México se encamina a un nuevo escenario político con la eventual sobrerrepresentación de Morena y sus aliados en el Congreso, que daría paso a una serie de reformas, entre ellas la del Poder Judicial, lo que tendría impactos en la economía y los mercados financieros locales.
- Frente a este panorama, los inversionistas empiezan a reaccionar con nerviosismo y advierten sobre las consecuencias, desde episodios de volatilidad del tipo de cambio, daños en la relación comercial o de captar inversiones y de esta forma desaprovechar el nearshoring.
México ha logrado posicionarse como una economía atractiva para captar inversiones, pero el debilitamiento de los contrapesos podría restar interés a los inversionistas.
“México se ha forjado una reputación de cumplir sus compromisos internacionales. Mantener esta reputación es crucial para aprovechar las oportunidades que ofrece el nearshoring. Sin embargo, las iniciativas de reformas constitucionales incluyen cambios que podrían infringir tratados internacionales”, dijo Gabriela Soni, directora de Estrategias de Inversión en UBS México.
- Citibanamex indicó que hasta el momento los mercados no parecen haber descontado completamente que sí habrá una mayoría calificada de Morena y que se aprobará la reforma judicial; también parecen haber desdeñado el impacto político negativo de ésta y otras reformas, y subestimado su riesgo económico.
“Algunos (participantes del mercado) no creen y piensan que puede haber buenas noticias… y que el 1 de octubre la moderación de la nueva administración meterá matices, pero no está ocurriendo y la posición del presidente (AMLO) y la presidenta electa (Sheinbaum) son muy similares”, dijo a El Financiero Bloomberg, el director de Estudios Económicos Citibanamex, Sergio Kurczyn.
- El estratega para LATAM de XP Investments, Marco Oviedo, remarcó que la mayoría de los inversionistas pensaban que iba a haber una dilución de la reforma, pero ocurrió lo contrario. “Es una reforma aún más radical. Un salto al vacío. Casi una vacilada. Apenas van a digerirla”, apuntó en su cuenta de X.
Alejandro Gómez, director general del Grupo de Asesores en Economía y Administración Pública (GAEAP), dijo que la situación no pinta nada bien y esto es motivo de preocupación para la actividad económica que ya está en un momento de desaceleración.
- “Todo esto pone en peligro las inversiones y la marcha económica de nuestro país, y desde luego con la revisión del T-MEC en el 2026. Las propuestas que incluyen la desaparición de los autónomos contravienen al T-MEC; un Poder Judicial que no sea funcional también es algo que preocupa en la relación comercial”, dijo Gómez.
A la espera
El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) advirtió que, además de las consecuencias para la certeza jurídica, los cambios causarían mayores retrasos en la resolución de disputas comerciales, lo que tendría un impacto negativo en las perspectivas de crecimiento y generaría incertidumbre, que podría traducirse en volatilidad en diferentes indicadores financieros.
Bank of America señaló que los próximos 90 días podrían marcar la próxima década. “Estamos entrando en el calendario político más intenso y trascendental que recordemos”, apuntó la institución.
- Detalló que se registrarán las elecciones en Estados Unidos, el “Plan C” de AMLO y sus 20 reformas presentadas al 66 Congreso, la toma de posesión de la primera mujer presidenta de México y la presentación del presupuesto para 2025.
- Planteó que la reforma judicial “es la más preocupante y trascendente”, por lo que se debe estar preparados para una alta volatilidad. Soni añadió que, si bien el clima de incertidumbre que rodea las reformas sigue siendo elevado, todavía es demasiado pronto para valorar completamente su impacto.
- “Aunque parece que los inversionistas ya han reflejado en el precio de los activos mexicanos la posibilidad de que se aprueben algunas reformas, su alcance probablemente repercutirá en el mercado (incluyendo el tipo de cambio y los CDS)”.
