El Salar del Diablo, ubicado a 35 kilómetros al este de San Felipe, Baja California, es uno de los tantos proyectos que las empresas mineras presumen para la explotación del litio en México, pero les falta el aval de la Secretaría de Economía y podría nunca llegar de prosperar la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador.
- “Nos preocupa mucho la nacionalización del litio propuesta por el presidente de la República, porque hay unos compañeros con concesiones y desearíamos que sean partícipes de la explotación”, dice Juan Rodríguez González, coordinador de la Confederación Nacional de Concesionarios y Empresarios Mineros de México (CONACEMM).
- El minero encabeza un plan para la constitución de una empresa, cuyo capital sería 51 por ciento mexicano, y el resto quedaría en manos de inversionistas de Estados Unidos, Alemania y Emiratos Árabes Unidos.
El empresario jalisciense cuenta a Forbes México que está detrás de un grupo de pequeños y medianos mineros, quienes piden a López Obrador, así como a los dirigentes de la Cámaras de Senadores y Diputados, que permitan la inversión privada en la exploración y explotación del litio en México. Y su plan lo completa un relanzamiento del oro blanco más allá del Salar del Diablo.
“Traemos un proyecto para crear una megaplanta de baterías de litio y construir una megaplanta de autos eléctricos para que resurja México”, explica el también presidente de la Federación de Concesionarios y Empresarios Mineros del Estado de Jalisco (FECOEMJAL).
La planta de baterías de litio y la fábrica de autos eléctricos estarán muy cerca de San Felipe, en Baja California: “Ahí hay una mina (de litio en Salar del Diablo), que es muy interesante e importante para México, pero tenemos inventariados 16 proyectos de desarrollo minero de los pequeños y medianos empresarios”.
- Juan Rodríguez González dice que visualiza una inversión inicial de 5 mil millones de dólares, que generarán más de 5 mil empleos directos y más de 150 mil empleos indirectos. Todo será en las cercanías de la concesión del Salar del Diablo, que tiene una buena cantidad de litio, de acuerdo con los geólogos y metalurgistas.
- “Y no nada más estamos trabajando en el Salar del Diablo, también tenemos proyectos muy avanzados Sonora, Chihuahua, Coahuila, Jalisco y en Michoacán”, dice el empresario minero.
“Hay una gran cantidad de mineros que tiene concesiones del litio que pues visualizamos que en un determinado momento que el Presidente decidiera, en este caso expropiarlas o cancelarlas las concesiones la verdad nos dolería”, explica.
Para el empresario jalisciense, la minería es la única actividad económica que puede sacar a México de la pobreza.
¿De qué trata la ley minera de AMLO que busca nacionalizar el litio?
Para ordenar la nacionalización del litio y considerarlo un bien de la nación, el presidente Andrés Manuel López Obrador propuso a la Cámara de Diputados reformar los artículos 1, 5, 9 y 10 de la actual ley minera, reglamentaria del artículo 27 de la Constitución federal.
Te contamos de qué va esta iniciativa sobre la ley minera.
La noche del domingo, la Cámara de Diputados rechazó la propuesta de reforma eléctrica. Antes de que esto ocurriera, el presidente López Obrador envió al Congreso una nueva iniciativa de reforma a la Ley minera, con el fin de rescatar la propuesta de nacionalizar el litio.
- Se prevé que la iniciativa sea discutida y votada este mismo lunes en el Pleno de la Cámara baja en fast track, es decir, se dispensa la discusión del documento en comisiones.
- En el primer artículo, la nueva iniciativa propone que “la exploración, explotación y aprovechamiento del litio quedará a cargo de un organismo público descentralizado que se creará en términos del artículo 10 de la presente Ley”.
En el artículo 5 se establece que “se declara de utilidad pública la exploración, explotación y aprovechamiento del litio, por lo que no se otorgarán concesiones, licencias, contratos, permisos, asignaciones o autorizaciones en la materia. Serán consideradas zonas de reserva minera aquellas en que haya yacimientos de litio”.
Resalta, en el mismo artículo, que “se reconoce que el litio es patrimonio de la nación y sus exploración, explotación y aprovechamiento se reserva para el beneficio exclusivo del pueblo de México”.
Añade que las cadenas de valor económico del litio serán administradas y controladas por la nación, a través del organismo público.
- Además, se indica que el Estado tiene a su cargo proteger y garantizar la salud de la población mexicana, del medio ambiente, y de los derechos de pueblos originarios ante la explotación del litio.
- En el artículo 9 se propone que el Servicio Geológico Mexicano auxiliará al organismo descentralizado para ubicar y reconocer áreas geológicas en las que existan reservas probables del litio.
- El artículo 10 precisa que el nuevo organismo público a crear para operar el litio se hará “como lo determine el Ejecutivo, en términos de las disposiciones aplicables”.
Asimismo, el tercer artículo transitorio establece que el presidente de México tendrá que emitir, dentro de los noventa días hábiles posteriores a la entrada en vigor del decreto, un instrumento de creación del organismo público descentralizado.
“Las erogaciones que se generen (…), incluyendo la creación del organismo, se cubrirán mediante movimientos compensados, con cargo al presupuesto de la dependencia que asuma las funciones de coordinación sectorial del citado organismo (…), por lo que no se autorizarán ampliaciones al presupuesto del ramo correspondiente para el presente ejercicio fiscal para estos efectos”, señala el proyecto.
Minería en México
La Secretaría de Economía es la dependencia encargada de administrar los temas vinculados con la minería, sin embargo, el organigrama para llevar a cabo estas actividades cada vez se ha hecho más pequeño.
- El 31 de agosto de 2020, el Gobierno de México ‘desapareció’ a la subsecretaría de minería del organigrama de la Secretaría de Economía, debido a medidas austeridad y racionalidad administrativa.
En aquel entonces, se afirmó que la desaparición de esta subsecretaría no afectaría las atribuciones, facultades y trabajos que la Secretaría de Economía lleva a cabo en materia de minería, ya que sus funciones se seguirían llevando a cabo a través de la dirección general de Minas, la dirección general del Fondo para el Desarrollo de Zonas de Producción Minera y la dirección general de Desarrollo Minero./Agencias-PUNTOporPUNTO
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