SEGALMEX, empresa creada por la CUATROTÉ presenta Más DESFALCOS y ANOMALÍAS MILLONARIAS

El sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador está por terminar con lo que él mismo ha llamado una “mancha” en su Gobierno: los millonarios desvíos en Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), la tienda de abasto social creada en su Administración para atender a la población en pobreza.

• La Auditoría Superior de la Federación (ASF), el órgano que fiscaliza el correcto ejercicio del gasto público, ha presentado a la fecha al menos 18 denuncias penales ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra exfuncionarios y empresarios por los malos manejos en la paraestatal.

De acuerdo con el medio El País quien consultó un informe de la ASF, se estima un quebranto financiero en Segalmex de al menos 2.577 millones de pesos.

• La Auditoría presentó las denuncias luego de que, durante el proceso de fiscalización, no halló los documentos, bienes o productos que comprobasen que las salidas de dinero fueron lícitas. Es presumible que esos recursos fueron objeto de desvío, y será en los tribunales donde el Gobierno intentará recuperarlos.

Según el reporte se contiene solo las denuncias promovidas por la ASF, al margen de otras presentadas ante la FGR por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Procuraduría Fiscal y los propios apoderados legales de Segalmex. Esto significa que el boquete en las arcas de la paraestatal es aún mayor. El informe de la Auditoría alude a hechos de corrupción ocurridos en 2019 y 2020.

Los desfalcos se dieron en una variedad de negocios: pagos para garrafones de agua, tarimas, costales para granos, aceite vegetal y fertilizantes que no fueron entregados; pagos injustificados en la subcontratación de personal (outsourcing); salidas millonarias de dinero en efectivo de las cuentas de la institución; robos de toneladas de maíz y frijol en los almacenes.

También robos de productos de la canasta básica comprados por la paraestatal; pérdidas de dinero por no cobrar adeudos a proveedores, o por no multarlos por incumplimiento, o por haber pagado anticipos sin ninguna garantía. Una de las denuncias es por la compra de 100 millones de pesos en bonos basura con recursos de Segalmex, una estafa documentada por este periódico.

• Los casos de corrupción documentados por la ASF ocurrieron bajo la administración de Ignacio Ovalle, un antiguo funcionario de la era de los gobiernos del PRI y que dio impulso a la carrera política de López Obrador en sus inicios como dirigente. El presidente ha defendido la honorabilidad de Ovalle ante los escándalos de corrupción en Segalmex.
• La Fiscalía ha tendido un cerco en torno a un puñado de excolaboradores de Ovalle y otros funcionarios de poca relevancia. La FGR presume que al interior de la paraestatal operaba una red de delincuencia organizada de la que, supuestamente, Ovalle no tuvo noticia. El exfuncionario de más alto perfil que ha sido llevado ante la justicia es René Gavira, que fue titular de la Unidad de Administración y Finanzas, y en quien su defensa ve a un chivo expiatorio.

Las denuncias

• Los desfalcos más cuantiosos que denunció la ASF están relacionados con contratos de outsourcing. La Auditoría presentó a la Fiscalía cuatro denuncias que en total suman un daño patrimonial de 1.385 millones de pesos. La cifra representa más de la mitad de los recursos que se presumen desviados.

En la trama de corrupción figuran dos consorcios liderados por las empresas Team Business Management, S. de R.L. de C.V. y Esespa, S.A. de C.V. Durante la fiscalización conducida por la ASF, Segalmex no entregó a los auditores las pruebas de que las personas supuestamente subcontratadas por las proveedoras hayan laborado, efectivamente, para la institución.

Los auditores echaron en falta documentos tan elementales como listas de asistencia de los trabajadores, reportes de actividades, recibos de nómina, constancias de afiliación al seguro social (IMSS), comprobantes de viáticos e incluso contratos laborales.

