La presidencia de Andrés Manuel López Obrador entró ya en su último año. Al menos en el tema de corrupción, las cosas no solo no han mejorado: por el contrario, una parte de la opinión pública considera que, en los próximos doce meses, la situación empeorará. Días atrás, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad presentó los resultados de su cuarta Encuesta sobre Corrupción e Impunidad 2022.
Los resultados de este ejercicio demoscópico son especialmente relevantes cuando los comparamos con los del 2019, año en el que se llevó a cabo por primera vez la encuesta y primer año de la administración del presidente López Obrador.
- Los encuestados consideraban que los tres principales problemas del país eran la inseguridad, la corrupción y la pobreza. Si bien el presidente nunca los negó, sí se lavó las manos, diciendo que las anteriores administraciones neoliberales eran responsables de esos males.
- Tres años después, una parte de la ciudadanía sigue considerando a la inseguridad y a la corrupción como dos de los principales problemas de México, a los que hay que añadir a la economía que, sin duda, está relacionado con el problema de la pobreza.
Otra cosa que no ha cambiado, a pesar de la retahíla de discursos huecos y promesas de imposible cumplimiento, es la percepción de que la principal causa de la corrupción es la impunidad (41%), por encima de los gobiernos anteriores (35%) o la pobreza y la desigualdad (24%). La percepción de que frecuentemente se comenten actos de corrupción sigue en el 80% de los encuestados. Que no haya cambios en la percepción sobre estos temas dice mucho sobre el efecto de las políticas anticorrupción del gobierno en turno.
Pero hay percepciones que sí han cambiado en tres años. Por ejemplo, en 2019 el 72% de los encuestados consideró que la 4T estaba combatiendo la corrupción muy bien. Cuatro años después, en 2022, solo 44% considera que se está combatiendo muy bien la corrupción.
- Aunado a la percepción del 42% de los encuestados de que en los próximos doce meses la corrupción aumentará, estos resultados nos dejan ver que una parte de la opinión pública no cree que la situación de corrupción en el país mejore en el corto plazo. Por el contrario, consideran que empeorará.
La figura del presidente, así como la de su círculo familiar y político cercano, también han sufrido el embate de la realidad. Por ejemplo, entre 2019 y 2022, el porcentaje de personas que consideran que López Obrador es corrupto aumentó de 26% a 35%.
Una explicación de este aumento son los escándalos de corrupción reportados durante el sexenio. 43% de los encuestados consideran que las acusaciones contra Delfina Gómez referentes al descuento al salario que alegadamente le hacía a sus empleados cuando fue presidenta municipal de Texcoco. También 52% de los encuestados cree que es un escándalo de corrupción que el hijo mayor del presidente, José Ramón López, viva en una lujosa casa en Houston de la cual es propietario un contratista de PEMEX.
La percepción de corrupción se ha extendido a otros cargos de la administración. 52% de los encuestados consideran que el fiscal Alejandro Gertz es corrupto y 48% cree que usa su cargo para influir en asuntos legales personales. Por su parte, 59% consideró que existe corrupción entre los Servidores de la Nación.
- Finalmente, 56% considera que quienes conforman el gabinete del presidente son corruptos. Si bien López Obrador es percibido como un personaje más honesto, llama la atención que esta cualidad no sea extensiva a su equipo más cercano. Prácticamente siete de cada diez encuestados (69%) considera que el gobierno de la 4T no aplica la ley a todos por igual.
Pese a los pobres resultados que ha tenido la 4T en materia de combate a la corrupción, estos no han incidido en la ciudadanía lo suficiente para que en el 2024 Morena pierda la presidencia. Es claro que el desencanto ciudadano con el PRI y el PAN sigue vivo. Sin embargo, esta no debería ser la apuesta de la 4T.
El hartazgo ciudadano relacionado con la corrupción, la impunidad, la discrecionalidad y los abusos de poder son —como nos ha mostrado la historia reciente— política y electoralmente mucho más poderosos que el clientelismo. Es claro que el umbral de resistencia de los mexicanos ha disminuido mucho en las últimas dos décadas. Los escándalos de corrupción todavía pueden costarle su popularidad al partido en el gobierno, como pasó en el sexenio pasado.
Impunidad reina en combate contra la corrupción
El combate contra la corrupción en México está lejos de dar los resultados esperados y los números de los últimos tres años reflejan que la impunidad sigue llevando la delantera.
La organización de litigio estratégico y combate a la impunidad, TOJIL, calificó como “dudosos” los resultados que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción entregó en los últimos tres años.
El organismo indicó que de 2019 a octubre de 2022 se abrieron 3 mil 36 investigaciones en la instancia adscrita a la Fiscalía General de la República (FGR), de las cuales únicamente 111 se judicializaron y solo siete obtuvieron sentencia condenatoria.
“Es importante señalar que además esta fiscalía carece de la autonomía necesaria, pues la decisión de los que casos que indaga no recaen sobre el fiscal general y ni sobre su titular. Los casos de mayor impacto son investigados por otras áreas distintas a la Fiscalía Especial con cuestionables resultados”.
- Asimismo, el organismo encabezado por las abogadas Adriana Greaves y Estefanía Medina detalló que la situación es similar en las fiscalías estatales, donde se identificó que de las 19 mil 289 denuncias de corrupción presentadas ante las fiscalías especializadas en 2022, solo el 4.3% llegaron ante un juez y 0.2% obtuvieron una sentencia en 9 entidades federativas.
