Las alertas para denunciar a funcionarios públicos de la Federación implicados en actos de corrupción han dado pocos frutos.
- De las más de cinco mil denuncias que se han interpuesto en la plataforma Ciudadanos Alertadores Internos y Externos de la Corrupción en la Secretaría de la Función Pública (SFP), sólo 13.6 por ciento (747) se han presentado ante las autoridades competentes.
- Los ciudadanos pueden utilizar la plataforma https://alertadores.funcionpublica.gob.mx/ para dar a conocer delitos de corrupción, pero sólo con información de desvío de recursos, cohecho y peculado.
A esta manera de denunciar le hace falta perfeccionarse, no es posible que sean ciudadanos y trabajadores quienes tengan que aportar pruebas de manera anónima cuando hay instancias para hacer esta labor
“Se hace de su conocimiento que del 25 de julio de 2019 al 31 de julio de 2021, se recibieron cinco mil 462 alertas de las cuales, en tres mil 801 se determinó la incompetencia de la Coordinación de Acompañamiento a Víctimas y Ciudadanos Alertadores Internos y Externos de la Corrupción, por no tratarse de conductas vinculadas con probables actos de cohecho, peculado o desvío de recursos; 914 se encuentran a la espera de que las personas alertadoras proporcionen mayores elementos y 747 fueron presentadas como denuncia ante las autoridades investigadoras competentes”, indica la SFP en una actualización de las cifras de este procedimiento.
Esta área de la SFP redujo su margen de acción, ya que antes de junio de 2020 investigaba además de alertas relacionadas con actos graves de corrupción, situaciones relacionadas con violaciones a derechos humanos, hostigamiento y acoso sexual en la administración pública federal.
- “La Coordinación de Acompañamiento a Víctimas y Ciudadanos Alertadores Internos y Externos de la Corrupción atendía y daba seguimiento a alertas relacionadas con actos graves de corrupción, violaciones a derechos humanos, hostigamiento y acoso sexual; sin embargo, a partir de junio de 2020 se redujeron los supuestos sobre los cuales se tiene competencia, como son las conductas de servidores públicos relacionadas con presuntos actos de cohecho, peculado y desvío de recursos públicos”, explica la Función Pública.
Expertos consideran que a esta manera de denunciar le hace falta perfeccionarse, e incluso hay especialistas que critican que sean ciudadanos y trabajadores quienes tengan que aportar pruebas de manera anónima, cuando hay instancias para hacer denuncias.
- Keyla Vargas, coordinadora de Proyectos en el Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia (CASEDE), resalta que existen 914 denuncias en las que la Función Pública requiere de mayor información por parte de los denunciantes y en tres mil 801 casos en los que se declara incompetencia.
- Considera que existen casos en los que no se trata de delitos graves de corrupción, pero podrían tener información que acredite otros delitos, por lo que tendría que ser dirigida a otras estructuras que se encarguen.
“No digo que todos los hechos efectivamente contengan los elementos que puedan comprobar que efectivamente se está llevando a cabo un delito relacionado con actos de corrupción, pero sí tendría que haber un acompañamiento en el que digan qué están denunciando, por qué entra o no entra dentro de esa clasificación o por qué no se está considerando como delito y, segundo y más importante, todos aquellos hechos que se están denunciando, que no son competencia de esta Función Publica, entonces de quién son competencia, ¿quien les va a dar seguimiento?”, considera la especialista.
En tanto, la investigadora defiende el uso de las denuncias anónimas para delatar a funcionarios que actúen en perjuicio del Estado.
“Las denuncias anónimas han resultado ser muy efectivas en otros países que, además, como en México, tienen una estructura particular, compleja, en el ámbito de la administración pública en nuestro caso federal, pero en otros estados también”, explica Keyla Vargas.
“Creo que estas denuncias anónimas sí abren una buena posibilidad, o por lo menos un espectro para considerar estas conductas, y de alguna manera dimensionar qué otros aspectos del combate a la corrupción se tendrían que fortalecer, involucrando además una perspectiva de seguridad ciudadana y de derechos a las personas que no nos encontramos dentro del ámbito de gobierno”, expone.
- Por el contrario, el académico Edgar Ortiz Arellano, socio presidente de Bismarek Consultoría, señala que es errónea la medida de llamar a denunciar a los funcionarios públicos en vez de reforzar a las instituciones encargadas de esas labores de detección de hechos de corrupción.
“El incitar a la ciudadanía a denunciar a otros ciudadanos por posibles actos de corrupción o porque se cree que pudiesen estar involucrados en actividades de carácter ilícito, en primera instancia, violenta la presunción de inocencia y los derechos fundamentales de todos los mexicanos, independientemente de que sean servidores públicos o no”.- Edgar Ortiz Arellano, Socio presidente de Bismarek Consultoría
Dice que es una medida de carácter autoritario y que posiblemente violenta el Estado de Derecho.
