José Ricardo Gallardo Cardona, polémico gobernador de San Luis Potosí por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), deberá pagar el crédito fiscal de 12 millones 300 mil pesos que arrastra desde 2018, por una serie de “depósitos bancarios no declarados” en 2013, cuando era presidente municipal de Soledad de Graciano Sánchez.
- El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) resolvió hoy, por unanimidad, que el crédito fiscal que le determinó el Servicio de Administración Tributaria (SAT) era válido, con lo que dio por cerradas las maniobras legales del ahora gobernador para evitar las multas derivadas del impago de Impuesto Sobre la Renta (ISR) sobre depósitos millonarios de 2013.
- Según la resolución adoptada hoy, Gallardo “no acreditó el origen” de depósitos observados por la autoridad, por la cantidad de un millón 891 mil pesos.
- El adeudo del gobernador ante el SAT se suma a la investigación que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) llevó a cabo sobre los movimientos financieros sospechosos operados por Gallardo en su estado, los cuales involucran presuntos desvíos de 724 millones de pesos de las arcas de Soledad de Graciano Sánchez y de San Luis Potosí.
La UIF presentó una denuncia de hechos ante la Fiscalía General de la República (FGR) en agosto de 2020, en la que señaló a 20 empresas y 19 personas vinculadas con el presunto desvío encabezado por Gallardo y su padre, Ricardo Gallardo Juárez.
La FGR no ha dado a conocer avances sobre este caso, y en junio de 2021 Gallardo llegó a la gubernatura de su estado gracias –entre otros– al apoyo público de Mario Delgado Carrillo, el presidente nacional de Morena.
Gallardo, otra vez en la mira de la FGR
El polémico gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, nuevamente se encuentra en la mira de las autoridades, resulta que las denuncias que presentó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por lavado de dinero podrían reactivarse y judicializarse pronto en la Fiscalía General de la República (FGR).
- De acuerdo con Mario Maldonado en su columna en El Universal a nueves meses de la llegada de Gallardo Cardona al gobierno de San Luis Potosí, las denuncias que hizo la UIF en agosto de 2020 ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción contra el mandatario estatal, su familia y empresas están lista para reactivarse.
Las denuncias de la UIF describen detalladamente un esquema por el que se desviaron 724.6 millones de pesos de recursos públicos provenientes de los municipios de Soledad Graciano Sánchez y San Luis Potosí, los cuales fueron gobernados porRicardo Gallardo y su padre Ricardo Gallardo Juárez.
- Según las investigaciones los recursos fueron enviados a tres personas morales, identificadas con los nombres de Clínica de Especialidades Wong, SA de CV; Grupo Axioma Kusuri SA de CV, e Investigaciones Médicas El Potosí, vinculadas con miembros de la familia Gallardo Cardona.
- Los accionistas identificados de estas empresas, además del propio gobernador se encuentra a María del Pilar Cardona Reyna (madre) y Kimberly Guadalupe Gallardo, hermana del mandatario estatal.
En total, se identificó un lucrativo negocio familiar que replicaron en sus administraciones municipales tanto Gallardo Cardona, como su padre y que con el paso del tiempo se iba realizando cada vez con menor cuidado.
Con toda esta evidencia, ahora la Fiscalía de la República y su brazo anticorrupción buscarían actuar tras haber permitido que Gallardo participara en las elecciones de 2021, y que tomara posesión como gobernador.
El caso Gallardo es el resultado de una negociación que se cristalizó en la Ciudad de México.
Denuncias por enriquecimiento
En marzo de 2021, La Silla Rota publicó una serie de documentos donde mostraban que entre los años y 2019, Ricardo Gallardo incrementó el dinero de sus arcas a través de múltiples empresas, en las que es accionista y representante legal.
- En el esquema financiero, también figuran los nombres de algunos de sus familiares y de funcionarios de los municipios de Soledad de Graciano Sánchez y San Luis Potosí, dos ayuntamientos en los que José Ricardo y su padre Ricardo Gallardo Juárez fueron alcaldes.
- De acuerdo con la indagatoria que inició la Unidad de Inteligencia Financiero contra Gallardo Cardona, el ahora gobernador realizó múltiples operaciones con recursos que ascienden a más de mil millones de pesos y que fueron vistas como sospechosas por presunto enriquecimiento ilícito.
Gallardo Cardona es accionista en nueve empresas y representante legal en cuatro más a través de las cuales se han efectuado múltiples operaciones, entre las que se encuentran depósitos y transferencias de dependencias municipales y estatales, por más de 500 millones de pesos.
De acuerdo con las investigaciones llevadas a cabo por las instituciones financieras y de procuración de justicia, a través de esos negocios y otras empresas, Gallardo y su familia han acuñado una riqueza inexplicable que es investigada por las autoridades.
Tarjeta «La cumplidora»
En mayo de 2021, en plena campaña por la gubernatura de San Luis Potosí, el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí (CEEPAC), así como la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE), recibieron dos denuncias en contra de Ricardo Gallardo Carmona, candidato a la gubernatura por la coalición “Juntos haremos historia” por la entrega de tarjetas con fines de uso electoral.
- La coalición “Sí por San Luis Potosí” integrada por los partidos Acción Nacional (PAN); Revolucionario Institucional (PRI), Revolución Democrática (PRD), así como Conciencia Popular (PCP), informó que presentó una querella ante la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE) por la entrega de tarjetas.
La alianza asegura que Gallardo Carmona entrega de la tarjeta denominada “La Cumplidora” a simpatizantes y ciudadanos, con la promesa de recibir beneficios económicos si votan por dichos candidatos./Agencias-PUNTOporPUNTO
Recibe nuestro boletín informativo, suscríbete usando el formulario
