Tras la decapitación del alcalde de Chilpancingo en Guerrero y el hallazgo de una camioneta con al menos cinco cuerpos apilados y la leyenda “Bienvenidos a Culiacán” en Sinaloa, el terror se ha hecho presente una vez más en Guanajuato, con dos explosiones que han hecho cimbrar a la población civil.
- La Policía de Acámbaro denunció un atentado con un coche bomba afuera de sus oficinas, que dejó al menos tres agentes lesionados, siete vehículos quemados y múltiples daños materiales durante la mañana de este jueves. Horas antes, en Jerécuaro, a sólo 33 kilómetros, se informó de otro ataque con un coche que estalló y varios otros que fueron incendiados, entre ellos una patrulla, sin que se reportaran muertos o heridos.
- El Estado con más homicidios dolosos en lo que va de año ―con 1.863 carpetas de investigación abiertas, según datos oficiales― busca respuestas tras la barbarie, sin que ninguna organización criminal haya asumido la autoría y con una nueva gobernadora que lleva menos de un mes en el cargo. “Los hechos ocurridos en Acámbaro y Jerécuaro no van a frenar el trabajo para traer la paz a Guanajuato”, afirmó Libia Dennise García Muñoz Ledo, que tomó posesión en el Gobierno estatal el pasado 26 de septiembre.
La gobernadora anunció un operativo por tierra y aire para dar con los responsables y la suspensión de su agenda pública para atender la emergencia. Pese a que milita en el Partido Acción Nacional (PAN), García Muñoz Ledo ha cerrado filas con la presidenta Claudia Sheinbaum y su secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. Esta misma semana compartió fotos en redes sociales de las reuniones que sostuvo con Sheinbaum y antes, con Harfuch, bajo la promesa de dar un giro a la política de sus predecesores.
La mandataria panista anunció desde la campaña que iba a dejar caer a Alvar Cabeza de Vaca, secretario estatal de Seguridad durante los últimos 12 años, y a Carlos Zamarripa, que estuvo 15 años al frente de la Fiscalía de Guanajuato. En Acámbaro, se reeligió Claudia Silva, también del PAN. En Jerécuaro gobierna la priista Isabel Acevedo. Ambas asumieron sus cargos el pasado 10 de octubre.
Política y ¿narcoterrorismo?
“Esta nueva oleada es producto de los cambios en el gobierno”, asegura el analista David Saucedo, que achaca los atentados al comienzo de un nuevo ciclo político. El especialista plantea que los reacomodos en el Gobierno estatal provocaron “una actitud de brazos caídos” de los funcionarios salientes, que se combinó con la intención de los grupos delictivos de mandar un “mensaje contundente” a los mandos recién llegados.
- “Los grupos criminales de la zona intentan someter a los Gobiernos locales y si hay alguna resistencia u oposición procederán con actos de narcoterrorismo para erosionar su credibilidad ante la opinión pública”, señala.
- Saucedo es categórico al afirmar que los atentados se enmarcan en la esfera del narcoterrorismo porque se persigue un objetivo económico-criminal, se busca infundir miedo a la población y obligar a las autoridades a plegarse ante el crimen organizado.
Otros especialistas, sin embargo, tienen reservas para catalogar las explosiones en Jerécuaro y Acámbaro como actos terroristas. La definición clásica del terrorismo alude al uso de la violencia para conseguir fines políticos y religiosos. Víctor Hernández, investigador del Tec de Monterrey, no ve que se cumplan estos criterios porque la intencionalidad detrás del ataque no está del todo clara.
- “Si el Cartel de Sinaloa o el Cartel Jalisco quisieran apoderarse del Estado mexicano y sustituirlo podríamos hablar de narcoterrorismo, la realidad es que al crimen organizado le interesa tener al Gobierno en el bolsillo”, argumenta. No se trata sólo de una discusión entre académicos.
- En plena campaña electoral, sectores ultraconservadores del Partido Republicano y cercanos a Donald Trump exigen que los carteles sean declarados como grupos terroristas para justificar incursiones militares de Estados Unidos en México.
- “Hay que tener cuidado con las etiquetas”, advierte el analista. El debate también ha saltado al terreno de la política mexicana: en un extremo, el PAN y el PRI se han referido a estos ataques y otros como “actos de terrorismo”; en el otro, Morena tiende a minimizar los episodios de violencia y acusa a los medios y opositores de “exagerar”.
