Una de las acciones para hacer frente a la pandemia de Covid-19 en el mundo y que está ganando cada vez más popularidad en Sudamérica, es el impuesto a la riqueza, con ejemplos recientes en Argentina y Bolivia.
Con su aprobación en la Cámara de Diputados el 18 de noviembre y en la de Senadores del 4 de diciembre, el pago único solidario, impuesto a las grandes fortunas, fue aprobado este año en Argentina. El objetivo de éste es permitir enfrentar los daños provocados por la crisis de Covid-19 en el país. Se estima que alrededor de 12 mil ciudadanos argentinos, con un patrimonio de más de 200 millones de pesos argentinos (cerca de dos millones y medio de dólares), deberán tributar hasta un 3.5% dentro del país, y hasta un 5.3% en el extranjero.
- Días después, una medida similar vio los primeros pasos en Bolivia fue el pasado 10 de diciembre, cuando la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley “Impuesto a las grandes fortunas – IGF”, con lo que derivó al Senado -en manos del oficialismo- para su ratificación. El gobierno izquierdista del presidente Luis Arce es su promotor, por lo que es posible que sea ley.
- El nuevo impuesto en Bolivia impactará a 150 ciudadanos bolivianos, aproximadamente, con fortunas por encima de los 4.3 millones de dólares. Operará de manera gradual: 1.4% para personas con riquezas de 30 millones a 40 millones de bolivianos (de 4.3 a 5.7 millones de dólares); 1.9% de 40 millones a 50 millones de bolivianos (de 5.7 millones a 7.2 millones de dólares) y 2.4% para fortunas mayores.
De acuerdo con los investigadores Kenneth Scheve, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Stanford y David Stasavage, profesor del Departamento de Política de la Universidad de Nueva York, “son los cambios en las creencias sobre la equidad, y no sobre la desigualdad económica o la necesidad de ingresos por sí solos, los que han impulsado las grandes variaciones en los impuestos sobre los altos ingresos y la riqueza en los últimos dos siglos”.
Los investigadores consideran que “las sociedades gravan a los ricos cuando la gente cree que el Estado los ha privilegiado, y por lo tanto, la equidad exige que los ricos sean gravados más fuertemente que el resto. Para entender si los votantes de hoy están dispuestos a gravar a los ricos requiere identificar las condiciones políticas y económicas que impulsen estas creencias”, explicaron en su libro Taxing the Rich: A History of Fiscal Fairness in the United States and Europe, publicado en 2016 y en el evalúan políticas fiscales de 20 países, desde 1800.
- Este tipo de acciones suelen recibir severas críticas. En Argentina, el senador Martín Lousteau, de la Unión Cívica Radical (UCR), indicó a medios locales: “Vivimos en un país con tasas impositivas récord, y sin embargo, tenemos una pobreza récord”, exigiendo que se manejen los recursos existentes y que se reduzcan los gastos estatales, en lugar de “crear siempre nuevos impuestos”. Mientras que en Bolivia, la senadora Centa Rek, de la alianza opositora Creemos, lamentó la aprobación “no por el número de contribuyentes en los que recae, sino por la señal que se está dando”, y aseguró que la medida “desincentivará el ahorro y la creación de empleos”.
¿Qué significa y qué tan útil son los impuestos a la riqueza? — No es un impuesto dirigido a los más ricos y que, por lo tanto, a los pobres no se les cobra. En México lo conocemos como Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y se dirige a productos y servicios que están catalogados como de lujo.
Algo muy importante
Para desmitificar en cuanto a posturas políticas de gobiernos: el tabulador del IEPS se movió más con gobiernos de derecha, es decir, en la presidencia de Vicente Fox y Felipe Calderón, que lo que se ha movido en estos dos años de un gobierno de izquierda, del presidente López Obrador. Es decir, los gobiernos conservadores, si lo ponemos en cuanto a la geografía política, le cobraron más impuestos vía IEPS a los ricos que lo que ha cobrado el gobierno de izquierda. Pero también hay que analizar a quién se le cobra más este impuesto, porque resulta que a “los más ricos” se les condonaba el IVA o el ISR, y a los más pobres no.
¿Por qué en tiempos de pandemia surge la idea de cobrar impuestos por la riqueza en países como Argentina o Bolivia? — Habría que poner a Argentina en un punto y parte porque hace tres años presenta insolvencia en su deuda. Hay que recordar que incluso hace dos años se declaró en bancarrota. Esto fue precisamente la presión que tuvieron los gobiernos al hacerse de ingreso que proviene de contratación de deuda, para poder hacer frente a la pandemia. Es lo que estamos viendo ahora, porque está subrayado en el artículo 4 de la carta constitutiva del Fondo Monetario Internacional. Al momento de que los países contratan deuda, deben de solventar ese contrato, principalmente a través del aumento de impuestos; ya que los países no tienen recursos internos para impulsar su economía.
Entonces, ¿qué les queda? Aumentar los impuestos. Paradójicamente, los que estuvieron presionando para que se aumentara la deuda para salvar la economía, son los que se manifiestan en contra.
