Más de un siglo después de la marcada división que definió a México en la década de 1850, un nuevo conflicto político emerge, aunque esta vez no se trata de la pugna entre liberales y conservadores.
- El actual enfrentamiento se centra entre dos de los pilares del Estado: el Poder Ejecutivo y el Judicial. En el centro de esta contienda se encuentra la reforma al Poder Judicial de la Federación, impulsada por el Ejecutivo, que ha chocado de manera frontal con la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
¿Qué es la crisis constitucional?
El término “crisis constitucional” se utiliza para describir la ruptura significativa entre dos poderes constitucionales que impide el normal funcionamiento del Estado. Este es el escenario en el que México se encuentra, donde el Poder Ejecutivo promueve cambios fundamentales en la estructura del Poder Judicial. Estos cambios son percibidos por los jueces y magistrados como una amenaza a su autonomía y a la división de poderes consagrada en la Constitución.
- Uno de los puntos más críticos ha sido la presentación de la reforma judicial por parte del Ejecutivo, recibida con fuertes críticas desde el Poder Judicial. Esta reforma, que busca alterar aspectos esenciales del sistema de justicia, es considerada por los magistrados como un intento de interferir en su autonomía, lo que podría establecer un peligroso precedente en el equilibrio de poderes.
El eco de este conflicto resuena en los pasillos del poder, generando inquietud entre juristas, académicos y especialistas en derecho constitucional. Estos observadores advierten que la crisis no solo podría debilitar las instituciones del Estado mexicano, sino que también amenaza la estabilidad democrática del país.
Las reformas propuestas son vistas por muchos como un asalto a la independencia del Poder Judicial, provocando una respuesta enérgica de este último y profundizando una crisis que algunos consideran sin precedentes en la historia reciente.
La postura de la Cuarta Transformación
- Sin embargo, a pesar de las advertencias sobre un posible choque de poderes, los defensores de la llamada Cuarta Transformación sostienen que esta debe prevalecer ante cualquier oposición, incluida la del máximo tribunal del país.
En este contexto, el debate se intensifica, planteando preguntas cruciales sobre el futuro del sistema judicial en México y la relación entre los diversos poderes del Estado.
- La tensión que permea este escenario no solo refleja un momento de incertidumbre, sino que también desafía la esencia misma de la democracia mexicana, en un país que lucha por encontrar su camino en un panorama político cada vez más complejo.
El origen de la crisis
“La crisis se inició con el Poder Ejecutivo enviando una reforma constitucional que ataca frontalmente al Poder Judicial. El Poder Judicial está respondiendo a esos ataques. Esto presenta evidentemente una crisis cuando los dos poderes constitucionales tienen opiniones divergentes”, comentó Serrano Migallón, poniendo de relieve el carácter inédito de la situación. Para el jurista, lo que está en juego no es solo una disputa política coyuntural, sino el futuro mismo de la división de poderes en México.
- Desde la aprobación de la reforma, el Poder Judicial ha tomado una postura firme en defensa de su autonomía, presentando una serie de impugnaciones y recursos legales para frenar su implementación.
- La SCJN, como máxima autoridad en la interpretación de la Constitución, ha intervenido en el conflicto, admitiendo a trámite varios casos relacionados con la constitucionalidad de la reforma, lo que ha intensificado aún más la tensión entre ambos poderes.
- El Ejecutivo, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, ha defendido la reforma judicial como una medida necesaria para combatir la corrupción y mejorar la eficiencia del sistema judicial, argumentos que han encontrado eco entre sus seguidores.
Sin embargo, críticos de la reforma argumentan que, bajo el pretexto de mejorar la justicia, se está buscando concentrar más poder en el Ejecutivo a expensas de la independencia del Poder Judicial.
Este es un tema especialmente sensible en una democracia, donde el sistema de pesos y contrapesos es fundamental para evitar abusos de poder. Para los defensores de la independencia judicial, cualquier intento de influir en la composición o el funcionamiento de los tribunales representa un peligro para la estabilidad del sistema democrático en su conjunto.
- La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sido el escenario donde se ha librado gran parte de esta batalla. El alto tribunal ha recibido múltiples recursos que cuestionan la constitucionalidad de la reforma, y aunque aún no ha emitido una sentencia definitiva sobre el tema, su papel como árbitro en este conflicto es crucial.
Los ministros de la SCJN se encuentran en una posición delicada, ya que cualquier decisión que tomen podría tener profundas implicaciones políticas.
- De acuerdo con Serrano Migallón, la Corte tiene el deber de pronunciarse sobre la constitucionalidad de la reforma, especialmente si se detectan irregularidades en el proceso legislativo que llevó a su aprobación.
- “Sobre todo si hubo fallas en el proceso de aprobación, porque sí ha habido. Habría que ver este texto aprobado: ¿cumplió con todos los requisitos constitucionales para su reforma?”, señaló el jurista.
Este punto es especialmente relevante, ya que uno de los argumentos clave en contra de la reforma es que no se siguieron todos los procedimientos establecidos en la Constitución para su aprobación.
- Si la SCJN determina que efectivamente hubo vicios en el proceso legislativo, esto podría invalidar la reforma, lo que sin duda provocaría una respuesta inmediata por parte del Ejecutivo, aumentando aún más las tensiones.
Consecuencias políticas y sociales
Más allá de las implicaciones legales, la crisis constitucional también tiene un componente político y social que no puede ser ignorado. La polarización entre los seguidores del Ejecutivo y los defensores de la independencia judicial ha ido en aumento, y el conflicto ha comenzado a afectar la percepción pública sobre las instituciones del país. Para algunos sectores de la población, el enfrentamiento entre los poderes ha generado un clima de desconfianza hacia el sistema político en su conjunto.
