TEXTO ÍNTEGRO: El PAÍS no logra revertir CAÍDA en COMPETITIVIDAD durante Sexenio de López Obrador

La presencia y discusión de las reformas de AMLO en la agenda pública y en la legislativa provoca incertidumbre que afecta la estabilidad económica, política y social.

México no logró revertir caída en competitividad y se quedó en el sitio 56 de 67 países que se encuentran dentro de la Clasificación Mundial de Competitividad 2024.

  • El ranking que realiza el Instituto para el Desarrollo Gerencial (IMD, por su sigla en inglés), mostró que durante la presente Administración el territorio mexicano no logró recuperar el lugar 50 que presentó en 2019, ya que en 2020 quedó en el sitio 53, y en 2021 y 2022 en el lugar 55.
  • El organismo internacional expuso que los principales desafíos que tiene el País son mejorar el entorno empresarial reduciendo la incertidumbre, mejorando la justicia y seguridad, y protegiendo el marco democrático.

También promover reformas estructurales para una mejor educación y energía limpia e impulsar un mayor crecimiento del PIB impulsando el crecimiento del mercado interno a través de la innovación.

Y mejorar las relaciones con economías relevantes del mundo. Implementar infraestructura logística para aprovechar al máximo el nearshoring en México.

  • Explicó que en el rubro de desempeño económico, el territorio nacional se ubicó en el lugar 25 donde el subgrupo de comercio internacional fue el de peor lugar con 57; en el de eficiencia gubernamental se mantuvo por tercer año en el sitio 60, donde el subgrupo de legislación empresarial se ubicó en el puesto 63.
  • En la eficiencia empresarial en el lugar 53, donde el subgrupo de finanzas se ubicó en el lugar 62, y en infraestructura en la posición 62, donde la tecnología fue la que obtuvo peor puntuación con el lugar 63.

El organismo detalló que este año Singapur se colocó en el primer lugar, Suiza el segundo sitio, Dinamarca el tercero, Irlanda con el cuarto lugar, y Hong Kong en el quinto puesto.

Reformas políticas ponen en riesgo la competitividad 

Al cumplirse cuatro años de vigencia del Tratado México, Estados Unidos, Canadá (T-MEC), las tensiones comerciales entre los socios están “latentes”, pues el plan “C” del gobierno morenista —que plantea una ola de reformas— violaría disposiciones del acuerdo y pondría en riesgo la competitividad de la región de Norteamérica, advirtió el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

De las 18 iniciativas propuestas del Plan “C”, 5 podrían violar las disposiciones incluidas en los capítulos del T-MEC: inversión, telecomunicaciones, empresas de propiedad del estado, competencia y trato nacional, expuso.

  • De cara a su primera revisión del T-MEC, como lo establecen las cláusulas, el organismo privado señaló que hasta el momento, México y Estados Unidos se encuentran en el proceso de la solución de las controversias Estado-Estado activas bajo las reglas del T-MEC.
  • “A la fecha, el mecanismo para su resolución se ha activado siete veces en diferentes sectores: el sector de los lácteos, el automotriz, el energético, el de biotecnología agrícola y el de producción de paneles solares”, lo que ha tensado la relación.
  • En su análisis del IMCO sobre el T-MEC, afirmó que con el Plan C, el T-MEC se enfrenta a posibles retos relacionados con acciones del gobierno de México, específicamente por una serie de iniciativas de reformas constitucionales que serán presentadas ante la nueva legislatura que entra en funciones en septiembre de 2024.

Una de las propuestas planteadas es extinguir organismos autónomos, incluyendo a la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE). El plan C se propone incorporar sus actividades al Poder Ejecutivo en dependencias como la Secretaría de Economía o la Secretaría de Energía.

Esto generaría conflictos potenciales con el T-MEC, aseguró el IMCO, pues al eliminar esos organismos autónomos e incorporar sus actividades al Poder Ejecutivo, la reforma podría entrar en conflicto los siguientes capítulos del T-MEC: Capítulo 18 (Telecomunicaciones): establece la obligación de mantener un organismo regulador del sector que sea independiente y autónomo del Poder Ejecutivo.

Además del capítulo 21 (Política de competencia): señala que cada país debe mantener una autoridad o autoridades nacionales dedicadas específicamente a la aplicación de las leyes de competencia. Y el capítulo 22 (Empresas propiedad del estado): establece que los organismos administrativos que regulen a las empresas propiedad del Estado (incluyendo aquellas en el sector energético) deben ser imparciales.

  • El IMCO refirió que la reforma en materia de industrias energéticas del Estado, limita la capacidad de la CFE para celebrar contratos con empresas privadas en transmisión y distribución eléctrica; también establece la precedencia de la CFE sobre las empresas privadas y elimina la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

Por ende, se provocarían conflictos potenciales con el T-MEC, bajo el capítulo 14 sobre la inversión, la cual señala: la “cláusula trinquete” incluida en el T-MEC establece que si un país abre más su economía permitiendo más comercio o inversión extranjera, no podrá retroceder esas medidas en el futuro ni cerrar sectores previamente abiertos a participación privada, por lo que introducir nuevas restricciones para empresas privadas en el sector energético podría generar un conflicto.

