El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) vislumbra una posible inequidad en los próximos procesos electorales, si los partidos políticos utilizan sus ahorros en las campañas.
- Así lo advierte un análisis de principios de marzo elaborado por este órgano jurisdiccional, después de la aprobación en el Congreso dela Unión de las reformas en la materia, y apunta que se corre el riesgo de que los partidos políticos con más recursos públicos utilicen esos ahorros para promover a sus candidatos sin ninguna restricción, lo cual violentará el principio de equidad en las contiendas.
El documento indica que, en las nuevas disposiciones de la Ley General de Partidos Políticos, se establece que los remanentes del financiamiento público podrán aplicarse en otros rubros, siempre y cuando sean lícitos, pero no los acota.
Con esta reforma, el TEPJF teme que los institutos políticos podrían hacer uso de sus remanentes para otros fines, ya que la ley no establece limitaciones ni prohíbe que se empleen en gastos de campaña futuros.
- El documento afirma que “las autoridades jurisdiccionales deberán ser vigilantes para observar cuál es la magnitud de la incidencia de estos ‘ahorros’ en términos de equidad en la contienda, particularmente en relación con otros partidos más pequeños en fuerza electoral o los locales, que no reciben la misma proporción de financiamiento que los nacionales”.
- Antes de la reforma electoral, publicada el pasado 2 de marzo, diversos artículos del Reglamento de Fiscalización establecían que, en caso de existir remanentes, éstos debían ser reintegrados, ya sea en cuentas bancarias o en las concentradoras de los partidos y enviarse a los comités ejecutivos nacionales.
Ahora, el inciso d del artículo 25 de la Ley General de Partidos Políticos establece que las fuerzas políticas pueden hacer uso de los recursos públicos que les fueron asignados y que no gastaron al término de determinado año fiscal, al señalar que en caso de así decidirlo, podrán utilizar los remanentes de sus fondos públicos y privados para los fines que constitucionalmente les fueron otorgados, pero en subsecuentes ejercicios fiscales, así como para la elección federal o local siguiente.
Para el tribunal, esta nueva disposición representa un desequilibrio en la competencia de los procesos electorales, al considerar que no habrá piso parejo.
Al alud de casi mil reclamos judiciales contra el plan b recibidos por el tribunal en las últimas dos semanas, se suman 20 nuevas impugnaciones que serán discutidas en la sesión pública de mañana.
Partidos tendrán “guardaditos” millonarios para otros años
A partir de este 2023 las fuerzas políticas podrán acumular el monto de sus financiamientos nacional y estatales para administrarlos en fideicomisos y así evitar que al fin de año tengan remanentes que deban devolver al erario, todo gracias a un proceso legal que comenzó Morena desde el año 2019.
- El uso de ese instrumento financiero será permitido con ese fin pese a que la Ley de Austeridad Republicana prohíbe los fideicomisos, y establece que “bajo ninguna circunstancia se podrán hacer aportaciones, transferencias o pagos de cualquier naturaleza utilizando instrumentos que permitan evadir las reglas de disciplina financiera, transparencia y fiscalización del gasto”.
Esa figura ha sido condenada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha promovido su extinción en casi todas las áreas de la administración pública, pero durante dos años Morena litigó judicialmente y ganó el derecho a hacer guardaditos mediante esa vía, lo que ahora podrá aplicar este 2023 con vistas a las elecciones de 2024 , año de elección presidencial.
- La situación beneficiará a todos los partidos, aunque recibirán mucho menos financiamiento: en conjunto tendrán casi 6,200 millones de pesos en 2023 provenientes de recursos federales y una suma similar de financiamientos estatales.
- En cambio, Morena por sí sola, como principal fuerza política del país, contará este año con 1,909 millones de pesos de financiamiento público federal, además de casi otros 1,700 millones de pesos provenientes de sus Comités Ejecutivos Estatales (CEE).
En total, gozará de casi 3,400 millones de pesos, mismos a partir de este año ya podría concentrar en su Comité Ejecutivo Nacional (CEN) y ejercerlos multianualmente gracias a una sentencia emitida el 12 de junio pasado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Con esa sentencia, resultó ya innecesario reformar, como estaba previsto en el Plan B de reforma electoral, la Ley de Partidos Políticos para permitir que estos puedan «utilizar los remanentes de sus recursos públicos y privados para los fines que constitucionalmente les fueron otorgados en subsecuentes ejercicios fiscales, así como también podrán utilizarlos para la elección federal o local siguiente”, cambio que se frenó al final./Agencias-PUNTOporPUNTO
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