La militarización del país se confirmó con la Guardia Nacional bajo el control operativo y administrativo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), lo que traerá más violencia y violaciones a los derechos humanos sin controles civiles sobre su actuación, así lo aseguraron expertos.
El foro sobre Asuntos Críticos de la Seguridad en México y Jalisco, celebrado en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH) de la UdeG, se puso en el debate la militarización del país tras la reciente reforma que extendió la permanencia de la Guardia Nacional hasta 2028.
- El integrante del comité y titular de la Defensoría de los Derechos Universitarios (DDU), doctor Dante Jaime Haro Reyes, destacó que de diciembre de 2018 a abril de 2022 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recibió 2 mil 510 quejas contra personal militar por violaciones a derechos humanos y emitió 14 recomendaciones.
“Es una gran tragedia este tipo de decisiones, pues la militarización parece la única forma de enfrentar las situaciones de violencia”, precisó.
- El profesor investigador de la División de Estudios Jurídicos del CUCSH, doctor Arturo Villarreal Palos, aseguró que la militarización está ligada con los abusos: desde los primeros presidentes del país, para luego dedicarse al combate al narco y después ocupar puestos públicos en fuerzas civiles de seguridad.
“Mientras más se profundiza la tarea de los militares más se profundizan las recomendaciones de derechos humanos, y más con los marinos, sin capacidades para lidiar con la sociedad civil”, declaró.
- La permanencia del cuerpo militarizado contradice la reforma de 2019 en la que se propuso la introducción de la Guardia Nacional para la capacitación de las policías y que luego regresaran los militares a los cuarteles; cosa que no ha sucedido.
- “Tampoco se cumplieron las directrices para que en tanto se desarrollara la infraestructura de las policías, disponer de la fuerza armada, lo que está en la Constitución, de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria”, destacó.
Para contrarrestar la presencia dominante, los especialistas propusieron dotar de recursos financieros.
- La falta de financiamiento a las policías estatales y municipales se refleja en los recursos dotados a la Guardia Nacional, que ascienden a 63 mil millones de pesos, mientras que el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), el único fondo vigente para las policías, recibió 8 mil millones de pesos.
- Haro Reyes urgió a reflexionar sobre la implicación del Ejército en las calles, cuya composición en la Guardia es de 73 mil 800 elementos, sin atención a las policías. La gran deuda de la reforma policial es una deuda en la profesionalización de las policías, apuntó.
- Para el investigador de El Colegio de Jalisco, doctor Javier Hurtado González, lo de la Guardia Nacional se trató de una decisión unánime y sin contrapesos políticos. “Se trata de una lamentable decisión del Estado mexicano, de la que nos vamos a arrepentir y que, además, fue aprobada por unanimidad en el Congreso de la Unión, el Senado y por todas las legislaturas estatales”, dijo.
- El profesor investigador de la División de Estudios Jurídicos del CUCSH, doctor Carlos Ramiro Ruiz Moreno, concluyó que la Guardia Nacional plantea una contradicción al pacto federal: desde 1824 se acordó organizar la seguridad pública de cada Estado en coordinación con el gobierno federal, y no por imposición del Ejecutivo.
“Estamos presenciando una determinación centralista que cambia o que muta el vocacionamiento de México como país para convertirse en una república centralista”, concluyó.
El uso de fuerzas militares en tareas de seguridad hace saltar las alarmas
El incremento de la violencia en México desde que se involucró de “manera temporal” a los militares en tareas de seguridad pública para la llamada “guerra contra las drogas”, es vista después de 16 años por observadores de los derechos humanos como “un fracaso y riesgo para la democracia” del país azteca.
- Un grupo de 26 organizaciones de la sociedad civil expresaron sus preocupaciones ante lo que ocurre en el país con la entrega de funciones de seguridad pública a las Fuerzas Armadas de México, que operan bajo el mando de la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA) desde el 2022.
- Frida Ibarra, de la organización México Unido Contra la Delincuencia resumió la situación actual con la ampliación de poderes a la institución castrense, que en adelante tiene facultades de operar presupuestos de seguridad pública y agenciarse tareas que estarían reservadas por mandato constitucional al orden civil.
