar con nuestra organización ni con otras, y tampoco qué otras leyes se aprobarán”, ha dicho Aron Demeter, de Amnistía Internacional Hungría.
“Varios miembros de nuestro personal han sufrido insultos, amenazas de violencia y troleo en Internet. Algunas entidades se han negado a celebrar nuestros eventos en sus espacios y ha habido escuelas que se han negado a organizar actividades de educación en derechos humanos por miedo a las repercusiones.”
- En algunos países, el ataque contra las ONG va dirigido particularmente a organizaciones que defienden los derechos de grupos marginados. Las organizaciones que promueven los derechos de las mujeres, incluidos los derechos a la salud sexual y reproductiva, los derechos de las personas LGBTI y los derechos de las personas migrantes y refugiadas, así como los grupos ecologistas se encuentran entre las más afectadas.
- “No se debe criminalizar a nadie por defender los derechos humanos. Los líderes y las lideresas mundiales deben tener como meta garantizar la igualdad y conseguir que en sus países la gente tenga mejores condiciones de trabajo, una atención de la salud adecuada, acceso a la educación y una vivienda adecuada, no atacar a quienes exigen estas condiciones”, ha afirmado Kumi Naidoo.
“Los defensores y defensoras de los derechos humanos tienen el compromiso de crear un mundo mejor para todas las personas. No vamos a abandonar la lucha, porque sabemos lo importante que es esta labor. Los líderes y las lideresas mundiales reiteraron su compromiso de proporcionar un entorno seguro a los defensores y defensoras de los derechos humanos en diciembre de 2018, en la sede de la ONU, con motivo de la conmemoración del 20 aniversario de la Declaración sobre los Defensores y Defensoras de los Derechos Humanos. Ahora deben asegurarse de que ese compromiso se convierte en realidad.”
- También hay leyes restrictivas en muchos otros países, incluso en los considerados más abiertos a la sociedad civil, como Reino Unido, Irlanda, Australia y Estados Unidos. Según CIVICUS, una alianza mundial de organizaciones y activistas de la sociedad civil, el informe de Amnistía Internacional llega en un momento decisivo.
- “Este informe es muy oportuno dada la proliferación de restricciones al trabajo legítimo de las organizaciones de la sociedad civil”, ha señalado Mandeep Tiwana, Responsable de Programas de CIVICUS. “Al poner de relieve las dificultades, quienes apoyan los valores de la sociedad civil y los derechos humanos pueden ayudar a frenar esta tendencia.”
Ley anti-ONG en Venezuela
La normativa, llamada «Ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y afines», fue aprobada en segunda discusión este jueves por unanimidad, informó el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.
- La ley fue aprobada tres semanas después de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamara a Maduro como ganador de las elecciones presidenciales del 28 de julio, mientras que la oposición atribuye el triunfo a su candidato, Edmundo González.
Tras los comicios, las ONG e instancias internacionales de defensa de derechos humanos han advertido de una ola represiva con más de mil detenidos, al menos 23 muertos, la cancelación de pasaportes a periodistas y activistas, investigaciones judiciales contra opositores y el bloqueo temporal de redes sociales como X.
- El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, pidió a las autoridades venezolanas que no adoptaran «estas u otras leyes que socaven el espacio cívico y democrático en el país».
¿Qué dice la ley?
La ley establece «un sistema uniforme» para la «creación, registro, organización, funcionamiento, administración y desarrollo» de las ONG, así como «para garantizar la transparencia en su manejo económico y financiero, incluyendo las fuentes de su financiamiento».
- El texto no aclara qué sucede si una ONG recibe financiamiento internacional y obliga a las organizaciones a notificar «sobre el financiamiento o donaciones que serán recibidas a los fines de asegurar la licitud de los fondos».
La norma advierte que las ONG deben aclarar en sus estatutos «la manera en la que contribuyen al desarrollo económico y social» y «si su financiamiento está previsto que sea a través de factores extranjeros», para lo cual deben «registrar periódicamente sus fuentes de financiamiento ante la autoridad competente».
Denuncia contra la persecución
- Activistas y miembros de ONG en Venezuela aseguran que esta normativa busca criminalizar a la sociedad civil organizada.
- «La ley anti ONG formaliza la persecución a las organizaciones de la sociedad civil venezolanas», dijo Oscar Murillo, coordinador general de la ONG Provea, en su cuenta X.