Principalmente para 2022 vendrá la escalada de impuestos para hacer frente a estos contratos. Por ejemplo, el Banco Central Europeo aprobó una inyección a la economía euro comunitaria del orden de 750 mil millones de euros. ¿Cómo van a cubrirlo los países? Con impuestos. Esto lo vamos a ver en los próximos años, en 2021 y 2022.
Entonces, ¿qué panorama podemos esperar en 2021? —Así cómo fue 2020 un año de caída brutal en la economía, en 2021 ya se ve luz al final del túnel. Porque lo que tenemos en 2020 no es una caída de producción, no es una destrucción de la riqueza, como se dio en 2009, sino que fue un paro de la producción a raíz del confinamiento. Esto, por supuesto, contrajo el gasto y el consumo y afectó la inversión pública, ya que al detenerse el gasto y el consumo no había ingreso. Y esto afecta a la inversión en automático y también también afecta al otro rubro del PIB que son las importaciones y las exportaciones.
2021 se avizora como un gran año en cuanto a crecimiento. Mientras que este año la economía mundial tuvo una caída de -4.3%, para el próximo año se espera una recuperación de 3.5%.
Pero hay que analizar la perspectiva de cada país. En lo general se espera crecimiento para todas las economías, pero los países se van a enfrentar ahora a pagar la deuda contraída. Es ahí donde veremos a países, principalmente con gobiernos de izquierda, como es el caso de Argentina, Bolivia y Venezuela, gravando más la riqueza.
Más de 28 millones de personas entrarían en situación de pobreza por el COVID
Según estimaciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) en su informe ‘El desafío social en tiempos del COVID-19‘, la crisis generada por el coronavirus arrastrará hacia la pobreza a más de 28 millones de personas, lo que representa 4 puntos porcentuales más frente a 2019. En total, casi 215 millones de personas quedarían en situación de pobreza en 2020 en Latinoamérica; es decir, cerca del 35% de la población, de las cuales, 83 millones estarían en condición de pobreza extrema.
De acuerdo con el organismo de Naciones Unidas, los países que se verían más afectados por el aumento de la pobreza serían las tres principales economías de la región: Brasil, México y Argentina, en donde la pandemia tendrá efectos negativos mucho más fuertes en la actividad económica y el empleo, y por consiguiente, en la pérdida de ingresos.
- La situación podría agravarse si se reducen las remesas. “En caso de reducirse las remesas provenientes de familiares que migraron, se acentuará la situación de pobreza de quienes las reciben en sus países de origen. Esta reducción es probable ante el fuerte impacto del COVID-19 en la región y en países extrarregionales receptores de migrantes latinoamericanos y caribeños, como Estados Unidos y España”, señala el informe de la Cepal.
Aumento de la desigualdad
El informe llama la atención sobre un incremento de la desigualdad como resultado del aumento de la pobreza en todos los países de la región. Será en los países más grandes donde se registren los peores resultados. “Esto representa un retroceso respecto a los esfuerzos de la región en la década de 2000, cuando por primera vez en la historia se cambió la tendencia de la desigualdad y se aprendió que avanzar en la igualdad tenía resultados muy positivos en la lucha contra la pobreza“.
- El binomio de mayor pobreza y más desigualdad hace que muchos sectores de la población latinoamericana sean más vulnerables frente a la pérdida de ingresos laborales. En 2019, según cifras de la Cepal, 470 millones de personas de América Latina (el 77% de la población) pertenecía a los estratos de ingresos bajos o medios-bajos y sus ingresos per cápita eran de hasta tres veces la línea de pobreza y no contaban con ahorros suficientes para enfrentar una crisis como la actual.
Los cálculos del organismo regional indican que alrededor de 11,8 millones de personas (10% de la población) que se encontraban en situación de pobreza no extrema en 2019, por la pandemia verían deteriorada su situación económica y caerían en pobreza extrema. A su vez, 20,8 millones de personas que pertenecían a estratos bajos no pobres, caería en la pobreza no extrema, en tanto que 2,5 millones de personas de los estratos medios-bajos quedarían en situación de pobreza.
Los más vulnerables
Hay varios factores que inciden para que la población en situación de pobreza y vulnerabilidad tengan un mayor riesgo de contagio. En primer lugar, se trata de personas con un alto grado de informalidad, que no pueden trabajar en su domicilio, muchas de ellas en condición de hacinamiento, y que no tienen acceso al servicio de agua ni de salud. Estas persona también tienen un mayor riesgo de muerte, porque tiene condiciones preexistentes de salud como enfermedades pulmonares, cardiovasculares y diabetes, y por carecer de acceso adecuado a la atención médica.
- Según el informe, los grupos más vulnerables a la actual crisis provocada por la pandemia serían las mujeres, las personas de estratos de ingresos bajos y medios-bajos, los trabajadores informales, las trabajadoras domésticas remuneradas, la población rural, los pueblos indígenas, los afrodescendientes, las personas con discapacidad, los migrantes, y las personas en situación de calle.
La Cepal indica que hasta el 12 de mayo se han aplicado 126 medidas de protección social por parte de los gobiernos de 29 países latinoamericanos para la población pobre y vulnerable. Entre ellas, las transferencias monetarias y de alimentos alcanzan a 90,5 millones de hogares; es decir, alrededor del 58% de la población regional./Agencias-PUNTOporPUNTO
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