La bandera que enarbola el presidente Andrés Manuel López Obrador en materia de «honestidad valiente» no corresponde al olvido en el que se encuentra sumido el Sistema Nacional Anticorrupción del país, ni a los ataques que ha enfrentado por parte del Poder Ejecutivo en turno.
- Desde su llegada a Palacio Nacional, la actual administración ha criticado y cuestionado desde su creación hasta las acciones del SNA en su intento por combatir uno de los más grandes problemas que enfrenta el país tanto a nivel federal como estatal.
- “Les quiero decir con toda franqueza, ese Sistema (Nacional Anticorrupción) se creó en plena corrupción para simular que se iba a combatir la corrupción. No se necesita el aparato ¿Saben para que se utilizó ese aparato?
- Para ocultar la información, y así como ese, muchos otros”, dijo en su conferencia matutina previo a enviar una iniciativa a la Cámara de Diputados en el mes de abril de este año para desaparecer el Comité de Participación Ciudadana (CPC).
A este intento de fusionar el SNA y a múltiples organismos encargados de velar por la transparencia en el país a la Secretaría de la Función Pública, se sumó un recorte de recursos.
- Prueba de esto es que el presupuesto aprobado entre 2018 y 2024 para las instituciones anticorrupción es 10 por ciento menor al que tuvieron a inicios del sexenio, cuando el SNA estaba en su primera etapa de consolidación.
- De acuerdo con datos del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), para cuatro de las siete instituciones consideradas en la reforma (INAI, TFJA, CJF y SESNA), la reducción del presupuesto ha sido en promedio de 23 por ciento.
- A nivel institucional, de 2018 a 2022, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción muestra la mayor disminución presupuestal con una reducción del 36.5 por ciento.
Por su parte, el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) evidencian una caída significativa de su presupuesto de 335.7 millones (24 por ciento) y 639.9 millones de pesos(16 por ciento), respectivamente.
En el caso del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), la disminución presupuestal durante el mismo lapso fue de 4.5 por ciento, lo cual, por el presupuesto total de la institución, constituye un monto considerable de 3 mil 420 millones de pesos, advierte el IMCO en su informe titulado “¿Con qué presupuesto cuenta México para combatir la corrupción?”.
En México la corrupción no solo persiste, sino que se agrava ante la inacción de las autoridades para combatir el problema en todo lo largo y ancho del país.
Datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) revelan que el 57.1 por ciento de la población considera que la corrupción es uno de los problemas más importantes en su entidad federativa, sólo por debajo de la inseguridad y la delincuencia.
Además, uno de los dos Indicadores de Gobernanza del Banco Mundial en los que México más ha caído en los últimos años es precisamente en el de control de la corrupción.
A pesar de este panorama, de los 790 integrantes que deben conformar los Sistemas Estatales Anticorrupción (SEA) , faltan por nombrar 188, es decir, el 24 por ciento del total.
- Del total de nombramientos pendientes, 78 son para completar los Comités de Selección (CS) de los SEA, que equivale al 31 por ciento de las designaciones en este rubro, también faltan 53 integrantes en 17 sistemas estatales anticorrupción para conformar los Comités de Participación Ciudadana (CPC), lo que representa el 33 por ciento de los nombramientos pendientes.
- En relación al Comité Rector del Sistema de Fiscalización (CR-SF), no se ha designado al 44 por ciento de sus integrantes; además de que 6 Secretarios Técnicos (ST) aún no han sido nombrados: Baja California, Chihuahua, Ciudad de México, Hidalgo, Puebla y Sonora.
- Ante la insistencia del Poder Ejecutivo de reducir el SNA y los constantes recortes y ataques contra los órganos autónomos encargados de velar por la transparencia y la rendición de cuentas, múltiples organizaciones han salido en su defensa.
“El SNA es el resultado de una larga lucha abanderada por la sociedad civil para contar con instituciones que, de manera coordinada, prevengan, investiguen y sancionen la corrupción en todos los ámbitos y niveles de gobierno.
“Este sistema descansa sobre los principios de autonomía, participación ciudadana y actuación técnica; además, busca generar un sistema de pesos y contrapesos para que no sea una sola institución o poder quien decida las prioridades en esta trascendental materia”, argumentan ONG´s como Transparencia Mexicana, Red Nacional Anticorrupción, Ciudadanos por la Transparencia, México Evalúa y el Observatorio Nacional Ciudadano, entre otros.