- Esta crisis también ha tenido un impacto en el ámbito internacional, donde observadores y organizaciones han manifestado su preocupación por el estado de la democracia en México.
- La independencia judicial es uno de los principios fundamentales en cualquier democracia sólida, y cualquier ataque a esta independencia es visto como una señal de alarma para la comunidad internacional.
Además de los actores institucionales, como el Ejecutivo y el Poder Judicial, en esta crisis han jugado un papel importante diversos grupos de presión y figuras políticas. Algunos sectores del Legislativo, alineados con el Ejecutivo, han apoyado abiertamente la reforma judicial, argumentando que es una medida necesaria para combatir la corrupción y garantizar la justicia en el país.
- Por otro lado, organizaciones de la sociedad civil y asociaciones de jueces y magistrados han expresado su preocupación por lo que ven como un intento de socavar la independencia judicial.
El futuro de la crisis constitucional
- La crisis entre el Ejecutivo y el Judicial en México está lejos de resolverse. El conflicto ha abierto una serie de interrogantes sobre el futuro del sistema de justicia en el país y sobre la capacidad de las instituciones para superar un enfrentamiento de esta magnitud sin poner en peligro la estabilidad democrática.
Lo que está en juego no es solo una modificación constitucional, sino el equilibrio de poderes que ha sido una piedra angular de la democracia mexicana en las últimas décadas.
A medida que la SCJN se prepara para emitir un fallo sobre la constitucionalidad de la reforma, el país se encuentra en un momento de incertidumbre.
Cualquier decisión que tome el tribunal tendrá consecuencias significativas, tanto para el funcionamiento del sistema judicial como para la relación entre los poderes del Estado.
- Para muchos, la esperanza radica en que las instituciones mexicanas sean capaces de encontrar una solución a este conflicto dentro del marco constitucional, evitando así una crisis aún mayor.
Otro desafío al INE
La elección judicial abre un capítulo surrealista: organizar un debate con 81 candidatos a ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), tarea encomendada al Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE).
Ante ello, expertos coinciden en que no se puede organizar un ejercicio de debate con los estándares de calidad que maneja el organismo electoral y con buenos resultados, por lo que se augura que el prestigio del INE estará en riesgo por la implementación de la reforma judicial.
- La reforma al artículo 520 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales indica que, en la elección judicial, el INE tiene la responsabilidad de “organizar y desarrollar, en su caso, foros de debate entre las personas candidatas y establecer las bases para que las instituciones del sector público, privado o social puedan brindar dichos espacios de manera gratuita, vigilando su adecuado desarrollo y la participación de las personas candidatas que lo deseen en condiciones de equidad”.
Tan solo en el caso de la elección de nueve ministros de la Suprema Corte -el cargo más relevante en juego-, el Legislativo, Judicial y Ejecutivo deben nombrar tres candidatos por cada cargo, es decir, 27 aspirantes por cada Poder.
Por lo que el INE deberá organizar en tiempo récord un debate inédito y surrealista con presencia de 81 candidatos que buscan el mismo cargo.
- En comparación, el instituto comenzó en septiembre de 2023 la organización de los debates presidenciales de este año: cada uno tuvo un costo promedio de 13.7 millones de pesos, con la presencia de tres candidatos y una duración de dos horas.
Por lo que ahora el reto del INE es organizar un debate para candidatos a ministros con la presencia de 81 aspirantes.
- Sin tomar en cuenta la participación de moderadores ni réplicas, y con una sola participación de un minuto por aspirante, que alcanzaría solo para su presentación, el encuentro duraría hora y media.
- Para Javier Santiago Castillo, exconsejero del Instituto Nacional Electoral, el organismo tiene una tarea difícil que no augura “buenos resultados” y cuyas consecuencias de posibles fallas serán para el Instituto.
- “Como los candidatos a ser ministros o jueces no pueden hacer campaña, se le encarga al INEorganizar los debates y, en el caso de los ministros, con tantos candidatos, yo creo que resultará ineficaz”.
Indicó que el mandato constitucional es que el organismo electoral organice los debates y lo hará; “no me gusta ser ave de mal agüero, pero en este caso, al no haber mecanismos de propaganda, la asistencia a las urnas será mínima y, sobre todo, de simpatizantes de los partidos y obviamente los del partido en el poder”.
- Aseveró que la carga para el INE estará entre lo más relevante y, aunque su aparato administrativo tiene la virtud de “saber organizar elecciones, estás son inéditas y serán muy complejas”.
- Consideró que el “prestigio del INE va a salir abollado, va a salir lastimado, porque hay quienes de manera recurrente hacen responsable al INE de la participación en las elecciones”.
Por su parte, Gustavo López Montiel, doctor en Ciencia Política de la The New School for Social Research de New York, dijo que “el número de personas se van elegir es muy grande, además del número de perfiles, por lo que no será solo los debates lo complicado”.
Señaló que el INE deberá determinar el formato de esos debates entre 81 candidatos, por capítulos o en partes, aunado a que no “hay espacio para debatir sobre la ley, porque si bien hay posiciones con respecto a normas, esa diferencia implicaría que ya no son imparciales, eso ya generaría un vicio”.
El experto manifestó que los creadores de la reforma judicial no dimensionaron lo que implicaba instrumentarla, “la hicieron mal, no pensaron que eventualmente se fuera a aprobar y se ve muy abigarrado y con esas proporciones de candidatos, no son realistas”.
Abundó que se trata de una “reforma que no está diseñada para poder instrumentarse”. /Agencias-PUNTOporPUNTO
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