Morena y sus aliados aprobaron en la Cámara de Diputados en lo general y lo particular el dictamen que reforma los artículos 219 y 148 de la Ley de Amparo, con lo que buscan impedir que los jueces concedan suspensiones contra leyes con efectos generales.
- Es decir, buscan limitar que los jueces otorguen suspensiones provisionales o definitivas para que las leyes expedidas por el Congreso de la Unión no sean aplicables en ningún caso mientras dichas legislaciones están en revisión.
- Con 258 votos a favor, 213 en contra y cero abstenciones, fue aprobada en lo general la Reforma a la Ley de Amparo.
- En lo particular, el dictamen pasó con 254 votos a favor, 204 en contra y cero abstenciones. Se abordaron 81 reservas, sin embargo, ninguna de ellas fue aprobada por los legisladores de la 4T.
Las reformas serán enviadas el Ejecutivo Federal (Presidencia de la República) para su publicación en el Diario Oficial de la Federación y entrada en vigor.
El debate
Legisladores de oposición del PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano votaron en contra y aseguraron que acudirán a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para presentar una acción de inconstitucionalidad.
- La diputada de Morena, Adriana Bustamante Castellanos, secretaria de la Comisión de Justicia, afirmó que las reformas a la Ley de Amparo no buscan limitar ni reducir o restringir el efecto protector para los ciudadanos, sino limitar al Poder Judicial.
- “Las disposiciones vigentes que hoy se encuentran en el centro de la discusión le han otorgado al Poder Judicial resolver bajo un criterio unipersonal una potestad discrecional que al no estar reglamentada le ha otorgado una cuota excesiva de poder”, detalló.
Por su parte, el diputado del PRD, José Juan Barrientos, afirmó que votarán en contra de la Reforma por ser un atropello a las libertades y garantías de millones de mexicanos.
“Mediante esta Iniciativa de Ley, pretenden, primero, que no se suspenda el ‘acto de autoridad’ y, segundo, que cada persona presente su propio juicio y se lleve a cabo su procedimiento ‘en lo particular’ lo que, sin lugar a dudas, generará que las violaciones se extenderán por años, generando y complicando inclusive, la reparación de daños”, afirmó en tribuna.
Por su parte, la diputada de Movimiento Ciudadano (MC), María Fernando Fregoso, aseguró que la reforma afectará directamente a los pobres.
“Actualmente si alguien interpone (un recurso) protege a todos, pero ahora con esta reforma si tú no quieres que te vulneren los derechos entonces tendrás tú que interponer el amparo, entonces esto obliga a cada ciudadano a tener que acceder a asesoría legal y pagar una alta cantidad de dinero.
- “La justicia solo se aplicará a quienes pueden pagarla dejando otra vez indefensas a los más pobres a quienes dicen defender”, argumentó.
- La panista Lizbeth Mata Lozano afirmó que la reforma a la Ley de Amparo es inconstitucional, por lo que votarán en contra y acudirán a la SCJN.
“Quieren aprobar es totalmente inconstitucional e ilegal, Morena y sus aliados votarán a favor porque quieren meter la basura debajo de la alfombra para fingir que todo lo que han aprobado no es inconstitucional, porque con esta reforma le quieren lavar la cara al régimen de arbitrariedades e ilegalidades que están ustedes realizando. La verdadera intención que está detrás es eliminar la suspensión con efectos generales para hacer todo el daño posible a nuestra sociedad.
“Que se oiga fuerte y claro, vamos a otra en contra de este dictamen, que quiere dejarnos desprotegidos frente al régimen, vamos a votar en contra porque la razón y la verdad está de nuestro lado, y si la mayoría artificial impone esta nueva injuria nos veremos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, enfatizó.
Reforma a Ley de Amparo debilita acceso a la justicia
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) advirtió que la reforma a la Ley de Amparo que busca evitar que jueces frenen obras públicas va en detrimento del principio de progresividad de los derechos humanos, debilita el acceso a la justicia y afecta la competencia económica.
- Luego de haber solicitado al Congreso no aprobar los cambios que debilitan los derechos colectivos, el CCE sostuvo que dichas reformas reducen las facultades del juez para otorgar suspensiones, cuando se aleguen razones de interés social y de orden público.
