MÉXICO vive profunda CRISIS de VIOLENCIA CRIMINAL y REFORMAS de AMLO no mejorará el SISTEMA de JUSTICIA

La organización internacional Human Rights Watch (HRW) reclamó que la reforma que impulsa el gobierno de López Obrador al Poder Judicial no ayuda a contener la violencia en el país.

• En redes sociales, la entidad pidió que se incluya a los organismos encargados de investigar los crímenes. “México tiene una profunda crisis de violencia criminal y la propuesta de reforma del Poder Judicial de AMLO no aborda la voluntad y capacidad de las fiscalías para investigar”, reclamó.
• HRW apuntó que es necesario mejorar estas instituciones si se quiere mejorar la situación en México. “Para rescatar la justicia en México, hay que mejorar las fiscalías”, sostuvo la organización.

El organismo compartió un mensaje en el que su investigador Tyler Mattiace sostuvo que la insistencia del presidente López Obrador y de la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, de elegir a juzgadores por voto popular no solucionará el problema.

“Al centrarse en la elección de jueces, ambos se equivocan. Su propuesta no hará nada para abordar el verdadero cuello de botella en el sistema de justicia: la voluntad
y la capacidad de las fiscalías para investigar”, apuntó.

• En su texto, que previamente se publicó en Americas Quarterly, Mattiace señaló que las fiscalías en México son responsables tanto de investigar como de judicializar los delitos; sin embargo, “sus resultados han sido asombrosamente pobres. En 2022, abrieron 2.2 millones de investigaciones, pero apenas algo más de 238 mil casos llegaron
  ante un juez, es decir, 10%”.

Además, agregó que “la mayoría de las investigaciones, incluso sobre homicidios, desapariciones y graves violaciones de derechos humanos, se cierran o archivan sin resolverse”.

El enfoque equivocado

Sin embargo, centrarse en la elección de jueces ignora un problema aún más grave: la ineficacia de las fiscalías. En 2022, de 2.2 millones de investigaciones abiertas, solo el 10% llegó ante un juez. La mayoría de los casos se cierran sin resolverse, incluyendo aquellos que involucran homicidios, desapariciones y graves violaciones de derechos humanos. Los casos que sí llegan a juicio a menudo se basan en pruebas endebles o en declaraciones obtenidas bajo coacción.

Las fiscalías carecen de los recursos y la formación necesaria para realizar investigaciones efectivas. Los testigos y víctimas temen represalias, y las autoridades no pueden garantizarles protección. Además, los mecanismos de control, como las unidades de asuntos internos y las fiscalías anticorrupción, carecen de la independencia y recursos necesarios para detener abusos como la tortura y la corrupción.

• Una mujer que buscaba justicia por el asesinato de su madre relató cómo, después de meses de ser ignorada por las autoridades, el fiscal encargado del caso le dijo que probablemente nunca se resolvería porque “hay muchos delincuentes” en la zona. Este tipo de respuestas subraya la falta de prioridad que se le da a los casos de quienes no tienen poder ni recursos.

A partir de que se reformó a las procuradurías de nuestro país y se les denominó fiscalías, independientes y con autonomía, parecería que no se calculó el riesgo que conllevaba el poder ilimitado que se les estaba dotando a los fiscales y el desorden que terminó generando, consideró César Gutiérrez Priego en una columna de opinión publicada por La Silla Rota el pasado mes de junio.

«No solo no se cambió la forma de trabajo, el cual continuó igual en casi todas las fiscalías del país y la federal, si no que se le dio carta abierta a la impunidad de muchos fiscales estatales, mismos que se convirtieron de facto en los virreyes estatales, teniendo cuotas de poder inmenso y dándoles carta abierta a la impunidad, ya sea por corrupción o por incapacidad. Hoy es casi imposible quitar del puesto a estos fiscales, ya que por lo general terminan creando consensos y favores con los legisladores locales, mismos que los protegen con el fuero constitucional, por lo que no pueden ser tocados ni con el pétalo de una rosa», agregó.

