La organización Causa en Común dio a conocer que el excesivo poder que se ha dotado a la Guardia Nacional en la administración de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) “destruyó” el presupuesto que se otorga de forma anual a las policías locales de todo el país, que ya viven una crisis por la falta de capacidad de reacción que tienen para enfrentar al crimen organizado y la delincuencia en municipios y estados.
- A través de un informe, la oenegé reveló que el proceso en curso de militarización de este cuerpo civil que nació con la gestión de AMLO absorbió los recursos que se destinaban históricamente para las policías locales, que de acuerdo con estudios recientes, son las que más sufren para contar con los recursos necesarios para combatir la delincuencia y al crimen organizado.
“La obsesión militarista no sirve para atender problemas de inseguridad viola la Constitución, y que ahora está cambiando el sistema político al debilitar a las áreas civiles y darle responsabilidades excesivas a la Guardia Nacional”, sostuvo la ONG.
- Al respecto, María Elena Morera, presidenta de Causa en Común, atizó que “la violencia e inseguridad del país se debe al abandono de las estructuras de seguridad y a la impunidad que caracteriza al sistema de impartición de justicia”. Ante el contexto de la militarización, señaló la necesidad de reforzar las policías locales y fortalecer las instituciones de seguridad.
De acuerdo con el análisis, 9 de cada 10 centros policiacos de este nivel tienen un déficit en los recursos que reciben por parte de la Federación en los últimos años, lo que los imposibilita para realizar un despliegue de fuerza adecuado en los municipios en donde se encuentran y que presentan un alto índice delictivo; en el peor de los casos, los elementos de seguridad de este tipo de corporaciones no cuentan ni con uniformes o chalecos antibalas en buen estado.
Tijerazo desde 2020
A pesar de que la violencia en el país continúa en niveles alarmantes –en promedio, 97 asesinatos diarios–, desde el Presupuesto de Egresos de la Federación 2020 (PEF) y 2021 se planteó una reducción en los tres subsidios federales destinados a fortalecer las capacidades de seguridad pública y prevención de la violencia de los gobiernos locales.
En contraste, para este 2022 las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional obtuvieron el segundo presupuesto más grande de la administración pública al recibir una bolsa de recursos que ascendió a más de 204 mil 683 millones de pesos.
Militarización deja en el olvido a policías
Genaro Ahumada, investigador de Causa en Común y coordinador del Observatorio de la Guardia Nacional y la Militarización en México, expresó que las implicaciones que tiene el ampliar el periodo en el que las fuerzas armadas sigan haciendo tarea de seguridad pública son negativas en diversos aspectos.
Principalmente porque han pasado más de 15 años con las Fuerzas Armadas en las calles y no ha habido resultados tangibles que justifiquen que sigan haciendo tareas de seguridad.
“Las Fuerzas Armadas no tienen la capacitación para realizar tareas de seguridad pública, las tareas asignadas constitucionalmente al Ejército son de otra índole de seguridad nacional (…) cuando a ellos los ponen a hacer tareas de seguridad pública batallan porque no tiene la capacitación y al mismo tiempo también se arriesgan a cometer violaciones graves a los derechos humanos y a poner en riesgo su propia vida y la de la gente.
- Las Fuerzas Armadas, aquí y en todo el mundo, están entrenada para la guerra, para matar y tomar decisiones en el momento a partir de una orden superior, esas cuestiones son las que preocupan a las organizaciones”, expresó.
- El experto también consideró que al aprobar esta ampliación se sienta un antecedente muy negativo, ya que no se está respetando el texto constitucional, y lo más preocupante, dijo, es que se modifica la Constitución a través de criterios políticos.
Por su parte, Catalina Pérez Correa, profesora Investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), perteneciente a la división de estudios multidisciplinarios, sostuvo que han pasado más de 15 años con el Ejército haciendo tareas de seguridad pública, por lo que los malos resultados están a plena vista, y comprueban que no funciona la estrategia de militarizar la seguridad.
Asimismo, consideró que es preocupante que las recientes modificaciones a ley para dejar a las Fuerzas Armadas en las calles, además de violar los acuerdos que hubo anteriormente,“francamente es una trampa, es un engaño”.
Lo anterior ya que, dijo, existe el riesgo de que estas modificaciones se pueden presentar en el futuro y el deterioro en materia de seguridad continúe por la falta de capacidades de las policías.
