Entre los ajustes que hicieron Diputados al ramo 33 le quitaron 516 millones 708 mil pesos. Este fondo financia sobre todo obras y acciones sociales básicas para personas en condiciones de rezago social y pobreza extrema.
Para el ejercicio fiscal de 2024, los estados se verán más limitados de recursos.
- La Cámara de Diputados les recortó 6 mil 299 millones de pesos del monto total que se había planteado inicialmente en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2024.
- Los ramos 28 y 33 se ajustaron a la baja respecto a lo planteado por el Gobierno federal en el PPEF.
- Con ello, los estados tendrán 2 billones 247 mil millones de pesos de gasto federalizado para 2024, de acuerdo con cifras del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) de la Cámara de Diputados.
El Ramo 28 tuvo el mayor recorte, de 4 mil 807 millones de pesos, para quedar en un billón 262 mil 789 millones de pesos.
- Este ramo es el de las Participaciones Federales, que son recursos que el Gobierno transfiere a las entidades del País y que las autoridades estatales ejercen libremente para producir bienes y servicios que consideren necesarios.
- Mientras que al Ramo 33 -que contiene recursos etiquetados para los estados para rubros como obras específicas- se le hizo un ajuste a la baja de mil 492 millones de pesos con lo que quedó en 984 mil 484 millones de pesos.
Al interior del Ramo 33, al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) le quitaron 516 millones 708 mil pesos.
Este fondo tiene como objetivo el financiamiento de obras y acciones sociales básicas para personas en condiciones de rezago social y pobreza extrema.
El resto del recorte se concentra en distintos fondos como el de Aportaciones para la Seguridad Pública.
- Si bien es un monto considerable, cuando se divida entre las diferentes entidades, se verá que algunas tendrán mayor impacto que otras, consideró Dalia Toledo, directora de Finanzas Pública y Anticorrupción de Ethos Innovación en Políticas Públicas
- La mayor parte del recorte es en Participaciones y eso disminuye el margen de maniobra de estados y municipios porque son ingresos de libre disposición. Aunque, consideró que el impacto del recorte dependerá del uso que cada gobierno le da a estos recursos.
«Por ejemplo, hay gobiernos que financian obras públicas con este ramo, otros más la nómina», explicó.
- Asimismo, destacó que el recorte al Ramo 33 afecta a ocho fondos, que son recursos etiquetados para acciones específicas, como salud, seguridad pública, educación, infraestructura social y fortalecimiento de los municipios.
Enfatizó que muchos proyectos en municipios pequeños y con pocos recursos dependen de esas transferencias. Si los gobiernos quieren mantener su nivel de gasto, deberán endeudarse, dijo.
- De lo contrario, explicó, tendrán que reducir su gasto, y esto implica detener o retrasar las obras, achicar su burocracia, disminuir la cobertura o comprometer la calidad de los servicios públicos, compactar sus programas sociales, entre otras cosas.
Agregó que esta dependencia histórica de los estados y municipios de las transferencias federales los pone cada año en esta incertidumbre. «Es por eso que desde Ethos hemos alentado a los gobiernos estatales y municipales a desarrollar estrategias que les permitan incrementar su recaudación propia», dijo.
Recortan 11% participaciones
En septiembre pasado, la Federación envió 83 mil 195.7 millones de pesos a los estados por concepto de participaciones federales que comprenden el Ramo 28, 10.8 por ciento menos que los 93 mil 323.1 millones programados, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda.
Comparado con los recursos recibidos en el mismo mes de 2022, el monto de las participaciones federales aumentó 1.8 por ciento en términos reales.
- De esta forma, en el acumulado de enero a septiembre de 2023, la entidades recibieron 898 mil 276.5 millones de pesos, cifra 6.3 por ciento menor a lo programado y 2.7 por ciento superior, en términos reales, respecto a lo recibido en el mismo periodo del 2022.
