Mediante largos procesos penales en tribunales, al menos once exgobernadores (nueve postulados por el PRI y dos por el PAN) enfrentan acusaciones por la comisión de delitos de hechos de corrupción, peculado, delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita o lavado de dinero, defraudación fiscal y tortura, entre otros.
- Son al menos 3,300 millones de pesos el daño ocasionado al erario tan sólo por exmandatarios de Veracruz, Chihuahua, Quintana Roo, Aguascalientes, Tamaulipas, Nuevo León y Sonora.
- De los 11, siete afrontan sus procesos desde penales ya sea en Estados Unidos o en México, mientras que los otros cuatro lo afrontan en libertad.
- Javier Duarte de Ochoa, exgobernador priista de Veracruz, es procesado por asociación delictuosa y recursos de procedencia ilícita. Sentenciado, en 2018, a nueve años de prisión a través de un procedimiento abreviado, no reparó el daño cometido, aunque fueron decomisados 41 bienes inmuebles de supuestos prestanombres.
Sobre el caso de Duarte de Ochoa, quien en septiembre de 2017 se declaró culpable y enfrenta, además, un proceso del fuero común por un presunto peculado de 220 millones de pesos, Lizbeth Padilla Sanabria, experta en materia de anticorrupción y maestra de la FES Acatlán de la UNAM, dijo que si no hubo reparación del daño es porque así fue negociado.
“Por eso esto se convierte en un verdadero festín para los corruptos”, lamentó.
Decomisos
José Fernández de Cevallos, investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe) especializado en temas de corrupción, explicó que, si bien la legislación penal vigente es idónea, siempre se requiere su actualización por lo que sugirió enmiendas legales para establecer la pena de decomiso de los bienes para todos los delitos por hechos de corrupción, no solamente para castigar el enriquecimiento ilícito.
“Realmente, en esta pluralidad de mecanismos considero que sí se da un marco amplio, sólido, por ejemplo, en la Ley de Extinción de Dominio, a efecto de que el Estado pueda recuperar bienes de origen delictivo”.
Sin embargo, dijo, para un adecuado combate a la corrupción debiera de contenerse como pena para todos los delitos de corrupción, el decomiso.
- “O sea, que, en una misma continencia de la causa, en el mismo juicio, se sancione con el decomiso en todos los delitos, por lo pronto de corrupción, que tengan contenido patrimonial llámese cohecho, cohecho de agente público extranjero, peculado, algún tráfico de influencias, esto en materia administrativa, pero en todo aquello que tenga un contenido patrimonial la sentencia ordene su decomiso”.
También sería importante incluir como sanción el decomiso, abundó, en el delito de lavado de dinero porque hoy exclusivamente se impone multa y pena privativa de la libertad.
El Código Penal Vigente establece desde julio del 2016 en el Título Décimo sobre hechos de corrupción, que al que cometa el delito de enriquecimiento ilícito se le impondrá como sanción el decomiso en beneficio del Estado de aquellos bienes cuya procedencia no se logre acreditar.
- Para Salvador Mora, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, el problema con algunos casos de exgobernadores con procesos penales en curso es que negocian la carpeta de investigación sobre su culpabilidad a fin de reducir sus penas.
Un acto de corrupción debería derivar no solamente en la aplicación de una pena, sino, sobre todo, en la reparación del daño, puntualizó.
Otros casos
Preso en Miami, Florida, desde el 8 de julio del 2020, César Duarte Jáquez, exgobernador de Chihuahua, está a la espera de ser extraditado a México. La Fiscalía General de aquel estado lo acusa del delito de peculado por 96.9 millones de pesos, desviados hacia dos de sus empresas entre 2011 y 2014, y asociación delictuosa.
- El expriista cuenta también con una orden de captura dictada por un juez federal, a solicitud de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, de la FGR, por el presunto desvío de recursos para el financiamiento de campañas políticas.
Procesado por lavado de dinero, Roberto Borge Angulo (PRI), exgobernador de Quintana Roo, enfrenta también cargos de aprovechamiento ilícito del poder, desempeño irregular de la función pública y peculado. Se calcula que el quebranto que le causó al erario quintanarroense supera los 3,000 millones de pesos.
- El pasado día 19, la FGR vinculó a proceso penal a Luis Armando Reynoso Femat, exgobernador de Aguascalientes por el PAN, por el delito de defraudación fiscal durante 2012, 2013 y 2014; enfrenta el proceso en libertad porque el delito imputado no amerita prisión preventiva oficiosa.
- Es la segunda vez que el exmandatario es sometido a juicio. En 2019 fue sentenciado a dos años y nueve meses de prisión, por los delitos de ejercicio indebido del servicio público y peculado por haber gastado 13.8 millones de pesos del erario para comprar un tomógrafo, operación que resultó ser un fraude.
Guillermo Padrés Elías, exgobernador de Sonora por el PAN, es otro caso que emanó de las filas del albiazul. Es acusado de delincuencia organizada, defraudación fiscal por 70 millones de pesos y lavado de dinero. El 10 de noviembre de 2016 se entregó de manera voluntaria. Hoy enfrenta el proceso penal bajo fianza.
Va FGR por casas, ranchos y millones de Sandoval
Durante su paso por la Gubernatura de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda se enriqueció velozmente.
