Delfina Gómez, quien estuvo al frente de la Secretaría de Educación Pública (SEP), a parte de no justificar grandes cantidades de dinero, tampoco reportó si se aplicó debidamente el presupuesto para alimentos y la extensión de la jornada educativa, con lo que se pretendió sustituir el programa de ‘Escuelas de Tiempo Completo’.
- Tomando en cuenta que el apoyo a las escuelas no se puede repetir, la SEP benefició a mil 935 planteles, repartiendo bienes monetarios para rehabilitación en zonas identificadas como “prioritarias”.
- En 2019 se creó el programa de la ‘Escuela es Nuestra’, con subsidios directos a padres de familia para que decidieran y ejecutaran los trabajos de mejoramiento, rehabilitación y equipamiento de infraestructura escolar, incluso construcción de obra mayor.
- La SEP entonces evadió comprobar el gasto de 12 mil 874 millones de pesos que se distribuyeron con el programa la Escuela es Nuestra, reportó la Auditoría Superior de la Federación.
- Al revisar la Cuenta Pública del 2022, con Delfina Gómez en la SEP, esta secretaría no reportó si se aplicó presupuesto para alimentos y la extensión de la jornada educativa, con lo que se pretendió sustituir el programa de Escuelas de Tiempo Completo.
- Además, aunque no puede repetir apoyos a las escuelas que en años anteriores los recibieron, la SEP «consintió» a mil 935 planteles, volviendo a entregar dinero para rehabilitación, sin justificar el caso de cada una y solo reportando que son «prioritarias».
La ASF alertó que las obras grandes en las escuelas no cumplen con medidas de seguridad que garanticen la integridad de alumnos y docentes, porque no se dio asesoría a los padres de familia.
En 2019 se creó el programa de la Escuela es Nuestra, con subsidios directos a padres de familia para que decidieran y ejecutaran los trabajos de mejoramiento, rehabilitación y equipamiento de infraestructura escolar, incluso construcción de obra mayor.
Para acceder a los recursos se deben constituir Comités Escolares de Administración Participativa (CEAP).
- La ASF revisó los apoyos otorgados a 44 mil 299 CEAPs Comités Escolares de Administración Participativa (CEAP), por lo que solicitó a la Secretaría de Educación Pública que indicara los importes que los comités aplicaron en los conceptos de infraestructura y equipamiento, de horario extendido y de servicios de alimentación.
- «Al respecto, la SEP indicó que no cuenta con esa información, toda vez que los subsidios son entregados de manera directa a los referidos CEAP y éstos son los responsables de decidir el uso y destino de los apoyos así como de resguardar la documentación comprobatoria correspondiente», destacó el órgano de control.
Esto evidencia que la SEP no aplicó sus propias normas para dar seguimiento a la aplicación de los recursos públicos entregados a los padres de familia.
«Queda en evidencia que la Dirección General la Escuela es Nuestra no implementó los mecanismos necesarios para realizar el seguimiento de las diversas acciones que realizaron los CEAP en materia de infraestructura educativa, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento Interior de la SEP, ni para identificar los planteles que utilizaron parte de los recursos para el servicio de alimentación y la extensión del horario escolar», señaló la ASF como irregularidad.
Solo se informó a la Auditoría Superior que 33 CEAPs reintegraron 9.3 millones de pesos a la Tesorería de la Federación, ya que, en 30 casos, sus integrantes renunciaron al apoyo y, en los 3 casos restantes, los planteles dejaron de funcionar.
La auditoría señala que la SEP evadió cumplir sus responsabilidades de seguimiento y supervisión de cómo se usa el presupuesto entregado.
«La Dirección General de La Escuela es Nuestra indicó que se encuentra legalmente imposibilitada para realizar el seguimiento antes referido, ya que son acciones de las que no tiene competencia para sustituirse en las responsabilidades de otras dependencias de la Administración Pública Federal.
«Sin embargo, lo señalado por la DGLEEN carece de sustento, toda vez que es el propio Reglamento Interior de la SEP el que, por medio de la fracción VIII de su artículo 25, la faculta para tales fines», señaló la ASF sobre la falta de la Secretaría en cumplir con el seguimiento de comprobación del gasto.
- Además, dijo la Auditoría, en las Reglas de Operación del programa se incluyó la obligación de la SEP de darle seguimiento a la aplicación de los apoyos, para lo cual elaboró el documento denominado «Nota Metodológica», para determinar el tamaño de la muestra que asegure la representatividad de la población beneficiada.