• La ASF documentó además que Team Business Management tiene un domicilio fiscal incompatible con el que reportó a Segalmex, además de que arrastra ante el SAT opiniones fiscales negativas, una señal de que podría tratarse de una empresa fachada que blanquea dinero y evade impuestos.

De hecho, esta compañía, constituida en 2014, estuvo relativamente inactiva hasta el sexenio de López Obrador, cuando comenzó a beneficiarse de las millonarias contrataciones.

• Otros fraudes refieren a pagos millonarios por productos que la Auditoría no halló en el inventario de Segalmex. Una de las denuncias penales es por un contrato para la adquisición de 65 millones de costales de polipropileno. La paraestatal cubrió el total del contrato, pero el proveedor no entregó 35 millones de unidades (más de la mitad de lo acordado).
• La ASF denunció ante la Fiscalía un daño patrimonial de 182,1 millones de pesos. Caso semejante el de otro contrato para la adquisición de 300.000 tarimas. Segalmex pagó la totalidad del embarque, pero no recibió 87.000 unidades, lo que implicó un daño al erario de 67,2 millones de pesos.

Tercer caso similar denunciado por la Auditoría: el pago de 50 millones de pesos por un pedido de plaguicidas, herbicidas y fertilizantes que no fue entregado por el proveedor.

• Estos tres casos comparten algo en común: las empresas contratadas pertenecen a una red de compañías fachada, según lo documentó Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad. Fruverloz, S.A. de C.V. era la proveedora de los costales; Profesional Bright XRW, S.A. de.C.V, de las tarimas, y Soluservicios Globales NXK, S.A. de C.V., de los fertilizantes.
• La red fue denunciada ante la Fiscalía por la UIF, que a su vez incluyó entre las factureras a la compañía Productora Agrimex, S.P.R. de R.L., a la que Segalmex pagó otros 36 millones de pesos por “servicios” no comprobados. La ASF no logró documentar a razón de qué servicios se le pagó a esta supuesta proveedora, un signo de la laxitud con que se gestionaban los recursos de la institución.

El medio español también reveló una denuncia más y es por el fraude de los garrafones. Los auditores hallaron que Segalmex pagó indebidamente 99,9 millones de pesos a la empresa Productora Procesadora Agrícola de México, S.A. de C.V. por un pedido de 1,8 millones de envases PET para agua.

El proveedor no solo no cumplió el contrato (entregó solo una tercera parte de unidades), sino que, además, presentó la oferta más cara frente a otros dos competidores, pese a lo cual ganó la adjudicación.

La ASF también denunció el caso del fraude de la leche por un monto de 328 millones de pesos. Se trata de una trama en la que cinco compañías se beneficiaron de contratos plurianuales para la producción de leche y derivados lácteos.

• Los proveedores subcontrataron a terceros para que efectuaran los servicios que les adjudicó Segalmex, una violación a la Ley de Adquisiciones. Una de las compañías de la trama fue Grupo Vicente Suárez 73 S.A. de C.V., constituida por Alejandro Puente, un empresario ligado a Movimiento Ciudadano (MC) fallecido recientemente, a los 60 años.
• Las denuncias restantes documentan faltantes de maíz y frijol en almacenes con un valor de 212 millones de pesos; pagos en exceso a productores de trigo por 51 millones de pesos; salidas de dinero en efectivo de las cajas de la paraestatal por 9,2 millones de pesos, y una pérdida de 32 millones de pesos por no haber cobrado adeudos a un proveedor. Hay otras denuncias por cantidades menores, pero que completan el rompecabezas de la corrupción en Segalmex.

López Obrador compartió en su conferencia del 25 de julio el pesar que le ha causado este desfalco. “Yo diría que esa es la mancha que me llevo”, dijo el mandatario. Es probable que no se la lleve del todo con él, pues la hereda a su sucesora en el poder, Claudia Sheinbaum.