“Este tipo de medidas hacen alusión a los regímenes autoritarios que surgieron a mediados del siglo XX, especialmente los regímenes autoritarios de carácter fascista, en donde la población vivía en el terror porque precisamente se promovía la denuncia como medio de venganza política, pero también como instrumento para probar la lealtad al gobierno en turno”, explica Ortiz Arellano.
Hay lentitud y multas blandas
La Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción de la FGR reportó que acumula en los últimos tres años 1,688 carpetas de investigación por posibles delitos cometidos por servidores públicos, principalmente peculado. Sin embargo, de ese número, únicamente ha podido judicializar 22 carpetas (1.3% del total).
- Algunos de los personajes políticos procesados al momento por delitos de corrupción son el exsenador Jorge Luis Lavalle Maury; el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya; la extitular de Sedesol, Rosario Robles; integrantes del Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales del Estado de México por posibles actos de corrupción en la absolución de José Ángel Casarrubias Salgado, El Mochomo, líder del grupo criminal Guerreros Unidos, entre otros.
Javier Martín Reyes, abogado y politólogo del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), afirmó que “una fiscalía no se mide por cuántas carpetas de investigación abre, sino por cuántos casos judicializa. Si eso no se traduce en sentencias condenatorias, de nada sirven las investigaciones”.
Denunciantes
En un informe al Senado, la FGR mencionó que las entidades denunciantes ante la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción han sido la Secretaría de la Función Pública (SFP), la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, la Auditoría Superior de Yucatán, el SAT, Pemex, ISSSTE, la SEP, el IMSS, la Sedatu, el gobierno de Puebla, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, la Secretaría de Economía, el Ayuntamiento de Macuspana, Tabasco, la Policía Federal y el Instituto Nacional de Cancerología.
- Destacó que en 80.85% de las 1,688 carpetas de investigación se denunciaron a funcionarios públicos; 8.99% a particulares; 2.33% a empresas 1.92% a trabajadores de un organismo particular; y 1.08% a miembros de sindicatos u organizaciones sociales.
- Por otro lado, entre los principales delitos imputados en carpetas en trámite del 2019 al 2021 destaca peculado con 390; uso ilícito de atribuciones (218); ejercicio indebido del servicio público (200); enriquecimiento ilícito (102) y cohecho con 76.
- Mencionó que hasta marzo había realizado 662 determinaciones sobre esas 1,688 carpetas de investigación, siendo 38 abstenciones de investigación; 123 acumulaciones; 275 declaraciones de incompetencia; un criterio de oportunidad; 22 judicializaciones; ocho mecanismos de solución alternativa y 195 declaraciones de no ejercicio de la acción penal.
“Debe resaltarse que en el caso de las carpetas de investigación que se remitieron a los mecanismos alternativos de solución de controversias se recuperaron poco más de 2 millones 747.223 pesos a partir de acuerdos reparatorios”, dijo.
Combate, con lentitud
El experto en Derecho de la UNAM, César Astudillo, opinó que en el combate a la corrupción se pueden observar dos velocidades: “una creciente y a buen ritmo de la Unidad de Inteligencia Financiera y otra velocidad a veces lenta, compleja, que no toma la velocidad debida de la FGR”. Consideró que la UIF inicia investigaciones por corrupción y pasa mucho tiempo para que la FGR inicie la indagatoria o no logra integrar la carpeta.
Astudillo mencionó que “el fiscal general de la República (Alejandro Gertz Manero) tiene poco interés en el combate a la corrupción, porque sé que no le ha dado los recursos humanos y financieros a la fiscalía especializada, necesarios para que pueda desempeñarse con eficacia”.
- Por su parte, el experto del CIDE expuso que ya hubo acusaciones muy graves de corrupción al inicio de la FGR como el caso Lozoya, pero aún no se ven los grandes logros sobre ello. “Se ve una fiscalía preocupada por asuntos personales del fiscal, es el caso de los 31 académicos”, dijo.
Añadió que la FGR tendría que enderezar entuertos, mostrando con hechos que es autónoma y que no le rinde cuentas a actores políticos”.
Multas blandas para exservidores acusados de corrupción
Las multas por corrupción pocas veces cumplen su cometido. Los personajes y empresas como Odebrecht, cuando son castigados a través de este instrumento, tienden a impugnar el caso anunciado por el Gobierno federal a través de la Secretaría de la Función Pública (SFP), en donde se acaba de dar un relevo con la salida de Irma Eréndira Sandoval.
“Ganar las multas, ganar el juicio, que estos posibles actos de corrupción sean debidamente sancionados es lo importante, pero parece que lo relevante es más bien anunciar que voy a castigar. Nos quedamos en la superficie. Se queda este gobierno en la superficie, en la frivolidad mediática y creo que el tema es de mucha mayor profundidad”, explica Edgar Ortiz Arellano, académico de la UNAM.
En tanto, la senadora Kenia López Rabadán, lamenta la actuación que ha tenido la Secretaría de la Función Pública (SFP) en el combate contra la corrupción.
“Lo que tienen que hacer no es solamente interponer una multa, sino defenderla jurídicamente para poder demostrar que se ha establecido con rigor y, por ende, debería haber un equipo especializado para eso. No solamente para quedar en el mensaje o para quedar en la nota, sino para dar resultados y para que efectivamente con ese dinero el erario se pueda fortalecer”, expone la legisladora.