- También se incumplió con el «Programa de Trabajo Grupo Funcional Desarrollo Social 9 Seguimiento y Supervisión Operativa», en el cual se estableció que las actividades de seguimiento se realizarían entre los meses de junio de 2022 y octubre de 2023.
- Se identificó que, de los 44 mil 299 planteles beneficiados, únicamente en 13 mil 701 casos, equivalentes al 30.9 por ciento, se constituyeron los «Comités de Contraloría Social», de los cuales 4 mil 838 no han registrado información sobre la aplicación de los apoyos.
Sin advertir daño al erario público ni sanción administrativa, la ASF solo recomendó a la SEP implementar un mecanismo que permita que los Comités Escolares de Administración Participativa (CEAP) rindan cuentas de los recursos que reciban del citado programa.
Considerando, principalmente, aquellos que se encuentren ubicados en zonas urbanas que cuentan con la conectividad a internet necesaria, que permita a los referidos comités ingresar la información correspondiente a la aplicación y comprobación de los recursos que reciben, con el fin de cumplir con el seguimiento del gasto.
- La ASF visitó 43 planteles que recibieron apoyos por 23 millones 600 mil pesos y se constató que se destinaron recursos por 22 millones 716 mil pesos para la realización de acciones de mantenimiento, rehabilitación y construcción de obra mayor.
- «Al respecto, los integrantes de los CEAP indicaron que no destinaron recursos a los servicios de alimentación y a la extensión del horario escolar toda vez que no fueron prioritarios».
En tal revisión, la ASF alertó que no hay capacitación a los padres de familiar para realizar obra mayor, lo que es un riesgo de seguridad.
«Cabe mencionar que, en los casos en los que se destinaron parte de los apoyos para realizar obras mayores en los planteles, no se cuenta con evidencia de que se cumplieron con las especificaciones técnicas de construcción aplicables en materia de infraestructura física educativa.
«Ello no asegura que dichas obras se hubiesen realizado con estructuras y materiales que protejan la integridad física de la comunidad escolar.
«Como resultado de las visitas de verificación, se identificó que los CEAP, como responsables de la ejecución de los recursos, no cuentan con los conocimientos técnicos y experiencia en materia de construcción, rehabilitación y mantenimiento de infraestructura física educativa, ni en materia de manejo y administración de los recursos.
Además, tampoco cuentan con acompañamiento y asesoramiento en dichas materias por parte de personal de la SEP ni de la SEBIEN que coadyuven al mejor cumplimiento de los objetivos y metas del programa».
Acusaron opacidad de 4T en destino de recursos educativos
De acuerdo con información de Reforma, las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) aseguraron que en este sexenio, comparado con anteriores, se ha vuelto más complicado rastrear el destino de los recursos dirigidos a la educación.
Entre ellas, «Mexicanos Primero» insistió que se requiere que las autoridades tengan un mejor reporte del gasto, es decir, sean menos opacas.
Esto para que se compruebe que el dinero realmente haya sido utilizado para el fin que fue anunciado, se sepa que se está invirtiendo bien en aprendizaje y formación de los alumnos y, con ello, que se esté gastando «bien», señaló Fernando Ruiz, director de investigación en la organización.
- El especialista informó que un análisis realizado al presupuesto asignado para este año para educación mostró que el gasto no ha sido pertinente a las necesidades de la comunidad educativa y además ha sido opaco.
- Mexicanos Primero analizó más de 10 mil partidas de gasto e identificó mil 250 programas presupuestales destinados a la educación básica. Con esa información se identificaron 18 líneas de gasto (15 son federales y 3 estatales y municipales).
- De estas 18, 14 fueron calificadas como inadecuadas, y se explicó que para llegar a esta conclusión se evaluó si se cumplió con el fin o metas planteadas y la transparencia con la que fueron manejadas.
Las clasificadas de esta manera fueron: educación inicial, formación inicial de docentes, formación continua docente, infraestructura escolar, becas a estudiantes, gasto escolar contra la equidad y la exclusión, educación socioemocional, tecnologías de la comunicación e información, evaluación educativa, gasto operativo escolar (FAEB y FONE), gasto administrativo, infraestructura escolar de estados, gasto educativo estatal y gasto educativo municipal.
- La partida de nómina educativa fue calificada como insuficiente, mientras que tres sólo tres fueron catalogadas como adecuadas: planeación e información educativa, libros y materiales educativos, e implementación curricular.
