Chiapas, Tamaulipas, Michoacán, Estado de México y Guerrero, son los estados en los que actualmente se registra mayor desplazamiento interno forzoso por violencia en el país, reconocieron autoridades, expertos y legisladores.
Durante una reunión de trabajo sobre desplazamiento forzado interno en la Comisión de Asuntos Migratorios, urgieron a promover y aprobar reformas constitucionales para contar con un marco normativo que permita apoyar a los mexicanos afectados por este fenómeno dentro de territorio mexicano.
- El director general adjunto del Centro de Estudios Migratorios, Miguel Ángel Dorado resaltó que el factor número del desplazamiento son las violencias, porque hay de distintos tipos, remarcó y “son cinco estados en los que se registra este problema: Guerrero, Michoacán, Tamaulipas, Chiapas y el Estado de México, que hasta hace unos meses, no estaba considerado”
- Mauro Santos Caballero, director de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas de la Secretaría de Gobernación (Segob) destacó que a diferencia de administraciones federales anteriores, “ahora hay un reconocimiento del fenómeno, es una situación nueva, el gobierno está reconociendo un problema, estamos en los primeros pasos, necesitamos un marco normativo para después atenderlo como es debido”.
“Tiene que haber reformas constitucionales para que podamos tener el marco normativo, apegarnos y resolver este problema. Primero una reforma constitucional y tener posteriormente una ley específica, tiene que pasar por la Cámara de Diputados”, expresó en entrevista posterior.
El coordinador general Comisión Mexicana de Ayuda a los Refugiados, Andrés Alfonso Ramírez Silva, apuntó que el tema, es de gran importancia “y debería haber sido prioridad nacional desde hace muchos años, pero hubo una política del avestruz, porque el desplazamiento, el origen es el mismo, pero ahora también son mexicanos, y los ignoramos, es decir, en tanto había responsabilidad y generosidad internacional”.
La presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios, Julieta Kristal Vences Valencia, dijo que “ahora que ya sabemos que la iniciativa está en la Comisión de Puntos Constitucionales”, (esto, desde el 19 de febrero de 2019), dialogaremos con la presidenta, Miroslava Carrillo Martínez, a fin de impulsar para que se apruebe lo más pronto posible en el pleno”.
Violencia del narco expulsa de Zirándaro a mil 400 personas
Pobladores de las comunidades Los Alacranes y San Rafael, municipio de Zirándaro, ubicado en la región de Tierra Caliente de Guerrero, en la Sierra Madre del Sur, aseguraron que hay miles de desplazamientos y que la zona no cuenta con vigilancia permanente. Desmintieron las versiones de los gobiernos estatal y federal que negaban esos hechos.
Apenas este viernes 22 de noviembre, en la tarde, por primera vez hicieron acto de presencia la Guardia Nacional (GN) y la Policía Estatal (PE) , en particular en Guayameo, la más grande de las 410 comunidades del municipio, donde se encuentran unos 300 de los más de mil 400 desplazados por la violencia del pasado 10 de noviembre en los pueblos de San Rafael, Los Guajes, La Cañita, El Pino, La Parota del Cuartel, Los Alacranes y 14 comunidades más que vivieron horas de terror: Nosotros no venimos seguido porque apenas contamos con cinco policías municipales, justificó el alcalde Gregorio Portillo Mendoza, de Morena.
Protesta en Guayameo
El mismo viernes, en Guayameo hubo una protesta a la que asistieron unos 200 personas que huyeron por el terror y la violencia de los grupos delincuenciales que operan en esa zona limítrofe con Michoacán. Las autoridades municipales reconocen que en al menos 40 comunidades de Zirándaro ni la Marina, ni la GN, ni el Ejército pueden entrar, ahí manda la delincuencia.
- Habitantes de Los Alacranes, ubicado a unos 500 kilómetros de Chilpancingo, pidieron al alcalde Portillo Mendoza, a la GN y a la PE que visitaron Guayameo, que los acompañaran a rescatar algunas pertenencias de las 33 familias que huyeron de la violencia. La propuesta fue aceptada. Alrededor de las 14 horas dio inicio el retorno vigilado.