- En cinco años se hizo de dos ranchos y de tres bienes inmuebles mediante operaciones que, según la Fiscalía General de la República (FGR), implicaron uso de prestanombres y lavado de dinero de procedencia ilícita.
- Las propiedades, adquiridas entre 2012 y 2017, están actualmente valuadas en 222.9 millones de pesos y, una vez que ya fueron aseguradas, están sujetas a que, en un plazo de 90 días se justifique su adquisición lícita para no ser declaradas en abandono a favor de la Federación.
En los dos ranchos, uno localizado en la carretera Tepic-Aguamilpa, en el Ejido La Cantera, y en «El Sueño», que se encuentra en el Ejido Aután, en San Blas, la FGR recabó múltiples declaraciones y pruebas de que, aún cuando oficialmente Sandoval no fue el comprador, sí se conducía como propietario, pues además de llevar ahí sus caballos y yeguas españolas y aztecas, hay pinturas con su rostro y monturas grabadas con su nombre o con sus iniciales.
Entre los testaferros encontrados en la indagatoria que le atribuye lavado de dinero, no sólo está su hija Lidy Alejandra Sandoval López, actualmente también procesada, sino además el ex legislador Jorge Kahwagi, cuya inmobiliaria L-INMO, usada para comprar el rancho La Cantera, fue incluida en una lista negra del Departamento del Tesoro de EU como parte de las empresas relacionadas con Sandoval, al que designó como responsable de colaboración con el narcotráfico y corrupción.
- Sólo en tres de las cinco propiedades hay registros documentales que prueban el vínculo con Roberto Sandoval, pero testimonios de ejidatarios y de al menos cuatro ex funcionarios de su gobierno han confirmado a la FGR que es el propietario real de los bienes.
- Federico Gutiérrez Villalobos, Pavel Emilio Valdez Balbuena, Raymundo García Chávez y Roy Rubio Salazar son los ex funcionarios que declararon contra Sandoval, no sólo sobre los moches que recibía de obras públicas, sino sobre los vínculos con el narco desde su Gobierno, específicamente a través del ex fiscal Edgar Veytia, preso actualmente en EU.
Sandoval fue detenido el 6 de junio en Linares, Nuevo León, y desde entonces está preso en el penal de «El Rincón», en Tepic, desde donde enfrenta tres procesos, el federal por lavado de dinero, y dos estatales por delitos electorales y por ejercicio indebido de funciones.
Vinculan a proceso a Luis Armando Reynoso
La Fiscalía General de la República (FGR) vinculó a proceso al exgobernador de Aguascalientes, Luis Armando Reynoso Femat, por el delito de defraudación fiscal en los años 2012, 2013 y 2014.
- En un comunicado, la Fiscalía precisó que el exfuncionario podrá seguir el proceso en libertad, ya que el delito que se le imputa no amerita prisión preventiva oficiosa, aunque deberá presentarse cada 15 días a la Unidad de Medidas Cautelares para firmar y garantizar su comparecencia en el proceso penal que se le inició.
- Un juez determinó que la defensa no desvirtuó los datos de prueba aportados por el Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, mismos que sustentaron la imputación realizada.
Esta es la segunda vez que el exmandatario es sometido a juicio, pues en 2019 fue sentenciado a dos años y nueve meses de prisión acusado de haber gastado 13.8 millones de pesos del erario para comprar un tomógrafo, operación que posteriormente se descubrió que fue un fraude.
Pese a la sentencia, se le concedió la sustitución de la pena de prisión por trabajo a favor de la comunidad.
- El político del PAN, que gobernó Aguascalientes entre diciembre de 2004 y noviembre de 2010, ya había sido detenido en 2013 y 2014, pero en ambas ocasiones pagó fianza para enfrentar los procesos en libertad.
Guillermo Padrés debe al SAT 200 mdp
El ex Gobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías, le debe más de 200 millones de pesos al fisco.
- El 2 de julio pasado, el Servicio de Administración Tributaria ya dio orden a sus notificados de requerir a Padrés el pago inmediato.
- El monto original de la deuda es de 69 millones de pesos de impuestos no pagados en el ejercicio 2015.
- Eso significa que en ese año, Padrés tuvo cerca de 142 millones de ingresos no declarados, por lo que ahora el fisco busca cobrarle ISR e IVA correspondiente a ese monto.
Con actualizaciones y recargos, la deuda ya supera los 198 millones de pesos.
Además, otros cuatro créditos fiscales por montos menores ascienden con actualizaciones a 2 millones 78 mil pesos y también ya entraron en proceso de ejecución.
- El 5 de julio de este año, notificadores del SAT se presentaron ante el domicilio fiscal de Padrés -una oficina rentada en el edificio Punto Central en Santa Fe- donde el vigilante les indicó que sí conoció al ex mandatario estatal, pero que “desocupó el domicilio desde hace ya mucho tiempo”.
Como no fue posible ubicar a Padrés en su domicilio, el SAT notificó por estrados los mandamientos de ejecución, y según el Código Fiscal de la Federación, puede proceder a embargar cuentas bancarias, inmuebles, negociaciones, sobre los cuales eventualmente se podrán aplicar el cobro.
Padrés gobernó Sonora de 2009 a 2015 y actualmente enfrenta en libertad un proceso penal por lavado de dinero y presunto fraude fiscal de 70 millones de pesos, pero el procedimiento del SAT es paralelo e independiente a la parte penal del caso./Agencias-PUNTOporPUNTO
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