Por su pasado como promotores electorales de Morena, las acusaciones de que utilizan políticamente los programas sociales y los reclamos por saltarse la fila de la vacunación, los servidores de la nación están en el ojo del huracán y serán quienes recorran el país para coordinar la inmunización de la población contra el Covid-19, al mismo tiempo que está en marcha el proceso electoral más grande en la historia de México.
- Los servidores de la nación coordinarán las Brigadas Correcaminos, encargadas de la vacunación contra Covid-19 en el país, con el rechazo de gobernadores y la oposición, por sus antecedentes político-electorales y por su nula preparación en salud y medicina.
El ejército de operadores de programas sociales que ayudará en la estrategia de vacunación deberá tener claro que lucrar políticamente con la aplicación de la vacuna o condicionarla se puede castigar hasta con nueve años de cárcel.
- De acuerdo con la Ley General en Materia de Delitos Electorales, los funcionarios que condicionen un servicio público o programa social para favorecer electoralmente a un partido o candidato, alcanzarán una multa de 200 a 400 unidades de medida actualizadas, así como de dos a nueve años de prisión.
- El artículo 11 de dicha ley indica que esas penas se impondrán a quien “condicione la prestación de un servicio público, el cumplimiento de programas gubernamentales, el otorgamiento de concesiones, permisos, licencias, autorizaciones, franquicias, exenciones o la realización de obras públicas, en el ámbito de su competencia, a la emisión del sufragio en favor de un precandidato, candidato, partido político o coalición; a la abstención del ejercicio del derecho de voto o al compromiso de no votar a favor de un precandidato, candidato, partido o coalición”.
Con antecedentes
El ejército de 18 mil servidores tienen antecedentes de denuncias por su uso político; por ejemplo, en 2019 entregaron apoyos directos con cartas firmadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador y portaron chalecos con la leyenda AMLO, por lo que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) lo consideró una promoción de la imagen del mandatario con recursos públicos.
- Sobre el tema, en su conferencia mañanera del 20 de agosto de 2019, el mandatario nacional dijo que “estos servidores de la nación no tienen que ver con Morena ni con ningún partido. Además, el que haga proselitismo por un partido no sólo pierde el trabajo, sino que debe ser sancionado, porque ya también es delito grave el fraude electoral, ya no se puede hacer labor desde el Gobierno en favor de ningún partido, de ningún candidato”.
Además, durante las elecciones internas para la dirigencia de Morena, sus propios militantes como Yeidckol Polevnsky, denunciaron que los servidores de la nación fueron utilizados como maquinaria electoral para promover el voto a favor de Bertha Luján.
En los próximos días, los servidores a través de las Brigadas Correcaminos participarán en el plan de vacunación masiva de los mexicanos, con el rechazo de los 10 gobernadores de la Alianza Federalista, quienes consideraron que la estrategia de inmunización debe encabezarse por personal de Salud, técnico y de las Fuerzas Armadas.
Los mandatarios acusaron al Gobierno federal de “violar la Constitución poniendo la salud de los mexicanos en manos de los servidores de la nación, arriesga vidas e impone intereses electorales sobre el bienestar”.
A su vez, los servidores tuvieron un rechazo generalizado cuando se informó que serían vacunados como parte de la brigada, aunque no pertenecen a la población de riesgo ni son personal médico.
Herencia electoral
Los siervos de la nación, como también se les ha denominado, iniciaron en el terreno electoral, porque la mayoría provienen del ejército que se encargó de la promoción y defensa del voto de López Obrador en 2018.
En su etapa como Presidente electo, los utilizó para levantar censos, organizar consultas populares y logística de sus giras. Ya como mandatario nacional, los sumó a las filas gubernamentales a través de la Secretaría de Bienestar.
Sin embargo, en la práctica sus jefes directos son los delegados estatales de programas sociales, cuyo mando general es Gabriel García Hernández, coordinador de programas de bienestar en la Presidencia.
- Ahora los 18 mil servidores de la nación se integrarán a las Brigadas Correcaminos que recorrerán el país para los operativos de vacunación contra Covid-19 al mismo tiempo que está en marcha el proceso electoral más grande en la historia del país.
AMLO defiende la participación de los “Siervos de la Nación” para vacunación
Las brigadas de vacunación de COVID-19, llamadas “correcaminos”, tendrán un componente que ha causado polémica por su afinidad con Morena, el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador. Se trata de la participación de dos promotores o Siervos de la Nación en cada una de las 10,000 unidades que inmunizarán a adultos mayores.
Al respecto, el Ejecutivo señaló que se está “aprovechando” la organización de estos servidores públicos para llevar la vacuna a 3 millones de adultos mayores que viven en zonas más marginadas y apartadas, tal como se hace con los apoyos y pensiones que se les dan porque no tienen cerca una sucursal bancaria.
Asimismo, negó que su participación sea con otros fines o que tenga un “uso electoral”, como han manifestado otros políticos, sino que por el contrario es para “cuidar” esta estrategia nacional de salud pública.
“Es una estrategia nacional muy importante, tenemos que cuidar que no se utilice la vacunación con propósitos electorales”, aseguró este martes en su conferencia de prensa matutina, al ser cuestionado al respecto.
López Obrador recordó que desde hace dos años se crearon los Centros Integradores del Bienestar para pagar las pensiones a los adultos mayores y personas con discapacidad que viven en las zonas más apartadas y marginadas, y que los Siervos de la Nación son los que hacen esta labor.