- Al llegar a Los Alacranes, los uniformados se detuvieron en una casa a revisar decenas de cartuchos percutidos y a inspeccionar el inmueble. Entonces se escuchó en los radios de comunicación un mensaje de uno de los presuntos delincuentes: Tírenle al jinete, refiriéndose a los dos artilleros de la GN que se encontraban en dos camionetas pick up artilladas con su respectiva ametralladora Barret de 50 milímetros.
Un desplazado advirtió de la presencia de civiles armados en los cerros aledaños. De inmediato el responsable de la GN pidió a la comitiva, incluidos los reporteros, tomar las medidas de protección. Los dos artilleros, apoyados por policías estatales, buscaban minuciosamente entre los árboles de los cerros a los pistoleros, mientras apuntaban sus armas.
Cuando por fin los encontraron, estuvo a punto de ocurrir un enfrentamiento, pero alcanzaron a huir hacia los cerros aledaños mientras los perros, que llevaban varios días sin comer, devoraban la comida que sus amos dejaron abandonada, igual que sus pertenencias.
En una de las casas, una estufa sostenía el recipiente de agua para calentar, se presume que era de uno de los pistoleros que estaba por bañarse. También dejaron cartuchos de diversos calibres, zapatos, ropa y un teléfono celular, que fueron decomisados.
Cuando una hora después empezó a oscurecer, la tropa y los desplazados comenzaron el retorno de tres horas a la cabecera municipal de Zirándaro por un camino de terracería, pero los campesinos no pudieron llevarse sus pertenencias.
Ahí quedó su maíz, el ganado lechero, sus caballos, burros, sus perros que deambulan por las calles buscando a sus amos. Nada se pudieron llevar.
Deciden armarse
Antes, en la entrada a San Rafael, acompañado de los pobladores, que se armaron desde el 10 de noviembre pasado, el comisario municipal, que solicitó el anonimato, explicó que la decisión de armarse fue debido a que los delincuentes pretenden apoderarse de su pueblo.
San Rafael, dijo el comisario, vive de la cosecha de maíz, nos dicen que es el poblado con más producción del grano en la entidad; un campesino obtiene por año hasta 20 toneladas de maíz. También es un pueblo ganadero, y estos cabrones (los delincuentes) piden que les paguemos 150 pesos al mes por cada cabeza de ganado que tengamos.
A este pueblo desde hace mucho no vienen los soldados ni la policía, y tampoco había venido la Guardia Nacional, solamente el alcalde (Gregorio Portillo), nos ha visitado, estamos abandonados por el gobierno estatal y federal.
Posteriormente los campesinos, algunos armados, participaron en una protesta en el centro de la comunidad, en donde ya los esperaban sus esposas con frases escritas en pancartas contra del gobierno.
En presencia del alcalde Portillo Mendoza, reclamaron a la GN y la PE por qué hasta ahora se presentaban a la comunidad, de donde han salido más de 500 de mil ciudadanos que viven en ese lugar.
Una de las mujeres recordó que la violencia se inició el año pasado, pero se incrementó hace dos meses e hizo crisis el 10 de noviembre. Los más de 200 niños que estudian prescolar, primaria, y telebachillerato no han tenido clases; nosotras no podemos surtir nuestra canasta básica porque los delincuentes no dejan pasar el transporte a Ciudad Altamirano y Coyuca de Catalán; podríamos ir a Huetamo (Michoacán) pero nos queda como a cinco horas.
Esa gente (los delincuentes) mandó decir que nos daban media hora para que abandonáramos el pueblo y pues todos salimos corriendo, hubo terror entre las familias, salimos sin traernos nada, narró uno de los desplazados.
Los pobladores de Guayameo reclamaron que el gobierno federal y estatal no los apoye enviando a la Guardia Nacional y a la policía. Queremos que el gobierno establezca tres puntos de revisión permanente en esta zona de la sierra, para que disuadan la presencia de esos grupos, y regresen las mil 400 personas desplazadas, de un total de 120 familias afectadas./LA RAZÓN-LA JORNADA-PUNTOporPUNTO
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