Injusticia en México

México enfrenta una crisis de violencia, violaciones de derechos humanos e impunidad. Más de 100 mil personas están desaparecidas y la tasa de homicidios es una de las más altas del mundo. Abordar esta crisis requiere un sistema de justicia que sea imparcial y eficiente, y eso implica no solo jueces independientes, sino también fiscalías que realicen investigaciones efectivas y respetuosas de los derechos humanos.

• Para Human Rights Watch, en lugar de atacar a los jueces, el gobierno debería concentrarse en fortalecer las fiscalías, mejorar los mecanismos de supervisión y anticorrupción, invertir en capacitación y recursos forenses, proteger a las víctimas y testigos, y establecer servicios profesionales con reglas claras que recompensen la habilidad e integridad.
• El pasado 13 de julio, en medio de la polémica sobre la reforma al sistema judicial, durante la cuarta edición de «La Reforma Judicial a Debate», la jueza de Distrito Magdalena Victoria Oliva y el abogado constitucionalista Francisco Burgoa dieron a conocer sus opiniones sobre la propuesta de modificaciones constitucionales en materia de justicia, y sus alcances.

La jueza del Juzgado Quinto de Distrito Especializado en Ejecución de Penas en la Ciudad de México, Magdalena Oliva, afirmó que para materializar una reforma como la que se plantea es indispensable hacer un diagnóstico serio. Por su parte, Francisco Burgoa, abogado constitucionalista, señaló que la propuesta de reforma parece tener sustento en el resentimiento, más que en mejorar el sistema judicial. «Si realmente se quiere fortalecer la justicia se necesita una reforma integral que pase por las fiscalías y otras instancias de procuración de justicia».

Reforma Judicial y Independencia en México

En México existe consenso sobre la necesidad de una reforma judicial, que debería darse a partir de un diagnóstico objetivo basado en evidencia y que abarque a todas las instituciones del sistema de justicia, consideró Jesús Peña Palacios, representante adjunto en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH).

Además, dijo durante el inicio del Encuentro Internacional sobre Independencia Judicial, debe garantizar los avances de las últimas décadas y hacerse sin precipitaciones, con inclusión, apertura, tolerancia, y con un sentido realista de lo que implicaría la operatividad de cualquier cambio constitucional.

«Una reforma debería partir de un diagnóstico objetivo basado en evidencia y abarcar todas las instituciones que conforman el Sistema de Justicia, los órganos jurisdiccionales, las fiscalías, las instituciones periciales, forenses y de identificación humana, las comisiones de víctimas, las defensorías públicas, las policías y otras corporaciones investidas de funciones de seguridad pública, el sistema penitenciario, la profesión jurídica y el sistema de formación y enseñanza del derecho y otras disciplinas relevantes».

El diplomático afirmó que la independencia judicial no se trata de un privilegio, sino de una condición necesaria en todo estado de derecho.

«Sin ella se carece de un dispositivo indispensable para asegurar que todas las personas, con independencia de su condición e instituciones públicas y privadas, estén sometidos a las leyes que las mismas se hagan cumplir por igual y que se apliquen con imparcialidad».

Y añadió: «La independencia judicial persigue como uno de sus objetivos centrales la protección de los derechos humanos, no se trata, por tanto, de un privilegio de quienes ejercen la función judicial sino de una prerrogativa en favor de las personas que interactúan con una instancia judicial».

«Bien entendida, el objetivo primario de la independencia judicial es proteger y servir a las personas, a las personas usuarias del sistema de justicia, a las personas justiciables, a quienes tocan las puertas o son llevadas ante una instancia judicial con el objetivo de que se terminen, hagan valer o respeten sus derechos; es un derecho al servicio de las personas, de todas las personas, no una franquicia o una patente al servicio de quienes desempeñan la función judicial».

Dijo que el escrutinio internacional a México «se realiza de buena fe, sin lesionar la soberanía nacional o pretender invadir los asuntos que son esencialmente de la jurisdicción interna del Estado, por el contrario, se basa en las obligaciones que libremente el Estado mexicano ha adoptado en la esfera internacional con el fin de promover que los derechos y libertades reconocidos sean respetados y las disposiciones del derecho interno sean compatibles con los compromisos internacionales».

