La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) entregó un contrato por mil 248.2 millones de pesos a la empresa Centrum Promotora Internacional, la cual fue sancionada por pertenecer al Cártel de la Sangre, un grupo que fue investigado debido a prácticas monopólicas en licitaciones para servicios de laboratorios y bancos de sangre a instituciones públicas de salubridad.
- El contrato que adjudicó la dependencia a esta firma es para el suministro de insumos, reactivos y materiales para 50 laboratorios clínicos de la Sedena a partir del próximo 1 de septiembre y hasta el 30 junio de 2025, es decir, se trata de un acuerdo transexenal.
- La licitación organizada por la Sedena contó con la participación de ocho firmas del ramo de laboratorios clínicos, donde Centrum ganó, en conjunto con la empresa Disimed, dos partidas que integraban más de mil 500 productos a entregar en el lapso de referencia, como reactivos analíticos, material de plástico para uso en laboratorios y papel termosensible, entre otros.
- De las ocho firmas, Centrum fue señalada como mibvembro del Cártel de la Sangre, que fueron investigadas por la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) por coludirse para fijar precios y repartirse contratos de servicios del sector salud.
En agosto del año pasado, la Secretaría de la Función Pública (SFP) publicó cinco circulares en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en los que instruyó a las dependencias federales, empresas estatales y gobiernos locales a abstenerse de aceptar propuestas o firmar contratos con las empresas Valtrum, Impromed, Instrumentos y Equipos Falcón, Med Prime y Centrum Promotora Internacional, que forman parte de dicho grupo.
Además, Centrum fue parte de una investigación iniciada por la Cofece en 2016 a un grupo de 15 competidores coludidos para obtener contratos millonarios en licitaciones del Sistema Nacional de Salud.
La inhabilitación impuesta por la SFP a estas empresas para participar en contratos públicos para estas compañías se estableció por siete años, con base en las disposiciones de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas.
- Además, en julio de este año, el titular de la SFP, Roberto Salcedo Aquino, informó que 19 empresas que prestan el servicio de laboratorio clínico y banco de sangre al sector salud incurrieron en actos de corrupción, lo que ha derivado en 23 investigaciones y ocho inhabilitaciones y multas.
Pese a ello, la Sedena decidió otorgar el contrato millonario a la compañía tras una evaluación técnica y económica. El Ejército no es la única instancia federal que ha mantenido una relación comercial con esta empresa, pese a las sanciones de las que ha sido acreedora.
- De acuerdo con información de Compranet, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) firmó en este año ocho contratos con Centrum Promotora Internacional para servicios de laboratorio y pruebas por cerca de 29 millones de pesos, la mitad de ellos por vía de adjudicación directa.
- En tanto el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) otorgó un contrato por más de cien millones a la empresa para el servicio de cirugías mínimas entre agosto y diciembre. El ISSSTE ya había entregado contratos millonarios a empresas del Cártel de la Sangre sancionadas por la administración de la 4T.
Como publicó este diario, el organismo público otorgó bajo criterio de “excepción” un contrato de hasta dos mil 315 millones de pesos a Dicipa e Instrumentos y Equipos Falcón.
La institución de salud justificó el hecho “en lo que se realiza la transición entre las empresas que pudieran prestar los servicios, mismas que sustituirán a los proveedores inhabilitados”.
- De acuerdo con la Cofece, el Cártel de la Sangre generó un daño de poco más de mil 200 millones de pesos al erario por esas prácticas detectadas en las administraciones de los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, para el ISSSTE y el IMSS, principalmente.
Entregan a Sedena 113 mil mdp sin rendir cuentas
El Gobierno federal y las Fuerzas Armadas tienen bajo su control una bolsa discrecional de 113 mil millones de pesos del fideicomiso aduanero.
- Pese a la promesa del Presidente Andrés Manuel López Obrador de extinguir los fideicomisos de la administración pública, siguen operando, conservan una bolsa millonaria y se usan con opacidad, advirtió Sarahí Salvatierra, la coordinadora del Programa de Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción de Fundar.
- Al cierre de 2021, indicó, aún existían poco más de 253 fideicomisos que tenían una bolsa de 509 mil 855 millones de pesos, los más importantes relacionados con la ley aduanera y para gasto de equipamiento de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Más contratos a modo
- De acuerdo con documentos de la Sedena, obtenidos por hackers Guacamaya, el Gobierno federal planea gastar los 113 mil millones de pesos que tiene el Fideicomiso para Administrar la Contraprestación del Artículo 16 de la Ley Aduanera (FACLA).
- De ese monto, 53 mil 615 millones son para «Obras Prioritarias», incluidos 28 mil 289 para obras en el corredor del Istmo de Tehuantepec, que controla la Secretaría de Marina (Semar); 21 mil 299 millones para obras de la Sedena en la frontera norte, y 3 mil 927 millones para el denominado Proyecto Guaymas, que contempla una carretera y un puerto.
- Otro rubro, denominado «Compra de Equipo», absorberá 9 mil 267 millones de pesos, de los cuales 7 mil 822 millones son para la Semar; mil 20 millones, para el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), y 425 millones, para el Tren Maya.
La Sedena tendrá además otros 17 mil 154 millones adicionales para modernizar aduanas en ocho estados.
- La nueva Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) recibirá 10 mil 911 millones de pesos para su gasto operativo, mientras que al SAT le dejaron 34 mil millones, pues el FACLA ha sido, desde hace años, la fuente de financiamiento de contratos de tecnologías del órgano tributario.