IED dejará de llegar a México si no garantiza Seguridad y Estado de Derecho
México no ha capitalizado las oportunidades del nearshoring y seguirá perdiendo inversiones si no garantiza el Estado de Derecho, seguridad pública e infraestructura, advirtió el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CANIETI), Enrique Yamuni.
«Si no hacemos las cosas bien y si seguimos con este desastre, algo va a pasar, se van a parar las inversiones. Sí ha habido inversiones pero ni remotamente lo que debería de ser», enfatizó.
«Si hasta ahorita Vietnam nos ha ganado la carrera, y Estados Unidos por mucho nos ha ganado la carrera; si no hacemos algo, vamos a quedar abajo de Timbuktu, y este es un llamado principalmente a las autoridades federales», sostuvo el empresario, durante su participación en el XXIX Congreso de la Industria de Alta Tecnología (CIAT) que organizó CANIETI Occidente este fin de semana.
- De acuerdo con Yamuni Robles, el 80% de la Inversión Extranjera Directa (IED) que ha captado el país entre 2023 y 2024 «es reinversión de las empresas que ya están aquí», mientras las nuevas inversiones están eligiendo otros países tanto en América como en Europa para la relocalización.
«Tenemos que entender que no todo mundo está queriendo venir a México a relocalizar las empresas, no; tenemos un montón de competencia; hasta ahorita Vietnam nos ha ganado la carrera y así como Vietnam hay 15 o 20 países que se están peleando Brasil, Costa Rica, Polonia, otros países de Europa, Canadá, Estados Unidos», enfatizó el presidente nacional de CANIETI.
- «Tenemos que tener un estado de Derecho; nunca lo hemos tenido, no es algo de ahorita, no hemos tenido un Estado de Derecho como debe de ser, nunca; y en vez de arreglarlo lo estamos destruyendo más. Y este no es un asunto de si elegimos a los jueces (por voto popular), este es un asunto de presupuesto y capacitación.
- No tenemos jueces suficientes ni del fuero común ni del fuero federal. Necesitamos cuatro veces más jueces y necesitamos diez veces más ministerios públicos; necesitamos el triple de policías. La Guardia Nacional no puede ser de 120,000, la Guardia Nacional tiene que tener 350,000 (elementos)».
Advirtió que la desaparición de organismos autónomos como el Instituto Federal de Telecomunicaciones, la Comisión Federal de Competencia y el Instituto Nacional de Acceso a la Información, puede agravar más la situación.
Embudos
Por su parte, Alejandro Delgado Ayala, exfuncionario de ProMéxico, del Banco de México, extitular del Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) y actual consultor internacional, afirmó que «no hemos aprovechado el potencial» del país para atraer inversión extranjera y de los más de 31,000 millones de dólares de IED que México atrajo en el primer semestre del año, solo 2.9% son nuevas inversiones.
- «Hay nudos o embudos para la atracción, como la capacidad energética, la capacidad de infraestructura y la atracción de eslabones que sean innovadores en el mercado mexicano… Tiene que haber una estrategia, una unión de todo el ecosistema», precisó el socio director de GCR Consultores.
«Brasil pasó de 28,000 a 76,000 millones de dólares (de inversión extranjera); nosotros pasamos de 29,000 a 36,000 y habíamos tenido ya años anteriores hasta con 40,000 millones de dólares. Argentina pasó de 4,000 a 24,000 millones de dólares», precisó.
Falta promoción
De acuerdo con Alejandro Delgado, la atracción de nuevas inversiones requiere que los gobiernos tanto federal como los estatales, realicen una estrategia de promoción y salgan a buscar los nuevos capitales.
«No esperemos que (los inversionistas) van a llegar solos; ellos también están siendo atraídos por otras regiones. Pensemos en Estados Unidos, el Sur de Estados Unidos es tremendamente dinámico en la atracción y la promoción de inversiones; Texas con sus incentivos, Carolina del Sur o Arizona que tiene TSMC la empresa más grande del mundo en semiconductores, todos ellos fueron por ellas», concluyó.
