La reforma constitucional que elimina el llamado pase automático del titular de la Procuraduría General de la República (PGR) a primer Fiscal General de la República sumó ayer el voto número 17 de los congresos estatales.
Con esta mayoría, el pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión hará la declaratoria constitucional y se podrá iniciar en el Senado la discusión sobre la nueva Ley Orgánica de la Fiscalía General y el proceso para nombrar al nuevo fiscal.
La aprobación de la Ley Orgánica para la Fiscalía General queda en manos de Morena por ser mayoría absoluta en el Senado. De acuerdo con lo que establece la Constitución, será hasta que se apruebe la legislación cuando la PGR podrá realizar la transición para convertirse en Fiscalía General de la República.
- Los estados que avalaron la reforma constitucional para eliminar el pase automático fueron Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Jalisco, Nayarit, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán. Ricardo Monreal, próximo coordinador de Morena en el Senado, declaró en días pasados que el nuevo fiscal será un perfil “incorruptible”
El titular de la PGR no podrá ser el nuevo fiscal general; la reforma tardó 8 meses en concretarse
- Con el aval del Congreso de Chiapas, la reforma constitucional que elimina el llamado pase automático del titular de la PGR a primer fiscal general de la República es prácticamente un hecho, al sumar el voto positivo de 17 Congresos estatales, por lo cual el pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión hará la declaratoria constitucional mañana miércoles.
- Los congresos estatales que respaldaron esta reforma constitucional son Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Jalisco, Nayarit, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán.
A diferencia de la reforma constitucional política-electoral del 2014, que dio origen a la transformación de la Procuraduría en Fiscalía y que llevó un mes en su recorrido por los Congresos estatales, que se convierten en Constituyente Permanente, esta reforma para eliminar el pase automático consumió ocho meses.
Salió del Senado el pasado 14 de diciembre del año pasado y su concreción abre la puerta a la discusión en torno a la nueva Ley Orgánica de la Fiscalía General y al proceso de nombramiento del nuevo fiscal Ggeneral, que corre a cargo del Senado de la República.
La reforma para eliminar el llamado pase automático fue producto de una disputa política entre el expresidente nacional del PAN, Ricardo Anaya, el gobierno de Enrique Peña Nieto y el PRI, a raíz de que se publicó que el panista hizo un supuesto negocio ventajoso con una bodega industrial, que le permitió obtener millones de pesos y que involucró al chofer de uno de sus amigos, convertido en accionista.
- Esa disputa generó un encono que duró meses, porque Anaya culpó al entonces procurador general de la República, Raúl Cervantes, de ser el responsable de la filtración de los datos en torno a ese negocio.
- La tensión llegó al grado de generar una campaña en contra de lo que el panista llamó “fiscal carnal” y paralizó la instalación del tercer año de trabajo de la LXIII Legislatura en la Cámara de Diputados; la garantía de que el Congreso de la Unión iba a eliminar el llamado pase automático destrabó la crisis registrada el año pasado.
- Hace unos días, Ricardo Monreal, próximo coordinador de Morena en el Senado, que será la fuerza mayoritaria en el Senado, que es la instancia encargada del nombramiento del fiscal, adelantó que el perfil será de una persona “incorruptible” y aclaró que el gobierno de López Obrador no usará al Ministerio Público para generar persecuciones políticas.
Mediante un comunicado de prensa difundido hace unos días, Ricardo Monreal aseguró que Morena escuchará al resto de las fuerzas políticas, cuya presencia es minoritaria, así como a las organizaciones sociales que han insistido en la necesidad de una fiscalía independiente.
Recordó que el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, está convencido de la existencia de una Fiscalía Anticorrupción autónoma, y está convencido de otorgarle instrumentos de inmediato, ya que piensa en instituciones que le permitan al país fijar bases para el cambio de régimen.
Fiscales de la discordia; ONG.s se contraponen
El foco de atención respecto a la creación de una nueva Fiscalía General de la República que cuente con autonomía del poder Ejecutivo ha estado centrado en cómo se llevará a cabo la designación de la persona que encabezará dicho organismo.
- Sin embargo, hay muchos temas que han pasado a un segundo término y que deben atenderse antes de siquiera poder pensar en llevar a cabo un nombramiento.
- A través de distintos colectivos más de 300 organizaciones no gubernamentales han buscado hacer entender al nuevo gobierno la importancia de garantizar que los próximos fiscales se nombren de manera transparente, que sean independientes y que cuenten con autonomía
Pablo Girault, consejero de México Unido Contra la Delincuencia, asociación que forma parte del colectivo Fiscalía Que Sirva y la cual ha estado involucrada directamente en las mesas que se establecieron con algunos de los integrantes del próximo gobierno como Tatiana Clouthier, Zoé Robledo y Mario Delgado, explica que lo primero que tiene que quedar en claro es que sin la aprobación de la Ley Orgánica que dé vida a la nueva Fiscalía General de la República no se puede llevar a cabo el nombramiento del Fiscal.