Emilio Sánchez Salazar, investigador del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), señaló que con los poco más de 10 mil millones de pesos de participaciones por debajo de lo programado en septiembre, éstas suman un faltante de alrededor de 60 mil millones en el acumulado de enero a septiembre y esto se debe a que la expectativa de los ingresos federales no se ha cumplido.
«Desde el CIEP hemos visto que lo que se publicó en el Paquete Económico 2023, los ingresos federales fueron muy optimistas, sobre todo en los ingresos petroleros y, por lo mismo, afecta directamente a la recaudación federal participable, que es una proporción de estos ingresos tributarios y petroleros, y que al final de cuentas componen más del 50 por ciento del gasto federalizado, que son estas transferencias que se hacen a estados y municipios», apuntó.
Añadió que la llegada de menos recursos repercute en los estados, pues éstos pueden depender hasta en un 80 por ciento de las participaciones federales.
- Explicó que la caída en los ingresos petroleros le «pega» a los recursos que se reparten a las entidades vía el Fondo Mexicano del Petróleo, el cual alimenta la Recaudación Federal Participable, que se reparte a los estados.
- Refirió que los recursos del Fondo Mexicano del Petróleo se desplomaron 94.6 por ciento en septiembre, a tasa real anual. De acuerdo con el informe trimestral de Hacienda, en septiembre los ingresos petroleros cayeron 33.6 por ciento en términos reales en su comparación anual.
- Sánchez explicó que el Fondo de Estabilización de Ingresos de Entidades Federativas (FEIEF), el cual se activa para compensar los recursos faltantes por participaciones federales a los estados, reportó un saldo de 23 mil millones de pesos en septiembre.
Agregó que para 2024 se prevén que las participaciones sean 0.9 por ciento menores en términos reales a las de este año.
Sufrirán 5 estados caída de recursos
En 2024, cinco estados del País tendrán reducciones de entre 3 y 8.2 por ciento en el monto de recursos que reciben del Gobierno federal.
- Campeche, Colima, Guanajuato, Tabasco y Zacatecas son las entidades con las mayores reducciones en comparación con los montos que les aprobaron para 2023, de acuerdo con un análisis del Paquete Económico 2024, realizado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP).
- El gasto federalizado se integra por los recursos que el Gobierno federal transfiere a los estados y municipios a través de participaciones y aportaciones federales, apoyos para las entidades federativas y convenios de descentralización.
Campeche encabezará la lista con un monto por gasto federalizado que ascenderá a 23 mil 563 millones de pesos, 8.2 por ciento menor al aprobado para 2023, seguido de Guanajuato, para el que se proponen 99 mil 766 millones de pesos, que se traduce en una baja de 4.4 por ciento. Zacatecas recibirá para el próximo año 4 por ciento menos. Mientras que Colima y Tabasco tendrán reducciones muy similares, de 3.1 y 3.0 por ciento, respectivamente.
- Las caídas obedecen, en parte, a que el Gobierno federal proyecta obtener menores recursos a destinar para los estados. Tanto Tabasco como Guanajuato son parte de las nueve entidades donde el próximo año se realizarán elecciones para elegir nuevo Gobernador o Gobernadora.
- El resto de los estados donde se llevarán a cabo elecciones también tendrán reducciones en el gasto federalizado, excepto la Ciudad de México, que recibiría 0.5 por ciento más que el monto aprobado para 2023.
- Al respecto, Jesús Carrillo, director de Economía Sostenible del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), señaló que si el presupuesto federal propuesto para 2024 crece obedece a mayores recursos destinados a pensiones, costo financiero de la deuda, programas prioritarios del Gobierno, entre otros.
Por ejemplo, el monto que se propone destinar en 2024 a pensiones asciende a un billón 991 mil millones de pesos, un incremento real anual de 11.8 por ciento respecto al monto aprobado para 2023.”Todo lo demás (incluido el gasto federalizado), básicamente tiene un aumento inercial alcanzando inflación”, apuntó Carrillo.
