NIÑ@S y Adolescentes son “carne de cañón” del CRIMEN ORGANIZADO; 30 MIL menores han sido RECLUTADOS

El crimen organizado ha acrecentado el reclutamiento forzado y la capacitación de menores para que lleven a cabo diversos delitos

La protección de las infancias ha sido durante décadas un tema que autoridades de los tres niveles de gobierno, a través de distintas administraciones, han dejado pendiente de atender, situación que se refleja en los al menos 30 mil niños, niñas y adolescentes que han sido reclutados por el crimen organizado de acuerdo con datos de la organización sin fines de lucro, Reinserta.

  • La organización civil fundada por Saskia Niño de Rivera y Mercedes Castañeda Gómez-Mont advirtió sobre la preocupante situación en la que se encuentras las y los infantes mexicanos; y es que, además de los 30 mil reclutados por el crimen organizado, se estima que al menos 20 mil son víctimas de trata al año.

“La explotación sexual infantil, la trata y la corrupción de menores, son temas dolorosos y pendientes en materia jurídica en nuestro país”, advierte la organización civil Reinserta en un pronunciamiento publicado a través de sus redes sociales.

  • De acuerdo con el estudio Niñas, Niños y Adolescentes Reclutados Por la Delincuencia Organizada elaborado por Reinserta en 2021, los grupos criminales reclutan a infantes y jóvenes por su disponibilidad y maleabilidad, ya que acatan órdenes de manera adecuada, no exigen tanto como un adulto y transportan y usan con facilidad las armas y municiones que se les brindan.

Además, otra de las ventajas que integrantes de grupos delictivos encuentran en sus reclutamientos de niños, niñas y adolescentes es que el sistema de justicia especializado es mucho menos severo que el que se aplica a los mayores de 18 años.

  • De este modo, niñas, niños y adolescentes ejecutan más de 22 tipos de delitos, entre los que destacan el tráfico de drogas, secuestro, trata de personas, corrupción y piratería, según apuntan datos de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM).

Un cruce de información proporcionada por la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), el Fondo de las Naciones Unidas por la Infancia (Unicef) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizado por Reinserta da cuenta de que hay al menos 30 mil niñas, niños y adolescentes participando como espías, combatientes, mensajeros, cocineros y explotados sexualmente.

  • “Algunos han sido secuestrados por diferentes fuerzas, otros se incorporan de manera voluntaria, pues se les manipula con ganancias económicas, mientras que unos cuantos más han tenido la necesidad de unirse a causa de la pobreza, la exclusión y la discriminación en la que se encuentran”, puntualiza el estudio realizado por la organización sin fines de lucro que busca romper los círculos de delincuencia trabajando con el sistema penitenciario.
  • Bajo ese tenor, en su estudio publicado en 2021 Reinserta hace un especial énfasis en señalar que los niños, niñas y adolescentes reclutados por el crimen organizado no solo son agresores sino que también son víctimas de la delincuencia y de las propias circunstancias que se conjugan desde mucho antes de pertenecer a ella, las cuales son atribuibles al Estado y a la sociedad misma.

Con dichos precedentes, la organización civil hizo un llamado a las autoridades el pasado 31 de julio para atender tajantemente la problemática de la falta de protección a las infancias ya que, señalan, las consecuencias para un niño o una niña son de por vida.

  • Del mismo modo, Reinserta apuntó que es la primera vez en la historia que México reconoce por medio del Observatorio nacional para la prevención del reclutamiento de niñas, niños y adolescentes (ONPRENNA) el reclutamiento infantil; sin embargo, consideran que hay muy pocas acciones que se están haciendo al respecto a nivel gubernamental para que se proteja y erradique la trata y la corrupción de menores.

“Hacemos un llamado a fortalecer el sistema de justicia penal, ya que no hay menores acusados por delincuencia organizada, si bien la ley mandata que usar a menores para cualquier tipo de delito está determinado como trata, no hay una sola persona acusada por este delito. La falta de fortalecimiento del sistema educativo y de las escuelas, para que la delincuencia no sea una alternativa para los niños en México”, finaliza el comunicado de Reinserta difundido a través de sus redes sociales.