- Por ejemplo, dijo Ruiz, para formación docente existe un programa administrativo asignado a la Dirección General de Formación Docente que tiene asignados desde 2020 y 2021, 519 millones de pesos.
«Tuvo recortes los últimos años (formación docente), pero resulta que hay un programa administrativo (…) algo pasa con ese fondo porque 519 millones de pesos es demasiado, o sea, con eso no vas a comprar papelería. Seguramente hicieron un manejo de recursos para presentarlo, eso quiero pensar.
- Además, acotó, al revisar los programas de desarrollo municipal de los 32 estados del país todas tienen contemplado el apoyo a las escuelas, pero los estos recursos registrados por la SEP muestran un comportamiento decreciente quedan dudas si hay deficiencias con el registro o se están entregando en forma.
Otro rubro en duda, añadió, es el de La Escuela es Nuestra, sobre el que mencionó, no hay claridad sobre si están llegando y cómo lo están haciendo en beneficio de planteles educativos.
Ante esta falta de transparencia y claridad en el gasto, mencionó que organizaciones como la suya, realizan trabajo de campo para descubrir qué pasa con el recurso y cómo se está manejando.
El investigador apuntó que en comparación con otros sexenios, en la Administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador hay más opacidad con el gasto público.
«En términos de información presupuestal sí hay una dificultad, estamos ante dos mundos opuestos. Cuando ustedes revisan los programas de la Administración de Vicente Fox, tenían un detalle y una estructura muy engorrosa, eran muy focalizados lo cual en parte era positivo, pero tenía una estructura poco clara, que me parece que no es adecuada.
«Y el otro extremo es el actual, que lo que han hecho es que han juntado los grandes, inmensos programas en donde tampoco ayuda, porque no sabemos al final de cuentas en qué se está gastando. Me parece que tenemos que lograr una estructura funcional (…) nada más por darte un ejemplo, en 2003 había partidas de gastos que te decían ‘crear dos escuelas secundarias en el estado de Yucatán’, actualmente tenemos un programa que dice que está atendiendo a 100 mil escuelas y no sabemos dónde están», refirió.
Sep pide ocultar datos de educación y nómina docente
En abril pasado, la Secretaría de Educación Pública (SEP) pidió al Inegi dejar de considerar de interés nacional al Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGED), plataforma que genera información sobre la matrícula escolar, la infraestructura educativa y la nómina magisterial.
- Con la revocación de esta clasificación, que el Inegi aprobó y dio a conocer en el Diario Oficial de la Federación (DOF), se pone en riesgo la calidad de la información educativa en México. Además, el SIGED, que actualmente está inoperante, podría desaparecer y aumentaría la opacidad en el sector, alertaron organizaciones de la sociedad civil.
Otra consecuencia es que el Inegi dejará de suministrar la información sobre educación a las autoridades y a la sociedad.
- “Al no ser publicada, procesada y difundida de manera proactiva por el Inegi, se requerirá de solicitudes de información para poder acceder a ésta, lo que limita el derecho al acceso a la información y transparencia pública”, advirtió el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
La información del SIGED era relevante por su rigurosidad metodológica, su periodicidad y calidad, lo que permitía que sus datos se usaran en el diseño de políticas públicas educativas. Sin embargo, la SEP argumentó ante el Inegi que carecía de los atributos necesarios para considerarse de interés nacional porque los datos que recopila dejaron de ser regulares y periódicos.
Esto ocurrió porque la eliminación del Instituto Nacional de Evaluaciones Educativas (INEE) y la suspensión del Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes (pruebas Planea), ordenadas por el gobierno federal, obstaculizaron la generación de datos sobre educación.
- “Estos cambios han amenazado y vulnerado la generación periódica de información que es necesaria para la mejora educativa y sin la cual no se pueden diseñar políticas basadas en evidencia”, explicó el IMCO.
- La organización civil Mexicanos Primero advirtió que esta acción abre la puerta a concretar la desaparición del Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGED).
- Desde 2022, expuso, las autoridades desaparecieron los programas que financiaban la plataforma y, a partir de 2023, dejaron de actualizar los padrones de becarios y los gastos ejercidos por los planteles a través del programa La escuela es Nuestra.
“Desde el inicio de la administración federal existe una campaña contra la transparencia y la rendición de cuentas y, desde el año pasado, se viene gestando la eliminación de la plataforma de este sistema que hoy se encuentra inaccesible. Todo esto sucede en medio de las discusiones para desaparecer el INAI”, expuso la organización en un comunicado.