Impacto en procesos penales

De acuerdo con un artículo de Nexos, la reforma plantea elegir por voto popular al total de personas juezas, magistradas y ministras, sin prever las afectaciones que su sustitución tendrá en los procesos judiciales: los nuevos procesos electorales traerían como consecuencia la interrupción de los juicios en trámite durante este periodo electoral, pues inevitablemente se tendrían que pausar todas las actuaciones judiciales, por lo menos durante el tiempo que sea necesario para realizar los ajustes administrativos correspondientes al cambio de titulares de los tribunales y juzgados.

Esto entorpecería la actividad judicial en general, retrasaría la resolución pronta y expedita de los litigios y, en materia penal, comprometería la integridad de los juicios, pues el principio de inmediación se vería afectado y con este, la garantía judicial del debido proceso.

• El principio de inmediación está consagrado en el artículo 20 de nuestra Constitución y busca garantizar que las pruebas y argumentos vertidos por las partes durante un juicio, sean percibidos directamente por las personas juzgadoras encargadas de resolver el asunto del que se trate, sin que sea posible delegar o realizar esta tarea a través de un intermediario. Es decir, implica que la persona juzgadora que dictará la sentencia presida las audiencias, observe por sí misma el desahogo de las pruebas y el debate generado, para extraer directamente la información necesaria para motivar su decisión.

La inmediación configura una herramienta metodológica de formación de la prueba en los procesos penales derivado de la presencia del juez en las audiencias de juicio oral para percibir y recabar todos los datos vertidos por las partes. La idea es que esta figura sirva para constatar que lo aportado como prueba reúne las condiciones para catalogarse como válida y determinar su valor probatorio y, de esta manera, establecer su alcance demostrativo y emitir su resolución.

Este principio salvaguarda que el juicio se lleve a cabo de manera imparcial y justa, pues, cuando no hay inmediación se pierde esta supervisión directa la persona juzgadora, lo que podría abrir la puerta a decisiones basadas en información filtrada o mal interpretada. Esto es precisamente lo que ocurría en el sistema inquisitivo anterior a la reforma penal de 2008,1 donde la o el juez decidía la culpabilidad de una persona basándose únicamente en la lectura del expediente escrito, sin haber escuchado y valorado directamente los argumentos de las partes.

• Un ejemplo de cómo este sistema afectaba a los procesos de justicia se encuentra en el conocido caso Israel Vallarta, quien no tuvo la oportunidad de que un juez lo escuchara para poder señalar la tortura que sufrió durante su detención, así como la falsedad de las pruebas y testimonios aportadas en su contra, por las cuales se le acusó del delito secuestro y se le privó de su libertad sin sentencia.

Con el sistema penal acusatorio actual se reconoce la importancia de que las personas juzgadoras estén presentes durante la audiencia de juicio oral, para que puedan escuchar los testimonios de viva voz y analizar integralmente su contenido.

• Por ejemplo, en los casos de abuso sexual infantil dentro de instituciones educativas ocurridos en el Estado de México durante el año 2011, en los que la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia acompañó como asesora jurídica de los niños y niñas víctimas, fue fundamental que sus testimonios fueran escuchados directamente por la persona juzgadora, dentro de un ambiente seguro y acompañados de un experto en psicología infantil, pues al tratarse de casos complejos y donde el comportamiento de los niños y niñas aportaba más información para decidir sobre la responsabilidad penal de sus agresores, la inmediación resultó indispensable.

Ahora bien, explicado todo esto, vale subrayar que la propuesta de reforma a los poderes judiciales federal y locales implicaría suspender los juicios independientemente de la etapa procesal en la que se encuentren para sustituir a las personas juzgadoras encargadas de resolverlos.

• Cambiar a los actuales juzgadores por personas electas mediante voto popular, lo cual implicaría una violación al principio de inmediación y traería consigo graves consecuencias en los procesos penales que se encuentren en la etapa de juicio oral, porque al no haber garantizado la debida formación de la prueba, la sentencia que dicte la nueva persona juzgadora electa mediante el voto popular carecerá de fiabilidad y no contará con las bases para considerar que quien la dictó y dispuso del material probatorio válido para ello.

