La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) acreditó que los tres niveles de gobierno incurrieron en omisiones para prevenir los actos de violencia que derivaron en el desplazamiento forzado de aproximadamente 5 mil 266 personas originarias de distintas comunidades de los Municipios de Chalchihuitán y Chenalhó, Chiapas.
• El Organismo concluyó que debido a que las autoridades no les garantizaron ayuda inmediata, el desplazamiento forzado obligó a las víctimas a refugiarse en 11 campamentos en los que se vulneraron sus derechos humanos tales como el acceso a los servicios de salud, a la asistencia humanitaria y a la seguridad personal.
• El desplazamiento forzado se enmarca en los hechos ocurridos el 18 de octubre de 2017, cuando varias personas ingresaron al Municipio de Chalchihuitán con armas de fuego, dispararon contra la población y ocasionaron la muerte de una persona.
• Tras estos hechos y en medio de un conflicto interno por la propiedad de las tierras, miles de habitantes de las comunidades de Canalumtic, Pom, Ch´enmut, Bololchojón, Bejeltón, Tulantic, Cruztón, Cruz Cacanam y Tzomoltón dejaron sus hogares y buscaron refugio en otras zonas. De acuerdo con la Recomendación 87/2018 de la CNDH, los desplazados se refugiaron en condiciones precarias.
Por ejemplo, el campamento «Bejelton II», ubicado al interior de la montaña y a 30 minutos de la cabecera municipal de Chalchihuitán, albergaba a 159 personas que dormían en el suelo bajo una carpa de 10 por 10 metros hecha con palos de manera y plástico negro y dado que carecían de agua potable, baños o letrinas, realizaban sus necesidades fisiológicas en los alrededores.
Otras 600 personas que conformaban 175 familias se refugiaron en el campamento «Canalumtic», ubicado al interior de la montaña y a 40 minutos de la cabecera municipal de Chalchuitán. Los afectados vivían al interior de una carpa de 12 por 12 metros, hecha de palos de madera y lona, con dos laterales de plástico negro y tres fogones en su interior para cocinar alimentos.
Además, no contaban con baños o letrinas y el agua que utilizaban para beber y cocinar era turbia, pues la obtenían de un arroyo que se encontraba a una distancia aproximada de dos kilómetros del campamento, lugar en el que también se bañaban y lavaban su ropa.
• En tanto, el campamento «Cruz Cacanam», localizado al interior de la montaña y a 20 minutos de la cabecera municipal de Chalchihuitán, 200 personas entre ellos 15 lactantes, se resguardaban en una carpa de 10 por 8 metros.
• Por estos hechos, la CNDH solicitó al Gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, que en coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y las autoridades municipales, implemente un programa de reparación colectiva.
Asimismo, se recomienda realizar un censo que corrobore el número víctimas, un diagnóstico que evidencie la situación actual que presentan esas personas y el conflicto territorial, así como diseñar e implementar campañas de información en que se les indique cuáles son sus derechos.
• Al Fiscal General del Estado, Jorge Llaven Abarca, le recomendó realizar las diligencias necesarias para la investigación de los hechos denunciados; mientras que Ayuntamiento de Chalchihuitán le solicitó que investigue los posibles actos de violencia que se suscitaron en las últimas semanas del mes de diciembre de 2018, presuntamente por el síndico municipal de ese lugar, contra las víctimas de desplazamiento forzado interno.
• En tanto, a la PGR le solicitó realizar las carpetas de investigación para esclarecer los hechos y al Instituto Nacional de Pueblos Indígenas le pidió prever inversión pública para el debido funcionamiento del «Apoyo para el Acceso a los Derechos Indígenas Desplazados»./REFORMA- PUNTOporPUNTO
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