“No estamos sólo en el proceso de militarización de la seguridad pública sino en ampliación de tareas propias de una institución civil, adjudicadas a las fuerzas armadas”, dijo la peticionaria que presentó el andamiaje sobre el que se ha cimentado la reforma impulsada por el Ejecutivo de Andrés Manuel López Obrador.
- Desde 2006 al contar ya 16 años de tareas de seguridad ciudadana “las fuerzas armadas han centralizado recursos públicos”, apunto la experta en la audiencia ‘Militarización de la seguridad pública en México’.
A principios de septiembre la Cámara de Diputados de México aprobó una reforma enviada por el presidenet mexicano para que la dirección de la Guardia Nacional, creada como institución civil, pase al mando del SEDENA.
- Para María Luisa Aguilar, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, tanto la Fuerza Armada como la Guardia Nacional han acumulado miles de quejas de violaciones a los derechos humanos. “La resistencia a rendir cuentas y la impunidad por parte de las fuerzas armadas invitan a reflexionar sobre los riesgos”, ahondó.
Para responder a un tema tan complejo como el entramado de seguridad del país y los múltiples frentes señalados por los peticionarios en la audiencia, el Estado mexicano optó por enviar en solitario a la audiencia a la embajadora, Luz Elena Baños, represente de México ante la Organización de Estados Americanos (OEA) oganismo al que pertenece la CIDH.
- La embajadora Baños leyó un documento que -dijo- provenía de la Casa Presidencial y por orden del presidente López Obrador, donde presentó cifras de las acciones de los militares en tareas de seguridad pública y en combate a las actividades ilícitas por el narcotráfico.
- La funcionaria dijo que las operaciones son exitosas y dejan ver el grado de efectividad del plan al decomisar drogas y hacer frente a los grupos del crimen organizado.
- En cuanto a los señalamientos por violaciones a derechos humanos y abusos de autoridad de los militares en sus tareas frente a la ciudadanía que remarcaron los peticionarios, la embajadora Baños señaló en su lectura que hechos son aislados y no pueden comprometer a toda la institución.
“El ejercito mexicano las manchas que pueda tener no manchan a la totalidad de las institución”, argumentó la diplomática.
Fuerzas armadas acumulan el 5.8% de los casos
Con la llamada “militarización” de la seguridad y protección ciudadana de México, se ha especulado sobre la capacidad de las Fuerzas Armadas (FFAA) para llevar a cabo estas tareas, donde una de las principales demandas es el respeto a los Derechos Humanos (DDHH) de los civiles.
- Dichas críticas se agudizaron cuando se difundió un video en el que, supuestamente, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ejecutaron a presuntos miembros del crimen organizado en Nuevo Laredo, Tamaulipas; sin embargo, tras revisar fuentes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), se vislumbra una narrativa totalmente diferente.
El principio de la “militarización” de AMLO
La Guardia Nacional (GN) quedó constituida en febrero de 2019, para que entrara en operaciones el siguiente mes y, de esta manera, suplir a la Policía Federal (PF); no obstante, a diferencia de la corporación extinta, ésta nueva tendría temporalmente un mando militar y no civil, por lo que la oposición encendió las alarmas en materia de DDHH.
¿Quién viola los DDHH en México?
Para tener una aproximación certera a las violaciones de DDHH que se ejercen en México, la CNDH tiene habilitado un registro en su página oficial sobre todas las recomendaciones que emite a todas las instituciones nacionales. Al revisarla, se detectó que, en lo que va del sexenio actual, las FFAA acumulan el 5.8% de éstas; asimismo, se observa que la mayoría de las recomendaciones se acumulan en el sector salud.
- Esto quiere decir que si bien el Ejército, la Marina y la Guardia Nacional han violado derechos humanos a criterio de la CNDH, la incidencia no es alarmante; sin embargo, se encontró un patrón de repetición en las recomendaciones emitidas por la Comisión a cargo de Rosario Piedra Ibarra.
Aunado a ello, se destaca que, desde que fue creada, la GN es la institución con menos recomendaciones en materia de DDHH, pues sólo tiene seis recomendaciones, donde sobresale un caso por tortura en Quintana Roo y el uso ilegítimo de la fuerza contra un menor en Tabasco.
- Después está la Sedena, la cual cuenta con 13 recomendaciones, donde se destaca un caso de violencia sexual en Michoacán, el asesinato de un guatemalteco en Chiapas, el asesinato de un joven en Tamaulipas, otro de tortura en Michoacán y repetidas detenciones arbitrarias y uso excesivo de la fuerza.