Las irregularidades en 2022

Las irregularidades financieras en Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) siguieron presentándose, pues la ASF identificó un daño al erario que se gestó en el organismo en el 2022, por más de 177 millones de pesos, con lo que el monto pendiente que tiene por aclarar a la Federación, desde su creación, asciende a poco más de cuatro mil millones de pesos.

• Como parte de la tercera entrega de la Cuenta Pública 2022, presentada ayer a la Cámara de Diputados, la ASF indicó que se determinaron observaciones por 177 millones 854 mil 262 pesos correspondientes al organismo alimentario, identificado como la Conasupo de la 4T.
• Una de las causas de esta anomalía fue el pago de un millón 113 mil pesos para el Servicio Administrado para Equipamiento de Centros de Acopio de 64 unidades móviles y otros.
• Tampoco se realizaron pagos por sets de laboratorios, transportadores helicoidales y equipos de pesaje incompletos, y no aplicó deductivas correspondientes de los equipos reportados como reparable e inservible por 16 millones 471 mil pesos.
• Además, rebasó el porcentaje máximo autorizado por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en 13.7 por ciento, equivalente a ocho millones 92 mil pesos.
• Asimismo, no acreditó la existencia de 66 unidades vehiculares identificando la ubicación y resguardo, respecto de los servicios de arrendamiento de montacargas y unidades vehiculares sin opción a compra, por 18 millones 739 mil pesos.

Pero hay más…

• Tampoco aplicó penas convencionales correspondientes a los días de atraso entre el traslado del grano del almacén de origen al almacén destino, del servicio de flete terrestre, por un millón 460 mil pesos, y del periodo de atraso en la entrega de los servicios de origen de destino por 125 millones 527 mil pesos.
• A esto se suman anomalías que figuran en el mismo sentido. Derivado de esto, se determinaron cinco recomendaciones, cuatro promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal, 11 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria y 10 pliegos de observaciones.

Una de las promociones de responsabilidad se emitió para que el Órgano Interno de Control en Diconsa, una de las filiales de Segalmex, realice investigaciones y, de considerarse necesario, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de servidores públicos que, al recibir costales de polipropileno para el programa Precios de Garantía, no verificaron que se cumplieran especificaciones técnicas fijas en el contrato que se firmó con Abacomex.

Segalmex fue fundado en el 2019 por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, con el objetivo específico de garantizar la autosuficiencia alimentaria de maíz, trigo, arroz y frijol.

El 25 de octubre pasado, la diputada panista María Elena Pérez-Jaén denunció en conferencia que las irregularidades de Segalmex, pero también las de Liconsa y Diconsa, sumaban 20 mil millones de pesos pendientes de aclarar entre los tres organismos, cifra que llegó a reducirse hasta en poco más de 50 por ciento, debido a las aclaraciones que se han hecho.

Anomalías y debilidades administrativas

Pese a cambiar a buena parte de sus directivos, el refuerzo de los mecanismos de vigilancia y la restructuración adoptada para corregir los vacíos que permitieron el millonario desfalco financiero cometido en los dos primeros años de existencia de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), las autoridades fiscalizadoras han encontrado recientemente nuevas anomalías millonarias y debilidades administrativas y de control interno en la paraestatal y sus empresas Liconsa y Diconsa.

• De acuerdo con La Jornada, quien consulto documentos a través de la Plataforma Nacional de Transparencia indican que la Secretaría de la Función Pública (SFP) ha detectado inconsistencias por más de 700 millones de pesos en contrataciones, problemas en el control y ejercicio de recursos fiscales, anomalías en controles administrativos y falta de procedimientos para el cumplimiento de los programas institucionales.
• En Diconsa, una auditoría externa a los estados financieros de la empresa correspondientes a 2022 encontró incumplimientos de control interno que, en opinión de los auditores, incrementan el riesgo de no detectar fraudes.
• Según informes de auditorías concluidas entre abril y octubre pasados por la SFP, Segalmex debe aclarar el destino de 699 millones de pesos empleados en contrataciones para el traslado de mercancías en 2022, año en que Ignacio Ovalle dejó la dirección del organismo por orden del presidente Andrés Manuel López Obrador, luego de que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) descubrió posibles faltantes por cerca de 15 mil millones de pesos, los cuales, según la SFP, ya se han ido aclarando.

