La periodista May Anastasia O’Grady advirtió en su columna de Wall Street Journal que la Reforma Electoral debilita al Instituto Nacional Electoral (INE), lo que podría traducirse en inseguridad en las próximas elecciones, ya que el narcotráfico podría aprovecharse y aumentar el robo de urnas, amenazas y asesinatos contra candidatos que no comulgan con sus planes.
- A través de su columna “La amenaza narco a la democracia mexicana”, la comunicadora dio un recuento de algunos hechos que se han reportado en votaciones pasadas (2020), como el hurto de urnas por parte de sujetos armados, candidatos asesinados o que se han retirado de la contienda tras amenazas de muerte, así como funcionarios acompañados de escoltas armadas y hasta una cabeza cortada que “rodó hasta un colegio electoral el día de la votación”.
- Detalló que consultó un informe elaborado con el apoyo de los tres partidos políticos de oposición -el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Revolucionario Democrático (PRD)- en el que, a lo largo de 53 de páginas, se reportan presuntos “actos de terrorismo” perpetrados por los cárteles.
En el documento hay afirmaciones basadas en noticias locales y testimonios en primera persona. En la versión revisada por el WSJ los testigos y autores se mantienen anónimos para su protección. En agosto del 2021 el informe fue entregado a la Organización de Estados Americanos en Washington y reportado a la prensa de México, pero sigue sin ser público.
- En sus páginas también se encuentran descripciones de coerción, intimidación y hasta asesinatos realizados con la finalidad de asegurar resultados electorales favorecidos por los cárteles. “Dieciocho meses después de la publicación del informe, sigue siendo muy relevante”.
- De acuerdo con la periodista, en los últimos cuatro años el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) han tratado de “eliminar los controles institucionales al Poder Ejecutivo”.
Celebró que se está aproximando el final del mandato del presidente López Obrador; por otro lado, lamentó que a pesar de que dejará el cargo seguirá siendo el líder del partido, por lo que, sin importar quién sea el candidato, si Morena gana las elecciones del 2024 y conserva la mayoría en el Congreso, la influencia y agenda de AMLO seguirá presente.
“La gestión presidencial de AMLO, que comenzó en diciembre de 2018, se ha caracterizado por la venganza hacia cualquiera que se interponga en su camino, políticamente hablando. Esto incluye el instituto electoral del país. López Obrador culpa al instituto, conocido por sus siglas como INE, por su derrota en las urnas en 2006. Parece verlo como una amenaza futura”.
Mencionó además que la aprobación del paquete legislativo que reforma al INE, conocido como Plan B, habría sido una acción en contra de algunos de sus funcionarios.
- Según la voz del WSJ, el Instituto tiene un papel importante en las elecciones y tiene la capacidad de aumentar la participación de la ciudadanía. A medida que mapeó los centros de población, estableció lugares de votación no gubernamentales, reclutó y capacitó a trabajadores el ejercicio cívico habría incrementado.
- No obstante, aseguró que las legislaciones sumadas a las acciones del crimen organizado que se han presentado desde elecciones pasadas dejan ver una violencia política y electoral que será definitoria.
Auguró que en las siguientes votaciones habrá supresión de votantes, candidatos y observadores “a punta de pistola”, por parte de los cárteles que tienen la necesidad de “controlar el territorio y los funcionarios que no cooperan”.
“México no es un estado fallido. Pero las cosas siempre pueden empeorar y lo harán si los cárteles ganan poder político (…) Ahora quiere acabar con el organismo de control electoral, que puede ser una de las últimas líneas de defensa contra un narcoestado”, subrayó.
La democracia peligra cuando las elecciones son amenazados por la violencia
Atender los graves problemas de seguridad rumbo a los procesos electorales del Estado de México y Coahuila es responsabilidad de autoridades y de la sociedad en su conjunto, advirtió este miércoles Lorenzo Córdova, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE).
- Durante la presentación del informe “Recomendaciones para la seguridad de los candidatos y candidatas a los cargos de elección popular en las elecciones de Coahuila y el Estado de México 2023″, realizado por el Colegio de México A.C., Córdova insistió en que la violencia “es un fenómeno de mucho mayor alcance que tiene que ser enfrentado con una estrategia de Estado y no solamente centrada por los operadores electorales o los responsables de garantizar la seguridad en procesos electorales”.