Finalmente, está la Secretaría de Marina (Semar), con 20 recomendaciones, de entre ellas, aparecen como relevantes más detenciones arbitrarias, uso ilegítimo de la fuerza y hasta una queja por daños al medio ambiente.
Durante la revisión de los expedientes se destacó que algunas de las recomendaciones, aunque fueron expedidas en esta administración, las faltas fueron realizadas en el sexenio pasado, como un caso contra la Marina por desaparición forzada en Veracruz en septiembre de 2018 o el asesinato de nueve personas en Tamaulipas el 3 de septiembre de 2016.
- No obstante, se detectó que las faltas que más se llegaron a repetir en el sexenio fueron las relacionadas con las detenciones, pues se advierte el uso desproporcionan de la fuerza. Sin embargo, las FFAA cuentan con una aceptación positiva entre la población, incluso por arriba del Poder Judicial o que los elementos de seguridad que atienden a mandos civiles como las policías estatales y municipales (véase Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI).
Por el otro lado, están los opositores del gobierno de AMLO, como Sí por México, quienes insisten en que se debe de cambiar la estrategia y regresar a una policía civil a través de programas de robustecimiento, como el Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG).
Con la 4T se eleva las quejas contra el ejército
Las quejas contra la actuación del Ejército en México han ido a la alza en los últimos tres años.
- Cifras de la misma Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) indican que los delitos más comunes por los que acusan a los soldados son privación ilegal, tortura, homicidio, detención arbitraria, abuso de autoridad y violación sexual.
- En el cambio de Administración, de 2018 a 2019, el Ejército pasó de recibir 347 quejas de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) a 421 quejas, una alza del 21 por ciento.
- Para 2020, las quejas reportaron una baja del 34 por ciento al pasar de 421 a 276, ese año hubo una ocupación masiva de militares en tareas contra el Covid-19 en apoyo a la población civil.
En 2021, una vez que pasó el peor año de la contingencia, las quejas contra el Ejército volvieron a incrementarse en un 38 por ciento al pasar de 276 a 383 quejas, mientras que en 2022 cerró con 388 quejas.
De acuerdo con algunos expedientes que han derivado en Recomendaciones de la CNDH, el 2 de diciembre de 2022 agraviados reportaron que militares ingresaron a su domicilio, en Mesa de Otay, Tijuana, en el estado de Baja California, sin una orden de cateo.
Los quejosos explicaron que los trasladaron a una instalación militar donde fueron objeto de malos tratos. La Recomendación 84VG/2022 se emitió por actos de tortura en contra del Ejército, que no reportó militares castigados por ese caso.
En otro caso se indicó que el 14 de agosto de 2022 un motociclista en Coyuca de Catalán, Guerrero, acusó que militares lo privaron de su libertad, lo que derivó en la Recomendación 82VG/2022.
- El 7 de febrero de 2021 otros afectados afirmaron que mientras circulaban en su vehículo, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, se les emparejó una camioneta de la Sedena y varios elementos accionaron sus armas contra el auto de los civiles, lo que provocó que uno de ellos muriera.
Un hecho parecido se reportó el pasado domingo cuando cinco civiles fueron abatidos en su camioneta por militares en Nuevo Laredo.
- El Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, un organismo no gubernamental, consideró que se trató de una masacre de hombres inocentes que habían salido de un antro y no estaban armados.
- Además, un hombre que acompañaba a las víctimas resultó herido de gravedad por dos proyectiles de arma de fuego. Actualmente 318 militares se encuentran bajo investigación por violaciones a derechos humanos.
- De éstos, están en calidad de indiciados 116 elementos de tropa (soldados, cabos y sargentos), 23 oficiales (subtenientes, tenientes y capitanes) y 15 jefes (mayores, tenientes coroneles y coroneles).
Hasta ahora solo han sido sentenciados 19 elementos de tropa, un oficial y tres jefes, y fueron absueltos 8 de tropa, un cadete, cinco oficiales y 2 jefes. Están prófugos 14 integrantes de tropa y dos de oficiales.