Consecuentemente, los procesos y, eventualmente, las sentencias que no cumplan con la exigencia de inmediación, podrán ser impugnadas por la parte afectada, al constituir una violación a las garantías judiciales y al debido proceso, lo que a su vez provocaría la reposición del procedimiento y el reinicio de la etapa de juicio oral.

• Ante la necesidad de que los titulares de todos los órganos jurisdiccionales sean sustituidos por personas electas mediante el voto de la ciudadanía y se sometan sus puestos a elecciones, se modificará la integración inicial de los tribunales de enjuiciamiento que dieron apertura a la etapa de juicio oral en los procesos penales y se violaría la inmediación de esta etapa procesal.
• Esto debido a que las personas juzgadoras que emitirían la sentencia, serían distintas a las que iniciaron esta etapa del procedimiento.
• Por ejemplo, pensemos en el caso de un juicio por el delito de trata de personas, cuyo desahogo probatorio tuvo que ser prolongado a más de una audiencia por el volumen de pruebas y testigos a escuchar. Si paralelamente se celebraran las elecciones judiciales y resultaran seleccionadas personas juzgadoras distintas a las que originalmente integraban el tribunal de enjuiciamiento del caso en cuestión, la audiencia de juicio oral se reanudaría para llevar a cabo las diligencias faltantes.

Sin embargo, en este punto, dichas diligencias serían dirigidas por personas juzgadoras distintas, por lo que al concluir la participación de las partes y obtenerse la deliberación del tribunal, cuando este emite la sentencia condenatoria y antes de que sea posible individualizar las sanciones, la defensa jurídica de los acusados encontrados penalmente responsables podría recurrir esta determinación por violar el principio de inmediación, argumentando que el tribunal de enjuiciamiento fue modificado a media etapa procesal y consecuentemente, el tribunal no pudo haber obtenido la información necesaria para dictar una resolución objetiva.

• En este caso hipotético, el tribunal que conoce de la apelación podría percatarse de que efectivamente se violó el principio de inmediación y, por lo tanto, podría ordenar la revocación de la sentencia y la reapertura de la etapa de juicio oral para que sea un nuevo tribunal de enjuiciamiento quien conozca del asunto de inicio a fin.
• Este escenario es el menos favorable para las víctimas que tendrán que vivir nuevamente un proceso penal revictimizante, al tener que presentar sus testimonios y nuevamente ser cuestionadas, escuchar la descripción de los hechos, las lesiones causadas en ellas y observar el material probatorio que evidencia el daño sufrido.

Además, cabe la posibilidad de que algunos de los testigos que presentaron su testimonio con anterioridad ya no estén en la disposición de hacerlo en este nuevo juicio, o que la integridad de alguna de las pruebas se haya visto afectada en el tiempo transcurrido desde la emisión de la sentencia. Todo esto no sólo propicia que el sentido de la sentencia cambie, también entorpece y complica la impartición de justicia y, consecuentemente, podría sembrar un sentimiento de desilusión y desconfianza en los tribunales.

Como podemos observar, el sistema de elecciones populares de los titulares de los órganos jurisdiccionales propuesto en la iniciativa de reforma a los poderes judiciales federal y locales del oficialismo, más allá de cumplir su cometido de reducir los niveles de impunidad en nuestro país, incurre en violaciones al debido proceso de los juicios penales federales y aumenta la posibilidad de que los casos queden impunes pues al no salvaguardar la seguridad jurídica de las partes. En este sentido, la iniciativa compromete la efectiva resolución de casos gravísimos como la trata de personas, el secuestro, la desaparición forzada o casos de corrupción de funcionarios federales, así como el acceso a la justicia de sus víctimas.

Es importantísimo que las discusiones en el Congreso de la Unión respecto de esta iniciativa de reforma aborden esta problemática y prevean el daño que puede causar a nuestro orden constitucional la aprobación de esta iniciativa, en los términos que actualmente se encuentra.