- «Su aprobación responde a la naturaleza de un régimen político que busca controlar hasta el más mínimo ámbito de la vida de las personas y del país».
«Al final lo que se quiere es reprimir a las ONG con este proyecto de ley que se une a la ola represiva luego del 28 de julio y que lo que busca es cerrar definitivamente el espacio cívico», declaró a la agencia Reuters el abogado Alí Daniels, codirector de Acceso a la Justicia, una asociación civil que monitorea el sistema legal.
Gina Romero, relatora especial de la ONU sobre los Derechos a la Libertad de Reunión Pacífica y de Asociación, se mostró preocupada en su cuenta de X por «el discurso estigmatizador utilizado, según el cual se asocia la acción de las ONG y otras organizaciones con servir de ‘fachada para el terrorismo’; así como la difusión de ‘expresiones de odio social e ideas fascistas'».
En Venezuela operan decenas de fundaciones y grupos no gubernamentales que se dedican a temas desde atención de presos, monitoreo de la situación de violencia, revisión de casos de ejecuciones extrajudiciales, libertad de expresión e indicadores económicos y sociales, entre otros.
ONG se han convertido en actores políticos contra el Gobierno en Venezuela
- El analista internacional Jean Poul Mertz, entrevistado por el programa El Mundo desde el Sur, transmitido en la plataforma teleSUR, valoró este jueves que las organizaciones no gubernamentales (ONG) se han convertido en actores políticos en Venezuela contrarios al Gobierno bolivariano.
“La situación no es nueva, sin embargo, la coyuntura lo ha evidenciado de manera más abierta. Una red de financiamiento que debería servir legalmente para los fines que establecen legalmente dichas instancias, pero las oenegés se han convertido en actores políticos parcializados para la oposición”, recalcó Jean Poul Mertz.
- De igual manera, el experto al explicar la instrumentalización de las ONG por parte de gobiernos, declara que dichas ONG han recibido fondos y financiamiento de la Fundación Nacional para la Democracia (NED en inglés) y la Agencia de los EU para el Desarrollo Internacional (Usaid) para financiar a la oposición y no tienen que rendir al fisco.
Esto genera sumisión de los partidos y políticos, recalcó el invitado, al tiempo que indicó que lo que se está desmontando es una amplia red de corrupción y de favoritismo político.
“Occidente es el principal financista”, dijo el experto, mientras junto al periodista conductor del El Mundo desde el Sur analizaron que la ONG Súmate de María Corina Machado es financiada por la NED.
- Al manifestar que «es una injerencia en tratar de ‘empoderar’ de manera superficial a actores políticos, para beneficiar la agenda hegemónica sobre nuestros pueblos y sociedades”, el analista indicó que estos fondos están establecidos por el establishment latinoamericano.
La justicia y las acciones judiciales contra el fascismo en Venezuela
Por otra parte, y en el segundo tiempo del programa, el analista político Félix Roque recalcó que “dineros provenientes del narcotráfico, dinero ilegal, pueden estar subsidiando a estas organizaciones”.
- Son organizaciones que responden a intereses de gobiernos extranjeros, dijo, mientras afirmó que “desde el narcotráfico están financiando”, al recordar que el expresidente colombiano Álvaro Uribe es uno de los implicados en la financiación.
- Entre tanto, recalcó que Venezuela “está consolidando su estructura jurídico legal, y es un derecho”. “Es la respuesta efectiva con acciones”, remarcó al mencionar otro ejemplo como el recurso contencioso que presentó Nicolás Maduro.
“Han de ser enfrentadas las acciones fascistas”, indicó. «Vengo siguiendo las acciones que la Sala Electoral del TSJ viene realizando, lo que viene haciendo también el Consejo Electoral Nacional y las informaciones ofrecidas por el fiscal general de la República, Tarek William Saab en donde corroboraba los más de 200 detenidos y más de 25 personas asesinadas”.
- Al precisar que “acá habrá paz si tenemos justicia, habrá equilibrio de poderes si tenemos justicia y desarrollo económico”, Félix Roque puntualizó que “eso es lo que clamamos todos los electores que fuimos a elegir al presidente Nicolás Maduro”.
- El máster en Relaciones Internacionales recordó las declaraciones del primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, quien denunció los actos violentos que planifica la derecha para este sábado 17 de agosto.