Los jóvenes siguen siendo la ‘carne de cañón’

En la vorágine violenta que se vive en México desde hace 15 años a causa del crimen organizado, los jóvenes son ‘la carne de cañón’ de este conflicto, pues son los que aportan la mayor cantidad de víctimas fatales, según las cifras más recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

  • De las 32.223 víctimas de homicidio que registraron las autoridades en 2022, el 49,7% (16.021) tenía menos de 35 años y el 61,5% (18.832) tenía menos de 40 años. En tanto, las víctimas de homicidio de entre 15 y 19 años de edad en 2022 sumaron un total de 2.233.
  • Entre los de 10 a 14 años hubo 198 víctimas; entre los de 5 a 9 años, 88; en la franja etaria de 1 a 4 años de edad, 68, mientras que 61 menores de un año fueron víctimas de asesinato el año pasado.
  • La franja de edad con mayor número de víctimas de homicidio es la de 25 a 29 años de edad, con 4.767 personas muertas en 2022, seguido por los de edades de entre 30 a 34 años, con 4.460 fallecimientos, y por los de 20 a 24, con 4.157 defunciones.

Solo en estas tres franjas de edad; es decir, las personas entre 20 y 34 años de edad, el Inegi reporta 13.384 víctimas de homicidio en 2022, un 41,5% del total de defunciones.

Estos jóvenes, de 20 a 34 años, son los que han aportado el mayor número de muertos por homicidio desde 2010, cuando hubo un aumento drástico en el número de asesinatos en el marco de la violencia vinculada con grupos de la delincuencia organizada durante la Administración del expresidente Felipe Calderón (2006-2012).

  • Solo en la franja de edades entre 25 y 29 años de edad, se registran 64.620 víctimas de homicidio de 2006 a 2022, una cifra que hace trizas las esperanzas puestas en el llamado bono demográfico en México, un concepto según el cual, a inicios del siglo XXI, México iba a tener la oportunidad de detonar un crecimiento económico debido a que la mayor parte de su población estaría en una edad productiva.

«Las y los jóvenes son la carne de cañón del conflicto armado interno que vive México», afirma Carlos Cruz Santiago, fundador y presidente de la asociación civil Cauce Ciudadano, que desarrolla acciones de prevención social de la violencia en varios estados del país.

  • «A las juventudes se les sigue quedando a deber», dice el activista, quien recomienda ver las cifras de homicidio de jóvenes, no de manera aislada, sino en conjunto con otros indicadores como el reclutamiento forzado, las desapariciones y el aumento en los casos de explotación sexual y pornografía, en la que la mayoría de las víctimas son jóvenes.

«La gente siempre dice que los jóvenes son peligrosos, pero no: los jóvenes están en peligro y esto es lo que venimos diciendo desde hace años y es lo que estamos observando en este momento», advierte el activista.

  • De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas (RNPDNO) de la Comisión Nacional de Búsqueda de Gobernación (SEGOB), hasta el 30 de julio de este año había 65.056 personas menores de 34 años de edad en esta condición en el país; es decir, 58,6% de 110.970 personas registradas por autoridades.

Programas sociales, insuficientes

Para Carlos Cruz, es posible que los programas del Gobierno federal como las becas para estudiantes o Jóvenes Construyendo el Futuro se hayan quedado en sectores de clase media y no estén llegando a las poblaciones rurales del país.

«La criminalidad cambió y tiene una presencia de un tipo en las zonas urbanas y una mucho más violenta y criminal en las zonas rurales», explica en referencia a poblaciones de menos de 30.000 habitantes, donde, dice, hay «otro nivel de daño» frente al crimen organizado, al reclutamiento forzado, la desaparición y el homicidio de personas jóvenes.

  • Pero más allá del debate sobre si los programas sociales destinados a jóvenes están funcionando, Cruz hace énfasis en que hay diversos territorios en donde la fuerza criminal es mucho más contundente que la del Estado mexicano, entendiendo el Estado no solo como el Gobierno, sino como la sociedad civil, las Fuerzas Armadas, la Policía, el capital (las empresas) y los empresarios.

«Y a pesar de tener todos estos instrumentos, hay lugares en donde la violencia criminal es mucho más fuerte que el Estado mexicano», dice el activista.

«Y también hay que decir —afirma Cruz— que son jóvenes asesinando jóvenes, jóvenes desapareciendo jóvenes y jóvenes reclutando jóvenes».

  • Para este activista, quien en algún momento formó parte de una pandilla, y que lleva años trabajando con jóvenes en conflicto con la ley, junto con los programas sociales también debe haber una acción judicial en contra de los grupos criminales, desmantelamiento financiero y patrimonial de estas organizaciones, y que estas investigaciones e inteligencia también lleven a rescatar a los jóvenes.

Si hay indicios de que en alguna zona del país se está reclutando a jóvenes, tiene que haber una intervención inmediata de las autoridades, señala el experto.