Mexicanos Primero afirmó que si el SIGED desaparece se perderá información valiosa sobre los estudiantes en riesgo de abandonar la escuela, los que no han regresado, y de niñas, niños y jóvenes que no han logrado recuperar aprendizajes.
“Por ello, exigimos a la autoridad educativa detener este atropello y avanzar en un registro que permita conocer la situación de cada estudiante con respecto a su trayectoria académica, escolar y socioemocional”, demandó.
Hallan en Conahcyt pagos a investigadores “no vivos”
Por realizar pagos a investigadores fallecidos, que no se encontraban en el padrón de beneficiarios o de quienes carecían de evidencia de su situación, el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología (Conahcyt) cometió un presunto daño al erario por 21 millones 672 mil pesos.
- Así lo señaló la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la segunda entrega de la Cuenta Pública 2022, en donde advirtió sobre varias “áreas de oportunidad”, tras revelar inconsistencias en la implementación del Sistema Nacional de Investigadores (SNI).
- Originalmente, las observaciones por posible daño a la hacienda pública fueron por una cifra ligeramente mayor: 21 millones 920 mil pesos; sin embargo, la instancia científica logró subsanar 246 mil pesos.
- En el dictamen, señaló la falta de un padrón de beneficiarios actualizado, pues el último del que se tiene registro se publicó en el 2022 y se conformó por 36 mil 624 investigadores, incluidos 172 “no vivos”.
Las irregularidades provienen de los pagos de estímulos económicos a los investigadores, sus ayudantes o beneficiarios de los mismos científicos fallecidos, por un monto de 18 millones 837 mil pesos.
- De éstos, se apunta que 15 millones 331 mil pesos fueron pagos improcedentes y tres millones 506 mil como pagos en demasía, derivado de la entrega de indemnizaciones, sin que se hubiera contado con la acreditación de una dependencia económica por parte de los beneficiarios de investigadores muertos.
- Asimismo, se explica que hubo pagos por dos millones 835 mil 177 pesos a siete investigadores eméritos, sin que se contara con la evidencia o la aplicación de un mecanismo que sirviera como “prueba de vida” para sustentar sus retribuciones.
- “No se evidenció la notificación anual de su situación al Conahcyt, que sirviera como prueba de vida para acreditar la procedencia de los pagos realizados en 2022, en incumplimiento del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 66, fracción III, y del Reglamento del SNI”, apuntó la Auditoría.
Como causa de estas irregularidades, se apuntó la falta de controles y supervisión en la determinación y pago de estímulos, así como de un adecuado seguimiento de la situación de los investigadores.
- La ASF realizó otras dos auditorías de desempeño al Consejo Nacional de Ciencia. Una fue al programa presupuestario P001 “Diseño y Evaluación de Políticas en Ciencia, Tecnología e Innovación”, con el que se busca atender lo relacionado con el diseño, ejecución y evaluación de políticas en ciencia.
- El dictamen apunta que el consejo no publicó el Plan Nacional para la Innovación, como lo instruye el Plan Nacional de Desarrollo del actual sexenio, ni contó con comités intersectoriales y de vinculación para atender la articulación de políticas, la propuesta de programas prioritarios y áreas estratégicas.
Además, señala que no se ha publicado el Informe General del Estado de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación 2022, para dar cuenta de la situación actual del país en dicha materia.
La otra auditoría fue a la Corporación Mexicana de Investigación en Materiales (Comimsa), cuyo objetivo es investigar, desarrollar estudios y formar recursos humanos para fortalecer al sector industrial mexicano por medio de transferencias de conocimiento útil al gobierno, instituciones y empresas.
Uno de los señalamientos es que no alcanzó su autosuficiencia financiera, pues en el 2022 registró ingresos totales por 304 millones 634 mil pesos, pero al cubrir sus gastos presentó una pérdida neta de más de 61 millones, situación ante la cual el grupo auditor advirtió que Comimsa “corre el riesgo de ser insolvente en el corto plazo”.
Reina la opacidad de Conahcyt en programa de becas de posgrado
En septiembre pasado, al menos 70 estudiantes de posgrado de varios estados del país se manifestaron afuera de las oficinas del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt), por falta de Becas de Posgrado y Apoyos a la Calidad.
Y es que como parte de los cambios del nuevo Sistema Nacional de Posgrado (SNP), Conahcyt cambió lineamientos de forma inesperada a finales de julio, lo que afectó a los estudiantes que aplicaron a la convocatoria publicada en febrero y ocasionó que cerca de la mitad de los posgrados, incluso de universidades públicas (que formaban parte del antiguo Programa Nacional de Posgrados de Calidad), queden excluidos hasta ahora.