Recordó que 2024 será un año electoral, por lo que cobra relevancia destinar más recursos para programas como Pensión para el Bienestar de Adultos Mayores. Además, los ingresos proyectados para el próximo año no crecerán significativamente, debido, entre otras cosas, a un menor precio del petróleo.
- El directivo del Imco sostuvo que tras la pandemia de Covid-19 lo ideal sería ver mayores ingresos para atender las secuelas que esta emergencia sanitaria dejó en materia educativa.
- Además, existe el riesgo de que algunos estados reciban menos recursos del Gobierno federal y que no puedan reorientar sus propios recursos hacia el rubro de salud. “Lo que podríamos ver es que crecería la desigualdad entre los estados”, advirtió.
Además, se pueden postergar inversiones en obras energéticas, carreteras, alumbrado, entre otros, que en medio de la oportunidad que representa el nearshoring, limitaría a las entidades, agregó.
“Estados deben mejorar la gestión de la deuda pública”: Imco
Para que la deuda pública de los estados y municipios realmente se transforme en un factor de crecimiento económico, es necesario mejorar su gestión, ya sea por cambios a la Ley de Disciplina Financiera o incorporando una mayor transparencia de las fuentes de ingreso, asegura el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco).
De acuerdo con el reporte Hablemos de Deuda 2023, que se centra en analizar la situación de endeudamiento de los estados y municipios, Imco detalla que se necesitan implementar cambios para que los estados destinen los recursos de los financiamientos a favor de la generación de infraestructura y generación de empleos; es decir, que se concrete el fin de que la deuda puede ser productiva.
- Entre las propuestas está definir el concepto de inversión pública productiva en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, ya que actualmente es ambiguo.
- “Se deben establecer en la ley, desde los congresos, mecanismos que permitan medir el impacto real de la deuda pública subnacional en las entidades federativas o municipios”, ahonda el análisis.
También hay que establecer bases mínimas de la gestión de la deuda y de sus riesgos, y es que si bien la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ya realiza un monitoreo general, es importante que las entidades tomen en cuenta los riesgos adicionales en las finanzas públicas al elaborar los presupuestos.
El objetivo es garantizar “que existan recursos suficientes para hacer frente a contingencias y evitar que estas afecten los pagos de la deuda”.
- Además, resulta necesario incorporar la transparencia de las fuentes de ingreso a los proyectos de inversión, ya que a nivel local no se sabe de manera precisa qué proyectos o programas están pagados con deuda pública.
“En este caso, la deuda pública subnacional, en su justificación de empleo en proyectos, debe obligar a los gobiernos a financiar proyectos de infraestructura, educación, salud, entre otros, y que solventen técnicamente que los impactos serán favorables para la población. Además, se deben transparentar las cifras y proporciones de recursos por fuente de ingresos empleados”, reitera Imco.
- El instituto asegura que se debe mantener el Sistema de Alertas de la SHCP y utilizar la información recopilada por el Registro Público Único, ya que este sistema es un paso reconocido en el proceso de gestión de la deuda pública.
“Es importante que se mantenga por dos razones: permite la mitigación de potenciales riesgos y permite que haya información para que tanto acreedores como deudores fomenten una mayor competencia en las contrataciones”, subraya el documento.
- Al alza. De acuerdo con Imco, en un periodo de 15 años, del 2007 al 2022, el saldo de la deuda subnacional aumentó 89% en términos reales, principalmente por el incremento de 84.3% entre el 2008 y el 2012, durante la crisis financiera.
Entre el 2012 y el 2022 el crecimiento de la deuda pública subnacional se mantuvo estable, con un alza de 0.3%; al cierre del 2022, el saldo fue de 684,396 millones de pesos.
Coahuila y Nuevo León registran la mayor deuda como proporción de sus ingresos estatales, de 62.0 y 61.2%; en tanto, 59% de la deuda municipal se concentra en cinco estados: Jalisco (con 13.6%), Estado de México (12.5%), Sonora (11.8%), Nuevo León (10.5%) y Baja California (10.4 por ciento). /Agencias- PUNTOporPUNTO
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