- “Hoy lo único que pueden nombrar es al Procurador en funciones y a los fiscales anticorrupción y de delitos electorales, pues hasta que no se apruebe la Ley Orgánica, la Fiscalía General no puede entrar en vigor y mucho menos se puede nombrar al encargado de encabezar este organismo”, indica Girault.
El objetivo de la Ley Orgánica es reglamentar la forma de organización, funcionamiento y el ejercicio de las atribuciones de la Fiscalía General de la República de acuerdo a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales y otras disposiciones aplicables.
Una vez que esto se logre, Girault indica que se podría pasar a ver el método en el que se llevaría a cabo el nombramiento del Fiscal General, procedimiento para el cual se ha pedido precisamente la reforma del artículo 102 Constitucional, pues de mantenerse como está, sería muy difícil poder garantizar que la persona que encabece este nueve organismo sea completamente autónoma e independiente.
Actualmente, de acuerdo con el artículo 102 Constitucional, el Presidente de la República designará al Fiscal General y este nombramiento será ratificado por el Senado. Sin embargo, Pablo Girault relata que lo que buscan los colectivos que han luchado por este cambio es que se utilice un mecanismo donde también participe la sociedad civil en conjunto con el poder Ejecutivo, el legislativo y que no dependa exclusivamente del presidente.
- “El método que nosotros hemos propuesto es que quienes quieran participar para convertirse en Fiscal General se inscriban y que el Senado nombre a un grupo de personas de la sociedad civil para que los auxilie a hacer un análisis de capacidades técnicas de estas personas. Al igual que el proceso para el nombramiento del Fiscal Anticorrupción.
Después se eligen a 10 de las personas que cumplen con todos los requisitos y se le envían al presidente para que él elija a tres y finalmente el Senado determine al ganador”, dice Girault.
El consejero de la asociación civil Mexicanos Unidos Contra la Delincuencia también ve otra serie de problemas que podrían suscitarse en caso de que el próximo gobierno se niegue a escucharlos y a implementar los cambios que han sugerido.
Cuando se planteó la reforma original en el año 2014 se incluyeron dos artículos transitorios, uno que ya logró modificarse, que es en el que se permitía que el procurador en funciones se convertiría en el primer Fiscal, y el otro que sigue vigente, que dice que todo el personal que labora en la PGR se pasaría directo a la Fiscalía.
- “Si no logramos que el próximo gobierno entienda la importancia de realizar todas estas modificaciones legales y constitucionales, la transformación de la Procuraduría General de la República a la Fiscalía General simplemente sería un cambio de membrete.
Eso nos preocupa mucho porque se heredarían todos los vicios con los que actualmente cuenta la PGR y no habría un cambio real en la manera de aplicar justicia. No quiere decir que no haya personal ahí dentro que valga la pena porque sí lo hay, pero hay otros que no y hay redes de complicidades que fomentan la corrupción y en donde el poder político aún pesa mucho, cuestiones que no nos gustaría que llegaran a la Fiscalía”, comenta.
Por ese motivo, Pablo Girault, añade que dentro de las mesas que se han organizado para discutir el tema con el gobierno entrante han propuesto que en lo que se logra crear la Nueva Fiscalía General de la República desde cero, se mantenga por un breve periodo de tiempo a la PGR. “Lo que estamos proponiendo es una manera de enfrentar el problema que es muy amplia, distinta y cuyo objetivo está enfocado en la creación de una institución que funcione, más que en llevar a cabo un nombramiento.
Por ello estamos buscando que se inicie una nueva institución que pueda existir por un tiempo en paralelo con la PGR, para que cuando llegue el nuevo Fiscal deveras pueda hacer cosas. “Queremos una institución nueva que comience con un personal muy bien seleccionado, con nuevos procedimientos, nuevas instalaciones, con autonomía. Mientras vas trayendo al personal de la PGR que valga la pena”
El plazo propuesto para que coexistan ambas instituciones tendría como límite el 2022. Y ayudaría para que el nuevo Fiscal llegue a construir sobre lo nuevo y no se distraiga con los problemas de la PGR”. A estas propuestas también se ha incluido la Coparmex, la cual se encuentran aliada al colectivo Vamos Por Más y, quienes a diferencia de su homólogo, Fiscalía Que Sirva, han optado por buscar recolectar más de 110 mil firmas para enviar una iniciativa al Congreso mediante la cual se reforme el artículo 102 Constitucional y se incluya el nombramiento de un fiscal de transición que estaría en el cargo por tres años.
- En rueda de prensa, el presidente del organismo patronal, Gustavo de Hoyos Walther informó que para recabar los apoyos necesarios utilizarían la plataforma digital que usó el Instituto Nacional Electoral (INE) para las firmas de los candidatos presidenciales.
- La recolección inició el 2 de julio en los 65 centros empresariales y delegaciones de la Coparmex en todo el país, y se espera lograr el mínimo requerido a más tardar en septiembre próximo./ CON INFORMACIÓN DE REPORTE INDIGO- EXCÉLSIOR
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