El Presidente Andrés Manuel López Obrador respaldó la propuesta de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados de recortar 25 mil millones de pesos al presupuesto al Poder Judicial, para darle “una tusada al copete de privilegios” de jueces, magistrados y ministros.
- En la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, consideró que en lo sustancial esa disminución presupuestal no debe afectar todo lo relacionado con los procesos judiciales que se llevan a cabo en todo el país.
Agregó que dicho recorte deberá enfocarse, principalmente, en los altos salarios de 700 mil pesos que perciben los ministros de la Suprema Corte.
“Hay que quitarle el copete de privilegios. Ya no están de moda los copetes, ¿verdad?, entonces se pueden cortar. Nada más una tusada al copete de privilegios”, planteó.
El líder de la bancada de Morena en San Lázaro, Ignacio Mier Velazco, propuso recientemente disminuir hasta en 25 mil millones de pesos el gasto del Poder Judicial para 2024.
- López Obrador dijo que es un exceso que el Poder Judicial mantenga un fideicomiso de 20 mil millones de pesos para financiar “prestaciones ofensivas” de jueces, magistrados y ministros.
- Aclaró que corresponderá a la Cámara de Diputados hacer los ajustes al Presupuesto de Egresos de la Federación.
“Yo sí estoy en contra de los abusos, de los servidores públicos, nada más que eso corresponde al Poder Legislativo.
“Es la Cámara de Diputados la que tiene la facultad de aprobar el presupuesto. Ellos pueden hacer todos los cambios, nosotros no, cuando se trata del Poder Judicial”, añadió López Obrador.
El Presidente también ratificó su interés por reformar el Poder Judicial, lo cual se podría llevar a cabo en la siguiente legislatura del Congreso de la Unión cuando habrá de enviar una iniciativa para ello.
Recorte de 3 mmdp al INE
Luego de que la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, aseguró que el presupuesto de más de 23 mil millones de pesos para el órgano en el 2024 es “defendible”, Morena en la Cámara de Diputados perfila una reducción de al menos tres mil millones.
- Además, al considerar que los 10 mil millones que se perfilan para los partidos políticos el próximo año también es una cantidad elevada, la bancada se alista para formular una reforma constitucional para disminuir los recursos en este rubro.
- Sobre los 23 mil 757 millones de pesos que solicitará el instituto, el diputado de Morena, Hamlet García Almaguer apuntó, en conferencia, que el recorte mínimo sería de tres mil millones, al insistir en que hay funciones, como la capacitación de funcionarios de casilla, que se pueden “eficientar” para reducir costos.
“Hay otro gasto en materia de capacitación donde yo creo que podríamos migrar —lo ha hecho el Tribunal Electoral— a un sistema de capacitación virtual”, dijo.
También sugirió que el órgano electoral recicle materiales de procesos electorales pasados, como las mamparas que se instalan en cada casilla, o que reduzca el dinero que invierte en rentas de espacios para el INE.
Ante la advertencia de la consejera presidenta acerca de que se defenderá el presupuesto, el diputado dijo que “hay fuerzas internas” ante las que Guadalupe Taddei no ha podido ser acompañada.
Dijo que es muy “difícil” hacer tal cambio en unos meses, por lo que se le tiene que dar espacio a la consejera para que pueda generar un ahorro a partir de las “ideas” que se le presenten.
“Yo sí veo que ella está haciendo un esfuerzo importante por reducir el gasto en algunas materias, pero nosotros creemos que se puede avanzar más en esta reducción. Sí vemos que hay una mesura en la curva de gasto que traía el Instituto. Sin este ajuste tendríamos todavía, si siguieran Lorenzo Córdova y Ciro Murayama, una petición por otros siete mil u ocho mil millones de pesos”, declaró.
- Es una cantidad excesiva, desproporcionada, que demuestra que el Plan B tenía una virtud muy evidente: que pudiéramos ahorrar en los costos de nuestra democracia.- Hamlet García Almaguer, Diputado de Morena
- A pesar de que el primer recorte que se perfila es de tres mil millones de pesos, el morenista dijo que sí es posible que la cifra llegue hasta los 10 mil, como lo sugirió el Presidente de la República.
El viernes se avaló que los partidos políticos podrían recibir 10 mil 444 millones de pesos para ejercer en el 2024. Sobre esto, García Almaguer aclaró que no habría modificación, ya que la cantidad que cada instituto político recibe es con base en una fórmula de la Constitución.
“Es una cantidad excesiva, desproporcionada, que demuestra que el Plan B tenía una virtud muy evidente: que pudiéramos ahorrar en los costos de nuestra democracia”, manifestó.
Por ello, anunció la presentación de una reforma para modificar la forma de asignación presupuestal a los partidos. Debido a que esto sería una reforma constitucional, cuya aprobación necesita los votos de dos terceras partes que en esta legislatura no tienen Morena y sus aliados, el proyecto se presentará luego de septiembre del 2024, en espera de que la 4T consiga los votos que necesita.
