Con 69 votos a favor y 42 en contra, se aprobó en el Senado de la República la Ley de Amparo, misma con la que los representantes del Poder Judicial no podrían evitar la consolidación de ciertas reformas aprobadas en el Congreso.
- Se trata de una serie de modificaciones a los artículos 129 y 148 de la Ley de Amparo, y aunque se garantiza que continuará el derecho al amparo, los legisladores de oposición insisten que se trata de una medida con la que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ‘blindará’ la realización de obras, así como el establecimiento de reformas en la Constitución aunque estas tengan presuntas irregularidades.
- La reforma a la Ley de Amparo consiste en quitarle a los jueces la facultad de suspender leyes de manera provisional y definitiva que hayan sido impugnadas a través de la Ley de Amparo.
La oposición asegura que esto es una “venganza” de López Obrador a los juzgadores, quienes a través del encuentro de irregularidades no han permitido el paso de reformas constitucionales como la electoral planteada en 2022 y el ‘plan B’ de la misma planteado en febrero del año pasado.
Germán Martínez, senador del Grupo Plural, afirmó que la iniciativa pone en el centro al Presidente y al poder, no a las víctimas.
Recordó que actualmente la Ley de Amnistía dice en su artículo 2 que ésta no procede en casos de delitos contra la vida y la integridad corporal, de ahí que a personas como «El Mochaorejas» no se le puede perdonar; no obstante, con la reforma se podría otorgarle la amnistía a personas que hayan cometido delitos como violación, feminicidio, trata de personas, desaparición forzada, delincuencia organizada y portación de armas de uso exclusivo al Ejército, lo que es una «bofetada» a esta institución.
«Fue Marcelo (Ebrard) que denunció a Claudia Sheinbaum en la precampaña. Si ya no les alcanzó el dinero del bienestar, no debemos estar a favor de perdonar a criminales bajo ninguna circunstancia. En nombre de las víctimas, en nombre de las desaparecidas, en nombre de los desaparecidos, en nombre del dolor de las madres buscadoras, no a este perdón que no es claro, que no es transparente. ¿A quién quieren perdonar? Díganlo», demandó.
- La panista Alejandra Reynoso advirtió que la reforma le da al Presidente la atribución de perdonar cualquier delito, a cualquier persona, en cualquier momento, sin control judicial y, además, la modificación propuesta no especifica cuáles serán los casos relevantes para el Estado mexicano en los que será aplicable la amnistía, de ahí que éstos serán los que disponga el Presidente.
«¿Con quién tiene compromiso Morena? En el informe de 2023 de la comisión, que es la que analiza los casos para otorgar la amnistía, resulta interesante que de las 374 personas que fueron beneficiadas con la amnistía en un año, 367, fueran por delitos relacionados con narcóticos, 367 delitos relacionados con narcóticos. ¿Con quién tiene compromiso Morena? Porque también, hay que decir, que casi una cuarta parte de esas personas son del estado de Sinaloa, ¿será por eso tantas visitas del Presidente?», cuestionó.
- Emilio Álvarez Icaza, del Grupo Plural, recordó que en 2018, como Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador se reunió con cientos de víctimas ante quienes se comprometió a hacer un proceso de justicia transicional; no obstante, acusó que seis años después, los mecanismos para el esclarecimiento de la verdad histórica creados por este Gobierno, como la Comisión de la Verdad de Ayotzinapa, se encuentran dinamitados.
«El patrón por la cual se reventaron esas instancias es porque el Ejército no lo ha permitido, ese que ustedes solapan en una cultura militarista», dijo.
Sostuvo que esta reforma es una hipocresía, porque los mecanismos de justicia ordinaria y extraordinaria están «reventados». Como ejemplo, señaló que la Comisión Nacional de Búsqueda hoy desaparece a desaparecidos.
«¿Quieren proteger a las víctimas? ¿Quieren proteger a la verdad? Trabajen con los colectivos de víctimas, trabajen por la justicia, dejen el indulto como instrumento que ya está y, en su caso, generen los mecanismos de justicia transicional a los que se comprometieron hace seis años», demandó.
- En su turno, la presidenta de la Comisión de Justicia, Olga Sánchez Cordero, indicó que el objetivo de la reforma es garantizar el derecho a la verdad en asuntos de trascendencia nacional al generar un incentivo a quienes aporten elementos contundentes para el esclarecimiento de hechos que hayan lacerado gravemente a la sociedad.
«Esta reforma atiende al interés social, pues se priorizan los valores de la verdad histórica, así como el derecho de acceso a la justicia y a la garantía de no repetición de los actos», afirmó.