La guerra de Guanajuato
La fractura dentro del Cartel de Sinaloa ha acaparado la atención mediática en la recta final de la Administración de Andrés Manuel López Obrador y el inicio del Gobierno de Sheinbaum. Pero en Guanajuato ha habido más del doble de homicidios que en Sinaloa en 2024, según cifras oficiales actualizadas a finales de septiembre.
- La lucha entre el Cartel de Santa Rosa de Lima y el Cartel Jalisco Nueva Generación ha hecho llover fuego en el Estado. Fue en Salamanca donde se registraron las primeras masacres de esta presidencia a principios de octubre.
- En la última semana fueron acribilladas tres mujeres en Celaya, se hallaron restos óseos en Yuriria, hubo un tiroteo que dejó seis heridos en Acámbaro y se registró un incendio intencional en el basurero de Villagrán.
- La hipótesis de Saucedo es que Santa Rosa de Lima está detrás del ataque porque ambos municipios son considerados zonas de influencia de ese grupo y por el modus operandi de la agresión.
“Los explosivos son el sello de la casa”, comenta el especialista. En enero de 2019, al inicio de la ofensiva de López Obrador contra el huachicol, el cartel abandonó una camioneta con explosivos afuera de la refinería de Salamanca que pudieron ser desactivados.
- En 2020 hubo otros avisos, con un coche bomba afuera de la refinería que tampoco llegó a explotar y otro vehículo que estalló afuera de una base de la Guardia Nacional en Celaya, que no dejó heridos. En 2021, dos sujetos entregaron un “regalo bomba” a los dueños de un restaurante en Salamanca: dos hombres murieron y cinco más lesionados.
- En 2022, dos policías fueron emboscados con explosivos activados por control remoto en Irapuato. En junio del año pasado, diez agentes de la Guardia Nacional fueron alcanzados por la explosión de un coche bomba en una comunidad rural de Celaya. Jerécuaro y Acámbaro no fueron casos aislados.
A falta de una versión oficial sobre lo sucedido, Saucedo señala que los explosivos suelen ser utilizados por Santa Rosa de Lima para exigir el cobro de derecho de piso, mermar la capacidad operativa de las corporaciones de seguridad, distraer la atención de las autoridades o “calentar la plaza”. “No hay otro grupo criminal en la región que tenga la capacidad, el expertise ni los antecedentes en el manejo de explosivos”, zanja el especialista.
- Hérnandez, en cambio, asevera que por el uso táctico de los explosivos puede tratarse del Cartel Jalisco. “Es el ejemplo del cartel violento, sanguinario y depredador de la economía local”, asegura.
- Las autoridades no han presentado los primeros hallazgos de las investigaciones. Cabe también la posibilidad de que cada grupo incrimine a sus rivales para que estén en la diana de las fuerzas del orden. Guanajuato es un campo de guerra plagado de incógnitas.
Bombas, granadas y drones
El uso de bombas y drones también se ha extendido en otros focos rojos de la violencia en el país y a manos de otras organizaciones criminales. En Michoacán se ha advertido el uso de minas antipersona en zonas rurales por el Cartel Jalisco y hace dos semanas hubo una amenaza de bomba en un centro comercial de Morelia, la capital del Estado.
- Y la semana pasada se desactivó una bomba artesanal en Sinaloa, en medio de las disputas entre Los Mayos y Los Chapitos. A finales del año pasado, la Secretaría de la Defensa Nacional informó del decomiso de 33 drones desde 2019 en ocho entidades distintas, más de la mitad en Michoacán, seguido por Guanajuato.
- Hernández señala que el Cartel de Sinaloa ha hecho alianzas pragmáticas con Santa Rosa de Lima para incursionar en Guanajuato y pelear contra el Cartel Jalisco, un enemigo común. El especialista compara episodios como el ataque con drones en Tepalcatepec (Michoacán) con escenas que se han visto durante la invasión de Ucrania.
Hace dos meses se descubrieron tres narcofábricas en menos de una semana en Michoacán para la producción de explosivos caseros y artesanales, aunque también se han hallado morteros.
Quizá el antecedente más conocido de un ataque de este tipo contra la población civil fue hace 16 años en las celebraciones del Día de la Independencia en Morelia: al menos ocho personas murieron tras un atentado múltiple con granadas. Ningún grupo se responsabilizó del atentado.
- José Antonio Yépez Ortiz El Marro, fue detenido en agosto de 2020 tras seis años al frente del Cartel de Santa Rosa de Lima. Fue uno de los golpes más mediáticos del Gobierno de López Obrador contra la delincuencia.