De lo contrario, miles de juicios penales podrían verse afectados de manera irreparable, miles de víctimas perderían la oportunidad de obtener una reparación integral del daño y el sistema de justicia penal mexicano dejaría de garantizar el derecho humano al debido proceso.

Piden reforzar la defensoría pública

Magistrados y especialistas en temas de Derecho pidieron a los diputados federales de Morena no dejar fuera de la reforma al Poder Judicial a los defensores de oficio, ya que, aunque cientos de miles de mexicanos buscan ayuda de estos abogados cuando tienen un problema legal, no hay un plan para dotarlos de más recursos y ayudarles a hacer un mejor trabajo.

“Necesitamos más defensores públicos y transformar realmente las defensorías públicas”, dijo Miguel Felipe Mery Ayup, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Coahuila, durante el octavo foro de la reforma al Poder Judicial que se llevó a cabo en la ciudad de Saltillo.

• La opinión de Mery Ayup fue la primera de muchas que se pronunciaron en el mismo sentido, luego de que el propio Ignacio Mier, coordinador de los diputados federales de Morena, reconoció que la reforma al Poder Judicial no contempla reforzar a las defensorías públicas.
• Mery Ayub aprovechó el espacio para informar que en México existen 6 mil 363 defensores públicos locales, los cuales atienden casi 2 millones de asuntos anuales, es decir, un promedio de 360 por asesor. En Coahuila esa cifra sube a 800 expedientes anuales por abogado.

“El 72% de las personas vinculadas a proceso en México requieren de un defensor público. Aquí en Coahuila el 84% de los asuntos penales son llevados por un defensor de oficio”, insistió Mery Ayub sobre la situación del país y de su estado.

• El penúltimo foro de la reforma al Poder Judicial se alejó del tema que ha absorbido la mayor parte del debate sobre la iniciativa: la elección por voto popular de jueces, magistrados y ministros. Algunos participantes sacaron a la luz el tema, pero las dificultades en las que trabajan los defensores de oficio dejaron en claro que los problemas de justicia en México van más allá de la selección de nuevos juzgadores.
• Tassia Cruz Parcero, magistrada de Circuito y directora del Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP), puso de ejemplo a la dependencia a su cargo, en la que trabajan mil 190 abogados y asesores, quienes atendieron 134 mil asuntos todo el 2023 y hasta abril del 2024.

Ante este panorama, la titular del IFDP propuso a los legisladores emitir una ley general que, entre otros temas, homologue los servicios de defensoría pública; establezca distribución de competencia y coordinación entre la Federación y los estados; garantice la autonomía técnica y de gestión de las defensorías federal y locales; asegure la asignación presupuestal necesaria para que los abogados de oficio tengan un buen salario y para que haya personal suficiente y capacitado para atender todos los asuntos de los mexicanos.

“En el contexto de la discusión nacional sobre la pertinencia y necesidad de una reforma que mejore las condiciones del acceso a la justicia en favor de todas las personas, reforzar a la defensoría pública federal y a las defensorías de cada una de las entidades federativas es una tarea impostergable”, expresó Cruz Parcero.

• La reforma al Poder Judicial empezará a ser discutida por la Cámara de Diputados a partir del 22 de agosto, según el calendario que la Comisión de Puntos Constitucionales aprobó para analizar las últimas reformas a la Constitución del presidente Andrés Manuel López Obrador.
• La reforma al Poder Judicial ha sido debatida en ocho foros desde el 27 de junio. Todavía el 8 de agosto se llevará un último encuentro en el estado de Sinaloa, donde estará a discusión el papel de los ministerios públicos en el acceso a la justicia, otro tema que tampoco fue incluido en la iniciativa enviada por López Obrador.

En el encuentro de este martes 6 de agosto en Saltillo, Coahuila, hubo participación de expertos en Derecho y diputados federales que también consideraron necesario reforzar las defensorías públicas en favor de la gente.