Incluso, dijo, los fondos destinados para las policías locales desaparecieron. La Guardia Nacional nunca se construyó como un cuerpo civil, y lo que están haciendo es simplemente militarizar la seguridad.
ONU-DH denuncia falta de fuerza policial civil a nivel federal
La Alta Comisionada interina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Nada Al-Nashif, expresó su preocupación por la decisión del Congreso de la Unión en México de ceder el control de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
- Las reformas dejan efectivamente a México sin una fuerza policial civil a nivel federal, consolidando aún más el ya prominente papel de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública en México.
Los mecanismos de derechos humanos han señalado claramente que las Fuerzas Armadas sólo deben intervenir en la seguridad pública de forma temporal, en circunstancias excepcionales, como último recurso, y siempre bajo la supervisión efectiva de órganos civiles independientes», advirtió Al-Nashif.
Destacó que aunque la militarización de las fuerzas de seguridad ha ido aumentando de forma constante en México desde 2006, esto no se ha traducido en una reducción sostenible de la criminalidad, sino que ha provocado un aumento de las denuncias de graves violaciones de los derechos humanos.
- Las fuerzas de seguridad deben estar subordinadas a las autoridades civiles. Es preocupante que las reformas aprobadas no incluyan ninguna disposición que garantice la supervisión civil de la Secretaría de la Defensa Nacional, lo que plantea preocupaciones adicionales en materia de derechos humanos, incluso sobre la rendición de cuentas», señaló.
- La Alta Comisionada interina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, indicó que la participación y el debate públicos fueron muy limitados antes de que los integrantes de la Cámara de Diputados y del Senado aprobaran la reforma.
Además expresó su preocupación por otras iniciativas en curso para profundizar aún más la militarización de las fuerzas de seguridad, incluida una reciente propuesta de Reforma de la Constitución para permitir el uso de las Fuerzas Armadas en funciones de seguridad pública hasta 2028.
En 24 entidades, más soldados, marinos y guardias que policías
El constante despliegue de elementos federales para reforzar la seguridad pública en distintas zonas del país y la falta de inversión de los gobiernos estatales en sus cuerpos de policiacos ha provocado que en al menos 24 entidades federativas el número de marinos y militares sea mayor que el de los agentes estatales.
- De acuerdo a una investigación de MILENIO, basada en diversos informes obtenidos mediante la Plataforma Nacional de Transparencia y reportes del Inegi, revelan que las secretarías de la Defensa Nacional y Marina, así como la Guardia Nacional, han desdoblado en conjunto a 192 mil 831 militares a lo largo del país, mientras que en las 32 corporaciones estatales se desempeñan 193 mil 890 agentes.
En el cálculo hecho por este diario no se incluyeron a los efectivos que trabajan en las policías municipales, ya que en la mayoría de los casos son los propios gobernadores quienes piden directamente el apoyo de las fuerzas federales para combatir los crímenes de alto impacto.
El incremento de la presencia militar corresponde principalmente al apoyo que dan en demarcaciones que padecen de altos índices delictivos y una fuerte presencia de grupos criminales como son los casos de Guanajuato, Sinaloa, Jalisco, Chihuahua, Baja California y Guerrero.
- En Jalisco, el apoyo de las fuerzas federales llega incluso a casi triplicar el número de agentes estatales, pues se desplegaron 11 mil 763 militares y marinos en dicha demarcación, pero los policías locales registrados por el Inegi en el Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal apenas suman 4 mil 296 efectivos.
- Un panorama similar se observa en Sinaloa, pues los informes del gobierno federal revelan que hay 8 mil 110 elementos encargados de apuntalar la seguridad pública; sin embargo, las cifras estatales solo reportan mil 571 policías encargados del orden público.
Con lo anterior, se puede observar que en el estado donde opera el Cártel de Sinaloa la presencia de agentes militares es de cinco a uno en comparación con los cuerpos de seguridad estatal.
En Guanajuato, catalogado como el estado más violento del país, las fuerzas federales son mayores en 150 por ciento al tamaño operativo de la policía local. Cifras oficiales muestran que hay 10 mil 503 efectivos de la Sedena y la Guardia Nacional en la entidad, pero el Inegi señala que apenas hay 4 mil 100 policías bajo el mando del gobierno panista./Agencias-PUNTOporPUNTO
Documento íntegro:
2022.07.06_InformeOGN
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