En México, más de 79 mil personas han desaparecido. La mayor parte de ellas desde 2006, durante el sexenio de Felipe Calderón, con lo que se convierte en la peor crisis de desaparecidos en América Latina desde la Guerra Sucia de los 70, explica el Washington Post.
En aquel sexenio, recuerda el periódico, el entonces mandatario militarizó la guerra contra las drogas y desplegó al Ejército para combatir a los cárteles. Cuando las desapariciones comenzaron a resurgir, se sospechó de las fuerzas de seguridad; no obstante, los narcotraficantes también estaban secuestrando a las personas.
- El medio indicó que si bien es fácil culpar a los grupos criminales por esta situación, la verdad puede ser más complicada. En el 2000, cuando los mexicanos salieron a votar por un Gobierno de transición, la joven democracia mexicana no logró construir un sistema de justicia profesional con policías y fiscales bien especializados.
- También señaló que actualmente solo alrededor del 1 por ciento de los delitos son denunciados y resueltos. Además, de acuerdo con el diario, en México son encontradas dos fosas clandestinas al día en promedio.
Las madres de los desaparecidos, apuntó Washington Post, fueron quienes lograron que los funcionarios tomaran medidas ante la situación, lo cual llevó a que a finales del gobierno de Enrique Peña fuera creada la Comisión de Búsqueda.
Y fue el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador el que se comprometió a realizar un esfuerzo más serio con respecto a las desapariciones, teniendo como primera promesa la resolución del caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, Guerrero.
- Karla Quintana llegó a la titularidad de la Comisión Nacional de Búsqueda en esta administración, y desde ahí contrató a programadores, analistas de datos y abogados con el fin de consolidar y actualizar los datos sobre desaparecidos, indica el periódico.
No obstante, se encontró con que muchas fiscalías estatales no enviaron las cifras, pues en algunos casos los sistemas informáticos no se comunicaron con los del Gobierno federal, mientras que en otros los registros eran desastrosos. También se topó con funcionarios corruptos y con la indiferencia burocrática, apuntó el periódico.
Pero la comisionada, agregó el Post, ha logrado dar algunos pasos como la creación de comités de búsqueda gubernamentales en los estados, así como el reconocimiento de México a la autoridad de Naciones Unidas para investigar las desapariciones, y el financiamiento para la identificación de cuerpos.
Por su parte, familiares de los desaparecidos han manifestado que si bien hay un avance en la búsqueda por parte del Gobierno, no hay una estrategia de Estado que involucre a todas las instituciones.
- El 13 de julio de este año Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación, informó que desde la década de los años 60 y hasta ese momento continuaban como no localizadas 73 mil 201 personas.
- Pero esta cifra ha venido aumentando conforme avanza el tiempo, puntualizó el Post.
En los últimos dos años se localizó el 80% de fosas clandestinas en Guanajuato
En Guanajuato han sido desaparecidas 2,369 personas desde el 2009. Durante el mismo periodo, alrededor de 11 años, han sido encontradas, por lo menos, 215 fosas clandestinas.
Sin embargo, la problemática incrementó de manera significativa en los últimos dos años: fueron desaparecidas la mitad del total y se localizó el 80% (164) de las fosas.
Los datos fueron recabados por la periodista Daniela Rea en su reportaje “Guanajuato: desapariciones, fosas y silencio gubernamental” para Pie de Página. Provienen del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas de la Secretaría de Gobernación.
Las cifras sobre las fosas clandestinas son de registros periodísticos, ya que la Fiscalía del estado había negado la existencia de tales entierros.
- El ”Informe sobre la situación de fosas clandestinas en el estado de Guanajuato (de enero de 2009 a julio de 2020)”, publicado por académicos y activistas, contabilizó 109 fosas hasta el 2019. No obstante, durante este año se añadieron las ocho encontradas en la presa El Conejo, en Irapuato, en septiembre, las 65 fosas en Salvatierra en octubre, y las 33 fosas halladas en Cortázar el 1 de noviembre.
La falta de reconocimiento de estos crímenes por parte de la administración del gobernador Diego Sinhué es reconocida por colectivos de familiares y personas solidarias en Guanajuato como el principal obstáculo para encontrar a las personas desaparecidas y evitar más casos.