“Lo que realmente le afecta a la gente día con día, en la justicia cotidiana, es no tener acceso a una defensa, no tener acceso a alguien que les defienda su problema y les dé la justicia. Eso es lo que deberíamos estar viendo, no la forma en la que se elegirá a los juzgadores y juzgadoras”, expresó Miguel Rodarte, diputado federal del Partido Acción Nacional (PAN).

• Incluso Gerardo Fernández Noroña, diputado federal del Partido del Trabajo (PT) y próximo senador de Morena, reconoció que a la reforma Poder Judicial le hace falta abordar el tema de las defensorías públicas en el país.

“No está en la iniciativa y se debe hacer parte de la reforma constitucional porque, como aquí se dijo, el 84% del pueblo va con defensores de oficio sobrecargados, mal pagados, vistos por encima del hombro por sus colegas”, expresó el legislador del PT.

• Especialistas como Sandra Lucía Rodríguez Wong, profesora en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila, se sumaron a este llamado al señalar que las defensorías públicas operan con menos recursos que los ministerios públicos, a pesar de que también colaboran en la procuración de justicia.

“La falta de recursos acarrea problemas operativos como la falta de personal para la atención de asuntos. La insuficiencia del personal reduce la afectividad de la carga de trabajo. Los estudios revelan cuántos asuntos atiende cada defensor público”, dijo Rodríguez Wong.

Defender independencia judicial, exhorta Norma Piña ante ONU y CIDH

A 10 días de que la Cámara de Diputados dictamine la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF), la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña Hernández, llamó ayer a “alzar la voz” a nivel internacional para defender la independencia judicial porque, aseguró, es un patrimonio de la humanidad.

Piña inauguró el ‘Encuentro internacional sobre independencia judicial. Reflexiones desde la judicatura’, que convocó a juzgadores, académicos y políticos nacionales e internacionales, la mayoría opositores a la actual propuesta de reforma al PJF.

• Frente a representantes de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la titular del PJF enfatizó que “a través de este encuentro internacional alzamos la voz, una vez más, sobre las implicaciones que tendría vulnerar o perder un baluarte como lo es nuestra independencia judicial”.

Justificó que la independencia de un juez sobre sus fallos es un elemento indispensable para sostener y fortalecer a los estados democráticos de derecho y con ello la garantía y protección de las facultades humanas en el mundo. También destacó que la democracia implica gobernar para las mayorías y minorías, y no para “derrotar o sepultar los derechos fundamentales”.

Sólo asistieron cinco ministros

En el acto inaugural, Piña estuvo acompañada sólo de la mitad de los 10 ministros: Luis María Aguilar, Javier Laynez, Alberto Pérez, Juan Luis González y Jorge Mario Pardo.

Además, asistieron políticos del bloque opositor: el presidente nacional del PAN, Marko Cortés; el líder de los diputados panistas capitalinos, Federico Döring; las senadoras Kenia López Rabadán (PAN) y Beatriz Paredes (PRI), y el líder de los diputados federales de MC, Braulio López. Al final posaron con Piña y los ministros para la foto.

• Fuentes de la Corte afirmaron en entrevista con este diario que también invitaron a legisladores de la Cuarta Transformación, pero no asistieron. Entre ellos al petista Gerardo Fernández Noroña y a la morenista Lidia García Anaya.
• En ese acto, Jesús Peña Palacios, representante de la ONU-DH, señaló que sin la independencia judicial “el derecho se distorsiona y se desfigura”.

Ofreció acompañamiento sobre la reforma al PJF para que lleve un proceso legislativo en “un clima de tolerancia, bajo un proceso amplio, abierto, plural y transparente. Es crucial que las propuestas adoptadas se adhieran a las normas y estándares internacionales de derechos humanos”.

Para la directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Mónica González Contró, “es necesario un Poder Judicial independiente, de personas juzgadoras con una sólida preparación, en constante formación, que sea capaz de interpretar las normas con perspectiva de derechos y que tenga la garantía de que proteger derechos no le costará su carrera, su libertad, e incluso su propia vida, como ocurre, desafortunadamente, en nuestro país el día de hoy”./Agencias-PUNTOporPUNTO