- La Ministra en retiro rechazó que la modificación sea una atribución abierta al Poder Ejecutivo, porque entre los requisitos.
«Por ejemplo, que aporte la persona beneficiaria información útil para esclarecer la verdad; segundo, que los casos sean relevantes para el Estado, que esté siendo procesado o haya sido sentenciada o se haya ejercido acción penal en su contra por cualquier delito», explicó.
Advierten riesgos en Ley de Amparo
El morenista Ricardo Monreal admitió que se busca acotar a jueces de distrito: «los límites que estamos estableciendo son para eliminar la discrecionalidad de jueces de amparo», argumentó.
El zacatecano insistió en que la reforma no acota derechos, sino que pretende evitar «el abuso de la dictadura de la toga». Refirió que eso tiene que ver con «la gran discrecionalidad en sus asuntos» que vulnera el principio de legalidad al que deben estar sujetos los jueces y Magistrados.
- Zepeda dijo que la reforma es particularmente grave, considerando que los dos mecanismos para parar una ley o una obra son los amparos y las acciones de inconstitucionalidad que requieren de ocho votos de los Ministros.
«El problema es que hoy tiene tres incondicionales. Loretta Ortiz, Yasmín Esquivel y Lenia Batres están votando de manera incondicional con el Gobierno.
«En noviembre sale un Ministro más, el plan es tener los cuatro votos, entonces, tú como mexicano ya no vas a poder hacer que se evite una ley inconstitucional por la vía de la acción de inconstitucionalidad; otra vía es el amparo y quieren que no se pueda, esa es la verdad», afirmó.
La emecista Laura Ballesteros advirtió que la reforma es una regresión al acceso a la justicia, ya que el amparo es la principal vía para defender los derechos humanos.
Ley de Amparo, reforma regresiva y abre la puerta a actos autoritarios
La reforma a los artículos 129 y 148 de la Ley de Amparo y los artículos 103 y 107 de la Constitución que la tarde de este 17 de abril aprobó la mayoría de Morena y sus aliados en el Senado, es una reforma regresiva y peligrosa para garantizar los derechos de los ciudadanos para protegerse en contra de un acto de una autoridad.
- Se trata de una reforma que busca que los amparos que otorga el Poder Judicial tengan un alcance individual para quien lo solicitó, pero no colectivo, como ocurre cuando una obra afecta a una comunidad o una política pública afecta a un colectivo.
- En ese sentido, la senadora del PRI, Claudia Anaya dijo a La Silla Rota que se trata de una reforma regresiva.
“Estamos yéndonos para atrás en cuanto a los derechos de los ciudadanos, entonces se habla de una reforma regresiva que a mi juicio es inconstitucional porque finalmente los derechos ya alcanzados no te los pueden quitar”, dijo Anaya en entrevista con La Silla Rota.
“Lo que busca es impedir que se den suspensiones con efectos generales, que solo sea a quien promueve el amparo, yo me vea beneficiado con esa suspensión, pero tú no, si no promoviste el amparo debes cumplir con esa ley”, dijo por su parte el experto en Litigio Constitucional, Administrativo y Fiscal, Mariano Calderón.
¿De qué va la reforma?
La senadora Claudia Anaya explicó a La Silla Rota que la propuesta de la reforma implica que no pueda surtir efectos generales un amparo, que solo el promovente pueda ampararse por determinada acción del gobierno.
“No aplica solo para una ley al hablar de normas generales, esto aplica también para un acto administrativo, es decir la construcción de una obra. Aplica también cuando te quieres amparar porque el gobierno va a deforestar toda la selva maya, debes tener algo que se llama el interés legítimo, pero ya habíamos avanzado porque después de la reforma constitucional del 2011, pasamos de los derechos fundamentales a los derechos humanos, que luego se convierten en colectivos.
“Entonces existe algo que se llama interés difuso, lo que quiere decir que el juez puede ver que no solamente el que se ampara es agraviado, sino que, si a consideración del juez el agraviado es un colectivo o todo un pueblo, lo ampara bajo efectos generales para un colectivo, una población general. Entonces esta parte de limitar, restringir, le quitan al juez un criterio muy importante, que los jueces tengan criterios porque no todos los casos son iguales, cada caso es diferente”, añadió Anaya.
- Calderón por su parte explicó a La Silla Rota dijo que el alcance de la reforma es que en el juicio de amparo hay dos formas de llevar el expediente. Primero se plantea el fondo, un argumento de que determinada ley o acto de autoridad viola la Constitución, los derechos humanos o garantías individuales y se desarrollan elementos con que el Poder Judicial va a tener que decidir.