“Todo esto que denuncia el fiscal parecieran querer revertirlo e invisibilizarlo. Quieren mostrar como que acá hubo fraude”, mencionó Félix Roque.
Gobierno de Nicaragua ilegalizó 25 ONG en 2022
El Gobierno de Nicaragua en abril de 2022, a través del Ministerio de Gobernación, ordenó el cierre de 25 ONG, incluida la Fundación Luisa Mercado que dirige el escritor nicaragüense exiliado en España, Sergio Ramírez Mercado, informó el Poder Legislativo.
El Ejecutivo del presidente Daniel Ortega también ordenó el cierre de la Asociación para el Desarrollo de Solentiname, fundada en 1982 por el fallecido poeta nicaragüense Ernesto Cardenal (1925-2020).
- Ramírez fue vicepresidente de Nicaragua durante el primer régimen sandinista (1979-1990), que también encabezó el actual mandatario, de quien se distanció en 1995 cuando fundó el Movimiento Renovador Sandinista (MRS), una escisión del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
- En tanto, Cardenal, que fue ministro de Cultura, pasó de símbolo de la revolución sandinista a ser un «perseguido político», como él mismo se declaró, de Ortega y de la esposa de este, la vicepresidenta Rosario Murillo, con quienes se enfrentó en los últimos años de su vida.
Tanto el escritor como el poeta participaron en la lucha contra la dictadura de la familia Somoza y fueron militantes hasta 1995 del FSLN, en el poder con Ortega desde enero de 2007.
- Cardenal, una de las máximas figuras de la literatura latinoamericana y gran promotor de la Teología de la Liberación, sostenía que el Gobierno de Ortega «no es de izquierda, ni sandinista, ni revolucionario, sino simplemente es una dictadura familiar», como la que derrocaron.
- La cartera de Gobernación también propuso a la Asamblea Nacional (Parlamento), controlada por el oficialismo, cancelar la personalidad jurídica a la Asociación Comisión Permanente de Derechos Humanos de Nicaragua (CPDH), dedicada a la defensa de los derechos humanos desde 1991.
- Otras ONG propuestas a ser ilegalizadas son la Fundación Coen, del empresario Piero Coen; la Asociación Nicaragüense de Ingenieros y Arquitectos, la Asociación Nicaragüense de Cinematografía y la Asociación Centro de Capacitación de la Mujer Obrera.
También la Fundación Centro de Comunicación y Educación Popular, la Fundación para el Desarrollo Integral de la Mujer Indígena de Sutiaba, y la Federación Coordinadora Nicaragüense de Organismos No Gubernamentales que trabajan con la Niñez y la Adolescencia (Codeni).
Además, la Asociación Academia Nicaragüense de Ciencias Jurídicas y Políticas, el Centro de Derechos Constitucionales, y la Fundación Nicaragüense para la Promoción de la Democracia, la Paz, y el Desarrollo de la Sociedad Civil.
Crisis política y social
En Nicaragua, con el voto de los diputados sandinistas y sus aliados, se han ilegalizado al menos 112 ONG nicaragüenses desde diciembre de 2018, ocho meses después de que estallara una revuelta popular por unas controvertidas reformas a la seguridad social calificada como un intento de golpe de Estado por Ortega.
- Las últimas 25 ONG, entre ellas la filial nicaragüense de Operación Sonrisas, fueron anuladas el 17 de marzo pasado.
- Entre las organizaciones que han sido afectadas se encuentran ONG que defendían los derechos humanos, médicas, feministas, educativas, universidades, ambientalistas, indígenas, de periodistas, y centros de pensamiento, entre otras.
- El Ejecutivo también ha cancelado los registros y números perpetuos de cuatro ONG estadounidenses y seis europeas.
Según el Ministerio de Gobernación, las nuevas 25 ONG que serán afectadas han incumplido con sus obligaciones, entre ellas que no se registraron como «agentes extranjeros, siendo sujetos obligados porque recibían donaciones del exterior».
Tampoco reportaron sus estados financieros con sus desgloses detallados de los ingresos, egresos, balanza de comprobación y detalle de donaciones (origen, proveniencia y beneficiario final); ni sus juntas directivas.
- La Asamblea Nacional (Parlamento), incluyó la nueva iniciativa en la orden del día de este miércoles, por lo que está previsto que sea presentado ante el plenario.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se ha acentuado tras las controvertidas elecciones generales del pasado 7 de noviembre, en las que Daniel Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión.