- Todos estos recursos son adicionales a los que la Cámara de Diputados apruebe en los Presupuestos de Egresos para 2023 y 2024. El FACLA se nutre de recursos del pago de trámites de importación previstos en el artículo 16 de la Ley Aduanera, y ahora se envían a tres nuevos fideicomisos creados este año por Sedena, Semar y SAT.
«Lo más relevante es conocer el destino de lo que se está pagando con los fideicomisos públicos porque estos instrumentos no pueden ser utilizados para otra cosa que no sea el objetivo para el cual se crearon», señaló Salvatierra.
Las contrataciones con estos fondos no se publican en ninguna plataforma de transparencia o compras de gobierno, y sólo se llegan a mencionar superficialmente en informes trimestrales de Hacienda al Congreso.
- Desde marzo, el ex titular de la ANAM, Horacio Duarte, estuvo convocando a reuniones del Comité Técnico del FACLA, cuyo principal objetivo fue autorizar las transferencias de fondos solicitadas por Sedena y Semar para sus nuevos fideicomisos.
- Estos últimos, a su vez, los estableció el Presidente Andrés Manuel López Obrador al crear la ANAM a finales de 2021 para quitarle al SAT el control de las aduanas, y simultáneamente, poner estas en manos de los militares.
- La extracción de recursos del FACLA hacia los nuevos fideicomisos se reflejó de inmediato en su saldo, pues al cierre de 2021, tenía 81 mil 530 millones de pesos, pero al cierre de marzo bajó a 45 mil 983 millones.
Históricamente, el FACLA, que existe desde 2004, ha llegado a recibir entre 20 y 25 mil millones de pesos anuales, lo que significa que entre 2022 y septiembre de 2024 -cuando terminará este sexenio- podría acumular unos 70 mil millones de pesos, adicionales al saldo previo.
Sedena debe aclarar uso de más de 300 millones de pesos
De acuerdo con datos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) tiene pendientes de aclarar 303.5 millones de pesos. El 78% de dicho monto corresponde a los trabajos realizados por el Ejército mexicano en la construcción del nuevo aeropuerto de Santa Lucía, Felipe Ángeles.
- En la Cuenta Pública 2019, el máximo órgano auditor realizó la Auditoría de Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2019-0-07100-22-0068-2020 68-GB, que tituló: “Estudios de Preinversión para la Construcción de un Aeropuerto Mixto Civil-Militar y Construcción del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía, en el Estado de México”.
- Al analizar el proyecto, en un inicio la ASF determinó que la construcción del nuevo aeropuerto se comenzó sin el “proyecto totalmente terminado y autorizado por la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC)”.
- En esta auditoría se generó la acción 2019-0-07100-22-0068-03-001, la cual consiste en una solicitud de aclaración, en la que se pide al Ejército que “proporcione la documentación adicional justificativa y comprobatoria” de 235 millones 519,934.50 pesos “por concepto de la falta de documentación que justifique y aclare 49 predios incluidos en la relación de la nota informativa del 10 de marzo de 2020 que no cuentan con contrato, comprobante de pago ni folio real”.
Si bien la solicitud de aclaración fue emitida, la ASF no tenía datos al menos hasta ayer de que se hayan presentado los documentos solicitados.
Esta auditoría fue entregada el 20 de febrero del 2021 a la Cámara de Diputados: según los plazos legales, la ASF tenía 10 hábiles a partir de dicha fecha para enterar a la Sedena. Tras ello, el Ejército tenía 30 días hábiles para emitir una respuesta a la solicitud de aclaración.
Una vez recibida la respuesta, la ASF tenía otros 120 días hábiles para pronunciarse sobre si la documentación entregada, en este caso por la Sedena, justificaba el monto declarado como pendiente por aclarar. A casi dos años de la presentación de la auditoría a la Cámara baja, la ASF tenía dada de alta la solicitud de aclaración todavía como en seguimiento.
Cuenta 2020
En la Cuenta Pública de un año después se identificaron 57.3 millones de pesos que aún están pendientes por aclarar su uso.
- De este monto destaca el monto de 27.5 millones de pesos que de acuerdo con la ASF se presumen “como un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda pública por concepto de la diferencia existente entre el monto de los recursos reportados como pagados al personal de salud y mano de obra calificada para atender la emergencia sanitaria generada por el Covid-19, y las cifras contenidas en la base de la nómina”.
En tanto que se encontró en otra obra realizada por la Sedena, un monto pendiente de aclarar por 7.1 millones de pesos derivado de trabajos realizado en el edificio de alojamiento del Colegio Militar que no se justificaron.
Otros pendientes
- A los resultados de la ASF se suma una auditoría realizada por el Órgano Interno de Control (OIC) de la Sedena, en septiembre del 2022, en el cual determinó como pendientes de aclarar 45.3 millones de pesos.
- El OIC de la Sedena realizó una auditoría a la Dirección General de Administración y de Transportes Militares sobre la contratación de un servicio para la expedición de pasajes terrestres a la persona que acude a recibir atención médica a los diversos escalones sanitarios.
- Para este fin, el Ejército indicó que, entre 2020 y hasta abril del 2022, había realizado 139 transferencias, a las empresas de transporte contratadas, por un monto de 235 millones 515,821.05 pesos.
La auditoría verificó 115 transferencias por un monto de 187 millones 147,191.10 pesos, pero no pudo comprobar otras 24 que ascendieron a 45 millones 368,629.95 pesos, que equivalen al 20% del total de lo contratado./Agencias-PUNTOporPUNTO
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