El Órgano Interno de Control (OIC) –que representa a la SFP en Segalmex– fiscalizó el ejercicio de 2 mil 717 millones de pesos del gasto corriente de la paraestatal correspondientes a 2022.

Entre otras anomalías, consignó que se contrataron diversos servicios para el transporte de maíz, con un presupuesto total de 655 millones de pesos con empresas como Productores del Valle, a la que otorgó un contrato por 303 millones de pesos para trasladar 40 mil toneladas del grano, o Almacenes y Servicios Santa Rosa, a la que contrató por 100 millones de pesos para mover 13 mil toneladas.

Adicionalmente, Segalmex pagó 43 millones de pesos a Soluciones Logísticas Inteligentes por fletes de otras mercancías.

No obstante, las Gerencias de Recursos Materiales, de Servicios Generales y de Operaciones no entregaron al OIC los documentos que acrediten el cumplimiento de los servicios pagados.

Existe falta de controles para la integración documental, comprobación, supervisión y verificación por parte de las áreas administradoras de los contratos celebrados con respecto al cumplimiento de los servicios prestados por parte de los proveedores, concluyó el OIC.

• Otras revisiones hechas por los OIC de Diconsa y Liconsa revelan probables irregularidades por 11 millones de pesos en el uso de recursos fiscales del programa de precios de garantía, falta de claridad en el ejercicio de recursos públicos destinados al almacenamiento de maíz, deficiencias en el uso de 3 millones de pesos en contratos para el traslado de leche, pagos de viáticos superiores a lo permitido por 215 mil pesos, entre otras anomalías financieras.
• En Diconsa, el despacho privado Mazar Auditores revisó los estados financieros de 2022. En el informe que entregó a la SFP consignó que la empresa no cuenta con documentación actualizada de su sistema de control interno, lo que incrementa el riesgo de que ocurran errores o posibles distorsiones intencionales sin que sean detectadas y corregidas con oportunidad.

Además, observó en diversas áreas cuentas sin soporte documental, con antigüedad superior a un año sin movimiento, saldos contrarios a su naturaleza.

Nuestro trabajo reveló que el control interno de Diconsa, incluyendo los controles generales de tecnología de la información, presenta debilidades significativas en los procesos de control y registro de los rubros de derechos a recibir efectivo o equivalentes, control de inventarios, ingresos y generación e integración de información contable, financiera, presupuestal y fiscal, señalan los auditores, que recomendaron que se restablezca el sistema de control interno para prevenir incorrecciones materiales en los estados financieros, debidas a fraude o error.

Los bonos basura de Segalmex

También el medio El País reveló que la compra ilegal de bonos basura con recursos públicos es uno de los mayores fraudes hallados en Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), la tienda de abasto gubernamental creada para proveer a los más pobres de productos básicos. La Fiscalía General de la República (FGR) señala que funcionarios de la compañía desviaron 950 millones de pesos para la compra de instrumentos financieros prohibidos por la ley.

• La FGR sostiene que el desfalco ocurrió estrictamente en la Administración de Andrés Manuel López Obrador, en la que se creó Segalmex. De acuerdo con los documentos oficiales a los que tuvo acceso El País demuestran que el negocio de la compra de bonos de riesgo comenzó desde antes, en los últimos dos años del Gobierno del priista Enrique Peña Nieto, concluido en 2018.
• Y no solo eso, en algún punto entre 2017 y 2020, fueron robados más de 435 millones de pesos de otras inversiones que tenía la tienda gubernamental en bancos y casas de bolsa. Pese a que la evidencia forma parte de la propia investigación de la Fiscalía, los funcionarios del peñismo involucrados en el fraude no han sido llamados a cuentas.
• El diario El País también había documentado que el fraude de los bonos en Segalmex fue parte de una estafa Ponzi más grande, que fue replicada en otras instituciones públicas y que ha provocado una sangría sin fin a la Hacienda pública. En el centro de esa trama corrupta figuran dos empresarios, René Dávila de la Vega y Roberto Guzmán García, y sus compañías Corafi y Escorfin.