“La ley te marca un trazo de ruta, pero justo el criterio del juez es lo que, pues en determinados casos hace o no que se otorgue o no el amparo, o que le meta suspensión o que no le meta suspensión o que sea suspensión con efectos generales o suspensión únicamente para el que tiene el interés legítimo o legal en ese sentido”, añadió.
- Calderón consideró que se trata de una reforma que puede ser autoritaria para autorizar obras que puedan concluirse sin que las comunidades o pueblos originarios puedan defenderse y evitar su construcción.
“La reforma haría más difícil tener suspensiones de obras estratégicas, o de las que tengan que ver con seguridad nacional. Establece un obstáculo adicional para poderlas suspender y que haya actos autoritarios de ‘voy a iniciar obras sin que haya consulta a las comunidades, licencia o requisitos legales, iniciar la obra sin tener los permisos”, alertó.
Lo que viene
Mariano Calderón dibujó lo que viene luego de que la reforma fue aprobada este 17 de abril en el Senado.
Dijo que se tiene que mandar a la Cámara de Diputados para su propio análisis, subir al Pleno y si es aprobada por el presidente y una vez publicada, se podría impugnar mediante una acción de inconstitucionalidad porque atenta contra el juicio de amparo y la impartición de justicia.
- Entonces quedaría en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación analizar si subsiste esa reforma y en paralelo presentar medios de defensa por individuos con organismos internacionales para echarla abajo, planteó.
Por su parte la senadora Claudia Anaya dijo que la oposición va a buscar presentar una acción de inconstitucionalidad.
“La Constitución nos da para poder defender a la gente. Eso que no tengan duda, vamos a ir a la acción de inconstitucionalidad y la vamos a tumbar”, auguró.
Ministro González Alcántara advierte por reforma
La reforma a Ley de Amparo que promueve la bancada de Morena en el Senado pretende privilegiar el interés de la “facción en el poder”, por encima de las posibles afectaciones a los derechos humanos de los ciudadanos, consideró el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Juan Luis González Alcántara Carrancá.
- Durante un foro organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el ministro afirmó que en este clima de incertidumbre, dos iniciativas profundas en la materia se encuentran en el ojo del huracán: la reforma a la Ley de Amparo y la enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador a la Cámara de Diputados para que los jueces, magistrados y ministros sean electos por voto popular.
González Alcántara Carrancá señaló que con la reforma a la Ley de Amparo se busca acotar las facultades de los jueces de amparo para otorgar la suspensión con efectos generales, bajo el argumento de que los proyectos de infraestructura tienen la suficiente relevancia como para hacer a un lado los intereses de la misma población.
- “Se busca acotar las facultades de las juezas y los jueces de amparo para otorgar la suspensión con efectos generales, se pretende privilegiar el interés general, léase el de la facción en el poder, por encima de las posibles afectaciones de los derechos humanos de los ciudadanos bajo el argumento de que los proyectos de infraestructura tienen la suficiente relevancia como para hacer a un lado los intereses de la misma población”, advirtió.
Respecto a la propuesta de López Obrador, González Alcántara afirmó que constituye un rechazo implícito a los últimos 30 años de desarrollo y consolidación del Poder Judicial de la Federación de México.
“En lugar de privilegiar el mérito, en lugar de privilegiar la especialización, en lugar de privilegiar la neutralidad, a través de procedimientos rigurosos y minuciosos, en donde se puede enfatizar su capacidad profesional y sus actitudes, se nos propone una suerte de concurso de popularidad, en donde se privilegia las promesas grandiosas por encima de las bases doctrinales sólidas, a los discursos simplistas y maniqueos por encima de las reflexión mesurada y ecuánime”, indicó.
“Se nos dice que la elección popular no implica la adscripción partidista pero no queda claro cómo puede extraerse la elección de la marea retórica que envuelve a esta última. Se nos pide, en fin, abandonar el progreso de décadas, por la incertidumbre de un experimento, cuyos resultados en otras latitudes no ha sido, desde mi particular punto de vista, afortunado”, sentenció.
- Ante ello, el ministro refirió que se está en una encrucijada, ya que se les pide elegir entre dos caminos: “La continuidad, la consolidación y el perfeccionamiento de nuestras instituciones o su demolición completa, su reemplazo, por una nueva realidad de la cual no tenemos más que un bosquejo, borroso e inexacto”.
