La ausencia de una estrategia integral que se traduzca en una política pública efectiva a nivel nacional, ha derivado en el estancamiento del sistema de justicia penal (SJP), concluyó México Evalúa. Además, advierte, existe una tendencia generalizada en los estados a no resolver los delitos que se conocen, lo que contribuye a la impunidad.
- En el reporte «Hallazgos 2017. Seguimiento y Evaluación del Sistema de Justicia Penal en México», presentado ayer, señala que la parálisis se evidencia por dos factores. El primero es la poca capacidad de respuesta al crecimiento sostenido de asuntos que llegan al Ministerio Público.
- El porcentaje de carpetas de investigación iniciadas aumentó 79.6 por ciento entre 2015 y 2017, mientras que las instituciones de procuración de justicia reportan una capacidad de respuesta a tan sólo 5 de cada 10 asuntos.
- En segundo lugar, expone, el porcentaje de «judicializaciones» con detenidos no ha variado mucho en los últimos cuatro años, lo que evidencia la ausencia de investigación efectiva, así como la relevancia de las detenciones en flagrancia.
- «El estancamiento del sistema puede traducirse en una saturación por el aumento sostenido del rezago y la falta de respuesta institucional, así como por una incapacidad para investigar y sancionar los delitos complejos que causan más daño a la sociedad», se indica en el reporte.
- «Es evidente que el proceso de transformación del sistema de justicia continúa inacabado y que hoy la consolidación plantea grandes desafíos que implican replicar y reforzar los aciertos y corregir los desatinos y rezagos».
Sin castigo
Para la quinta edición del diagnóstico, México Evalúa midió por primera vez la efectividad en la resolución de conflictos en los estados para establecer el Índice de Impunidad del sistema de justicia penal acusatorio.
Tras revisar el porcentaje de asuntos en los que el conflicto no se resolvió por ningún medio, ni derivó en alguna sanción, la organización obtuvo que el nivel de impunidad nacional es de 87.3 por ciento y que 17 estados superaron el promedio.
Jalisco es la entidad con el nivel más alto de impunidad, con de 99.3 por ciento; le siguen Tlaxcala, con 99.1; Yucatán, con 98.9; Nuevo León, con 97.3, y Baja California Sur, con 96.3 por ciento.
- «Los resultados indican que existen niveles de impunidad generalizada en las entidades federativas», expone el diagnóstico.
- «Incluso el estado ‘mejor calificado’ presenta un índice cercano al 60 por ciento».
- Las entidades con los porcentajes más bajos de impunidad son Guanajuato y Querétaro, con 56.8 y 72.2 por ciento, respectivamente.
- No fueron contemplados los estados de Aguascalientes, Campeche, Colima, Michoacán, Puebla, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas, ya que no cumplieron con los requerimientos de información./ CON INFORMACIÓN DE REFORMA
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