Persecución contra la Iglesia en el país centroamericano
- El régimen de Nicaragua, que preside Daniel Ortega con su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, ha expulsado a 222 religiosos, incluyendo a 91 monjas, en el marco de la crisis sociopolítica que vive el país centroamericano desde abril de 2018, denunció una organización humanitaria.
“En total, desde 2018, hay al menos 222 religiosos desterrados, incluyendo 91 monjas. Se ha logrado identificar al menos a 52 personas religiosas y familiares de estas que han quedado en situación de apatridia de facto”, advirtió en un informe la ONG Colectivo Nicaragua Nunca Más.
- En el informe, titulado “Libertad religiosa, persecución a laicos”, ese organismo afirmó que entre enero y abril de 2024 el régimen sandinista obligó a 34 sacerdotes nicaragüenses a salir del país, cifra que no incluyen los siete que fueron enviados a El Vaticano la semana pasada.
Ese Colectivo, integrado por activistas nicaragüenses exiliados y con sede en San José, sostuvo además que “continúan las múltiples violaciones a la libertad de religión en Nicaragua, que reflejan un panorama de creciente represión, con detenciones arbitrarias, ataques directos a líderes religiosos, estigmatización y mensajes de odio en los pronunciamientos oficiales respecto a la libertad de culto”.
- “El régimen Ortega Murillo ha incrementado el hostigamiento a laicos y líderes religiosos. Las agresiones a sacerdotes, obispos, religiosas y la feligresía han sido documentadas por instancias defensoras de derechos humanos, destacándose casos de expulsión de congregaciones y la clausura de organizaciones no gubernamentales religiosas”.
En ese sentido, aseguró que desde 2021 más de 420 organizaciones cristianas han sido canceladas, incluyendo la reciente eliminación de Cáritas de la Diócesis de Matagalpa (norte).
“Se han confiscado al menos 22 medios de comunicación religiosos, siendo uno de los últimos Radio María, cuya última transmisión fue el 9 de julio de 2024″, detalló el informe.
Además, según el Colectivo, al menos 21 pastores evangélicos permanecen en el exilio y otros 3 pastores fueron impedidos de ingresar a Nicaragua.
“Este patrón de persecución ha llevado a la expulsión y el desplazamiento forzado a más de 200 personas religiosas y al incremento de la vigilancia sobre actividades realizadas sobre todo en iglesias católicas”, agregó.
De acuerdo con un informe de la Fundación Panamericana para el Desarrollo, el Colectivo Nicaragua Nunca Más, y Alcance de ayuda en las Américas, al menos 22 religiosos nicaragüenses han sido despojados de su nacionalidad.
- Entre los religiosos desnacionalizados se encuentran Rolando Álvarez, obispo de la Diócesis de Matagalpa y administrador apostólico de la Diócesis de Estelí, ambas en el norte de Nicaragua, y Silvio Báez, obispo auxiliar de Managua, ambos muy críticos con el régimen sandinista.
Las relaciones del régimen de Ortega y la Iglesia Católica viven momentos de gran tensión, caracterizadas por la expulsión y encarcelamiento de sacerdotes, la prohibición de actividades religiosas y la suspensión de las relaciones diplomáticas entre ambas partes.
El control a las ONG en Perú
Perú es el último de los países en tratar de obligar a las ONG a establecer la obligatoriedad de los registros, las presentaciones de los planes operativos y las declaraciones anuales de las entidades y/o organismos receptores de cooperación internacional. La Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso aprobó el dictamen del proyecto para modificar la ley de supervisión de estas organizaciones. Hasta aquí todo suena aséptico.
- Pero antes de llegar aquí, los medios afines a los partidos que proponen la ley no han parado de acusar a las ONG de parásitas, de destruir enemigos e inversiones, defender a terroristas, estar ideologizadas, ser responsables de la convulsión social y mantener en jaque al país. Un cierre de espacios a la sociedad civil en toda regla y lamentablemente cada vez más conocido.
Esta ojeriza hacia las ONG para el desarrollo (ONGD) proviene de los mismos congresistas que la semana pasada aprobaron una ley de impunidad para los soldados que cometieron graves violaciones de derechos humanos durante los años ochenta, permitieron que docentes cesados vuelvan a las aulas degradando la educación pública, y facilitaron la minería ilegal y la deforestación. Un Congreso con un 91% de desaprobación popular —según las encuestas del Instituto de Estudios Peruanos (IEP)—, centrado en defender intereses particulares.
