Diferentes organismos empresariales consultados afirmaron que actualmente es el peor momento para que en las entidades se implemente la prohibición de la venta de la comida chatarra a menores de edad, debido a que el Covid-19 ha puesto en aprieto a las economías estatales.
El pasado 5 de agosto, en medio de la pandemia, el Congreso local convirtió a Oaxaca en la primera entidad en prohibir que se le venda, regale, distribuya o que se promocionen productos no saludables, como aquellos con alto contenido calórico, así como bebidas azucaradas, a menores de edad.
- A partir de esa fecha, según la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), los Congresos estatales del país, a excepción de Nayarit, han buscado ir en este camino (ya se encuentran los diputados locales elaborando las iniciativas en mesas de trabajo y comisiones, o ya las presentaron en los plenos estatales); de ahí destaca Tabasco, que fue la segunda entidad en aprobar esta ley.
“En todos los casos son propuestas de Morena”, explicó el presidente de la Comisión Nacional Fiscal de Coparmex, Reginaldo Esquer Félix, quien añadió que éste es el peor momento para tomar esta decisión, “la pandemia ha generado 1 millón 100,000 de desempleados y la mortandad de 500,000 empresas formales, tienes una economía en picada”.
- Precisó que la Coparmex está desarrollando un estudio para conocer el impacto económico que causaría esta ley; como primer resultado dijo que a nivel nacional se perderían 300,000 empleos adicionales a los que ya se han registrado por la contingencia sanitaria, de ellos, 130,000 serían en Ciudad de México.
- Para el presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño Servicios y Turismo de Oaxaca (Canacope), Salvador López López, la implementación de esta medida preocupa porque no sólo generará daños económicos, (estima que de los 58,000 micronegocios en la entidad, 60% no va a sobrevivir por la prohibición, además de calcular una pérdida inicial de 96 millones de pesos), sino que “refleja que la Iniciativa Privada ya no tiene voz para la discusión y aprobación de leyes”.
“Estamos en contra de este decreto que se aprobó en Oaxaca, dado que no dio oportunidad a todos los sectores, a todas las organizaciones y cámaras empresariales para que conocieran nuestros puntos. Para nosotros es muy importante la salud de los niños, pero en el caso de esta ley es una propuesta que debió haber sido integral”, destacó.
Por su parte, la presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) Tabasco, Carla Morales Ariza, puntualizó que antes de aprobar la ley en la entidad primero era fomentar un diálogo en parlamento abierto con el sector empresarial para que así se atendieran “los problemas de salud de la población y se buscaran soluciones integrales sin afectar las economías regionales y el sustento de miles de familias tabasqueñas que laboran en las cadenas de producción alimentarias”.
“Esta medida, además de no generar acciones reales para atacar el problema de raíz, daña a las cadenas de valor en plena crisis”, subrayó Morales Ariza, quien consideró que inicialmente se genere una afectación de más de 60% en el ingreso de los comercios.
- Esquer Félix señaló en que el sector informal está dejándose de lado, además de que no se estaría regulando todo el consumo de productos chatarra, porque se excluyen a los no empaquetados.
En tanto, la presidenta del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) Estado de México, Laura González Hernández, expuso el motivo por el cual surgieron estas iniciativas se deben a lo declarado por el subsecretario federal de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, que sugiere que la tasa de mortandad en la pandemia se debe a los problemas alimenticios de la población, los cuales son originados por la comida chatarra.
- Refirió que de aprobarse la ley en el Estado de México representaría un golpe directo a una de las industrias alimentarias más importantes del territorio nacional, “tenemos el mayor centro consumo del país, en la entidad hay 17 millones de habitantes, más los de Ciudad de México tenemos un total de 26 millones”.
Las estimaciones del CCE Estado de México arrojan que quedarían afectadas 200,000 unidades económicas de giros como industria alimentaria, de conservas, refresquera, tiendas de abarrotes, de conveniencia, autoservicio, venta de alimentos, comercio de alimentos y bebidas, “siendo las micro, pequeñas y medianas empresas las más afectadas”.
Prohibir venta afectaría economía de la CDMX: Canacope
La Cámara de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño (Canacope) de la Ciudad de México consideró que no se debe restringir la comida chatarra, como en Oaxaca; por lo mismo, solicitó a las autoridades capitalinas que no implementen esta medida, ya que se retrasaría el proceso de recuperación económica.
Luego de que en Oaxaca prohibieran la venta a menores de edad de bebidas y alimentos con altas concentraciones de azúcar y considerados como chatarra, el organismo empresarial efectuó un análisis sobre cuál sería el impacto en la capital del país si se replican estas medidas.
- Según el estudio publicado el pasado 9 de agosto, existían en la urbe alrededor de 121,883 pequeñas empresas dedicadas al comercio minorista de abarrotes, los cuales generaban un total de 900,000 empleos; sin embargo, por la pandemia han tenido una pérdida económica promedio de 25% en sus ventas y 15% de estos negocios se han visto obligados a cerrar.
“La situación que se puede agravar con las medidas prohibicionistas, las cuales no sólo perjudican a dueños y trabajadores de las denominadas tienditas de la esquina, sino a todos aquellos que participan en la cadena productiva de la industria agroalimentaria (…) En la Ciudad de México este tipo de iniciativas pondría en jaque a por lo menos 40% de pequeños negocios en pleno intento de recuperación”, recalca el análisis de Canacope.
Impacto
El presidente local del organismo, Eduardo Daniel Contreras Pérez, precisó que también es importante contemplar el impacto “descontrolado de forzar un cambio abrupto en el sector cuando no se cuentan con mecanismos de apoyo y financiamiento por parte de las autoridades en este momento de decaimiento”.
- “De estos negocios, 90% vive prácticamente al día, y sus alternativas de financiamiento son los proveedores y la familia. Bajo esta situación de emergencia generalizada sus alternativas de financiamiento, recuperación y crecimiento están prácticamente canceladas”, expuso.
“Es imperante establecer nuevos mecanismos en la toma de decisiones en los que sean escuchadas todas las voces implicadas”, ahondó./Agencias-PUNTOporPUNTO
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