La cancelación del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México (NAIM), junto con el plan de austeridad en el gasto público, puso en duda los planes de inversión e infraestructura que habrían con el gobierno de Andrés Manuel López obrador, pues el presidente tomó la decisión de echar atrás el proyecto luego de los resultados de la consulta popular en la cual unos cuantos ciudadanos votaron en contra de esta obra.
- De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación, la cancelación del NAIM costó a los mexicanos más de 390 millones de pesos y es a la fecha esta acción una de las más criticadas al gobierno de la Cuarta Transformación por parte de opositores y expertos. Y es que los motivos por los que se tomó la decisión eran cuestionables, pues los argumentos para cancelar dicha obra fueron: que el costo para mantener el aeropuerto serían elevados debido a que en la zona se presentan problemas de inundaciones; la ciudad de México se hunde y esta construcción traería consecuencias, así como actos de corrupción.
- Pero el gobierno mexicano detuvo solamente esta obra para iniciar la construcción del Aeropuerto Internacional General Felipe Ángeles, ubicado en la Base Militar de Santa Lucía, en el Estado de México, que junto con el Tren Maya, la Refinería de Dos Bocas y el Corredor Interoceánico, son los megaproyectos que la actual administración busca finalizar antes de 2024 y que juntas costarán al erario más de 600 mil millones de pesos.
Sin embargo, mientras que la administración de Andrés Manuel López Obrador gasta millones en estas grandes construcciones, existe poca o nula inversión en obras públicas estatales. De acuerdo con datos de Transparencia Presupuestaria, para este 2021 fueron asignados poco más de 100 mil millones de pesos para la Refinería de Dos Bocas, el aeropuerto de Santa Lucía y el Tren Maya, lo que también representa el 12 por ciento del presupuesto total de infraestructura anual.
- La construcción de estos proyectos también ha traído críticas por parte de empresarios y opositores, pues en distintas ocasiones se han suspendido parcialmente las obras mediante juicios de amparo como sucedió recientemente con el Tren Maya, cuyo trayecto recorrerá mil 500 kilómetros entre Chiapas, Tabasco, Campeche, Quintana Roo y Yucatán y que tendrá un costo de 150 mil millones, pues aseguran se viola el derecho de la vivienda de familias en ciertas comunidades y ha traído consigo problemas ambientales y de deforestación.
Asimismo, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) publicó un documento en el cual piden se frene el proyecto de la Refinería Dos Bocas, pues aseguran esta obra no traerá beneficios, pero sí más costos para Pemex y para México al tener tan solo una rentabilidad del 2 por ciento en el mejor escenario posible. El costo de esta tendrá un valor de 160 mil millones de pesos.
Ejército, la constructora favorita de la 4T
El Ejército mexicano se ha convertido en la constructora favorita del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pues se les ha asignado la tarea de construir, administrar y operar los megaproyectos de la Cuarta Transformación. De acuerdo con documentos revelados por el medio Forbes México, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) firmó contratos por más de 25 mil millones de pesos para la construcción de hospitales, bancos, escuelas, canales de riego, etc.
- Para algunos, esto también ha traído cada vez más dificultades para la inversión privada. Francisco Solares Alemán, presidente nacional de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC),mencionó en una entrevista que la asignación de obras al Ejército ha afectado a más de 2 mil pequeñas y medianas constructoras.
De acuerdo con el presidente, las asignaciones a las Fuerzas Armadas para la construcción de estos proyectos son para “proteger estas obras para que no haya la tentación de privatizarlas, y qué mejor que dejársela a las Fuerzas Armadas y que tenga como propósito el financiar las pensiones de marinos y de soldados”. Además, la actual administración le ha asignado al Ejército más tareas que cualquier otro expresidente mexicano en los últimos años, pues López Obrador asegura que “el Ejército es una de las instituciones más confiables y honestas del país y uno de los pilares del Estado”.
Sin embargo, estas declaraciones contrastan con el desvío millonario que la Sedena hizo durante 2013 y 2019, años en los cuales esta institución pagó más de 2 mil millones de pesos a 250 empresas que fueron declaradas por el Servicio de administración Tributaria (SAT) como fantasma, de acuerdo con la investigación realizada por el periódico El País. Por estas acciones ningún titular o jefe del Ejército ha sido sancionado a pesar de que el gobierno de López Obrador prometió castigar durante su mandato todos los actos de corrupción en los organismos gubernamentales o castrenses.
Busca nueva Ley de Obras Públicas evitar desastres
La Cámara de Diputados aprobó modificaciones a la Ley de Obras Públicas para instaurar que los titulares de las dependencias adopten prácticas internacionales y avances tecnológicos en la planeación, licitación, ejecución y supervisión de las mismas, con el objetivo de reducir costos.
Aunque fueron aprobadas por unanimidad, su discusión generó reclamos en el Pleno. Morena expuso que el cambio evitará que se repitan casos como la planeación del tren México-Toluca, que inició “sin contar con la posesión de los terrenos”, mientras PRI y PAN reclamaron que la actual administración federal no destina recursos “ni para puentes de madera” y todo se ha centrado en obras “faraónicas e inútiles”.
- La reforma legislativa, indicó la diputada Paola Tenorio Adame (Morena) al momento de presentar el dictamen ante el Pleno, permitirá ejercer de manera más eficiente los recursos públicos en infraestructura y detalló que para su elaboración se escucharon mediante once foros a colegios de profesionistas y cámaras empresariales relacionados con el sector, así como a la Auditoría Superior de la Federación.
“Representa una oportunidad inmejorable evitar desastres en proyectos como el tren México-Toluca”, el cual, de concluir en 2022, tendrá un costo extra por errores en la planeación inicial de 18 mil millones de pesos, dijo la morenista.
Otro objetivo es desterrar “los contratos en muy pocas constructoras amigas y testaferros de los funcionarios públicos”, agregó Ricardo Delsol, también de la bancada de Morena./Agencias-PUNTOporPUNTO
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