La Guardia Nacional acumula mil 254 denuncias
La Guardia Nacional ha sido objeto de un total de mil 254 denuncias por violaciones de los Derechos Humanos desde que comenzó a funcionar, en julio de 2019, en lo que supone uno de los proyectos estrella del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
- El organismo fue señalado ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por detenciones arbitrarias, incumplir las formalidades en registros, emplear arbitrariamente la fuerza pública, tratos crueles e inhumanos, tortura y privación de la vida, de acuerdo con el diario El Universal.
También se mencionan presuntas violaciones cometidas en el desarrollo de las atribuciones que el organismo ha asumido en materia de aduanas, en la estrategia de migración y en la de lucha contra el robo de hidrocarburos.
- La Guardia Nacional es así el organismo de seguridad con más quejas, por delante de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), que acumula mil 605 reclamaciones entre enero de 2019 y el 10 de noviembre de 2022. Lejos queda la Secretaría de Marina (Semar), que ha recibido 511, según los datos de la CNDH.
«La Guardia Nacional no es un cuerpo ajeno a las violaciones de derechos humanos, contrario al discurso oficial que dice que en México éstas ya se erradicaron», ha apuntado el director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Santiago Aguirre. La Guardia Nacional «está replicando los patrones de uso de la fuerza y de opacidad que le conocíamos al Ejército».
La Guardia Nacional ha estado en el centro del debate político en los últimos meses ya que aunque se creo como un organismo policial de carácter civil, López Obrador ha impulsado su transformación en una entidad militar, con las consiguientes críticas de organizaciones sociales y de defensa de Derechos Humanos que destacan la necesidad de que las funciones policiales sean estrictamente civiles y no militares para evitar abusos. La modificación está aún pendiente de recursos judiciales.
EU expuso a elementos de seguridad en México por violar Derechos Humanos
Homicidios extrajudiciales, desaparición forzada y arrestos arbitrarios son algunos de los delitos que elementos de seguridad de México habrían cometido durante el 2022, según el Departamento de Estado de Estados Unidos (EEUU).
- Según el reporte 2022 Country Reports on Human Rights Practices: Mexico, no sólo miembros del Ejército Mexicano, también policías municipales y oficiales gubernamentales han sido señalados por atentar contra los Derechos Humanos (DDHH) a través de diversos abusos en los procesos de impartición de justicia. Mismos que, destacó, han contribuido a la impunidad y las bajas tasas de enjuiciamientos a los presuntos responsables.
“Aunque las autoridades en general mantuvieron un control efectivo sobre las fuerzas de seguridad, hubo casos en los que los elementos de las fuerzas de seguridad actuaron independientemente del control civil”, señaló en la introducción del informe tras repasar la política de seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).
De ese modo, el Departamento de Estado dio a conocer que los “informes fidedignos” en cuestión de violación de DDHH incluyeron homicidios ilegítimos o arbitrarios por parte de la policía, el ejército y otros funcionarios gubernamentales, tales como el asesinato de un estudiante de la Universidad de Guanajuato o el de la niña Heidi Mariana Pérez por una bala perdida tras un tiroteo iniciado por elementos de la Defensa Nacional (Sedena) — dependencia que, recordó, habría persuadido económicamente a la familia para retirar los cargos.
- Otro ilícito mencionado fue el de las desapariciones forzadas en las que se acusa una presunta colusión entre grupos delincuenciales con autoridades y cuyas investigaciones, enjuiciamientos y condenas “fueron raras”.
- En ese sentido, señaló vacíos informativos en las bases de datos federales y estatales, así como fragmentación en los sistemas forenses: “El volumen de casos sin resolver era mucho mayor que los sistemas forenses eran capaces de manejar”.
- Este punto se relaciona con los informes recibidos por presunta complicidad entre agentes del gobierno con bandas criminales, cuyos crímenes quedaron en gran parte sin investigar o perseguir.
Asimismo, el Departamento abundó en las detenciones arbitrarias, específicamente, para los procedimientos de arresto y tratamiento, así como la prisión preventiva: “Las autoridades no siempre liberaron rápidamente a las personas detenidas ilegalmente”, externó respecto a esta última.
“La ley establece límites de tiempo y condiciones para la prisión preventiva, pero las autoridades federales a veces no los cumplieron porque el número de casos excedía con creces la capacidad del sistema judicial federal”./Agencias-PUNTOporPUNTO
Recibe nuestro boletín informativo, suscríbete usando el formulario