En el esquema de defraudación participa una compleja red de brokers, banqueros, casas de bolsa, funcionarios públicos y decenas de empresas fachada y testaferros usados para el blanqueo del dinero desviado. Los tesoreros de instituciones gubernamentales invierten recursos públicos en bonos de deuda emitidos por una casa de bolsa, con la promesa de que se les devolverán con rendimientos anuales del 11% (amén del pago de un soborno).

• Los bonos están respaldados en fideicomisos vacíos, constituidos previamente por las empresas de Dávila y Guzmán y la casa de bolsa. Se trata de una estafa Ponzi porque, cuando llega el momento de pagar los compromisos, los empresarios aplican el mismo modelo, por un monto mayor, con otra institución pública.

En el caso del fraude en Segalmex, la Fiscalía ha capturado a René Gavira Segreste, el primer director de Administración y Finanzas de la paraestatal, al que acusa de mal uso de recursos públicos, por haber invertido 950 millones de pesos en la compra de los bonos —oficialmente llamados certificados bursátiles fiduciarios. Por el mismo caso, en diciembre pasado, el empresario René Dávila de la Vega y su hijo, René Dávila Díaz, accionistas de Corafi, fueron vinculados a proceso por un juez, según reportó Reforma.

La FGR les acusa de la captación ilícita de capitales, pues Corafi no tiene autorización gubernamental para llevar a cabo esa actividad. El otro empresario involucrado, Roberto Guzmán, dueño de Escorfin, también fue denunciado por la Fiscalía, aunque no hay noticias de que haya sido llevado a juicio.

Fraude transexenal

Peña Nieto, el último presidente del PRI, gobernó México de 2012 a 2018. Este último año, en las elecciones del 1 de julio, López Obrador y su partido, Morena, arrasaron en las urnas y echaron al PRI del poder. Luego vino la transición, o entrega-recepción, un periodo difuso de cinco meses en que los funcionarios salientes preparan cierres administrativos y comienzan la “entrega” de las instituciones a los funcionarios entrantes, quienes las “reciben”.

• Peña Nieto gobernó oficialmente hasta el 30 de noviembre de 2018, y López Obrador tomó posesión como presidente constitucional el 1 de diciembre. Estas fechas son relevantes porque en esa fase de transición no solo se traspasó de un Gobierno a otro el control institucional de Segalmex. También se transfirió el fraude de los bonos.

La Fiscalía sostiene que René Gavira, segundo de a bordo de Segalmex, actuó en solitario y sin el conocimiento ni autorización de su superior, el entonces director general, Ignacio Ovalle, un funcionario formado en la era del PRI del siglo pasado (de hecho, ya había sido titular de la misma paraestatal, que antes se llamaba Conasupo, entre 1988 y 1990).

• La FGR ha señalado que Gavira ordenó, entre 2019 y 2020, año en que fue despedido, la compra de bonos emitidos por CI Banco. La adquisición se hizo con recursos de Segalmex y Liconsa, una filial de la compañía estatal. Ambas paraestatales firmaron un contrato de intermediación bursátil con la casa de bolsa.
• CI Banco, a su vez, fungía como fiduciaria de un fideicomiso de emisión suscrito previamente entre esa casa de bolsa y Corafi. El dinero captado por CI Banco por la venta de los bonos se transfería a un fideicomiso de Dávila y a otro de Guzmán.
• Los fideicomisos y los contratos con casas de bolsa fueron creados en el Gobierno de Peña Nieto y ejecutados en la era de López Obrador. Los funcionarios que participaron en una y otra Administración no eran los mismos, sino que intervino un gestor que sirvió de puente para dar continuidad al negocio de los bonos basura.