Iniciativas de AMLO ponen en riesgo a México

Luego de que el Ejecutivo presentó en febrero pasado una serie de 20 reformas constitucionales, el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) resaltó que ocho ponen en riesgo la competitividad del país.

Mediante un análisis, el Imco indicó que las reformas no sólo son ambiciosas en su alcance, sino que, de llevarse a cabo, demandarían cambios institucionales profundos, incluida una reforma fiscal que permitiera financiar -especialmente- la modificación al sistema de pensiones.

  • Respecto a la reforma en materia de pensiones, el Imco destacó que es una propuesta fiscalmente cuestionable, ya que para garantizar su sostenibilidad, una reforma en la materia demanda la implementación de políticas públicas fiscalmente responsables, progresivas y con una perspectiva de género que incrementen el número de personas adultas mayores que acceden a una pensión, así como sus montos.

«En caso de ser aprobada, una reforma de esta naturaleza responsabilizará al Estado mexicano de un pasivo que se incrementará a medida que aumente la población de 65 años y más en el país, la cual se prevé que se duplique en los siguientes 26 años, de 11.4 millones en 2024 a 24.9 millones en 2050», resaltó.

  • En cuanto a la reforma al salario mínimo, el organismo indicó que la evolución del salario mínimo es, además de un asunto social y personal para los trabajadores, un tema económico, por lo que es importante considerar siempre el contexto en que se modifica.

«En caso de ser aprobada, la reforma requerirá de una implementación balanceada, en la que los incrementos tomen en cuenta -además de la inflación- factores como el crecimiento económico, productividad, evolución del salario medio y los costos de operación de los empleadores. De lo contrario, pueden representar un incentivo para la informalidad», advirtió.

  • En la reforma para garantizar la educación y el empleo, señaló que la apuesta por los jóvenes busca elevar a rango constitucional el Programa Jóvenes Construyendo el Futuro.

«Este cambio legislativo pondría una presión adicional en las finanzas públicas del país sin tener información sobre cuántos jóvenes que recibieron la capacitación han logrado incorporarse al mercado laboral formal. Es decir, se seguirán destinando recursos públicos a un programa cuya efectividad para contribuir a la inclusión laboral de los jóvenes no ha sido medida ni comprobada», afirmó.

En cuanto a la desaparición de órganos autónomos, el Imco dijo que la iniciativa plantea el traspaso de las funciones de estos organismos a dependencias de la Administración Pública Federal.

«La transferencia de funciones de los organismos autónomos reguladores en materia de competencia y telecomunicaciones constituye una violación al T-MEC. En el caso de la CRE y la CNH, la reforma implicaría una concentración de funciones especializadas de regulación en una secretaría de Estado, cuya imparcialidad sería cuestionable», apuntó.

  • En la reforma al Poder Judicial advirtió que los cambios pondrían en riesgo la independencia del Poder Judicial, dado que la elección popular implicaría la politización de procesos que deben regirse por criterios técnicos y objetivos.

«Una posible intervención directa de los partidos políticos en los perfiles de quienes tienen a su cargo la impartición de justicia tendría graves consecuencias, las cuales se acentúan en un contexto de alta impunidad como el que atraviesa México actualmente», destacó.

  • Para la reforma electoral, el Imco expuso que implicaría un cambio sustancial a la estructura, reglas y principios que rigen el sistema electoral mexicano, por lo que si la reforma es coherente con los retos institucionales que enfrenta el INE en la organización de elecciones locales, los otros elementos de la reforma representan riesgos para la democracia del país.

En cuanto a las reformas en materia de energía y agua, señaló que el acceso a insumos básicos para las actividades personales y económicas es un asunto de suma importancia para el país.

«En un contexto de gestión deficiente del agua y un entorno nuevo y cambiante por el cambio climático, y en el que se carece de un avance decidido en la construcción y operación de infraestructura eléctrica que conduzca hacia la transición energética, se requieren políticas públicas que permitan un acceso a insumos básicos que sea seguro, eficiente, limpio y fiscalmente responsable», subrayó.

Por último, el Imco expuso que las reformas enviarían un mensaje de incertidumbre jurídica que no solo se limitaría a las inversiones directamente afectadas, sino que se reflejaría en toda la economía nacional como un mensaje de que el Estado mexicano no tiene un compromiso creíble con el Estado de Derecho.

CDMX, Baja California Sur y Coahuila, los estados más competitivos

La Ciudad de México, Baja California Sur, Coahuila y Nuevo León son los estados que encabezan el Índice de Competitividad Estatal 2024 (ICE).

En comparación con el ICE de 2023, la capital mexicana, Baja California y Coahuila se mantuvieron en la primera, segunda y tercera posición, respectivamente, mientras que Nuevo León subió un lugar.