“Sin esta medida las violaciones se podrían extender por años, ser irreparables o cesar, lo que haría improcedente el amparo”, expuso.
- El CCE explicó que en muchos casos un amparo sin suspensión no sirve para proteger a las personas de actos inconstitucionales, además de desconocer los derechos colectivos y amenazar la eficacia de las resoluciones judiciales.
- Las modificaciones a la Ley de Amparo pretenden impedir el otorgamiento de suspensiones en los casos que expresamente se señalen en la ley, por considerar que son supuestos que pueden causar afectación al orden público.
También la Coparmex calificó como una “regresión” a la modificación de la Ley de Amparo, y se pronunció porque se enfoque en cuestiones jurídicas para garantizar el respeto de los derechos humanos y de la sociedad en su conjunto; “insistimos en que se debe profundizar y ampliar la garantía de derechos, no promover regresiones”.
- Los cambios a la Ley de amparo pone en riesgo los derechos colectivos, la eficacia de las resoluciones judiciales y restringe la discrecionalidad judicial, impidiendo un análisis ponderado de los casos en beneficio del orden público e interés general.
- El juicio de amparo es un recurso legal que permite que los gobernados puedan impugnar la constitucionalidad de leyes, actos administrativos y sentencias judiciales que consideren que vulneran sus derechos fundamentales.
- El CCE sentenció que hacia el futuro, los cambios podrían generar que se incremente el listado de asuntos en los que no puede concederse una suspensión, no obstante que con ello se afecte a la colectividad.
De ser puesta en marcha, se limitaría la posibilidad para que los órganos jurisdiccionales otorguen una suspensión provisional o definitiva con efectos generales en los juicios de amparo que se interpongan en contra de leyes que se expidan por el Congreso de la Unión o de los Estados, es decir, se pretende limitar la facultad de los jueces para otorgar la suspensión de un acto con efectos generales.
“La efectividad de la suspensión ha sido crucial para proteger derechos fundamentales en casos de violaciones graves, como violaciones a la libertad de expresión, discriminación o restricciones injustas a la libertad de asociación”. Por ello, la Coparmex reiteró la importancia de preservar la integridad del sistema jurídico y evitar que las reformas se vean influenciadas por intereses políticos.
“La Constitución es la norma de mayor jerarquía en el orden jurídico y todas las leyes y acciones del Estado deben estar en conformidad con sus principios”, expuso el sector patronal.
Luisa María Alcalde celebra aprobación de reforma a Ley de Amparo
- Luisa María Alcalde, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), celebró la aprobación en lo general de la reforma a la Ley de Amparo en la Cámara de Diputados, con 258 votos a favor y 213 en contra, y aprovechó para lanzar una crítica a los jueces.
- A través de sus redes sociales, Luisa María Alcalde señaló que esta aprobación es para garantizar que el Poder Judicial respete la división de poderes.
- «Lamentablemente, jueces con evidente sesgo ideológico se han excedido por completo en sus facultades constitucionales y, sin ningún pudor, han suspendido leyes o decretos que beneficiaban al pueblo de México para proteger intereses de grupo.», expresó.
Como ejemplo de jueces que benefician a grupos, Alcalde mencionó la Ley de la Industria Eléctrica y Ley de Hidrocarburos para beneficiar a empresas privadas en contra de la Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos.
También señaló la distribución de los libros de texto «en perjuicio de la educación pública y gratuita» y la extinción de los fideicomisos del Poder Judicial «para permitirles mantener sus privilegios».
Reforma es contraria a la Constitución, advierte Coparmex
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) dijo que la propuesta de reformar los artículos 129 y 148 de la Ley de Amparo y su ley reglamentaria es anticonstitucional y abre la puerta a que haya abusos de la autoridad.
- El planteamiento del senador Ricardo Monreal “limita la posibilidad para que los órganos jurisdiccionales otorguen una suspensión provisional o definitiva con efectos generales en los juicios de amparo que se interpongan en contra de leyes que se expidan por el Congreso de la Unión o de los estados, es decir, se pretende limitar la facultad de los jueces para otorgar la suspensión de un acto con efectos generales”.
- Añadió que se ponen “en riesgo los derechos colectivos, la eficacia de las resoluciones judiciales y restringe la discrecionalidad judicial, impidiendo un análisis ponderado de los casos en beneficio del orden público e interés general”.