Ese gestor, según ha confirmado a este periódico una fuente allegada a Gavira, es Diego Valdiosera, un empresario que colaboró con Ovalle en la década de los noventa en Conasupo, la antecesora de Segalmex.

• De acuerdo con los documentos obtenidos por El País muestran que las inversiones en instrumentos bursátiles prohibidos fueron mayores a los 950 millones de pesos que investiga la Fiscalía. Así lo declaró el director jurídico de Segalmex, Antonio Dávila Amerena, en la denuncia que presentó ante la FGR en abril de 2021, luego de que se descubrió el fraude de Gavira.

“En mayo-junio de 2019 se contaba con más de 2.700 millones de pesos procedentes de inversiones, de los que hoy no se puede precisar sus orígenes ciertos, destinos finales y soportes legales correspondientes”, lee la denuncia.

“No contamos, por el momento, con los detalles específicos del total de las inversiones efectuadas durante años anteriores, en la Administración inmediata anterior u otras, que probablemente mantenía Liconsa [Segalmex] con diferentes casas de bolsa”, añade el texto.

El abogado de Segalmex señaló que no solo había más dinero invertido sino que también hubo robos de las cuentas que resguardaban esos recursos. El caso más grave sucedió en la casa de bolsa Finamex. En un escrito de enero de 2021, Amerena pidió a la firma informarle de cuántos contratos de inversión había suscrito con la paraestatal y cuánto dinero había en las cuentas.

• Un directivo de Finamex le respondió un mes después que había un contrato firmado en julio de 2018 y que la cuenta tenía un saldo de cero pesos. La respuesta fue alarmante, porque la inversión inicial había sido de 412 millones de pesos, según los estados de cuenta que revisó Amerena. El directivo de Finamex no explicó cómo fue que se vaciaron los recursos dos años después.
• Otra pérdida ocurrió en una cuenta de inversiones en Banamex (hoy Citi). Según los reportes financieros vistos por Amerena, Liconsa-Segalmex tenían allí una inversión en acciones telefónicas de América Móvil (AMX).
• La cuenta reportaba en 2017 un monto inicial de 185,4 millones de pesos. A octubre de 2018, había disminuido a 162 millones. “Hubo una disminución de capital, provocando con ello un daño patrimonial de 12,7%, que equivale a la cantidad de 23,4 millones de pesos, sin [que se proporcionen] mayores datos de la mencionada pérdida”, acusó el abogado de Segalmex ante la Fiscalía.

El origen del negocio bursátil

Detrás de las inversiones adicionales, de las que hasta hoy no se tenía conocimiento público, está el antecesor de Gavira, Marco Antonio Loaiza Montaño, que fue el director de Administración de Liconsa en el último tramo del sexenio peñista (su jefe, el director general de Liconsa, era Abelardo Manzo González).

El nombre y rúbrica de Loaiza Montaño están asentados en contratos de intermediación bursátil obtenidos por este periódico. Este periódico contactó por WhatsApp al exfuncionario para pedirle una entrevista sobre los hechos, pero declinó la propuesta.

Loaiza Montaño, CI Casa de Bolsa, René Dávila y Roberto Guzmán —dueños de Corafi y Escorfin— cocinaron el negocio de los bonos basura desde 2017 y lo continuaron en 2018, durante el periodo de transición entre el Gobierno de Peña Nieto y el de López Obrador. Conforme al manual del fraude, primero se crearon los fideicomisos de emisión. Fueron dos.