- El 6 de septiembre, tras la protesta, el Conahcyt publicó un comunicado indicando que están por designar más becas y destacaron que el presupuesto a este programa ha ido en aumento (en 2023 es de 13 mil 138 millones 649 mil 421 pesos). Y es verdad, desde 2010 el presupuesto ha ido en aumento hasta alcanzar su actual máximo. Pero ¿si hay más presupuesto por qué hay menos becas?
- De acuerdo con Andrés Agoitia, especialista en política científica, explicó que Conahcyt maneja de forma engañosa la información al afirmar que ese presupuesto aumentó 40%, pues el progreso corresponde al monto aprobado en pesos corrientes, es decir, sin contemplar la inflación. Pero al deflactar la suma, en realidad el presupuesto destinado al programa apenas aumentó 7%.
“Cuando las autoridades tienen poco que presumir suelen presentar montos presupuestales en pesos corrientes”, indica.
De hecho, cuando se trabajó en la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación (Ley HCTI), en un borrador se había establecido que el aumento del presupuesto al sector debía ser mayor al del año anterior “en términos reales”, o sea considerando la inflación.
Sin embargo, en la versión final de la ley se eliminó ese elemento (reportó en Twitter la investigadora Alma Cristal en abril pasado) y quedó así: “El monto anual que se destine a la investigación humanística y científica, el desarrollo tecnológico y la innovación no podrá ser inferior a lo aprobado en el ejercicio inmediato anterior, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables” (Artículo 30, de la Ley HCTI).
Sin ese fragmento, Conahcyt puede aumentar un peso aunque por la inflación no represente nada. Pero “cumplió” con la ley.
Además del escaso aumento de presupuesto, hay otra práctica de Conahcyt que explicaría la crisis que hay en becas de posgrado. El 18 de mayo, el Consejo envió un oficio a miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) para informarles que les retiraba el apoyo económico porque el SNI tenía un déficit presupuestario de mil 432 millones 855 mil 786 pesos.
- También les explicaba que para compensar la crisis había tomadofondos de las sanciones aplicadas por el Instituto Nacional Electoral a partidos políticos, y que solicitó a Hacienda permiso para transferir al SNI fondos del programa Becas de Posgrado y Apoyos a la Calidad.
- Aunque en el comunicado del pasado 6 de septiembre, Conahcyt declara: “Reiteramos que es falso que haya habido un recorte en el presupuesto asignado al programa de becas del Conahcyt”. Esta medida del Consejo no es nueva, explica Agoitia.
- En 2021 y 2022 no se ejerció todo el presupuesto de Becas de Posgrado, en 2021 hubo subejercicio del 17.3% del presupuesto aprobado (11 mil 992 millones); en 2022, el subejercicio fue de 11.8% del presupuesto (12 mil 442 millones). En ambos años se transfirieron recursos de las becas de posgrado al programa Pronaces, según registró la Cuenta Pública en el Análisis de presupuesto de egresos.
“Conahcyt está en una crisis presupuestaria por mala administración”, afirma Brenda Valderrama, investigadora del Instituto de Biotecnología de la UNAM y especialista en política científica.
“Aunque hay dinero, gastan menos. Los nuevos lineamientos del SNP excluyen a varios programas de posgrado, en automático limitan el acceso a becas y eso hace que se liberen recursos que se pueden transferir a otra cosa”, declara Agoitia, quien señala que habría que esperar a fin de año para confirmar si hubo subejercicio y si se transfirieron recursos de becas de posgrado a otros programas.
- Los especialistas también señalan que Conahcyt ha manejado de forma engañosa las cifras de becas asignadas este sexenio. En su comunicado, el Consejo dice que desde 2019 se han dado 80 mil becas anuales, y más abajo dice que hasta junio de 2023 ha dado 8 mil 974 becas nuevas. Pero no se aclara si las 80 mil becas anuales son nuevas.
Agoitia considera que se están contando las becas vigentes (que no necesariamente son nuevas) y las becas administradas (que se dieron en algún momento del año). Sin embargo, no es posible conocer con precisión el número de becas que se han dado desde 2021, porque desde entonces el Conahcyt ya no publica su informe general del estado de la ciencia, tecnología e innovación que detallaba las becas otorgadas.
- “El Consejo tenía esta obligación que estaba establecida en el artículo 10, inciso C de la ley de ciencia de 2002, que estuvo vigente hasta este año. Es ahí donde se podía consultar a detalle el número de becas otorgadas”, explica.