“Después del golpe de que se encuentran las fosas de Salvatierra –65 fosas con 79 cuerpos en su interior– ya no pudieron esconder o negar el problema. Sobre todo por la presencia de la Comisión Nacional de Búsqueda que las nombra como fosas clandestinas, porque la Fiscalía de Guanajuato ha negado que existan, había negado decir ese nombre”, declaró Jorge Reyes, académico de la Universidad Iberoamericana y uno de los coautores del informe sobre fosas clandestinas, a Pie de Página.
- El texto fue publicado por un equipo de periodistas e investigadores, Data Cívica, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), Artículo 19, y el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México (PDH Ibero).
- En agosto de este año advirtieron sobre la existencia de los entierros clandestinos en la entidad federativa y sobre la falta de reconocimiento gubernamental de la problemática.
Señaló: “La Fiscalía General del Estado (FGE), a través de su Unidad de Transparencia, ha negado la presencia de tales sitios en varias respuestas a solicitudes de acceso a la información realizadas en diferentes años. Además, en la entidad no existe un registro estatal de fosas y el discurso oficial ha tendido a ocultar este fenómeno (…)
“La Secretaría de Gobernación (Segob) y la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) tampoco cuentan o han recibido datos actualizados de fosas por parte de esta entidad. Las cifras disponibles sobre fosas clandestinas han sido documentadas por la prensa escrita local y nacional”.
Fueron los hallazgos de las fosas clandestinas en Cortázar, Salvatierra, y El Conejo este año que hicieron imposible que se continuara escondiendo el problema.
- De acuerdo con Rea, “una mujer que busca a un familiar desaparecido, integrante del colectivo Mariposas destellando buscando corazones y justicia de Salvatierra” explicó que la búsqueda en el municipio inició dos meses antes de que se hallaran las fosas.
- “Empezamos a buscar puntos a partir de las carpetas y los puntos salieron de 9 carpetas, ahí empezamos a ir con la comisión de búsqueda. No nos interesa saber quién se los llevo, quién fue, solamente donde están. Y que los identifique la autoridad”, afirmó.
La mujer asistió a las excavaciones de 65 fosas y recordó la sensación de encontrarse en un predio localizado junto a un parque recreativo, un rastro, y una fábrica de huevo Bachoco:
“Al inicio era buscar y buscar y escuchábamos a Pachuli (el perro binomio) ladrar a lo lejos y sentíamos la emoción de recuperar y de regresarlos a casa. Pero al cuarto, quinto día, que se nos acabaron las banderitas para señalar las fosas encontradas las empezamos a señalar con botellas de agua vacías y era impresionante avanzar en el terreno y ver todo ese espacio lleno de marcas de posibles fosas y ya llevábamos 40 cuerpos (…) Y fue cuando Pachuli seguía ladrando y entonces ya decíamos ‘ay no, dios, por favor, que ya no ladre…’ La conciencia de saber que eran tantos los que quedaron ahí, que hay vecinos que pudieron escuchar y no dijeron nada”.
- El 3 de noviembre, una semana después de que la Fiscalía trabajó en las fosas clandestinas de Salvatierra con las comisiones nacionales y estatales de búsqueda, abandonó el lugar: removió el resguardo después de encontrar 59 cadáveres. Tras la insistencia de comisiones de búsqueda y familiares, ese mismo día se regresó al predio y se encontraron 20 cuerpos más.
Las comisiones encontraron evidencia, abandonada por la Fiscalía, que es fundamental para conocer causas de muerte como asfixia o decapitación: un casquillo, un cinturón, una navaja, una falange, y un hioides.
El “Informe de observación de integrantes de la Sociedad Civil, Búsqueda generalizada de personas desaparecidas, Salvatierra, Guanajuato”, realizado por autores que han acompañado las excavaciones, y que tiene como objetivo registrar cómo se ha hecho el trabajo de campo y hacer recomendaciones, encontró:
Falta de seguridad y filtración de información, ya que se filtraron a medios fotografías; falla de logística de búsqueda porque se registró “poca” articulación y un trabajo “poco” transparente, y un trabajo técnico “incompleto” y “mal realizado”. “No se siguen los protocolos básicos de recolección de pruebas, de restos óseos y cuerpos encontrados”, señaló el informe.