• El 16 de mayo de 2017, se suscribió el contrato de fideicomiso 11595 entre Promotora de Sistemas de Información S.A.P.I. de C.V. (filial de Escorfin), Banorte y CI Banco. La empresa quedó como fideicomitente, el banco como fiduciario y la casa de bolsa como representante común. El 27 de julio de 2018 —casi un mes después del triunfo electoral de López Obrador—, se creó el fideicomiso de emisión CIB/3050 entre Corafi, como fideicomitente; CI Banco, como fiduciario, y Monex, como representante común.
• Resueltos los fideicomisos, se concretó la intermediación con la casa de bolsa. El 20 de julio de 2018, Loaiza Montaño, en representación de Liconsa, suscribió el contrato 28344-4 con CI Banco para la emisión de bonos en representación de Corafi. El contrato de intermediación bursátil para el fideicomiso de Escorfin se firmó con Banorte. No se localizó la fecha del documento.

Todo el andamiaje estaba dispuesto para funcionar. Lo único que hacía falta era la instrucción de compra de los bonos, es decir, que el cliente, Liconsa, le pidiera explícitamente a las casas de bolsa venderle determinada cantidad de certificados. Eso no sucedió sino hasta el Gobierno de López Obrador. Loaiza Montaño dejó la paraestatal y en diciembre de 2018 tomó su lugar René Gavira. También hubo relevo en la dirección general de Liconsa-Segalmex: Manzo González entregó a Ovalle.

• El 25 de febrero de 2019, apenas dos meses después del inicio del nuevo Gobierno, Gavira terminó de ejecutar lo que su antecesor dejó listo. Ese día, el nuevo director de Administración pidió a CI Banco ponerlo a él como apoderado del contrato que la casa de bolsa había suscrito en julio de 2018 con Loaiza Montaño.
• Ese mismo día, Gavira instruyó la primera orden de compra de bonos a Banorte, a título del fideicomiso de Escorfin creado en 2017. Luego, a lo largo de 2019 y 2020, el funcionario hizo cinco instrucciones de compra de certificados a CI Banco, a cargo del fideicomiso de Corafi. La última compra fue el 25 de julio de 2020, cinco días antes de que Gavira fuese despedido de Segalmex.

En total, el tesorero destinó 950 millones de pesos de dinero público en inversiones riesgosas. Cuando se descubrió el fraude, López Obrador ordenó que se recuperara el dinero. Entonces se emprendió una operación política, encabezada por la Secretaría de Hacienda, que consistió en obligar a los bancos involucrados a “recomprar” los bonos basura de Corafi y Escorfin. Segalmex recuperó ese dinero, y, a cambio, ninguno de los bancos ha sido denunciado por la Fiscalía.

93 mdd de Segalmex fueron transferidos a cuentas en EU e Inglaterra

La Fiscalía General de la República (FGR) detectó que al menos 93 millones de dólares de Segalmex fueron transferidos a cuentas en Estados Unidos e Inglaterra.

El pasado 7 de febrero, la FGR solicitó al país vecino y al Reino Unido el aseguramiento de 14 cuentas bancarias con esa suma que en moneda nacional equivale a más de mil 553 millones de pesos (de acuerdo con el tipo de cambio actual).

• De acuerdo con informes del Gobierno federal, la Coordinación de Asuntos Internacionales y Agregadurías de la FGR detalló en su solicitud de asistencia jurídica que los recursos se encuentran en un banco inglés y en cinco estadounidenses.
• El dinero que se pretende asegurar está relacionado con las investigaciones por adquisiciones de certificados bursátiles con dinero de Segalmex, autorizadas por su entonces director de Administración y Finanzas, René Gavira Segreste.

El reporte consultado por el medio Reforma refiere que, hasta el momento, en México la FGR ha recuperado 963 millones 904 mil 826 pesos, con intereses incluidos, de las inversiones bursátiles que hizo Gavira con recursos de Segalmex.