“Las recomendaciones abordan uno de los temas de mayor urgencia para la vida pública democrática en la actualidad: la inseguridad y de la violencia criminal”, informó Córdova. “El fenómeno que nos ocupa -violencia y elecciones- no es un fenómeno derivado el uno del otro. No es que necesariamente la violencia sea un fenómeno provocado por las elecciones, sino más bien que la violencia es un fenómeno social en donde las elecciones -como parte de la recreación de la vida democrática- inevitablemente pueden sufrirlo”.
- Para el consejero presidente del INE, cuyo cargo concluirá en las próximas semanas, México atraviesa por una paradoja. “A pesar de que hemos alcanzado -desde hace varios años ya- una vida democrática plena en el ámbito electoral, no hemos logrado atender este grave y lacerante problema”, señaló.
“En los pasados nueve años, desde que se creó el sistema nacional de elecciones, hemos logrado tener cero conflictos postelectorales en los 330 comicios que se han realizado. Aquí hay una paradoja. Tenemos el periodo de estabilidad política, paz y gobernabilidad democrática más largo de nuestra historia, en un contexto en el que el incremento de la violencia preocupa por su impacto en todos los ámbitos. Aún no se ha logrado construir las condiciones necesarias para la paz, para controlar la violencia criminal y la inseguridad”, añadió.
Sin elecciones libres y auténticas, la democracia es impensable: Córdova
Córdova Vianello consideró que “la democracia peligra seriamente” cuando las elecciones y sus actores centrales (la ciudadanía, los candidatos) se ven amenazados por la violencia y la inseguridad.
Durante el proceso 2020-2021, la consultora Etellekt contabilizó mil 66 agresiones a políticos en 570 municipios, con 102 políticos asesinados.
“Por definición, la convivencia democrática supone la negación de la violencia, la democracia es la única forma de gobierno en la que la disputa por el poder político de una sociedad transcurre por vías pacíficas y, en ese sentido, la democracia misma constituye una conquista civilizatoria. Si bien este clima social adverso no controla -afortunadamente- aún la vida política del país, sí hay síntomas preocupantes que, si los dejamos pasar, ponen en riesgo a la democracia, a la libre expresión de las ideas y puede ahuyentar la participación de las personas en las elecciones, que son procesos del presente y futuro de nuestra nación”.
El estudio del Colmex contiene un conjunto de recomendaciones a diferentes instituciones y actores públicos. “Lo que el estudio nos transmite, claramente, es que el problema de la inseguridad y la violencia criminal en contextos electorales sólo se puede enfrentar y resolver desde la corresponsabilidad de los distintos entes involucrados, atendiendo al ámbito de competencia particular de cada actor e institución y a partir -eso sí- de la coordinación efectiva entre autoridades y en comunicación estrecha con todos los actores relevantes”.
3 recomendaciones para atender la violencia electoral
- Registro puntual de casos y evidencias. Córdova afirmó que los partidos podrían recoger y reportar tales casos a las autoridades electorales, pero “con el único fin de que éstas compartan a su vez información con las autoridades federales y locales pertinentes y responsables de la seguridad pública en cada orden de gobierno. Que evalúen la información y en consecuencia puedan tomar las medidas más adecuadas para proteger a las y los candidatos”. Añadió que el INE no tiene ni los recursos ni las atribuciones para brindar seguridad a candidatos “pero tampoco podemos ser omisos frente a un fenómeno que inevitablemente está ahí y debe preocuparnos a todos”
- Mayor vigilancia por parte de partidos. “Resultan interesantes las recomendaciones dirigidas a los partidos políticos respecto del análisis de riesgo, sondeo y filtrado que podrían llevar a cabo de sus aspirantes y el registro interno de candidaturas, con el fin de identificar casos y factores de riesgo. Hay veces que se le pide a la autoridad electoral -e incluso se nos ha llegado a proponer- ‘hagan polígrafos antes de registrar las candidaturas’. Si los que postulan a los candidatos son los partidos, entonces la primera criba en ese sentido debería venir precisamente de los propios partidos políticos”, dijo el consejero presidente del INE.
- Atender violencia verbal. “La historia de la democracia -o de las regresiones democráticas- ha evidenciado cómo la violencia verbal es la antesala de la violencia física, y la violencia física es la negación de la democracia misma. Hay quien dice lo que quiere en aras de la libertad de expresión y está bien, pero cuando estamos hablando del discurso público, hay que hacerlo con responsabilidad y tomando conciencia de que la violencia verbal puede tener consecuencias concretas en la recreación de la convivencia democrática. Esta recomendación debe ser ampliada también a otros actores que de una u otra forma participan e inciden en la vida política, es decir, debe incluirse también a los gobiernos y a los medios de información”.