Este equipo puede afirmar que la Fiscalía no realiza el trabajo adecuado para el registro de la exhumación de las fosas, que no se levantan las pruebas asociadas a los entierros, pues desde la Antropología Forense se requiere considerar los objetos que pudieran dar cuenta de qué y cómo fue lo que ocurrió en el sitio y aportar elementos a la carpeta de investigación y al análisis de contexto
- En una conferencia conjunta entre las comisiones nacional y estatal, llevada a cabo el 28 de octubre, se informó oficialmente el hallazgo de fosas clandestinas. Para esa fecha se había encontrado 59 cadáveres. Karla Quintana, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), declaró:
“Estamos aquí en Salvatierra para buscar a las personas desaparecidas. NO venimos por culpables, venimos a buscar a las muchachas y muchachos que nos hacen falta. No se requiere una denuncia, se pueden acercar a la CNB a hacer una denuncia anónima”, algo que familias buscadoras han afirmado por todo México.
Fabrizio Larusso, académico de la Universidad Iberoamericana en León, señaló que lo mínimo debido por el gobierno de Guanajuato es “reconocer la existencia de algunos sitios con fosas clandestinas, hacer el registro estatal de fosas y desapariciones (como lo ordena la ley) e involucrar a las familias”.
“La Fiscalía ha mantenido un patrón de escasa participación con las familias. Las leyes ahora lo exigen, que se involucre a las familias, y les cuesta la adaptación a una realidad social distinta, a leyes distintas y a prácticas que abonarían a la verdad y a la justicia”, dijo.
México en una fosa clandestina
Karla Quintana (originaria de Mazatán, Sinaloa) sabía en qué se metía cuando aceptó encabezar la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas de México para arrojar una nueva mirada a los casos de mexicanos sin identificar en el país.
Al fin y al cabo, esta abogada lleva 20 de sus 41 años trabajando en la atención a víctimas de violaciones de derechos humanos y a familiares de desaparecidos . Junto con 85 personas, Quintana empezó en 2019 a analizar in situ la actuación de los grupos criminales en una tragedia que ha sacudido a México: las desapariciones forzadas.
- Entre los más crueles y atroces crímenes en México este crimen es el primero. Como es sabido, desde que el ex presidente Felipe Calderón (2006-2012) desató la guerra contra el narco, los casos de desaparición se empezaron a contar por cientos, miles y decenas de miles.
- La pesadilla iniciada por el ex panista continuó durante el sexenio de su sucesor, Enrique Peña Nieto (2012-2018) y perdura en el actual de Andrés Manuel López Obrador.
México Evalúa publicó un informe que recoge la constante de desapariciones que impera en el país en medio de los esfuerzos del gobierno de poner freno a las bandas de la delincuencia organizada.
- La organización documenta 73,742 víctimas, que fueron presuntamente privadas de libertad por bandas delictivas o detenidas por funcionarios públicos desde 1964 a la fecha. De estos casos, la mayoría se encuentra en el estado de Tamaulipas (al norte de México). El análisis añade tres entidades más: Jalisco, Sinaloa y Colima.
Durante un seminario, Chrístel Rosales, investigadora Senior del programa de Justicia, indicó que las cifras escapan de toda lógica.
- Tamaulipas, gobernada por el panista Javier García Cabeza de Vaca, contó 11,035 personas no localizadas; seguida por Jalisco con 10,245; Sinaloa que registra 4,834 personas desaparecidas; finalmente Chihuahua con 4,173; y Colima, con 1,238.
“La desaparición –sea cometida por fuerzas del estado o por particulares– es considerada una violación grave de derechos humanos y un delito continuo, al implicar el desconocimiento de su paradero y el sufrimiento constante de sus familiares”, refirió la organización en una mesa de análisis titulada Punto por Punto, Investigación criminal: un plan para que 70,000 personas vuelvan a casa.
- Grace Fernández, consejera del Movimiento por Nuestros Desaparecidos, reconoció que algunas entidades se esfuerzan por atender la problemática, pero ningún estado de la república cuenta con una coordinación efectiva entre la búsqueda de personas desaparecidas por parte de las comisiones, ni en la persecución del delito por parte de las fiscalías.
- En 2006, cuando comenzó la Administración del presidente Felipe Calderón (2006-2012) y se inició una guerra abierta contra la delincuencia, se encontaron 3,978 fosas clandestinas donde han sido exhumados 6,625 cuerpos.
Los estados que registran mayor número de fosas son Veracruz , Sinaloa, Colima, Guerrero y Sonora, que en conjunto suman el 57 por ciento de las fosas de todo el país.
En el año actual, la Comisión Nacional de Búsqueda ha participado en 50 acciones indagatorias en 21 entidades del país a pesar de la emergencia sanitaria, principalmente en las regiones de Guerrero, Veracruz, Coahuila y Tamaulipas./Agencias-PUNTOporPUNTO
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