Esta evaluación que realiza el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) desde hace 18 años, se conforma de 50 indicadores que son evaluados por cada entidad, y agrupados en seis subíndices:

  • innovación y tecnología; infraestructura; mercado de trabajo; sociedad y medio ambiente; derecho, y sistema político y gobiernos.
  • En 2024, con datos al cierre de 2023, 14 entidades mejoraron, por el contrario, tres retrocedieron, y ocho no tuvieron cambios.
  • En general, “los datos reflejan que el efecto de la pandemia se ha disipado y evidencia retos para el diseño de políticas públicas”, destacó el documento.

En promedio, las 32 entidades mejoraron en seis de los ocho indicadores; telefónica móvil, acceso a internet, terminales punto de venta, uso de banca móvil, captación de ahorro y flujo de pasajeros aéreos.

En contraste, se hicieron evidentes secuelas en el subíndice de sociedad y medio ambiente, porque el promedio de las 32 entidades federativas empeoró en cinco de sus nueve indicadores: caudal tratado de aguas residuales, morbilidad por enfermedades respiratorias, cobertura educativa, mortalidad infantil, y personal médico y enfermería.

¿Cuáles son los estados menos competitivos de México?

En el otro extremo, Oaxaca fue la entidad que quedó en el último lugar del ranking, al igual que la edición del año pasado. Guerrero bajó una posición quedando en el lugar 31, Chiapas subió una posición para ocupar la número 30 y Michoacán cayó seis posiciones hasta el peldaño 29.

Frontera norte pierde más de 100,000 empleos

Especialistas advirtieron este lunes de un “enfriamiento” del fenómeno de relocalización de empresas o ‘nearshoring’ en la frontera norte de México, donde la industria maquiladora perdió más de 100,000 empleos en los últimos 18 meses, según un reporte del Bloque Empresarial Fronterizo.

  • El informe reportó la desaparición de 101,501 plazas de manufactura de exportación en las fronterizas Tijuana, Ensenada, Mexicali, Tecate, Nogales, Ciudad Juárez, Acuña, Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros, que equivalen al 10 % de los 1,032 millones que había en octubre del 2022, cuando alcanzaron la cifra más alta.
  • Solo Ciudad Juárez, la plaza de mayor empleo de este tipo en México, eliminó 54,906 puestos laborales en 10 meses, indicó el documento, con base en datos del Inegi.
  • Thor Salayandía Lara, presidente del Bloque Empresarial Fronterizo, dijo a EFE que esta pérdida de empleo significa un “grave riesgo” para la economía de toda la frontera de México con Estados Unidos, por su alta dependencia a la manufactura de exportación y su poca diversificación económica.

El factor de la incertidumbre política

El líder empresarial atribuyó el hecho a la incertidumbre política en México y Estados Unidos, donde en este año coinciden elecciones presidenciales.

Previó que tras las próximas elecciones estadounidenses habrá un cambio en la política económica de Estados Unidos, lo que ya causa estragos en la economía fronteriza.

“Ahorita la industria manufacturera ha estado deprimida, no ha habido mucho trabajo debido a varios temas, como la turbulencia o incertidumbre económica y política que estamos viviendo tanto en México como en Estados Unidos”, aseveró.

  • El Gobierno de México ha destacado el ‘nearshoring’, fenómeno en el que las empresas reubican sus inversiones y manufacturas para estar más cerca de sus mercados, como el motor económico del país, al reportar 127 anuncios de futura inversión extranjera por un total de más de 39,000 millones de dólares en lo que va de 2024.
  • Pero el Bloque Empresarial Fronterizo acusó al Gobierno mexicano de “estar complicando la llegada” de la industria porque los trámites para instalar empresas maquiladoras son “muy complicados y tardados”.

Además, señaló la insuficiencia de infraestructura, sobre todo la eléctrica.

  • “Hay muchas bodegas llenas de productos terminados y muchas de las empresas que tenemos aquí su principal cliente es Estados Unidos. Sobre el ‘nearshoring’ y las nuevas inversiones dirán misa, pero desde el punto de vista de clientes, comercialización, manufactura y producción, está demasiado lento”, agregó.

Mexicanos fronterizos buscan empleo

Lorenzo Quezada, despedido por una empresa manufacturera, señaló a EFE que cuando el empleo baja las compañías recortan a los trabajadores con contratos temporales.

“Hace 15 días me quedé sin trabajo por los contratos esos que dicen que se acaba el tiempo y hasta ahí. Y hay que darle de comer a los chavos, pagar agua y luz, el gas y ahorita con estos calorones, el aire (acondicionado), la luz”, lamentó.

Añadió que la contratación es cada vez más difícil porque las compañías son más exigentes.

“Aunque uno tenga experiencia en la manufactura de la que se trate, se necesita un papel que certifique. Ayer fuimos a una (fábrica) de arneses y yo duré tiempo trabajando en arneses, (pero) dijo el ‘compa’: ‘Es que ya todo lo estamos haciendo con ‘papelito habla’ y me dijeron que tenía que estar certificado”, describió./PUNTOporPUNTO

Documento Íntegro en el Enlace:

https://imd.widen.net/content/eykqnehlos/pdf/MX1page_WCY_2024.pdf

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