Reforma judicial, un golpe para la economía: expertos
La reforma a la administración de justicia no garantiza que en México habrá un Poder Judicial de calidad que atraiga inversión y desarrollo para empresas, así como bienestar a las familias, aseguró la directora de México Evalúa, Mariana Campos.
“La justicia en nuestro país arrastra debilidades estructurales que no están en esta reforma; no es lo que se requiere, le va a dar en la torre a la economía en un año desafortunado que lo va a agudizar, es un despropósito”, expresó la economista egresada del ITAM y con maestría en Public Policy and Management de la Universidad Carnegie Mellon.
- La especialista, quien hoy presenta junto al Instituto para el Fortalecimiento del Estado de Derecho investigaciones sobre las amenazas y agresiones hacia el personal jurisdiccional, a defensores de derechos humanos y litigantes en general, abundó en torno a las consecuencias económicas y en la inversión, de aprobarse los cambios.
Consideró que en los diálogos para analizar el plan C en el Congreso de la Unión no se profundizó sobre los detalles de su impacto en las principales variables económicas. “Fueron insuficientes”, acusó.
- La reforma se da en momentos en que el país está bajo la lupa de las calificadoras por ingresos públicos debilitados y un alto déficit, enfatizó: “Nos encaminan hacia la pesadilla y tormenta perfectas porque amenazan el ambiente de negocios, de gobernanza sin el Inai y de políticas sólidas sin el Coneval, en perjuicio de todos”.
Así resumió el panorama que se anticipa con las reformas: menos inversión extranjera directa, reducción del crédito, incertidumbre e insuficiente desarrollo empresarial que acortarán el crecimiento.
- Todo eso puede tener un costo directo en el producto interno bruto (PIB) y en los negocios, con el riesgo de perder la oportunidad de la relocalización de empresas, mejor conocido como nearshoring, que no se volverá a tener al menos en los próximos 50 años. El efecto también se verá en los hogares, anticipó.
Ponderó que en el impacto de la reforma hay que considerar varios aspectos en la parte económica como la IED, disponibilidad de crédito y el desarrollo empresarial.
Además, hay otra parte relacionada con finanzas públicas, como lo demuestran estudios sobre la relación entre el Estado de derecho y la calidad del Poder Judicial con la actividad económica, refirió.
- Con base en eso, Campos manifestó que entre más calidad haya en el Poder Judicial, medido a través de independencia económica y de la resolución pronta y expedita de asuntos, hay más capital foráneo.
- Los países con un mejor Poder Judicial captan más capital de largo plazo, porque garantiza que cuando una empresa o el propio gobierno tienen un conflicto, van a poder solucionarlo de manera justa y en un tiempo razonable, afirmó.
Eso sirve para que las unidades empresariales puedan desarrollarse de manera más eficiente, tanto en el número como en el tipo de compañías, así como su productividad.
- De lo contrario, ponderó, si bien las empresas tienen actividad económica, será muy limitada; no harán negocios con cualquiera por la falta de certeza a la hora de hacer valer el Estado de derecho.
- Por ejemplo, si una empresa ve un ambiente de negocios desfavorable, reducirá su potencial económico.
- Otra consecuencia negativa por igual para los hogares es el costo del crédito, dijo, pues está probado que en lugares en donde el sistema de justicia es sólido, se amplían los plazos para pagar y es más barato.
En el crédito se cobra el riesgo y la incertidumbre, y eso es algo que poco se ha analizado, puntualizó. “Estamos hablando de una relación positiva y directa entre ambos”, matizó la especialista con 20 años en evaluación de políticas públicas.
Su experiencia en el gobierno federal al trabajar en la Secretaría de Hacienda y en el Servicio de Administración Tributaria, así como en el sector privado en la Fundación IDEA, en Grupo de Economistas y Asociados, y ahora dirigiendo México Evalúa, la acreditan para afirmar que sería lamentable que la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, abrace estas iniciativas.
