SEDENA investiga a SOLDADOS por EJECUCIÓN de un»civil» en NUEVO LAREDO

Los Servicios Periciales de la Fiscalía de Justicia de Tamaulipas se limitaron a efectuar el levantamiento de los cuerpos y evidencias, así como en practicar la autopsia de las personas que perdieron la vida durante un enfrentamiento

Elementos del Ejército declararon ante el Ministerio Público, horas después de la presunta ejecución de un civil en Nuevo Laredo, Tamaulipas, que al menos había cinco cámaras en el operativo. Cuatro eran portadas por los tiradores de cada vehículo y tenían otra, pero los soldados dijeron que estaban apagadas o desconectadas.

  • Los hechos durante un enfrentamiento con miembros del crimen organizado el 3 de julio fueron grabados por la cámara de uno de los soldados.
  • El general Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional, informó que la Fiscalía General de Justicia Militar investiga a todos los elementos involucrados, alrededor de 22, que participaron en el enfrentamiento, que se saldó con 12 muertes, entre ellas las de tres jóvenes secuestrados.
  • Los soldados presentes en el operativo grabado que reveló el lunes pasado EL UNIVERSAL, en el que se observa a militares ejecutando a una persona en Nuevo Laredo, Tamaulipas, declararon ante el Ministerio Público que todas sus cámaras estaban apagadas. El video difundido por este diario fue tomado, sin embargo, desde la torreta de uno de los vehículos del Ejército.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del 3 de julio, cuando en un operativo murieron 12 personas, entre ellas tres jóvenes secuestrados, quienes fueron asesinados con un solo disparo a corta distancia. Los militares declararon horas más tarde ante el Ministerio Público de la Fiscalía General de la República (FGR) que al menos tenían cinco cámaras. Una para cada uno de los tiradores de los vehículos y otra conectada a una de las unidades blindadas Sandcat, revela información en poder de este diario.

  • Los soldados aseguraron que apagaron las cámaras antes de los hechos, que estaban desconectadas o que estaban lejos de la zona. Ninguno reconoció la existencia del video que EL UNIVERSAL reveló el lunes pasado, grabado por el equipo de uno de los tiradores, en el que se escucha la orden de matar a un civil.

“Que diga el declarante si tiene conocimiento si alguno de sus compañeros contaba en el momento de los hechos con cámara de videograbación”, le pregunta el MP al jefe del vehículo blindado Sandcat que impacta por detrás a la Cheyenne que recibió los disparos y que en el video se ve abriendo fuego. Responde: “El vehículo Sandcat traía una cámara vehicular, pero en esos momentos no estaba conectada para poder grabar”.

Otro soldado explica que él no traía equipo de videograbación en su casco, ya que “únicamente los tiradores son quienes lo portan”. Un tercer militar, que estaba en la Cheyenne que recibió disparos, declara que apagó la cámara después de que eso sucediera, y que no estaba cerca del lugar de los hechos: “Ya en ese momento había apagado la cámara de grabación que porto en mi casco”.

Otro soldado que viajaba en uno de los vehículos explica que sabía que el tirador, que estaba en la ametralladora, era quien llevaba la cámara, pero desconocía si grabó el momento de los hechos.

En la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, promulgada en 2019, el artículo 32 señala que siempre que miembros de las instituciones de seguridad utilicen la fuerza en cumplimiento de sus funciones, se deberá entregar un reporte pormenorizado a su superior jerárquico inmediato. El artículo 38 dice que el material audiovisual será accesible para investigaciones y procedimientos judiciales.

Para Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), lo que debería hacer el Ejército es entregar todo el material de video a la FGR: “Que sean peritos de la fiscalía los que vean qué hay en las cámaras, si los videos están completos o editados, y que un MP federal pueda considerarlos en su carpeta de investigación”, afirma.

“Creo que es una prueba para la FGR y para las Fuerzas Armadas permitir esto para ver qué tanto es real que quieran hacer las cosas de forma diferente”, dijo. Martín Alvarado, abogado de las tres familias de las víctimas que acusan al Ejército de homicidio doloso, opina que las cámaras fueron usadas pero las ocultan: “Todos los instrumentos que traen sirven, si no sirven es porque lo que quieren ocultar.

FISCALÍA DE TAMAULIPAS SE DESLINDA DE EJECUCIÓN

Los Servicios Periciales de la Fiscalía de Justicia de Tamaulipas se limitaron a efectuar el levantamiento de los cuerpos y evidencias, así como en practicar la autopsia de las personas que perdieron la vida durante un enfrentamiento en Nuevo Laredo, en julio pasado, en el que hubo por lo menos una ejecución extrajudicial y en el que murieron 12 personas, tres de ellas estaban secuestradas.

El 3 de julio pasado, elementos de la Sedena se enfrentaron con una célula del crimen organizado en la ciudad tamaulipeca, dejando un saldo de 12 personas muertas y ninguna detención.

Sin embargo, el pasado lunes, El Universal publicó un video del enfrentamiento entre militares y delincuentes en Nuevo Laredo, el pasado 3 de julio, en el cual se aprecia la orden de matar a una persona que se encontraba aún con vida.

De acuerdo con la grabación, se acercan cinco a ver la caja de la pick up, alguien se mueve. Ordenan matarlo, ahí se corta.

  • Irving Barrios Mojica, titular de la Fiscalía Estatal, reiteró que la investigación sobre los hechos se encuentra a cargo de la Fiscalía General de la República (FGR), toda vez que participaron militares.

«Cuando sucedieron los hechos, quien toma conocimiento es la Fiscalía General de la República, nosotros actuamos en coordinación desde nuestra área de Servicios Periciales. Hasta ahí llega nuestra función. La investigación de fomento la tiene la Fiscalía General de la República y nosotros, como presentantes sociales del fuero común, estamos dispuestos a colaborar en lo que se requiere»

Insistió que cuando ocurrió el hecho, la colaboración de Servicios Periciales de la Fiscalía Estatal se limitó al levantamiento de los cadáveres y a recabar evidencias. «Los informes de las autopsias realizadas así como las evidencias recogidas por los técnicos de Servicios Periciales se entregaron al Ministerio Público de la FGR».

El 24 de agosto, la ONU-DH resaltó que, de los 12 civiles fallecidos durante el operativo de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), al menos tres eran víctimas de secuestro./Agencias-PUNTOporPUNTO

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