- La nueva Ley de Ciencia también establece que se deberá entregar un informe nacional sobre el estado general que guardan las humanidades, las ciencias, las tecnologías y la innovación en México cada año, según se lee en el Artículo 63 y 68 de la Ley HCTI.
- Para 2024, según el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), al Programa de becas de posgrado se le haría un aumento de apenas 634 millones de pesos y al SNI 390 mdp, todo sin contar la inflación acumulada hasta ahora de 2.4%.
Conahcyt opera con opacidad: INAI
Por otra parte, el INAI expuso que Conahcyt habría llevado a cabo cambios en sus programas de manera opaca.
- Esta no es la primera vez que se desenvuelve un desencuentro institucional entre INAI y Conahcyt en fechas recientes, puesto que la directora de la dependencia, Elena Álvarez-Buylla, acusó a funcionarios del instituto de tener vínculos e interéses políticos derivados de una mafia gestada en el CIDE.
- El instituto encabezado por Norma Julieta del Río Venegas solicitó una explicación directa ante el señalamiento, la cual no obtuvo, como tampoco los documentos que solicitó en aval de la designación del director del mismo CIDE, José Romero Tellaeche.
- En esta ocasión, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) instruyó al Conahcyt dar a conocer los cambios al “Manual de Procedimientos del Programa Presupuestario F003, denominado ‘Programas Nacionales Estratégicos de Ciencia, Tecnología y Vinculación con los Sectores Social, Público y Privado’, así como los documentos que los justifiquen”.
“El Conahcyt es una institución clave en el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación en México, y su actuar no puede estar exento de la transparencia y la rendición de cuentas”, afirmó Del Río Venegas, al presentar el caso ante el Pleno.
- Agregó que los cambios en esa institución se han convertido en uno de los temas con mayor opacidad. En marzo pasado, recordó, el Pleno resolvió un recurso de revisión, en el que le instruyó entregar las reformas al estatuto general del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y el acta de la sesión del Consejo Académico que las aprobó.
Para el presente caso, expuso, un ciudadano solicitó al Conahcyt un cuadro comparativo de todos los cambios a los Lineamientos y al Manual de Procedimientos del Programa Presupuestario F003, así como las justificaciones y documentos probatorios presentados ante la Junta de Gobierno y el Comité Técnico y de Administración para realizarlos.
Al responder la solicitud, el Conahcyt manifestó que no cuenta con la obligación de elaborar documentos ad hoc, por lo que no era posible proporcionar un cuadro comparativo con las características señaladas por la persona solicitante. “Sin embargo, entregó la información, a partir de la cual se aprobaron las modificaciones de los Lineamientos del Programa Presupuestario F003”.
Inconforme, la persona solicitante presentó ante el INAI un recurso de revisión, argumentando que la información era incompleta, pues no se le entregó nada respecto del Manual de Procedimientos. Agregó que la Unidad de Administración y Finanzas podría contar con la documentación.
- En alegatos, el Conahcyt precisó que la información respecto al Manual de Procedimientos no es competencia de su Órgano de Gobierno ni de la Unidad de Asuntos Jurídicos. “En el análisis del caso, la ponencia de la Comisionada Del Río localizó el Acuerdo (Pp F003 7/XVI-E/2022), mediante el cual el Comité Técnico y de Administración del Programa Presupuestario reformó el Manual de Procedimientos en cuestión”, informó el INAI.
Por tanto, añadió en un comunicado, se advirtió que el Consejo puede contar con la información, pero no cumplió con el procedimiento de búsqueda establecido en la Ley Federal de Transparencia, ya que omitió turnar la solicitud a la Unidad de Administración y Finanzas, área facultada para conocer de lo solicitado.
Con base en los argumentos expuestos, el Pleno del INAI resolvió modificar la respuesta del Conahcyt y le instruyó hacer una búsqueda exhaustiva en todas las unidades administrativas competentes, entre las que no podrá omitir a la Unidad de Administración y Finanzas, a fin de que proporcione a la persona solicitante la siguiente información:
- Los cambios registrados en el Manual de Procedimientos del Programa Presupuestario F003.
- Las justificaciones presentadas ante la Junta de Gobierno y el Comité Técnico y de Administración.
Los documentos que sustenten la aprobación, por anverso y reverso, de los cambios realizados, como se presentan en las versiones públicas del documento./Agencias-PUNTOporPUNTO
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