- Las ONG siempre molestan en los países empeñados en dar zarpazos a su democracia, ya que incomoda que te vean en tus desmanes Perú está desde el año pasado oficialmente en recesión, a pesar de ser un país minero con precios excepcionalmente altos de oro y cobre.
- Es, a su vez, de los pocos países de América Latina donde ha aumentado el nivel de pobreza con respecto a antes de la pandemia. Uno de cada tres peruanos no tiene los ingresos mínimos para cubrir la canasta básica, un 10% más que antes de la pandemia. Y parece que la culpa de todo ello es de la cooperación internacional.
Porque las ONG siempre molestan en los países empeñados en dar zarpazos a su democracia, ya que incomoda que te vean en tus desmanes. Perú no es muy novedoso, ni en su ley ni en sus argumentos, son los mismos que Guatemala utilizó hace unos años para aplicar una ley casi calcada y que recibió críticas hasta del presidente del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes de EE UU. Lo hace también India, y por supuesto que Nicaragua y Venezuela, pero también, Egipto, Ruanda o Zambia. Una lista en la que ningún país que aspira a ser parte de la OCDE se puede permitir estar.
Y es que “las democracias florecen cuando se permite abrir espacios para la sociedad civil para operar sin miedo” dijeron los congresistas de EE UU cuando Guatemala tuvo la misma pulsión que ahora Perú.
- La cooperación internacional supone un freno para las peores pulsiones que se dan en todos los países, por prósperos que estos sean, y la sociedad civil, incluidas las ONG; un colchón democrático que en ocasiones molesta, pero en otras muchas contribuye a robustecer la democracia.
- Cerrarse a las ONG le quita al país oxígeno democrático, y con ello, la posibilidad de ser más próspero Perú ahora está falto de referentes, pero no debe ver demonios donde no los hay. Las ONG hacen el país mejor, cerrarse a ellas le quita oxígeno democrático, y con ello, la posibilidad de ser un país próspero como sus ciudadanos se merecen.
Porque no olvidemos, este no es un asunto de rendición de cuentas, como se pretende convencer. Las ONG las rinden y mucho. Todas las internacionales lo hacen a la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), y están a su vez obligadas a cumplir los estándares establecidos por la OCDE, reportar a los donantes, ya sean fundaciones o gobiernos, y demostrar que trabajan bajo los estándares de derechos humanos firmados por los países donde operan, incluido Perú. Sus cuentas son auditadas anualmente y los informes están en sus webs de acceso público. Es más, las críticas al sector son de un exceso de burocracia.
Tampoco tendría que preocuparse Perú por la cantidad de cooperación que recibe, como algunos indican. Más bien todo lo contrario, recibe la mitad que un país como Honduras, seis veces menos de lo que recibe Colombia y tres veces menos que Brasil. Perú es actualmente un país que suscita poco interés para la cooperación y las ONG están de salida.
No debe ver Perú fantasmas donde no los hay, ni pegarse tiros en el pie que lo aislarán y lo perjudicarán en las inversiones que reciba cuando más lo necesita. Un país que quiere salir adelante necesita una sociedad civil vigorosa, ONG y distancia con quienes, a través de la retórica del bien común, buscan el particular. La aprobación de esta ley sería un grave error.
EU, Unión Europea, y sociedad civil rechazan proyecto contra las ONG
16 embajadas y delegaciones internacionales, entre ellas la Unión Europea, han expresado su preocupación por las propuestas de enmiendas a la Ley 27692, que buscan regular la creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), iniciativa impulsada por el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Alejandro Aguinaga.
- Los países involucrados consideran que las modificaciones planteadas podrían limitar notablemente el funcionamiento de las organizaciones de la sociedad civil en Perú. Asimismo, resaltan que estos cambios podría repercutir negativamente en la inclusión, equidad, estabilidad y prosperidad de las democracias en el país.
“Las democracias son más inclusivas, equitativas, estables y prósperas cuando la sociedad civil está plenamente empoderada para proteger y responder a las necesidades de los ciudadanos”, subrayaron en un comunicado firmado por las embajadas de Alemania, Australia, Bélgica, Canadá, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Irlanda, Nueva Zelanda, Países Bajos, Reino Unido, Suecia, Suiza y la Unión Europea./ PUNTOporPUNTO
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