- En México, las instituciones que se encargan de investigar y de integrar un expediente, lo hacen de manera deficiente ya sea por falta de capacidad, conocimientos, experiencia o recursos
- Un recuento de las últimas actuaciones del Gobierno federal contra acciones de corrupción en anteriores gobiernos dan cuenta de que las grandes multas anunciadas con bombo y platillo, con casi medio sexenio de la autodenominada Cuarta Transformación transcurrido, demuestran que la justicia no ha llegado.
- Edgar Torres Garrido, exdirector general de Pemex Fertilizantes, fue sancionado con una multa de 615 millones de pesos según el expediente PAR/001/2018 instaurado por la SFP; además tiene otra multa por 3.2 millones dentro del expediente PAR/003/2018, lo que significa que la sentencia no está firme.
La empresa Odebrecht Ingeniería y Construcción Internacional de México, S.A de C.V. fue multada con 543 mdp dentro del expediente PTRI-S-001/2018; y José Manuel Carrera Panizzo, exdirector corporativo de Alianzas y Nuevos negocios de Pemex, sancionado con una multa de 4 mil 206 mdp por el caso de la venta de la planta de Agronitrogenados en sentencias que no son firmes.
Expedientes por corrupción débiles
Las instituciones que se encargan de investigar y de integrar un expediente lo hacen de manera deficiente, ya sea por falta de capacidad, conocimientos, experiencia o recursos, señala Pablo Montes, Coordinador de Anticorrupción del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO)
“Independientemente de si son fuertes, gigantescas o no, si no se pueden mantener firmes las sanciones, se está dando un mensaje equivocado y entonces cuando se habla del discurso de combate a la corrupción y de que ya se acabó la corrupción, se está ignorando el hecho en lo complicado que es investigar y sancionarlo, y ahí es donde se debería enfocar”, explica el especialista.
- Pablo Montes indica que en la investigación y la sanción está el éxito o el fracaso del combate contra la corrupción. El Gobierno federal tiene que conocer qué necesitan para su correcta operación la Secretaría de la Función Pública, la Fiscalía Anticorrupción y las Fiscalías estatales.
- El coordinador anticorrupción del IMCO explica que, en el caso de las multas por corrupción, es muy complicado llegar a obtener sanciones firmes, y es muestra de la debilidad de la Administración Pública Federal.
Además, dice que es el área donde justo empieza lo complicado de combatir la corrupción, independientemente de si hay una buena intención o no detrás, ya que el proceso de investigar y sancionar es muy complejo.
“Más allá del discurso, más allá de lo que nos puedan decir día con día de que se está combatiendo la corrupción, en donde en verdad se pueden ver las capacidades y las intenciones es en el momento de sancionar.
“Cuando hablamos de corrupción está la detección, la investigación y la sanción, y todos estos casos son muy notorios, muy llamativos, fueron producto de investigaciones periodísticas, entonces la parte de la detección ya está, lo que le tocaba a la autoridad es investigar y, conforme a los resultados, sancionar si es necesario, tanto en el ámbito administrativo que le corresponde a la Función Pública, como por la vía penal que le corresponde a la Fiscalía”, comenta el experto del Instituto Mexicano para la Competitividad”.
Agrega que los acusados suelen ser sancionados con castigos menores por actividades que no son necesariamente las más sonadas.
“Los motivos por los cuales se sanciona no suelen ser los más sonados, por ejemplo, en el caso del ‘superdelegado’ en Jalisco, Carlos Lomelí, con las farmacéuticas, también se mencionó una sanción, una inhabilitación, pero cuando se analiza el porqué se inhabilitó y se sancionó… no es por hacer algún tipo de esquema de conflicto de interés, sino por falsificación de información.
“Lo que hemos visto es que la capacidad de probar que se cometió una irregularidad por parte de la Función Pública, que sería quien tiene esa responsabilidad, ha sido deficiente y normalmente sanciona por acciones menores que las que suenan en el caso”, explica.
- Palo Montes asegura que es muy importante que el Gobierno federal acredite la fortaleza de las multas y que de esa manera se mande el mensaje de que nadie está por encima de la ley, y para ello se requiere de un equipo que ofrezca un buen sustento jurídico.
- “Esa es la importancia de que exista una sanción, ya sea chica o grande, si no hay una certeza de que va a haber una sanción porque se cometió algún tipo de irregularidad, se pierde la disuasión.
“Al final uno de los principales motivos por los que se sanciona, además de reparar el daño, es evitar que se vuelva a cometer. Si se está viendo que esta amenaza de la sanción no es real porque la puedes apelar y la vas a ganar, entonces esa amenaza deja de existir y puedes hacer un cálculo, y dices ‘no pasa nada porque, si me sancionan, fácil ganó la impugnación”.- Pablo Montes, Coordinador de Anticorrupción del Instituto Mexicano para la Competitividad/Agencias-PUNTOporPUNTO
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