Violencia política nubla el sexenio de AMLO
Durante 2022 se registraron por lo menos 483 ataques, asesinatos, atentados y amenazas contra personas que se desempeñan en el ámbito político, gubernamental o contra instalaciones de gobierno o partidos, según un recuento de la organización Data Cívica, con investigadoras del Programa para el Estudio de la Violencia del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). Indicó que esta cifra es 174 por ciento superior a la de 2021, cuando se registraron 176 eventos de este tipo.
- En el reporte difundido ayer, señaló que de acuerdo con lo documentado, entre 2018 y 2022 sumaron mil 26 actos violentos, 36.6 por ciento contra funcionarios públicos, 14.6 por ciento candidatos a algún cargo y 8.8 por ciento familiares de personas involucradas en el ámbito político. El 78.8 por ciento de las víctimas fueron hombres.
- La organización puntualizó que en 2022 los estados con más actos de este tipo fueron Guanajuato, con 56; Guerrero, 46; Veracruz, 41; Zacatecas, 34; Baja California, 29; Morelos y Jalisco, 28 cada uno; estado de México, 27; Oaxaca, 26 y Sonora, 24.
Expuso que en diciembre pasado se documentaron 45 eventos violentos; 29 fueron asesinatos, entre ellos de funcionarios, principalmente de seguridad, así como regidores, síndicos, una alcaldesa y un ex alcalde. Asimismo, hubo nueve ataques armados, seis secuestros y un atentado.
En cuanto a los partidos políticos a los que pertenecen las víctimas, en el reporte de diciembre se señala que 12 de los actos fueron dirigidos contra personas de Morena, 11 del PRI, siete del PAN y cinco del PRD.
La entidad federativa que sufrió más eventos de violencia fue Zacatecas, con siete; después se encuentran Guanajuato, Guerrero y Morelos, con seis cada uno.
Data Cívica señaló que si se comparan los datos de diciembre con los de noviembre, existe un incremento de 18.42 por ciento de hechos violentos, ya que en este último se sumaron 38.
México en el Top 7 de violencia
México forma parte de la lista de siete países del mundo donde la violencia política es de “gravedad extrema”, de acuerdo con el Índice de Gravedad de Conflictos, elaborado por el Proyecto de Datos sobre Eventos y Ubicación de Conflictos Armados (ACLED, por sus siglas en inglés).
- Para realizar el Índice, el proyecto toma en cuenta cuatro indicadores: muertes por violencia política, agresiones contra población civil, propagación subnacional del conflicto y número de grupos no estatales violentos y organizados. En los cuatro indicadores, México aparece con registros por arriba de la media mundial.
“México está plagado de un nexo de violencia político-criminal que generó la mayor cantidad de ataques contra civiles en el mundo en 2022, y que carece de una solución política o militar de seguridad clara”, señala ACLED en su reporte del pasado 19 de enero.
- En países como México, Colombia y Filipinas, expone el documento, los gobiernos democráticos e híbridos democráticos/autocráticos a menudo comparten o ceden el control a ambiciones criminales, que a veces se entrelazan con motivos políticos para controlar a los funcionarios, territorios y poblaciones”.
En estos espacios, añade, “la competencia por el control es frecuentemente ganada por entidades no estatales apoyadas por élites políticas. Las comunidades locales están expuestas a una amenaza constante de violencia por parte de grupos no estatales que están respaldados o sancionados por el Estado y otras élites, o disfrutan de impunidad por sus acciones”.
- México comparte características de violencia política de “gravedad extrema” con Colombia, Haití, Malí, Myanmar, Siria y Yemen.
- En general, apunta la organización, “en muchos lugares del mundo, la violencia política está cambiando y se parece cada vez más a los conflictos difusos y fragmentados de México y Myanmar, y menos a las guerras civiles o insurgencias tradicionales, como en donde un solo grupo insurgente tiene un amplio control territorial”.
En cuanto a eventos de violencia política, ACLED registró siete mil 100 casos durante 2022, superado por Ucrania, Siria, Myanmar y Brasil. Respecto a las muertes ocurridas en dichos eventos, el proyecto registra 7 mil 700, sólo por debajo de Ucrania, Myanmar, Nigeria y Yemen./Agencias-PUNTOporPUNTO
Recibe nuestro boletín informativo, suscríbete usando el formulario