- Ponderó que, al iniciar su gobierno, tiene la oportunidad de generar desarrollo económico y social. “No es la autora, ella no lo planteó; tendría que sacudirse de ese proyecto, y llevar a cabo lo que ella proponga y no aceptar algo ajeno sin beneficios. No necesitamos más retos, con la inseguridad pública hay mucho por hacer”, aseveró.
CEESP: con plan C subirán las tasas y el costo de la deuda
- Los mercados financieros pueden registrar reacciones más fuertes por la preocupación de que con la mayoría calificada en la Cámara de Diputados de Morena y aliados se podrá aprobar el paquete de iniciativas de reformas del presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).
- Ya se vieron diversas alertas por la posibilidad de que se apruebe la reforma al Poder Judicial y por la desaparición de los órganos autónomos, a que el tipo de cambio se depreció más de 5% en los últimos 10 días, alertó en su Análisis Económico Ejecutivo semanal.
“Los mercados financieros pueden reaccionar con mayor fuerza, en especial cuando las principales calificadoras han expresado su preocupación dada la percepción de mayor riesgo, sobre todo ahora que hay mayoría calificada en la Cámara de Diputados y la posibilidad de una aprobación de las reformas se incrementa, lo que podría derivar en un posible aumento en las tasas de interés y, evidentemente, del costo financiero de la deuda”, dijo el CEESP
- México paga tasas superiores a 10% para la deuda de largo plazo, mientras que otros países con niveles similares de desarrollo económico y grado de inversión pagan menos de 5%, lo que refleja un mayor riesgo para el país.
- El CEESP consideró que esa situación incidirá en la salud de las finanzas públicas, porque para alcanzar la meta de reducir el déficit público en 2.9 puntos del producto interno bruto (PIB), específicamente 2.8 puntos en el gasto programable, se puede pensar que podrían afectarse algunos programas.
El presupuesto público para 2025 no considera un impacto por la aprobación de reformas constitucionales sobre las tasas de interés, ni por una posible pérdida del grado de inversión o de un aumento del costo financiero de la deuda, ni su efecto en los ingresos, señaló.
- Además, preocupa la revisión en 2026 al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), ya que López Obrador dijo que se puso en pausa la relación con las embajadas de esos dos socios comerciales.
- Además, inquieta que no se respete la opinión de 20 millones de mexicanos que no votaron por el proyecto y que se apruebe la desaparición de los órganos autónomos, con lo que el gobierno será juez y parte.
“No hay duda de que una elevación ahora en la tasa de interés sobre la deuda mexicana no es favorable para el desarrollo económico.
“Hay que tener en cuenta que la reforma judicial y la desaparición permanente de los órganos independientes tendrían consecuencias de más largo plazo que algunas otras decisiones durante el actual sexenio”, agregó el CEESP, como la cancelación del aeropuerto que se construía en Texcoco, o “el desmantelamiento del sector salud”.
Para la institución, “minimizar las alertas de agencias valuadoras e intermediarios financieros internacionales”, o el no creer que pueda haber sanciones por incumplir el T-MEC, deteriora la confianza en México.
Regulación económica puede minarse sin entes autónomos
Capacidades en duda. En el ocaso del sexenio, la defensa de la competencia y la regulación de las telecomunicaciones y la radiodifusión en México han tomado una ruta incierta luego de 31 años de un modelo que había puesto énfasis en la especialización y el rigor técnico.
Y es que las iniciativas presidenciales que plantean eliminar a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y transferir sus funciones a secretarías de Estado, en conjunto con la iniciativa de reforma judicial —que no aclara la continuidad de los tribunales especializados del sector— plantean serias dudas sobre la capacidad a futuro del Estado para garantizar una regulación robusta, técnica y predecible, opinan analistas.
- Un primer riesgo es una posible sangría de capital humano altamente especializado que hoy han consolidado la Cofece y el IFT, comenta Javier Núñez Melgoza, especialista en competencia económica y regulación y socio director de Ockham Economic Consulting.