- Hernández afirma que la promesa de poner fin a la violencia tras la detención no se cumplió y que la situación en Guanajuato es una muestra de que la estrategia de apresar a los grandes capos ha fracasado.
“No reducen la violencia y de hecho, la incrementan en el mediano plazo”, comenta. “Es potente y tiene su complejidad técnica armar un coche bomba, pero no tuvo la capacidad de destruir la comisaría ni hacer una matazón”, agrega Hernández sobre los últimos atentados. “Tiene un impacto más psicológico que real”.
Saucedo también es escéptico de la estrategia contra el crimen y de si realmente habrá un viraje con la primera gobernadora de Guanajuato y la primera presidenta de México. “La narrativa del narco es más poderosa que la narrativa gubernamental: de las autoridades tenemos sólo planes e ideas, mientras los narcotraficantes combaten a sangre y fuego”, concluye. García Muñoz Ledo se reunió con Sheinbaum para presentarle la política estatal contra los grupos criminales. Dos días después, se presentó una nueva prueba de fuego.
Michoacán con el mayor decomiso de explosivos
La Fiscalía General de la República (FGR) sólo cuenta con ocho carpetas de investigación, entre 2015 y enero de 2024, por delitos relacionados con el uso de explosivos para atacar a personas civiles o a autoridades en el país.
- Las carpetas iniciadas por el Ministerio Público federal, de acuerdo con una solicitud de información pública mediante el oficio FGR/UETAG/001658/2024, se concentran en su mayoría en Guanajuato, donde el jueves 24 de octubre estallaron dos coches bomba en las sedes de las secretarías de Seguridad Pública municipal de Acámbaro y Jerécuaro.
El uso de explosivos, las sustancias para fabricarlos y dispositivos para transportarlos y detonarlos están regulados por la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, que los considera como armas de uso exclusivo de la Fuerzas Armadas.
El número de carpetas de investigación abiertas por la FGR contrasta con los ataques, muertos y heridos por explosivos documentados por otras instancias como la Secretaría de la Defensa Nacional, así como por los decomisos.
- Información transparentada por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) revela que desde 2021 integrantes del Ejército mexicano fueron atacados con explosivos en 14 ocasiones, con un saldo de cuatro soldados y seis agresores muertos, además de 30 militares que resultaron heridos.
- El sexto informe de Gobierno del expresidente López Obrador, que presentó en septiembre pasado, reconoce 22 víctimas por ataques con materiales explosivos entre 2021 y 2023.
- Los ataques en los que hubo decesos fueron en Jalisco y Michoacán. El 20 de enero de 2024, en Santa María del Oro, Jalisco, un grupo del crimen organizado perpetró un ataque contra el Ejército con el uso de “drones y/o explosivos improvisados”; un militar murió y cuatro resultaron heridos.
Otro ataque similar se presentó en Tepalcatepec, Michoacán el 29 de febrero de 2024. Ahí, elementos de la 43 zona militar fueron emboscados con armas de alto calibre y drones explosivos. Tres efectivos perdieron la vida y cinco más resultaron heridos de gravedad.
Pese a la muerte de militares por explosivos en Michoacán, la FGR no cuenta con carpetas de investigación en esta entidad donde se ha documentado el uso de drones explosivos y minas antipersonales, además de que es una de las entidades con el mayor decomiso de armamento explosivo.
- Respecto a los decomisos, entre el 19 de febrero de 2020 y el 31 de julio de 2024 la Sedena aseguró al menos tres mil 836 artefactos en todo el país, principalmente en los estados de Guerrero, Michoacán y Jalisco.
- Michoacán, territorio del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), es el estado donde han ocurrido la mayor cantidad de decomisos por parte de la Sedena: mil 642 desde 2021, es decir, uno de cada tres decomisos de explosivos en el país, ocurrió en esta entidad.
- De enero de 2015 a agosto de 2024, agentes del Ministerio Público de la FGR aseguraron 432 mil 36 explosivos en el país, principalmente en los estados de Jalisco, Morelos, Michoacán, Estado de México y Quintana Roo.
Otra dependencia de seguridad que ha decomisado explosivos es la Guardia Nacional. Según el sexto informe de labores de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), entre el 1 de julio de 2019 al 31 de julio de 2024, este cuerpo policial incautó 577 artefactos.
Además, entre agosto y octubre de este año, la Guardia Nacional ha realizado otros seis decomisos de artefactos explosivos; cinco en Sonora y uno en Nayarit. El último ocurrió el 4 de octubre pasado —ya en el gobierno de Claudia Sheinbaum— cuando en colaboración con el Ejército se aseguraron “cuatro artefactos explosivos improvisados de forma cilíndrica”, así como cartuchos de diversos calibres, cargadores y armas largas.