A veces, dice, la entrada de los jóvenes a los grupos criminales es el único mecanismo por el cual encuentran protección, porque hay muchos adolescentes y jóvenes que se involucran por miedo.

«La construcción de la seguridad en México y en América Latina está basada en el miedo y no hay una construcción de la seguridad basada en romper el miedo para poder vivir en libertad», observa.

Soporte económico de sus familias… y del país

  • De acuerdo con la base del Inegi, una enorme mayoría de las víctimas de homicidio en 2022 no había terminado el bachillerato. Una tercera parte (10.121) del total de víctimas tenía la secundaria terminada y 7.333 había concluido la primaria. Solo alrededor de 10% (3.826 víctimas) contaban con una carrera universitaria.

«Los jóvenes no solamente necesitan ser protegidos; también necesitamos encontrar mecanismos para su participación y, sobre todo, mecanismos para que entren en políticas de desarrollo, que puedan desarrollarse en la vida académica, en la vida económica, en la vida amorosa a final de cuentas», dice Cruz Santiago.

  • Javier Oliva Posada, profesor e investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) especializado en políticas de Seguridad y Defensa Nacional, hace hincapié en que la violencia armada en el país ya es la principal causa de muerte entre jóvenes y adolescentes, más aún que los accidentes.

«Sé que es un poco descarnado hablar así, pero eso te lleva también a una disminución de Producto Interno Bruto; la mayor parte de ellos, por su posición económica y la situación en la que se encontraban, eran el soporte económico de sus familias o parte del mismo, o bien eran jóvenes que estaban comenzando su vida familiar independiente», apunta el especialista.

  • Para Oliva, la muerte de jóvenes por homicidio coloca al país latinoamericano en una situación muy difícil, no solo en términos de violencia, sino por las consecuencias socioeconómicas y políticas a las que se va a enfrentar en los próximos años, que no se ven en el corto plazo, pero que indudablemente se van a padecer.

«Vamos a observar esta merma notable de jóvenes insertados en el mercado de trabajo», dice Oliva, quien señala como parte de las causas de esta situación a la falta de continuidad en las políticas de seguridad de la Administración de Andrés Manuel López Obrador y las anteriores, así como en la improvisación de funcionarios públicos.

«Tenemos estos resultados como una acumulación de estas cosas que se han dejado de hacer o que no se han hecho bien», agrega.

«La política de seguridad del país está en otro lugar, no sé dónde está realmente, pero no se está atendiendo a los jóvenes», sugiere Víctor Mendoza, un investigador y facilitador comunitario que en los últimos 10 años ha trabajado con poblaciones juveniles en proyectos relacionados con prevención de la violencia, derechos y ciudadanía juvenil.

  • Mendoza explica, por ejemplo, que el Instituto de la Juventud dejó de tener incidencia en las políticas del país cuando ocurrió el cambio de Gobierno en 2018, perdiéndose así el trabajo con el que se había avanzado.
  • Para Mendoza, es evidente que hay algo que no está funcionando en la prevención de la violencia, aun cuando se han implementado los programas como Jóvenes Construyendo el Futuro, tan pregonados por el presidente López Obrador.

«Si bien hubo un esfuerzo por contribuir a la economía de los jóvenes, me parece evidente que no necesariamente vino a beneficiarlos o vino a garantizar la seguridad. Aunque se atendió una parte económica y una parte dirigida a la formación laboral, la pregunta sería: ¿por qué hay tanta gente asesinada en este rango de edad?», cuestiona Mendoza, quien ha llevado a cabo proyectos de investigación e intervención social en ciudades como Culiacán, Monterrey, Chilpancingo, San Cristóbal de las Casas, Ciudad Juárez, Guatemala y San Salvador.

«¿Qué dejó de ofrecer el empresariado mexicano para los jóvenes?, ¿qué dejó de ofrecer el Estado?, ¿qué dejamos de ofrecer como sociedad civil?, ¿qué dejó de ofrecer en el modelo educativo para que los pudiéramos retener? Creo que ahí hay un vacío de poder (…) que es rellenado por la delincuencia organizada en México y en el mundo», señala Cruz.

  • Tanto para Víctor Mendoza como para Carlos Cruz las posibles salidas hacia una contención de los crímenes que está afectado a los jóvenes pasa por el trabajo en el territorio, una labor que, dicen, tiene que hacer el Gobierno en coordinación con la sociedad civil y las organizaciones que conocen las necesidades y la problemática.