Por último, estas organizaciones advierten que, contar con una instancia técnica, neutral, transparente y eficiente como la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción (SESNA) resulta fundamental para articular las acciones y ganar esta batalla.
Avanza lento combate a la corrupción
El combate a la corrupción durante los cinco años de gobierno de Andrés Manuel López Obrador avanza, aunque a marchas lentas, marcado por la politización y el pendiente de fortalecer el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), coincidieron expertos.
- La titular de la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción, María de la Luz Mijangos, afirmó que la consolidación de la lucha ha sido compleja desde su llegada en 2019, pero reconoció que se han dado ‘pequeños pasos firmes’.
- “Ha sido un inicio complejo, pero siempre hacia adelante. Me parece que vamos con pasos firmes”, aseguró, pues hay encima de la mesa “casos pequeños resueltos, no por ello menos importantes”.
- Sin embargo, el director de la organización Transparencia Mexicana, Eduardo Bohórquez, aseguró que, “a día de hoy, no hay ningún caso grande sentenciado” que emane de la Fiscalía General de la República (FGR).
En su balance, la fiscal anticorrupción dijo que los procesos judiciales siguen sin ser expeditos, pese al cambio del sistema penal en 2016, en medio de “artimañas” para dilatar las audiencias y juicios.
Por ello, afirmó que se debe actualizar el Código Penal en México, combatir la corrupción en redes, integrar la perspectiva de género y reducir la exposición mediática de los “grandes casos”.
- En contraste, Mijangos apuntó como un acierto el nuevo estatuto de la FGR, oficializado en mayo de 2022, que dota a la Fiscalía Anticorrupción con mayor personal y operatividad para perseguir los delitos relacionados con la corrupción y el lavado de dinero, entre otras áreas relacionadas.
- La extitular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval, aseguró que la administración de López Obrador se caracteriza por ser “un gobierno que se comprometió a fondo contra la corrupción”.
Además, indicó que los tres años de su gestión al frente de la SFP fueron “los más redondos en términos de resultados”.
“Me da resquemor que se ha quedado precisamente interrumpido el trabajo de consolidación o de radicalización en el combate a la corrupción”, acotó.
Aseguró que falta transparencia y mejorar la fiscalización de las compras gubernamentales donde incide la corrupción.
“Las instituciones anticorrupción están subordinadas a la agenda política electoral” del gobierno en turno, por lo que esta situación produce “el mayor déficit del sistema”, enfatizó Bohórquez.
- Esta inercia arraigada en las instituciones mexicanas se trató de combatir con la reforma impulsada entre 2015 y 2016, cuando nació el Sistema Nacional Anticorrupción y la Fiscalía especializada en esta materia.
- Aun así, lamentó Bohórquez, “el sistema no está sirviendo para mejorar la calidad de vida de las personas”.
- En el mismo sentido se expresó el presidente del Comité de Participación Ciudadana (CPC) y del SNA, Jorge Alatorre, quien señaló que “la prueba de ácido” es que se persiga la corrupción “de propios y extraños” en un mismo gobierno.
“El peor combate a la corrupción es usarla como un arma de golpeteo político”, dijo.
A pesar de estas advertencias y de que la política anticorrupción de López Obrador ha ignorado el SNA, entre 2018 y 2021 se iniciaron procesos judiciales relevantes, como el del exdirector general de Pemex, Emilio Lozoya, implicado en la trama Odebrecht, mencionada por Alatorre: “México es el único país de Latinoamérica que no tiene a estos funcionarios en la cárcel”.
Así como el de la exfuncionaria Rosario Robles, por presuntamente desviar cantidades multimillonarias en el caso denominado ‘La Estafa Maestra’.
Ambos casos, encallados sin que se haya llegado a una resolución favorable para el Estado mexicano, pues Lozoya ha logrado disminuir el monto reparatorio que se le ha impuesto y retrasado su audiencia por más de un año, mientras Robles salió en calidad de inocente.
Un SNA incompleto
Pese a la creación del SNA, el sistema aún no se encuentra completo, con ausencias de comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la información y Protección de Datos (Inai) o de magistrados anticorrupción del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA).
- Así como por la eliminación por decreto presidencial del Secretariado Ejecutivo del SNA, la subordinación de la SFP al gobierno y su ideología y la falta de profundidad en las investigaciones de la Auditoría Superior de la Federación, entre otros pendientes como la voluntad política de la actual administración por fortalecerlo, aseguraron los expertos.
