La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) es el principal organismo responsable del surgimiento del socavón en el Paso Exprés de la autopista México-Cuernavaca –que ya provocó el fallecimiento de cuatro personas– al incurrir en una actitud de negligencia y probable corrupción, que debe investigarse a fondo para establecer sanciones penales y evitar que el caso siga en la impunidad, indicó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
- Al dar a conocer la recomendación 34/2018, el segundo visitador general, Enrique Guadarrama López, detalló los resultados de la investigación realizada por la CNDH en este caso, en la cual se identificaron graves deficiencias de planeación y construcción por una obra pública mal diseñada y deficientemente construida.
- Entre las irregularidades detectadas señala que la SCT no adoptó medidas preventivas, pese a saber que el tubo de drenaje que pasaba debajo del Paso Exprés estaba en malas condiciones y había desbordamiento de agua, y no pagó las reparaciones que la empresa constructora realizó por dañar la red de agua potable de Cuernavaca.
- El estudio comprobó que la SCT no contaba con un proyecto ejecutivo de la obra al momento de emitir la convocatoria de licitación, ni al adjudicar los contratos, ni al iniciar la construcción de la vialidad, y que decidió ampliar el Paso Exprés de ocho a 10 carriles cuando la obra estaba avanzada y sin argumentar la conveniencia del cambio, lo que implicó aumentos en el precio y la fecha de entrega.
La CNDH encontró que el libramiento de la autopista no contaba con permisos ambientales al inicio de la construcción y que la SCT pidió información a las autoridades de Morelos sobre las líneas de agua potable en el trazo de la vía un mes después de haber iniciado los trabajos. Tampoco solicitó datos sobre los cuerpos de agua de la zona.
Además, el costo de la obra aumentó en más de 535 millones de pesos respecto de la estimación original, al pasar de mil 134 millones a mil 669 millones –68 por ciento más de lo presupuestado–, lo que retrasó la construcción siete meses.
- El socavón no es un mero accidente, sino la consecuencia de una obra pública muy mal diseñada, construida, coordinada y supervisada por la SCT, el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, y las empresas involucradas. Salvo sanciones administrativas (a nueve servidores públicos), el hecho continúa impune al no haber responsables penalmente, manifestó Guadarrama.
- Indicó que la comisión debió realizar una investigación sui géneris sobre el tema, pues la SCT trató de obstaculizar la indagatoria al retrasar la entrega de información o enviar datos confusos o desordenados, además de que el titular de la secretaría, Gerardo Ruiz Esparza, realizó declaraciones faltas de verdad ante el Senado de la República acerca de este caso.
- El estudio consignó que además de las dos personas que murieron luego de que su auto cayó en el socavón, el 12 de julio de 2017, las malas condiciones de la obra provocaron el fallecimiento de dos más: un motociclista que fue golpeado por un cable de electricidad de alta tensión y un hombre que cayó de un puente peatonal adjunto al Paso Exprés que no tenía barandal ni señalamientos de peligro.
La investigación de la CNDH determinó que los rescatistas que intentaron sacar a los dos hombres cuyo auto cayó en el socavón no tuvieron condiciones técnicas ni materiales para lograr su propósito, pese a haberlo intentado cuatro veces, pues el lugar del accidente era demasiado inestable y había posibilidades de un nuevo derrumbe.
Debido a lo anterior, Guadarrama sostuvo que las autoridades competentes deben realizar una investigación global e integral sobre la cadena administrativa de mando, sin excluir a ningún funcionario, ya que si este caso queda impune, existe el riesgo de que se repita.
El caso está cerrado, dice la Secretaría de la Función Pública
Para la Secretaría de la Función Pública (SFP), afirmó Arely Gómez González, su titular, la investigación administrativa sobre el socavón en el Paso Exprés de Cuernavaca, Morelos, es un “caso cerrado”.
- Resultado de la indagatoria, informó, ocho servidores públicos -siete de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y uno de la Comisión Nacional del Agua (Conagua)- fueron inhabilitados, algunos hasta por 10 años.
- La secretaria de Estado aseguró que la dependencia a su cargo ya “sancionó” tras la realización de una investigación “verdaderamente integral”, aunque reconoció que la indagatoria no incluyó a Gerardo Ruiz Esparza, secretario de Comunicaciones y Transportes.
Al mismo tiempo, abundó, la SFP practicó una auditoría por el caso y se determinaron 22 cédulas de observaciones, dando oportunidad a la SCT de comprobar, “comprobó algunas cosas, otras no y se le sancionó”./EL ECONOMISTA- LA JORNADA- PUNTOporPUNTO
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