AMLO va de nuevo por bajar sueldos en Poder Judicial, FGR y autónomos… excepto INE
En la reforma administrativa que el presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Congreso para modificar 23 leyes secundarias en materia administrativa destaca que, de nuevo, plantea que todos los funcionarios de la administración pública deben tener sueldos por debajo de que él percibe como titular del Poder Ejecutivo.
- El tema es relevante porque ha sido una de los planteamientos más destacados de su administración; pero en la realidad el hecho no se ha concretado en el Poder Judicial y órganos autónomos.
- Cabe recordar que, por este tema, en los últimos cuatro años, se acrecentaron las diferencias entre el mandatario y el Instituto Nacional Electoral durante la administración de Lorenzo Córdova, quien interpuso controversias constitucionales ante la Corte para conservar sus percepciones salariales en apego a la ley que en su momento lo permitió.
Ahora, el mandatario repite su planteamiento desde la ruta administrativa, después de no haberlo conseguido mediante la Ley de Austeridad Republicana y la Ley Federal de Remuneraciones de Servidores Públicos, ésta última declarada inconstitucional por la Corte en 2021.
Así, en la iniciativa que envío al Congreso plantea modificar las leyes administrativas que rigen al Poder Judicial y los siguientes órganos autónomos: Banco de México, Fiscalía General de la República, Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, Comisión Federal de Competencia Económica, Instituto Federal de Telecomunicaciones, Instituto Nacional de Estadística y Geografía y Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Destaca también que en esta iniciativa no se incluye al Instituto Nacional Electoral. Esto podría deberse a que, como informó La Silla Rota en su momento, el relevo de cuatro nuevos consejeros modifica el escenario en cuanto a percepciones del Consejo General.
Por un lado, la nueva consejera presidenta Guadalupe Taddei afirmó que sí reducirá su sueldo y no se descarta que los otros tres nuevos consejos puedan alinearse al mismo criterio; mientras que los otros 7 consejeros (que conformaron el pleno con el ex consejero Córdova) no modifiquen su nivel de percepciones en apego al criterio de la Corte que les dio la razón.
El planteamiento de AMLO
En esta reforma administrativa elimina y modifica artículos de la Ley de Austeridad Republicana. Refiere que se trata de una ley de orden público e interés social y que dicha austeridad es aplicable a todos los entes públicos, dependencias y paraestatales. Además, que los Poderes Legislativo y Judicial están obligados a cumplirla.
- “La política de austeridad republicana de Estado debe tener carácter transversal… Los entes públicos obligados deben entregar al Comité de Evaluación y la Cámara de Diputados un informe donde reportarán los ahorros obtenidos por la aplicación de la presente ley”, refiere.
Y plantea que los servidores públicos, al separarse de su cargo, no podrán trabajar para personas físicas o morales que hayan supervisado o entregado contratos durante su encargo. Los plazos serán de 4 años para una dirección, 6 para titular de unidad administrativa, 8 para subsecretaría, 9 para secretaría y 10 para presidencia.
¿Y si lo conseguirá?
Julio Jiménez, experto en temas constitucionales y vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados, afirmó que el replanteamiento del titular del Ejecutivo es de nuevo un tema mediático y que legalmente no lo conseguirá.
“Es improcedente constitucionalmente porque violentaría derechos laborales adquiridos y derechos humanos, generaría una oleada de amparos para evitar que la disposición entre en vigor. Estaría, otra vez, violando derechos salariales y prestaciones adquiridas a través de la antigüedad de cada uno de los servidores públicos”.
- Agregó que es un mensaje equivocado “de aparente austeridad y buena administración de los recursos públicos”. Tras revisar el contenido de la iniciativa, Jiménez expuso que se trata de la misma estrategia con modificaciones de forma, más no de fondo.
- “Habría que ver en qué términos se realiza la discusión en el Congreso. Me parece que no por eso deja de ser una propuesta inconstitucional porque los derechos adquiridos de servidores públicos y funcionarios en diversos niveles de gobierno no se pueden modificar”.
Expuso que el titular del Ejecutivo solo busca reabrir un debate mediático por encima de la resolución de la Corte que desde 2021 marcó su postura sobre el tema que declaró inconstitucional.
“Él busca la legitimidad y apoyo del sector al que dirige su discurso, que polariza la sociedad e intereses de los mexicanos. Esta el antecedente del INE y el INAI que presentaron controversias al respecto, en defensa de sus derechos. Son modificaciones que no pueden realizarse a capricho de un gobernante porque fueron funcionarios contratados bajo condiciones y prestaciones salariales distintas. La medida solo podría aplicar a aquellos nuevos funcionarios que entren bajo el nuevo esquema de Ley de Austeridad Republicana”./Agencias-PUNTOporPUNTO
Recibe nuestro boletín informativo, suscríbete usando el formulario