Por ello, hizo un llamado a reflexionar antes de elegir, pues, dijo, “no somos nosotros los jueves actuales, sino también las generaciones que habrán de sucedernos quienes vivan las consecuencias de nuestra decisión y del posible error que se cometa”.
Academia de Ciencias Penales rechaza reforma a la Ley de Amparo de Morena
La Academia Mexicana de Ciencias Penales se sumó al rechazo a la iniciativa del líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, para reformar Ley de Amparo, e impedir a los jueces otorgar suspensiones de normas con efectos generales.
El organismo encabezado por el abogado Miguel Ontiveros Alonso manifestó su “enérgico rechazo” y advirtió que de aprobarse la propuesta, se limitaría gravemente la eficacia del juicio de amparo, además de que se vulneraría el principio de supremacía de los derechos humanos, toda vez que se cancelaría la posibilidad de que los juzgadores valoren si la suspensión que se solicita debe otorgarse para impedir una mayor afectación al interés social.
“Así, los jueces quedarían impedidos para otorgar suspensiones con efectos generales contra normas que podrían violentar derechos humanos. Consecuencias como las señaladas son inaceptables en el marco de un Estado Constitucional”, alertó mediante un breve comunicado.
La Academia Mexicana de Ciencias Penales es una asociación civil que agrupa a más de 30 expertos en distintas disciplinas penales.
Reforma a Ley de Amparo es contraria a la Constitución, advierte IP
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) dijo que la propuesta de reformar los artículos 129 y 148 de la Ley de Amparo y su ley reglamentaria es anticonstitucional y abre la puerta a que haya abusos de la autoridad.
- El planteamiento del senador Ricardo Monreal “limita la posibilidad para que los órganos jurisdiccionales otorguen una suspensión provisional o definitiva con efectos generales en los juicios de amparo que se interpongan en contra de leyes que se expidan por el Congreso de la Unión o de los estados, es decir, se pretende limitar la facultad de los jueces para otorgar la suspensión de un acto con efectos generales”.
Añadió que se ponen “en riesgo los derechos colectivos, la eficacia de las resoluciones judiciales y restringe la discrecionalidad judicial, impidiendo un análisis ponderado de los casos en beneficio del orden público e interés general”.
- El sindicato patronal dijo que el juicio de amparo es un recurso legal que resguarda a una persona frente a los abusos de autoridad, porque se puede reclamar ante los Tribunales de la Federación esta herramienta que otorga protección judicial.
La Coparmex añadió: “Es fundamental que cualquier modificación a la Ley de Amparo se enfoque en cuestiones jurídicas para garantizar el respeto de los derechos humanos y de la sociedad en su conjunto; insistimos en que se debe profundizar y ampliar la garantía de derechos, no promover regresiones”.
Preocupa a jueces y magistrados del Poder Judicial reformas
La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) externó su preocupación por la iniciativa de reformas a los artículos 129 y 148 de la Ley de Amparo, presentada por el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila.
Debido a que al limitar la concesión de suspensiones provisionales o definitivas con efectos generales, en contra de Leyes expedidas por el Congreso de la Unión, se aprecia una vulneración al derecho de acceso a la justicia y de no discriminación, con especial afectación a grupos vulnerables.
- El organismo llamó a los legisladores para que esta iniciativa de reformas se apegue a los parámetros constitucionales y convencionales al tratarse de una modificación trascendental a la protección jurisdiccional de los derechos humanos.
- En un comunicado, la Jufed indicó que se daría un trato desigual a quienes, aun no habiendo acudido al amparo sean afectados por una ley, que posteriormente a su análisis resultara contraria a la Constitución.
“Dicha pretensión afectaría directamente a las personas justiciables, pues impediría a los jueces aplicar, en beneficio de las personas, como lo mandata nuestra Constitución en su artículo primero, el principio de progresividad de los Derechos Humanos .
“Los cuales deben aumentar y no disminuir, como lo establecen también las Convenciones Internacionales que nuestro país ha firmado y ratificado”, resaltó el organismo.
- Sostuvo que tal y como lo ha sostenido la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el juicio de amparo permite al juzgador establecer si se han violado o no derechos humanos.
Así como determinar la suspensión provisional o definitiva de una disposición de carácter general, previo a esta determinación.
La Jufed subrayó que la suspensión no prejuzga sobre la constitucionalidad de la ley general, pero permite, en caso de que las normas sean contrarias a la Constitución, estas no sean aplicadas o ejecutadas en perjuicio de las personas./PUNTOporPUNTO
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