En este panorama, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha criticado este modelo creado por su antecesor Enrique Peña Nieto, así como a sus integrantes, mientras ha levantado la bandera durante su gobierno del combate a la corrupción, sosteniendo la promesa de acabar con la “peste”, insistiendo en que las “escaleras se barren de arriba hacia abajo”.
Disminución de 10% en presupuesto para el combate a la corrupción
Enarbolada como una de las principales banderas del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, el combate a la corrupción no se investiga hoy de forma efectiva, lo que se evidencia en altos niveles de impunidad en delitos por este tipo de hechos.
- De hecho, el combate a la corrupción no es prioridad de este gobierno y el presupuesto proyectado para las instituciones del Sistema Nacional Anticorrupción lo comprueba pues presenta una disminución real de 10% con respecto a 2018. Entre 2023 y 2024 se proyecta un tan solo aumento de 4%, asegura el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
- La Fiscalía Especial en Materia de Combate a la Corrupción ha tenido un subejercicio presupuestal cercano a 50%, lo que puede afectar la investigación de posibles delitos por hechos de corrupción.
- Pese a las promesas y compromisos de López Obrador, lo cierto es que en México la corrupción persiste. Según datos oficiales del INEGI, 57.1% de la población mexicana considera que la corrupción es uno de los problemas más importantes del país.
Además, uno de los dos Indicadores de Gobernanza del Banco Mundial en los que México más ha caído en los últimos años es precisamente en el de control de la corrupción.
- De acuerdo con el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2024, las instituciones anticorrupción que conforman el Comité Coordinador recibirán, en conjunto, 84 mil 375 millones de pesos para su operación, lo que significa un aumento de 4% con respecto al monto aprobado en total para estas instituciones en 2023.
Sin embargo, en total es 10% menor al que tuvieron en 2018, cuando el SNA estaba en su primera etapa de consolidación. Específicamente, para cuatro de las siete instituciones consideradas (INAI, TFJA, CJF y SESNA), la reducción del presupuesto ha sido en promedio de 23%. Según el PPEF 2024, de cada 100 pesos destinados a la lucha anticorrupción, el CJF recibirá 88.6 pesos, la ASF 3.7, la SFP 1.9 y el TFJA 3.9 pesos.
Por otro lado, las instituciones que menos participación tienen del presupuesto total de la lucha anticorrupción son el INAI y la Fiscalía Anticorrupción, con 1.4 y 3 centavos de cada 100 pesos, respectivamente. La Secretaría Ejecutiva del SNA (SESNA), como órgano de apoyo técnico, tendrá solo 2 centavos
- El IMCO explica que el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) es la instancia encargada de coordinar a autoridades de los distintos órdenes de gobierno y actores sociales para prevenir, investigar y sancionar la corrupción en nuestro país desde 2016.
- Está constituido por el Comité Coordinador, el Comité de Participación Ciudadana, el Comité Rector del Sistema Nacional de Fiscalización y los Sistema Estatales Anticorrupción.
Cada institución que conforma el Comité Coordinador del SNA tiene una tarea específica en la lucha contra la corrupción en México.
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) se encarga de garantizar la transparencia de la información pública. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) se enfoca en la detección de irregularidades junto con la Secretaría de la Función Pública (SFP), que tiene también tareas de prevención.
- Por su parte, la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción (FEMCC) es responsable de investigar los casos de corrupción, mientras que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) dicta sanciones en el ámbito administrativo.
- Por último, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) garantiza la administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial que permiten el funcionamiento de los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito.
La corrupción no se investiga, porque incomoda
De acuerdo al IMCO, la corrupción no se investiga de forma efectiva en la actualidad, lo que se evidencia en altos niveles de impunidad de delitos por hechos de corrupción.
- Ello se relaciona con las limitaciones presupuestales que asigna el gobierno lopezobradorista a los órganos encargado de combatir la corrupción en México donde la Fiscalía Especial en Materia de Combate a la Corrupción ha tenido un subejercicio presupuestal cercano a 50%, lo que puede afectar la investigación de posibles delitos por hechos
Incluso es la única institución del SNA cuyo presupuesto proyectado es menor en 2024 con respecto a 2023. Por ello, el IMCO demanda al gobierno federal asegurar que la asignación presupuestal de las instituciones anticorrupción sea coherente con su función principal./Agencias-PUNTOporPUNTO
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