- “Hay 20,000 servidores de la Nación en el país. Ellos son los que atienden a adultos mayores, atienden programas de Sembrando Vida, los Jóvenes Construyendo el Futuro, becarios. Están en todo el territorio. Para que quede muy claro, no hay un municipio en México, de los 2,500 municipios, donde no haya un programa integral de desarrollo, no hay un pueblo donde un adulto mayor no reciba una pensión”, afirmó.
- Desde su creación, esta figura ha sido cuestionada desde distintos frentes. Antes de tomar posesión como presidente, López Obrador desplegó un ejército de “servidores de la nación” para construir un Censo del Bienestar con el que se identificó a las personas susceptibles de recibir uno de los apoyos que prometió en campaña y que a decir de Rodolfo de la Torre, director del Programa de Desarrollo Social con Equidad del Centro de Estudios Espinos Yglesias (CEEY), carece de transparencia.
La organización Signos Vitales plantea que existen limitantes y sesgo electoral del “Censo de Bienestar”, usado para seleccionar a los beneficiarios de los programas sociales y levantado por la estructura electoral de Morena.
- Graciela Teruel, directora del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo con Equidad de la Universidad Iberoamericana, coincide sobre la falta de transparencia y un padrón sesgado. “Ya se tenía trabajado un padrón, bajo la secretaría de Sedesol o Bienestar, con las listas de beneficiarios, con más de seis millones de familias beneficiarios, y desapareció, y en su lugar se empezó a levantar el Censo de Bienestar, con voluntarios siervos de la nación, que no son personas capacitadas para hacer levantamiento de información y lo hicieron sin que existiera normatividad”, señala.
La académica advierte que la información que se fue conformando y que es la base para la elección de los programas sociales , no es pública, por lo que no se sabe con qué criterios de calidad se llevó a cabo. “¿Cómo se va a poder evaluar la efectividad de esta política pública que se está llevando a cabo en el gobierno, si no sabemos cómo se eligen a los beneficiarios ni quiénes son ni dónde están ni siquiera la pertinencia de darles ese tipo de programas porque no sabemos cuál es el diagnóstico del cual están partiendo?”, cuestiona.
También han sido criticados por su cercanía con el gobierno federal. “Reciben y portan gafetes, uniformes, gorras y mochilas que los identifican como Servidores de la Nación. Son miles de brigadistas, que hicieron promoción y defensa del voto en la campaña presidencial del partido Morena”, escribió Rafael Hernández Estrada en su libro Servidores de la Nación. La operación política del gobierno de la 4T.
Actualmente, estos servidores encargados de los programas sociales y venían de las estructuras de promoción el voto de Morena en 2018, también “ayudarán” en la campaña de vacunación de COVID-19, en medio de las Elecciones más grandes de la historia del país.
Están adscritos a la Secretaría de Bienestar, bajo el mando de Gabriel García Hernández, Coordinador General de Programas Integrales de Desarrollo, quien trabaja directamente con el presidente, y ahora recorrerán los 2,500 municipios junto con cuatro elementos de las fuerzas armadas, otros dos promotores de los programas del bienestar, dos voluntarios, y solo dos vacunadores, para repartir las dosis del fármaco.
Expertos señalan que si bien el hecho de que participen en la campaña no es un delito en sí, si promocionan el voto a favor de un partido o un candidato, deben ser acreedores a sanciones por incurrir en un delito electoral. En tanto su participación en la campaña de vacunación, ya levanta sospechas.
Politizar vacuna contra Covid-19, el principal riesgo para México
El principal riesgo para la economía mexicana este año está asociado a la vacuna contra Covid-19 y su uso en las campañas electorales, lo que puede provocar inestabilidad política y social en el país, advirtió Control Risk.
- De acuerdo con la consultora global, las elecciones intermedias para renovar al Congreso y elegir a 15 gobernadores estatales podrían agarrarse de la campaña de vacunación nacional para obtener votos.
- «Es un año electoral que, sumido en el contexto de pandemia se presta para que la campaña de vacunación se politice y se genere una bola de nieve que cause descontento social», dijo Inés Echegaray, analista senior de Control Risk México.
- Daniel Linsker, director regional de Control Risks para México, Centro América y el Caribe, apuntó que en el caso mexicano el periodo electoral y la evolución de la pandemia mantendrán en pausa nuevas inversiones al menos en la primera mitad del año.
En la presentación del reporte RiskMap 2021, Echegaray señaló que otro de los riesgos para el crecimiento del país este año será el estatismo de políticas públicas por parte del gobierno.
Indicó que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador está obstinado con la política de austeridad y con la recaudación, pero no da grandes estímulos para las empresas lo que genera mayor desigualdad.
El reporte añadió entre los riesgos para el país que la lucha contra la corrupción se quede sólo en el discurso, esto luego de que 2020 fue el año con mas adjudicaciones directas de contratos del gobierno federal.
- Además del «abuso» de este modelo que favorecerá a empresas con lazos con el gobierno, la consultora advirtió que las investigaciones contra corrupción están politizadas y el presupuesto de este año restó 20 por ciento a los recursos del Sistema Nacional contra Corrupción.
La inseguridad, que continúa aumentando en un concepto de desempleo y pobreza, y el crecimiento de grupos delictivos como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) también será un factor que impacte en la recuperación económica del país.
- El quinto factor de riesgo para México será la relación con el nuevo gobierno de Estados Unidos la cual, dice el reporte, si bien será más institucional, puede traer presiones a la administración de López Obrador en materia energética y laboral.
De acuerdo con Control Risk, la administración de Joe Biden presionará para hacer valer las cláusulas del T-MEC en para que se respeten los contratos de empresas energéticas y no se limite su competitividad para favorecer a la CFE./Agencias-PUNTOporPUNTO
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