• De todos los casos de corrupción indagados en la gestión de Ignacio Ovalle en el organismo descentralizado, el rubro de inversiones en la bolsa de valores es donde más dinero ha sido recuperado por la FGR.
• En casos como el de la presunta compra simulada de 7 mil 840 toneladas de azúcar por un valor de 142.4 millones de pesos, la Fiscalía ha recuperado 11.3 millones.
• Dos de los cuatro procesos penales que hasta el momento enfrenta Gavira son precisamente por la compra de títulos bursátiles por 800 millones de pesos, a través de Corporación en Asesoría Financiera (Corafi).

En ambos procedimientos, la FGR sostiene que el ex funcionario estaba impedido para invertir recursos públicos en la bolsa, salvo en valores gubernamentales.

• Corafi es una Sociedad Financiera de Objeto Múltiple (Sofom) propiedad del empresario René Dávila de la Vega y su hijo René Dávila Díaz, quienes también están vinculados a proceso por supuestamente captar ilegalmente los recursos de Segalmex.

La Procuraduría Fiscal de la Federación respaldó el señalamiento de que la Sofom no tenía permiso alguno para la captación de recursos y no estaba regulada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

• Gavira está preso en el Reclusorio Norte desde el pasado 7 de diciembre, luego de entregarse a las autoridades.
• De momento enfrenta cuatro procesos, pero tiene pendiente otras dos imputaciones en espera de audiencia inicial.

Los Dávila se encuentran en la etapa intermedia de su proceso, el cual llevan en libertad; la Fiscalía ha pedido imponerles 15 años de prisión por el delito de captación ilegal de recursos, sancionado por la Ley de Instituciones de Crédito.

Radiografía del Desfalco a Segalmex

De acuerdo con una investigación realizado por N+ Focus, el desfalco de 700 millones de pesos por los que se investiga actualmente a René Gavira están relacionados con la compra de bonos bursátiles a una sociedad financiera que no estaba reconocida por la Secretaría de Hacienda.

El exdirector de Administración y Finanzas de Segalmex presentó su renuncia a la dependencia en junio de 2020, en medio de la difusión de informes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y notas periodísticas que lo señalaban por corrupción.

• Casi dos años después de dejar el cargo y de que comenzaran las investigaciones por posible desfalco, Gavira fue vinculado a proceso por la compra de los bonos bursátiles con recursos federales.
• En octubre de 2022, el medio N+ Focus tuvo acceso a la audiencia inicial de René Gavira en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, en donde su defensa aseguró que fue Ignacio Ovalle, entonces director de Segalmex, quien planeó dicha transacción con los bonos bursátiles; hasta el momento, Ovalle no enfrenta ningún proceso legal en su contra.

Hoy en día Segalmex representa el mayor escándalo de corrupción del gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En marzo de 2023, N+ Focus reveló una serie de irregularidades en varios programas y proyectos de Segalmex y sus filiales, Diconsa y Liconsa, durante la gestión de René Gavira.

• Una de las irregularidades consistió en un fallido proyecto para llevar agua purificada a las zonas más pobres del país, pero solo se construyeron 25 de las 274 plantas pactadas y terminaron en el abandono.

En otra investigación se dio a conocer el entierro de un millón y medio de pesos en comida echada a perder y que originalmente estaba destinada a zonas de alta marginación.

“Se hizo una fosa de 10 por seis de ancho y de tres metros de hondo que se rascó, le faltaba como un metro para que se llenara ya completamente la fosa, pero sí era bastante producto el que echaron ahí”, explicó José Alfredo Rojas Huerta, operador de retroexcavadora.

• Liconsa se encontraba en quiebra técnica, y es que la paraestatal dejó de pagar a los productores de leche además de que cortó el abasto del producto a los consumidores.
• El caso Segalmex sigue abierto y los 15 mil millones de pesos faltantes aún siguen sin ser aclarados.

El 8 de diciembre, López Obrador celebró que René Gavira se encuentre detenido y aclaró que en su administración «no hay impunidad». /Agencias-PUNTOporPUNTO