Manufactura colombiana
Junto con los decomisos de explosivos se ha logrado la captura de personas, principalmente ciudadanos colombianos, que fabrican los artefactos y adaptan drones, morteros y lanzadores para realizar estos ataques.
- En el último año, las autoridades han desmantelado al menos tres fábricas clandestinas de explosivos y drones en los municipios de Buenavista y Apatzingán, en Michoacán. En todas ellas, capturaron a colombianos, quienes presuntamente adiestraban a los cárteles en la elaboración de estos artefactos.
- En octubre de 2023 en la comunidad de Catalinas, perteneciente al municipio de Buenavista Tomatlán, fuerzas federales detuvieron a ocho colombianos, al servicio de Los Viagras, que se dedicaban a la fabricación de explosivos para drones.
- En julio de este año, el gobierno de Colombia reconoció que brinda asistencia jurídica a estos ciudadanos, los cuales fueron identificados como exguerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y algunos exmilitares y expolicías. Fábricas similares han sido desmanteladas en Jalisco.
Autoridades militares y civiles identificaron que el Cártel Jalisco Nueva Generación y Los Viagras, Cárteles Unidos, entre otros, reclutaron a exmilitares colombianos, venezolanos, guatemaltecos y ecuatorianos para el armado de bombas.
Coches bomba
El ataque con coches bomba del jueves en Acámbaro y Jerécuaro sería, al menos, el cuarto documentado en el país en los últimos años.
- Otro ataqué ocurrió la noche del 28 de junio de 2023, cuando 10 agentes de la Guardia Nacional resultaron heridos mientras realizaban la inspección de un vehículo sospechoso, el cual estalló.
- También en enero de 2019, cuando estaban por cumplirse los primeros dos meses de gobierno de López Obrador, un coche bomba fue localizado en una de las entradas de la refinería Antonio M. Amor en Salamanca, con un mensaje que exigía a la Federación salir de Guanajuato.
La amenaza se presentó en medio de la estrategia que el expresidente emprendió en contra del robo de combustible —huachicoleo—, del que el Cártel de Santa Rosa de Lima era el principal beneficiario en la entidad guanajuatense.
Ataque con explosivos desde avioneta en Durango
El pasado 2 de noviembre en Durango un nuevo ataque con artefactos explosivos arrojados desde una avioneta, pero ahora en Tamazula, municipio en los límites con el estado de Sinaloa.
- En redes sociales fueron compartidos videos de la aeronave sobrevolando la región y arrojando las bombas en la zona serrana. También se difundieron imágenes de por lo menos tres columnas de humo producidas por las detonaciones.
- Habitantes de El Carrizal aseguraron que las detonaciones ocurrieron entre las 8:00 y las 9:00 de la mañana. Hasta el momento, no se cuenta con información detallada sobre el incidente ni se han reportado heridos o fallecidos.
Medios locales indican que el ataque se dirigió a un rancho propiedad de un antiguo operador de Joaquín “El Chapo” Guzmán en el Cártel de Sinaloa, Adelmo Niebla González, conocido por los alias “El Memo”, “El Señor” y “G3”, por quien el gobierno de Estados Unidos ofrece una recompensa de 5 millones de dólares desde 2017.
- Cabe recordar que este lunes, habitantes de Vascogil, Durango, reportaron que una avioneta que sobrevoló la región y lanzó al menos cuatro bombas cercanas a la población, también conocida como territorio de Ismael «El Mayo» Zambada.
- Las autoridades estatales confirmaron que las fuerzas federales de seguridad se hicieron cargo de las investigaciones, sin que hasta al momento se hayan dado detalles sobre personas lesionadas y daños a inmuebles
En redes sociales se difundió la imagen tomada a lo lejos del poblado de Vascogil donde se muestran al menos tres columnas de humo, mientras tanto en declaraciones de un hombre a un medio local afirma que los artefactos explosivos fueron lanzados desde el aire por una avioneta; pide que paren con las agresiones ante el temor que generó a las familias.
Este reporte surge en medio de la ola de violencia que vive el estado vecino de Sinaloa y zona de operaciones del cártel fundado por Joaquín «El Chapo» Guzmán e Ismael «El Mayo» Zambada, quien hace tres meses fue detenido en El Paso, Texas, tras descender de un avión en el que viajó acompañado por Joaquín Guzmán López, uno de los líderes de la facción de Los Chapitos./Agencias-PUNTOporPUNTO
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