El sindicato patronal dijo que el juicio de amparo es un recurso legal que resguarda a una persona frente a los abusos de autoridad, porque se puede reclamar ante los Tribunales de la Federación esta herramienta que otorga protección judicial.
- La Coparmex añadió: “Es fundamental que cualquier modificación a la Ley de Amparo se enfoque en cuestiones jurídicas para garantizar el respeto de los derechos humanos y de la sociedad en su conjunto; insistimos en que se debe profundizar y ampliar la garantía de derechos, no promover regresiones”.
Polémicas entre el Poder Judicial y decisiones de AMLO
La reforma se da luego de diversas polémicas en las que el Poder Judicial ha frenado políticas del presidente Andrés Manuel López Obrador por considerarlas violatorias a derechos humanos y competencia económica, como es el caso de la reforma energética que originó una lluvia de amparos ante tribunales de todo el país.
Además, legisladores de Morena han cuestionado a jueces por frenar obras polémicas como el Tren Maya o reformas como la Ley de la Industria Eléctrica, ante juicios de amparo que han presentado agrupaciones de ambientalistas, indígenas y empresarios.
- El propio López Obrador ha acusado en reiteradas ocasiones a los jueces de ser “corruptos” y “trabajar para la oligarquía” por suspender sus reformas legales y obras públicas al analizar o conceder amparos.
- El empresariado había pedido a los legisladores no aprobar esta reforma, pues advirtió que va en contra del principio de progresividad de los derechos humanos, limita el acceso a la justicia y afecta a la competencia económica.
“Hacemos un respetuoso llamado a los legisladores para no aprobar esta iniciativa que debilita gravemente la defensa de las personas físicas y morales contra actos y leyes eventualmente inconstitucionales”, posicionó la cúpula empresarial reunida en el Consejo Coordinador Empresarial.
Incluso la iglesia defendió al amparo como “una herramienta esencial para la defensa de los ciudadanos ante arbitrariedades e injusticias por parte del Estado”.
López Obrador “asfixia al PJ”
El gobierno federal, que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, cuenta con 174 fideicomisos, con 600 mil millones de pesos, informó María Amparo Casar, presidenta de la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.
- La analista política criticó, sin embargo, que el presidente López Obrador no sólo extinguió los 13 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, que ascienden a más de 15 mil millones de pesos, sino, además, le ha recortado, en lo que va de su sexenio, 17 por ciento de su presupuesto.
Puntualizó que el titular del Ejecutivo ha echado mano de cuatro maneras para debilitar los contrapesos, como el que representa la Suprema Corte de Justicia de la Nación con la ministra Norma Piña a la cabeza: el estrangulamiento presupuestario; la cooptación, como en el caso de la Comisión Nacional de Derechos Humanos; dañar la reputación y darle la vuelta a la ley.
- Para María Amparo Casar, López Obrador añora el híperpresidencialismo; es decir, las facultades metaconstitucionales que llegaron a tener los expresidentes priistas, ya que ha dicho que “el pueblo está por encima de la ley” y “entre la ley y la justicia hay que optar siempre por la justicia”; sin embargo, debe apegarse a la Constitución.
- En ese sentido, refirió que durante el gobierno de López Obrador se han presentado 70 acciones de inconstitucionalidad y 52 controversias constitucionales, lo cual representa 300 por ciento con respecto a los gobiernos anteriores.
- Consideró que Morena no va a obtener los dos tercios de ambas cámaras del Congreso de la Unión para modificar la Constitución; sin embargo, podría no sólo aprobarse la reforma constitucional para elegir a los ministros de manera directa, sino además cooptar todos los órganos autónomos.
“No pienso que estén decididas las elecciones presidenciales”, consideró la analista, quien, por otra parte, criticó a la virtual candidata presidencial de Morena, la exjefa de Gobierno de la capital Claudia Sheinbaum, porque “pareciera que ve la ‘mañanera’ y de ahí saca su guion del día”.
Previó, además, “alta explosividad” en el proceso electoral de 2024, ya que, ante la acumulación de irregularidades y un escenario cerrado, pueda darse un escenario “de terror” en el que se puedan anular los comicios./Agencias-PUNTOporPUNTO
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