«Hay que escuchar a los jóvenes», enfatiza Cruz, para quien es fundamental una «reconciliación» entre las autoridades y las organizaciones civiles, porque solo así se podrá iniciar el proceso de construcción de una política de paz.

«Cada vez que haya un adolescente sicario, México será un México sicario. Hasta que no entendamos eso, hasta que no nos duela esa frase, no vamos a dar un paso para decir que necesitamos caminar en ese sentido», concluye activista.

ONU advierte aumento en casos de reclutamiento

En México han incrementado los casos de explotación infantil a través del reclutamiento de grupos delictivos; el crimen organizado ha acrecentado el reclutamiento forzado y la capacitación de menores para que lleven a cabo diversos delitos, advierte la Oficina en México de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés).

  • La UNODC informó de un incremento del 52 por ciento de este delito del fuero común en el mes de junio de 2023; teniendo una tendencia mayor de menor de edad, siendo reclutados para realizar actividades ilícitas para grupos del crimen organizado.

En México se reconocen 11 modalidades del delito de trata de personas: La esclavitud, la condición de siervo, la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, la explotación laboral, el trabajo o servicios forzados, la mendicidad forzosa, la utilización de personas menores de dieciocho años en actividades delictivas, la adopción ilegal de persona menor de dieciocho años, el matrimonio forzoso o servil, tráfico de órganos, tejidos y células de seres humanos vivos y la experimentación biomédica ilícita en seres humanos, como lo indica la Fiscalía General de la República.

  • La explotación sexual, el trabajo forzado, la medicidad forzosa y el reclutamiento forzado, son las principales modalidades que afectan a la república mexicana por parte de los grupos criminales.

En México, durante el primer semestre de 2023 se reportaron 488 víctimas de la trata de personas que, comparándola con las 486 del primer semestre de 2022, se puede observar que no han disminuido las incidencias de este delito, según lo indica el último informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

En los últimos 10 años, los cárteles encontraron nuevas formas de forzar a los menores a participar en actos ilícitos, como lo declaró Mario Cordero Véjar, titular de programas de Crimen Organizado y Drogas de la Oficina en México de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito “En los últimos 10 años se ha incrementado este tipo de casos de explotación a través del reclutamiento de grupos de delincuencia organizada. Hay ya una tendencia en esta modalidad de trata en la que se encontró un área de oportunidad para intensificarla”.

Anteriormente, la trata se relacionaba exclusivamente con la explotación sexual, sin embargo, con mayores datos y estudios se lograron identificar otras modalidades que no habían sido reconocidas en el pasado.

  • Cordero Véjal, explicó que la modalidad de trata de menores por grupos del crimen organizado no se reflejan en las cifras oficiales, ya que no están disgregadas las estadísticas presentadas por los estados al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

La manera de identificarlas es a través de las sentencias: “Tenemos que irnos a las sentencias para identificar bajo qué tipo de modalidad o explotación es que ocurrió el caso y estamos pudiendo recabar mayor información por reportes de la sociedad civil, organismos de derechos humanos en donde podemos ver que en los últimos 10 años se ha incrementado este tipo de casos de reclutamiento a través de grupos de delincuencia organizada”.

Expresó que se ha identificado una tendencia donde participan menores de edad de manera forzada en actos ilegales “Últimamente vimos una tendencia del uso de menores en actividades ilícitas, está dentro de las 11 modalidades de trata de personas, hay una tendencia, en términos de números, de que cada vez más se está identificando que, sobre todo grupos de la delincuencia están reclutando a menores”.

  • En las cifras, de enero a junio de 2023, se identificaron 488 personas víctimas de trata de personas, en comparación con el año 2022 donde fueron 486; en 2023 se reportaron 77 casos en mayo de incidencias y en junio 117, dando como resultado un alza del 52%.
  • Los estados que se ven más afectados son el Estado de México (118 víctimas), la Ciudad de México (83), Quintana Roo (59), Sinaloa (44), Baja California (42) y Puebla (40), de acuerdo con datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
  • Las comunidades más vulnerables al delito de trata son las que han sido históricamente discriminadas: indígenas y afromexicanas, como lo refiere el funcionario de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.

Además, identifica un alza en los casos donde los hombres son víctimas de esta modalidad “En el último informe del delito de trata de personas para Norteamérica hubo 16% de aumento en la detección de este delito y un incremento de 26% de los hombres víctimas de este delito, usualmente solo se identificaba a mujeres, ahora vemos un alza de 26% en hombres.”/PUNTOporPUNTO

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