- De concretarse la disolución de la Cofece y del IFT, sus funciones pasarían a la Secretaría de Economía (SE) y a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), respectivamente, según establece la iniciativa de reforma constitucional dictaminada este 23 de agosto en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.
- Eso significa que estas secretarías no podrán ofrecer las mismas remuneraciones que hoy perciben los funcionarios de la Cofece y del IFT, que hoy, al igual que sucede con otros órganos autónomos, pueden llegar a ser más altas que en las instancias de la Administración Pública Federal (APF).
“Los órganos autónomos han logrado preservar los niveles salariales que tenían previo a las reformas que topan los sueldos de la APF. Entonces en el momento en el que se pasen a esta se van a tener que plegar a los tabuladores de Economía y de la SICT, que son más bajos, y el problema que se generará es la pérdida de talento”, opinó Núñez.
- Desde su punto de vista, la permanencia de personal de especializado es clave, pues es lo que realmente garantiza el buen funcionamiento de las instituciones, independientemente de que tengan o no autonomía constitucional.
- “La autonomía no lo resuelve todo. Hay agencias que funcionan bien sin ser autónomas. Por ejemplo, los entes de competencia de Estados Unidos no son autónomos y sus titulares están claramente politizados, pero el cuerpo operativo se mantiene y de ahí su solidez”, dijo Núñez, quien fue comisionado de la Cofece entre el 2013 y el 2016.
- Además, el modelo actual cuenta con un riguroso proceso de selección de comisionados mediante un comité técnico conformado por personal del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi) y del Banco de México, el cual podría perderse.
Hoy hay un mecanismo de selección de comisionados, perfectible, pero que garantiza que la gente que está ahí pasó evaluaciones y tiene un perfil técnico. Con el cambio de modelo eso no está garantizado”, alertó Javier Núñez.
Incentivos desalineados
La reconfiguración de las autoridades de competencia y de telecomunicaciones bajo la SE y la SICT aún es una incógnita y la iniciativa de reforma deja más dudas que respuestas.
- Las funciones podrían ser retomadas por una jefatura de unidad, una dirección general o, incluso, podría regresar el modelo de órganos desconcentrados de antes del 2013, que tutelaban las extintas Comisión Federal de Competencia (Cofeco) y Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel).
También se ignora si la autoridad de telecomunicaciones retendrá las facultades de defensa de la competencia en su sector, como ocurre hoy con el IFT.
Pero sea cual sea el modelo que se elija, preocupa que los incentivos no estén alineados para una actuación imparcial. “A veces en materia de competencia hay que tomar decisiones que no son populares y dejarlas en manos de políticos tiene el grave riesgo de que sean de corto plazo, para atender las próximas elecciones”, comenta Miguel Flores Bernés, presidente de la Comisión de Competencia Económica de la Cámara Internacional de Comercio (ICC), capítulo México.
Más aún, el que una secretaría, que forma parte de la administración pública federal, investigue y castigue prácticas de abuso de poder de mercado de las empresas estatales también plantea el problema de ser juez y parte.
- “Hay un conflicto de interés por parte del gobierno central si regula a sus propias empresas. Como ente autónomo la Cofece ha sancionado a Pemex y ha emitido opiniones adversas a la política de la CFE y otras paraestatales”, dijo Flores Bernés, quien fue comisionado de la extinta Cofeco.
- Otro posible golpe para la certidumbre regulatoria, no menor, viene de la iniciativa de reforma judicial, que establece que jueces y ministros federales deberán ser electos por voto popular, lo cual podría abrir la puerta a juzgadores sin la solvencia técnica para conocer de los casos de competencia económica, telecomunicaciones y radiodifusión.
Es más, la iniciativa no plantea si los juzgados especializados en estas materias se mantendrán. “Si perdemos la autonomía de los órganos de competencia y tenemos jueces que no tengan estos conocimientos especializados estamos en una situación muy, muy grave”, afirmó Flores Bernés. /Agencias-PUNTOporPUNTO
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