La Asociación Nacional de Productores de Maíz (NCGA, por sus siglas en inglés) contempla emprender una acción legal en Estados Unidos para obligar a su gobierno a iniciar un caso contra México por violación a las disposiciones de biotecnología del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y se ha sumado a la advertencia de la agroindustria de que la acción mexicana causará daños de miles de millones de dólares a los productores estadunidenses y a la vez elevará el precio de la tortilla y otros productos esenciales para los consumidores al sur del río Bravo.
- La inconformidad de los grandes productores de maíz estadunidenses es resultado del decreto del gobierno mexicano del 31 de diciembre de 2020. En él se establece la eliminación gradual del herbicida glifosato y se faculta a las autoridades de bioseguridad a revocar y abstenerse de otorgar autorizaciones para el uso de maíz genéticamente modificado en la alimentación, hasta sustituirlo totalmente a más tardar el 31 de enero de 2024.
Su objetivo es proteger la salud de la población y el ambiente. A raíz de su reciente visita a Washington, la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, propuso a Estados Unidos aplazar el decreto de 2024 a 2025.
“Esto es una clarísima violación del T-MEC, estamos instando a USTR [Oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos] a que establezca un panel de disputa”, afirmó Angus Kelly, director de políticas públicas de la NCGA, que representa a unos 300 mil granjeros en Estados Unidos. En entrevista con La Jornada indicó que la NCGA contempla sus opciones legales para presionar a que su gobierno actúe cuanto antes. “Ya se nos acabó el tiempo.”
- Kelly explicó que los granjeros estadunidenses ya están colocando sus órdenes para la compra de semillas para el cultivo del año entrante y que el maíz producido en 2022 y 2023 estará en el mercado más allá del plazo límite en que México dice que prohibirá el maíz transgénico.
- En respuesta al anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador de que se postergará la prohibición hasta 2025, otra fuente de la industria del maíz explicó que los granjeros necesitan certidumbre para tomar decisiones a largo plazo sobre inversiones en sus cultivos.
Sin embargo, la principal asociación de productores de maíz percibe cualquier prohibición de maíz transgénico como una violación del T-MEC. En carta enviada al presidente Joe Biden la semana pasada, los líderes de 23 organizaciones estatales de productores de maíz y la NCGA lo instaron a que exigiera a México retirar el decreto de 2020 sobre una veda de importación de maíz transgénico y que se opusiera a todo impedimento sobre maíz biotécnico, incluyendo maíz blanco.
Bajo el T-MEC, acepta Kelly, México tiene derecho de presentar pruebas y datos que demuestren que el maíz transgénico es nocivo. “Si México dice que el maíz genéticamente modificado te puede enfermar, ¿por favor pueden presentar algunos datos? Hasta ahora, no han presentado ningún dato”, afirmó.
Los granjeros estadunidenses no pueden abandonar el cultivo de maíz transgénico, insistió Kelly. “Nuestros granjeros no desean cambiar el maíz genéticamente modificado, y no lo harán… Sería como sustituir electricidad con velas.”
- Señaló que aunque el precio del maíz y otros productos agrarios es más alto ahora que en algunas ocasiones del pasado, la agricultura en Estados Unidos es un negocio riesgoso y que la prohibición al maíz transgénico tendría impactos negativos tanto en Estados Unidos como en México.
De hecho, el NCGA junto con varias organizaciones de la industria maicera y agraria en Estados Unidos y México financiaron una investigación sobre el impacto de la prohibición propuesta por el gobierno mexicano. El informe fue elaborado por la consultoría World Perspectives, publicado en septiembre pasado, y proyecta el impacto potencial de varios tipos de prohibición de importación del maíz estadunidense.
“A lo largo de 10 años del plazo proyectado, la prohibición mexicana sobre maíz genéticamente modificado causará pérdidas de producción económica de 73.89 miles de millones de dólares a la economía estadunidense”, señala el informe. “Adicionalmente, Estados Unidos perdería 32 mil 217 empleos anualmente”, concluye, subrayando que la industria del maíz perdería 3.5 mil millones de dólares sólo en el primer año de una prohibición.
- Kelly, entre otros entrevistados por La Jornada, insistieron en que el impacto sobre México también sería grave. Según el mismo informe de World Perspectives, “el PIB de México se desplomaría 11.72 mil millones de dólares a lo largo de 10 años… Habrá una pérdida anual de 56 mil 958 empleos”.
- Advierten que el mayor impacto sería sobre los 55 millones de personas que viven en pobreza en México, ya que “en el primer año de una prohibición de maíz transgénico, el precio de las tortillas se elevaría 16 por ciento, seguido por un incremento de 22 por ciento el año siguiente y uno de 30 por ciento en el tercer año de una prohibición, comparado con lo que sucedería sin tal medida”.
La NCGA y sus aliados tienen prisa y su deseo es que Washington registre una disputa formal bajo el T-MEC cuanto antes. “Sabemos que el USTR tiene la capacidad y la experiencia legal para hacerlo. Tendríamos una Navidad más feliz si la registraran ahora mismo.”
México busca resolver disputa en 2023
Las autoridades mexicanas y estadounidenses sostuvieron una reunión el pasado 16 de diciembre donde México expuso que busca resolver la disputa en torno al maíz en enero de 2023, la cual sostiene con su principal socio comercial, informó Presidencia de la República.
“Se acordó continuar las conversaciones constructivas con el fin de que en enero se pueda consolidar un entendimiento mutuo que dé certidumbres jurídicas a todas las partes”, indicó la delegación mexicana durante las conversaciones.
- A través de un comunicado, Presidencia dio a conocer que en las conversaciones México expuso su política de seguridad alimentaria, de la cual destacó tres objetivos: preservar su patrimonio biocultural, al ser centro de origen de más de 60 razas de maíz; seguir garantizando su autosuficiencia en el maíz para el uso de tortilla, así como fortalecer la seguridad alimentaria en América del Norte.
“Dicha política garantiza el respeto de los compromisos comerciales, ofreciendo certidumbre regulatoria y criterios estandarizados y estables, tanto para productores como para importadores de maíz norteamericano”, indicó Presidencia en un comunicado de prensa.
Añadió que la delegación mexicana destacó el beneficio mutuo de la relación complementaria que ambos países han consolidado en materia agrícola y se escucharon las inquietudes del gobierno de los Estados Unidos.
“Hubo una conversación sincera sobre nuestras profundas preocupaciones en torno a las restricciones a la importación de maíz biotecnológico y otros productos biotecnológicos derivados del decreto del presidente López Obrador de 2020. La delegación mexicana presentó algunas enmiendas potenciales al decreto en un esfuerzo por abordar nuestras preocupaciones. Acordamos revisar su propuesta de cerca y hacer un seguimiento con preguntas o inquietudes en poco tiempo. Hay un reconocimiento conjunto de que el tiempo es esencial y debemos determinar un camino a seguir pronto”, señalaron autoridades estadounidenses tras la reunión.
- La delegación mexicana estuvo compuesta por el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casauón; la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro Sánchez; el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Villalobos Arámbula; la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, María Luisa Albores González; el titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), Alejandro Svarch Pérez; el subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, Alejandro Encinas Nájera; el jefe de la unidad para América del Norte de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, y el embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma Barragán.
Asimismo, por parte del gobierno estadounidense participaron el secretario de Agricultura, Thomas J. Vilsack; la titular de la Oficina de Representación Comercial, Katherine Tai; el subsecretario del Departamento de Estado, José Fernández; y el subsecretario de Agricultura para Asuntos Internacionales, Jason Hafemeister, entre otras autoridades/Agencias-PUNTOporPUNTO
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