En el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador no existe una política de transparencia debido a la opacidad que sufren los ciudadanos, según un estudio presentado este miércoles por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
“Universalmente se entiende por transparencia y el derecho de información de poner a cualquier ciudadano que lo solicite toda la información disponible. Y esto que dice la constitución no se está cumpliendo”, afirmó Maria Amparo Casar, presidenta de la organización civil
- MCCI, iniciativa ciudadana a favor de la legalidad, presentó el estudio “Sin otros datos. El legado de la política de transparencia de AMLO y el abandono de la información pública”, en el que se recopilaron todas las bases de datos del Gobierno federal para evaluar la calidad de la información de los archivos.
- Con 12 mil 570 bases públicas, MCCI encontró que 8 mil 890 archivos (71% del total) llevan al menos dos años sin haber sido actualizados, es decir, siete de cada 10 bases están abandonadas o sin actualizar.
- Lorenzo León, analista de datos de la organización, aseveró que el objetivo del reporte es remarcar la deficiencia que hay ahora mismo con la transparencia, debido a la creciente demanda de solicitudes de información desde finales de la administración pasada.
“En general todos los portales tienen datos, pero la gran mayoría están desactualizados cuando se supone que tienen que algunas de ellas tienen que estar actualizadas diaria, semanal y mensualmente, pero no lo están y esto es algo preocupante”, afirmó el analista.
Solo 30% de bases del Gobierno de AMLO cumple estándares
León reiteró que hay muchas bases de datos que apenas sirven como relleno y que solo el 30% de las bases sí cumplen los estándares de utilidad, sin ser operables.
- Ninguno de los cinco sectores estratégicos principales del Gobierno, entre los que se encuentran bienestar, salud, educación, energía y ejército, aprobó la evaluación realizada por el estudio, pues el puntaje más alto fue para bienestar, que obtuvo 41 puntos sobre 100, mientras que el sector del ejército obtuvo la peor calificación con 30 puntos.
Amparo criticó al presidente debido a que en este sexenio no tienen la puerta abierta para hablar con alguna dependencia, mientras que en otros gobiernos podían al menos tener un diálogo.
“Para Obrador la transparencia es la información que se transmite diariamente en las conferencias matutinas, pero esos datos a veces son falsos e imprecisos”, expresó la presidenta.
- Adrián Alcalá Méndez, comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, expresó que impulsaron una política de datos abiertos, la cual iniciaron el año pasado, para que cualquier persona pueda investigar datos que puedan servir a la ciudadanía mexicana.
- Las instituciones con más bases de datos abandonadas son el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, la Oficina de la Presidencia de la República, el Centro Nacional de Control de Energía, la Secretaría de Bienestar y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, afirma el estudio.
Negativas son parte de la tendencia del gobierno de AMLO
Las versiones públicas de los documentos sobre el caso Odebrecht, de los contratos suscritos con laboratorios para la obtención de vacunas contra el covid-19 y de los convenios celebrados para obtener el software Pegasus son ejemplos de información cuya difusión pública ha sido negada o su reserva fue confirmada en la presente administración federal bajo el argumento de “seguridad nacional”.
- Estas negativas son parte de la tendencia del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que consiste en obstaculizar el acceso a la información sobre temas de interés nacional, opacidad denunciada por periodistas y organizaciones no gubernamentales.
Los datos corroboran los señalamientos: de acuerdo con una solicitud de información, y con estadísticas del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), en los últimos cuatros años aumentaron los recursos de revisión –es decir, las inconformidades– interpuestos por los solicitantes contra las dependencias federales por negar información o porque entregan datos que no corresponden a lo requerido.
- Según Inai, si entre 2016 y 2018 se registró un promedio anual de 9 mil 189 recursos contra los sujetos obligados a escala federal, de 2019 a 2022 el promedio fue de 17 mil 173 registros. Sólo el año pasado la dependencia consignó 22 mil 206 reportes.
En las secretarías federales se observa un aumento de recursos de revisión en los últimos cuatro años respecto de años anteriores.
- De mayor a menor, presentan números rojos las de Educación Pública, de Salud, de la Función Pública y de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Les siguen las secretarías de Hacienda, de la Defensa Nacional, de Gobernación, de Medio Ambiente, de Relaciones Exteriores, de Agricultura y de Bienestar.
- En el caso de la SEP, por ejemplo, el Inai anota mil 628 recursos de revisión de 2015 a 2018. De 2019 a 2022, el número aumentó a 2 mil 447.
- La Secretaría de Salud reporta en los mismos periodos, respectivamente, mil 826 contra mil 950. La Secretaría de la Función Pública (SFP), 861 contra mil 582. La Sedena, 686 contra mil 530. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), 362 contra mil 97.
En particular las áreas de salud. Son los casos del IMSS, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). El IMSS tiene el dato más alto. De 4 mil 55 recursos de revisión en la pasada administración, pasó a 6 mil 278 en la presente.
- También hay más inconformidades contra la Fiscalía General de la República (FGR), la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Pemex, Servicio de Administración Tributaria (SAT), Comisión Nacional del Agua (Conagua), Comisión Reguladora de Energía, Oficina de la Presidencia de la República, Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y el mismo Inai.
Los datos del Inai revelan cuáles son los sujetos obligados con más respuestas negativas por “referirse a información clasificada”.
- En la lista se encuentra, en primer lugar, el IMSS, que entre 2021 y 2022 alegó este argumento 2 mil 620 veces. Le siguen SAT, SFP, FGR, CJF, CFE, Cofepris, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), SRE y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes
- Además, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, la Auditoría Superior de la Federación, Ssa, Secretaría de Hacienda, Pemex, Conagua, Instituto Nacional de Migración, Segob y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Dependencias no atienden actos de corrupción
A partir de la llegada del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, las recomendaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a las instituciones federales por inconsistencias o presuntos actos de corrupción han perdido efectividad al grado de ser casi ignoradas por los sujetos de revisión y lo peor es en la recuperación de recursos cuyo ejercicio no fue comprobado: ahora solo se recupera una quinta parte de esos recursos públicos.
- Mientras que en 2016 y 2017 la ASF recuperó cerca de siete y nueve mil 515 millones de pesos respectivamente, en 2020 recuperó cerca de dos mil 200 millones de pesos. Es decir, 7 mil 315 millones de pesos menos que en el penúltimo año del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.
- De acuerdo a un análisis del IMCO, la atención de las recomendaciones de la ASF ha decrecido a través de los años: en 2011, 2012 y 2013, la atención a las recomendaciones por las instituciones auditadas era de 99%. Esta proporción se redujo a 19% en 2018 y 2019, últimos años con este dato disponible.
En este contexto, el IMCO recalcó que la ASF puede fortalecer la detección de riesgos de corrupción en las compras públicas o ineficiencia en el uso de los recursos públicos a través del Índice de Riesgos de Corrupción (IRC).
Algunos ejemplos que muestran la utilidad del IRC en la labor de fiscalización de la ASF son: A mayor número de acciones por auditoría, mayor riesgo de corrupción en compras públicas según el puntaje del IRC.
Liconsa, Diconsa y Seguridad Alimentaria son las tres instituciones con mayor proporción de acciones por auditorías, con 45, 31 y 20 respectivamente./PUNTOporPUNTO
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