De acuerdo con el reporte de Levantemos la Voz de la Fiscalías Anticorrupción publicado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y TOJIL, la mayoría de las Fiscalías Anticorrupción carecen de los recursos necesarios para cumplir con su labor, y los estados de Baja California y Baja California Sur aún no cuentan con estas instancias especializadas en combate la corrupción.
Lo anterior con importantes diferencias entre las entidades, pues mientras entidades como Querétaro, Tlaxcala y Guanajuato judicializan más del 15% de los casos, entidades como Colima y Guerrero no reportan la judicialización de ningún caso.
- TOJIL hizo hincapié en que el combate contra la corrupción en México “ha fracasado”, pues además de que nuestro país se ubica en en el lugar 124 de 180 países en el ranking de percepción de corrupción de Transparencia Internacional; el tratamiento de los casos de mayor impacto como el de Emilio Lozoya; o el expediente abierto contra diputado federal y dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno, están más cercanos a la “simulación” que a la justicia.
“Lo más grave es que la mayoría de los casos de corrupción en México permanecen en la opacidad e impunidad, por lo que exhorta a las autoridades a terminar con la simulación y a emprender acciones contundentes para erradicarla”.
Lozoya, está señalado por la posibles actos de corrupción relacionados con el caso Odebrecht, como un posible soborno de 10 millones de dólares.
Mientras que “Alito” Moreno fue señalado durante meses por la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, por enriquecimiento ilícito y presuntos actos de corrupción; no obstante, la organización afirma que la investigación fue “congelada” luego de que el PRI votó a favor de las reformas para ampliar la presencia de militares en labores de seguridad en México hasta 2028.
México desciende en el ranking de países que combaten la corrupción
Un índice que evalúa la capacidad de los países latinoamericanos para erradicar la corrupción mostró que la mayoría de las naciones retrocedieron en sus prácticas.
México, la segunda economía más grande de la región, ocupó el puesto 12, al mostrar «pronunciados descensos» en las categorías de sociedad civil y medios, ya que los periodistas mexicanos enfrentan «la tasa de violencia contra reporteros más alta del mundo fuera de Ucrania», según el Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción (CCC, por sus siglas en inglés) de 2023.
- El informe es publicado conjuntamente por Americas Society/Council of the Americas y Control Risks y apunta a una disminución en la calificación promedio de la región por primera vez desde 2020.
- Los puntajes decrecientes en 10 de los 15 países evaluados indican «un entorno anticorrupción que en muchos países es menos activo y movilizado que en años anteriores», dijo el índice.
Al observar 14 variables, incluida la independencia de las instituciones judiciales y la solidez del periodismo de investigación, el Índice CCC «se basa en datos extensos y en una encuesta realizada entre los principales expertos en anticorrupción» para calificar y clasificar a los países en una escala de 0 a 10.
Una puntuación máxima de 10 refleja un país con mayor probabilidad de procesar judicialmente y penalizar la corrupción. Ocho de los 15 países analizados este año arrojaron un puntaje inferior a cinco.
«El revés a nivel general no fue tan dramático en comparación con 2022, sino que reflejó una contínua constante que ha estado en marcha durante años», agregó el informe.
México y Guatemala son los únicos países cuyo puntaje ha disminuido todos los años desde que se lanzó el Índice CCC en 2019.
La economía más grande de América Latina, Brasil, ocupó el octavo lugar y su puntaje mejoró un 1.5% desde 2022.
«El puntaje de Brasil en la categoría de democracia e instituciones políticas aumentó, lo que refleja su perseverancia después de varios años de tensión», indicó el reporte, que cita los intentos del expresidente Jair Bolsonaro de influir en las investigaciones.
Venezuela experimentó la mayor caída en el índice, marcando su quinto año consecutivo con el puntaje más bajo de la región.
Uruguay volvió a ocupar el primer lugar, pero registró un año consecutivo de descenso, una señal de que «ningún país es inmune al estancamiento o al retroceso en la lucha contra la corrupción», según el índice.
Preocupaciones por los temas de gobernanza amenaza la economía
Los problemas de gobernanza, es decir aquellos relacionados con la inseguridad pública, corrupción y estado de Derecho, son las principales barreras que enfrenta la economía mexicana para crecer en los siguientes meses.
- Estas preocupaciones alcanzaron su segundo porcentaje mensual más alto en el último año, con el 52% de las respuestas de los analistas consultados en junio por el Banco de México (Banxico) dadas a conocer este lunes.
En mayo, los problemas de gobernanza representaban el 62% de las respuestas. Y en el último año han sido consideradas como las principales amenazas para la economía nacional.
Muy detrás, los problemas económicos internos y las amenazas externas son las otras dos barreras para el país, con el 16% y 13%, respectivamente.
- Los analistas encuestados subieron a 2.3% su pronóstico para el Producto Interno Bruto (PIB) al cierre del año, desde el 2% previo.
- Además, ajustaron ligeramente a la baja su estimación para la inflación para el año a 4.67% desde el 5.02% previo y mantuvieron su previsión para la tasa de referencia al 11%.
Los resultados de la encuesta recabada entre 36 grupos de análisis y consultoría económica entre el 20 y el 27 de junio, mostraron que el tipo de cambio estaría en 18.33 pesos por dólar para el cierre del año, una ligera mejoría desde la estimación previa de 18.96 unidades por billete verde./Agencias-PUNTOporPUNTO
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