Con el fin de que el Estado mexicano cumpla con las convenciones y los tratados internacionales en materia de los derechos humanos, expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) solicitaron al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador que modifique o anule aspectos del acuerdo por el cual dispone de las Fuerzas Armadas para realizar tareas de seguridad pública.
En una carta fechada el 9 de octubre último –a la cual Proceso tuvo acceso– el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desaparición Forzada, la relatora especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Agnes Callamard; el relator especial sobre Derechos a la Libertad de Reunión Pacífica y Asociación, Clement Nyaletossi Voule, y el relator especial sobre Tortura, Nils Melzer, pidieron al gobierno mexicano que aclare los puntos del acuerdo presidencial que no concuerdan con los estándares internacionales sobre el papel de las fuerzas castrenses.
- En particular, la ONU urge a México a derogar el aspecto que impide que se cumpla con la temporalidad máxima del despliegue de las Fuerzas Armadas por cinco años y destaca la necesidad de que establezca “una ruta de salida que materialice su retiro gradual, ordenado, verificable y con plazos definidos de las tareas que no les son propias”.
El grupo de especialistas critica el acuerdo mexicano, en vigor del 12 de mayo último hasta el 27 de marzo de 2024, por carecer de información que permita evaluar que opera con estándares internacionales en materia de los derechos humanos.
También denuncia que la Guardia Nacional actúa de facto como cuerpo militar, porque sus elementos provienen de las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina “en un contexto del uso sistemático de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas, que implica la comisión de delitos atroces, como tortura, violación sexual, desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales, cometidos en el marco de la política de seguridad de combate contra el narcotráfico y la delincuencia organizada”.
El 23 de octubre reciente, el gobierno de México respondió, vía la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), a las críticas de la ONU, pero no aclara temas clave que los expertos señalaron.
Fragmento del reportaje publicado en la edición 2296 del semanario Proceso cuya versión digital puedes adquirir aquí.
México está militarizando su economía con el gobierno de AMLO
El presidente Andrés Manuel López Obrador se ha propuesto hacer cambios. Cada vez confía más en el Ejército. Ahora, los puertos y las aduanas se pondrán en manos de los militares. Un plan que provoca críticas.
Durante años, las autoridades mexicanas han intentado (sin éxito) detener el contrabando de armas y drogas, pero también de minerales o madera extraída ilegalmente, a través de los puertos del país. Las bandas criminales suelen controlar la manipulación de mercancías que se ocultan en los contenedores y son despachadas por funcionarios portuarios y aduaneros sobornados o amenazados.
- “El crimen organizado en México ha experimentado una mutación en los últimos 15, 20 años, ya no se trata sólo de drogas, sino cada vez más de control territorial”, dice Falko Ernst, analista del International Crisis Group (ICG) en una entrevista con DW.
- Los cárteles de México han diversificado su modelo de negocios. Además de asesinatos, secuestros y tráfico de drogas, también están involucrados en la minería, el comercio de madera y los bienes raíces.
“La corrupción en los puertos y aduanas se conoce desde hace años”, explica a DW Raúl Benítez Manaut, politólogo y experto en seguridad del Centro de Investigaciones sobre América del Norte (CISAN) de la UNAM, en Ciudad de México.
“El presidente (Andrés Manuel) López Obrador asume que las Fuerzas Armadas son menos corruptas y más capaces de contrarrestar el crimen organizado”.
No es el primer intento
El Gobierno planea transferir los puertos y las aduanas de la administración civil a través del Ministerio de Transporte al Ejército, para luchar contra la corrupción y el contrabando. Los cambios correspondientes en la ley sortearon el primer obstáculo en el Congreso mexicano la semana pasada. La adopción de la reforma se considera segura.
- Tales esfuerzos no son nuevos. Bajo los gobiernos anteriores, hubo repetidos intentos de modernizar las aduanas. En noviembre de 2013, el Ejército ocupó Lázaro Cárdenas, uno de los puertos más importantes del país, porque se sospechaba que la policía local cooperaba con los cárteles de la droga.
Ernst también señala que puertos como el de Lázaro Cárdenas o Veracruz han estado bajo control militar durante mucho tiempo. “Los puertos por los que pasan las drogas y otras mercancías obtienen enormes beneficios. Controlarlos llevaría al gobierno un paso más cerca de controlar todo el problema”, estima.
Sin embargo, cree que es una ilusión poder controlar estos flujos de manera efectiva, algo difícil incluso en países con instituciones más fuertes. El gran volumen de los contenedores ya lo hace imposible.
Protesta en el Gobierno
Sin embargo, López Obrador promete resolver el problema. “Vamos a actuar limpiando, renovando todo el sistema de aduanas y de puertos del país”, anunció a mediados de julio. Esta idea generó rechazo incluso dentro del gobierno. El entonces ministro de Transporte, Javier Jiménez Espriú, renunció en señal de protesta.
La oposición y otros críticos temen una “militarización de los puertos” y efectos económicos negativos. “El problema es que asfixia, estrangula el comercio exterior de México, porque ellos no tienen la capacidad ni la experiencia ni el conocimiento para administrar los puertos y las aduanas y la marina mercante“, declaró Marcelino Tuero, presidente del Consejo Consultivo de la Marina Mercante, al periódico El Sol de México.
También lamentó que la iniciativa daría a la Marina “un monopolio para construir todas las obras marítimas del país”. Esto convertiría a las Fuerzas Armadas en un actor económico por derecho propio.
Poder económico para las Fuerzas Armadas
“Es una mala señal que el Ejército esté asumiendo muchas de las responsabilidades que las fuerzas civiles asumirían en un gobierno democrático normal”, dice Benítez. Debilita otras instituciones.
“Mucho poder, no solo político, sino también económico, está concentrado en las manos de las Fuerzas Armadas”, señala Ernst. “Mientras tanto, aparte de los puertos y las fronteras, la Secretaría de Defensa de México es de facto ya la mayor empresa constructora de México, y la tendencia continúa”.
- Cuantas más actividades asuma el Ejército, mayor será el peligro de corrupción. Ernst llama cuento de hadas al argumento de López Obrador de que las Fuerzas Armadas son menos corruptas. “También en ellas siempre ha habido corrupción, asesinatos ilegales, gente desaparecida”. Según él, faltan mecanismos de control y transparencia.
- El hecho de que López Obrador se quiera apoyar tanto en las Fuerzas Armadas está relacionado con su ambicioso proyecto, cree Ernst. “Su propia ambición es nada menos que pasar a la historia como un gran reformador que cambió México”.
- La experiencia de López Obrador, alimentada también por su polémica derrota en las elecciones de 2006, es que la corrupción está profunda y ampliamente arraigada en las instituciones.
“Entonces la mirada va hacia las Fuerzas Armadas como una institución rigurosa y jerárquicamente organizada, con la que las posibilidades de lograr este cambio en un período de tiempo más corto son mayores, siempre que se comparta el poder y los recursos suficientes para evitar un golpe contra uno mismo./Agencias-PUNTOporPUNTO
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