El Servicio de Administración Tributaria (SAT) denunció penalmente a 13 servidores públicos por delincuencia organizada entre enero y septiembre pasados, de acuerdo con información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
- Se trata del primer año en lo que va del actual gobierno que el órgano recaudador de impuestos acusa a funcionarios por delitos señalados en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.
- Fuentes del SAT confirmaron a EL UNIVERSAL que estas denuncias ante el Ministerio Público (MP) fueron “principalmente por robo de combustible”.
Los 13 funcionarios laboraban en la Administración General de Aduanas (AGA), la cual se convirtió en la Agencia Nacional de Aduanas de México en julio pasado, donde, además, se desempeñaban otros 20 servidores que fueron denunciados penalmente por delitos equiparables al contrabando, ejercicio ilícito de servicio público, abuso de autoridad y cohecho, entre otros.
El SAT también denunció ante el MP a un funcionario por el delito de enriquecimiento ilícito, quien se desempeñaba en la Administración General de Recursos y Servicios (AGRS) de la zona metropolitana. Significa también la primera vez en este gobierno que el SAT señala a un empleado por enriquecimiento ilícito con base en el artículo 224 del Código Penal Federal.
- En total, el Servicio de Administración Tributaria acusó a 99 servidores públicos ante el MP entre enero y septiembre de este año, 11 más que en el mismo lapso de 2020, y representa la mayor cantidad de acusaciones para un periodo similar desde 2015, cuando se registraron 101 denuncias.
- La mayoría de denuncias penales de este año, un total de 51, ha sido contra funcionarios de la Administración General de Servicios al Contribuyente (AGSC), donde hace poco se descubrió la participación de empleados en la venta de citas para trámites en las oficinas del SAT.
Entre los resultados de las acciones de combate al contrabando en el año destaca el embargo de más de 36 millones de litros de hidrocarburos, entre diesel, gasolina y condensado de gas, así como el aseguramiento de 128 mil 753 armas, de las cuales 273 corresponden a armas cortas, 122 a armas largas y 128 mil 358 corresponden a cartuchos.
También se aseguraron mil 320 kilogramos y 38 mil 337 pastillas de sicotrópicos. Asimismo, se realizaron 493 aseguramientos de cigarrillos, lo que representó más de 290 mil piezas.
Faltas administrativas
Entre enero y septiembre, el órgano recaudador de impuestos también reportó a 441 trabajadores de diversas áreas ante el Órgano Interno de Control (OIC) por distintas responsabilidades administrativas, como faltas a la legalidad, la honradez, la lealtad, imparcialidad y eficiencia en la función pública.
- Esta cifra significa una disminución de 122 acusaciones con respecto al mismo periodo del año pasado, cuando se interpusieron 563 denuncias y significó un máximo desde 2017, señalan los registros de la SHCP.
- Las faltas administrativas se castigan con amonestaciones públicas o privadas, suspensión del empleo, cargo o comisión.
Los empleados también pueden ser inhabilitados temporalmente para desempeñar cargos o comisiones en el servicio público, así como para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas.
De acuerdo con el resultado del programa de mejora continua del SAT en el combate contra la corrupción, el promedio de calificación fue de 9.2 puntos entre enero y septiembre, de una meta establecida de 9.3 unidades.
Funcionarios públicos del SAT denunciados ante el MP
Son 99 funcionarios públicos del Servicio de Administración Tributaria (SAT) que han sido denunciados ante el Ministerio Público (MP), de acuerdo con cifras preliminares del organismo desconcentrado al tercer trimestre del año. Esto es un crecimiento de 12.5% en comparación con el mismo periodo del 2020.
En este sentido, la casi centena de personas denunciadas es el número más alto para un tercer trimestre en lo que va de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Pero, si se compara con otros sexenios, las 99 personas denunciadas están por debajo de los 107 servidores públicos acusados en el 2004 y de los 101 del 2015. Ellos, bajo las administraciones de Vicente Fox Quesada y Enrique Peña Nieto, respectivamente.
- De acuerdo con el SAT, un tercio del total de los trabajadores denunciados se encuentran en las aduanas, sector en el que el gobierno federal ha puesto bajo la lupa este año con acciones como las de otorgarle el control a las Fuerzas Armadas en cuatro aduanas fronterizas del norte del país hasta el decreto presidencial para dar origen a la Agencia Nacional de Aduanas con el fin de erradicar la corrupción.
De estos 33 aduaneros acusados se sabe que sólo ocho lo están por contrabando y que los 25 restantes presumiblemente estén acusados de delitos con relación al Registro Federal de Contribuyentes (RFC), falsificación de documentos en general, delincuencia organizada, ejercicio ilícito de servicio público y acceso ilícito a sistemas y equipos de informática, ya que para la autoridad fiscal éstos son los principales crímenes.
El informe preliminar del SAT no aclara de cuáles áreas son los 66 funcionarios públicos restantes que han sido denunciados ante la Fiscalía General de la República.
Se han procesado 13% del total de denuncias
En este mismo contexto, el organismo desconcentrado reveló que del 2020 al 30 de septiembre del 2021, se han presentado 1,809 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) que involucran a 1,876 personas, sin embargo sólo 13% (238 denuncias) han sido vinculadas a proceso. De los cuales, nueve son servidores públicos; 125, personas morales y 104, personas físicas.
- Hace unos días, Raquel Buenrostro Sánchez, jefa del SAT, detalló ante la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara baja que desde que empezó la actual administración federal se ha cesado del trabajo a uno de cada 10 trabajadores por actos de corrupción. Asimismo, que existen más de 3,000 denuncias en la Fiscalía General de la República desde el primero de diciembre del 2018.
“Necesitamos el apoyo de la Fiscalía General porque mientras siga la impunidad de nada sirve que se denuncie. No puede existir impunidad, debe de haber un castigo, sino será inútil”, comentó Buenrostro Sánchez.
De igual manera manifestó que hasta el momento los servidores públicos están trabajando de la mejor manera pero si la Fiscalía (quien encabeza Alejandro Gertz Manero) no emite sanciones; aunque se denuncie a todos no pasará nada. Por ello, consideró necesario el apoyo interinstitucional./Agencias-PUNTOporPUNTO
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