José Antonio Meade Kuribreña, candidato presidencial de la coalición “Todos por México” leyó el domingo pasado, durante el Segundo Debate Presidencial, una declaración en contra de Nestora Salgado García, la comandanta de la Policía Comunitaria de Olinalá, Guerrero, y ahora candidata al Senado de la República por el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), quien estuvo presa durante dos años y siete meses acusada de secuestro y luego fue exonerada por un Tribunal Unitario en 2016.

  • Luego de leer la acusación, se encaminó hacia Andrés Manuel López Obrador, candidato a la Presidencia de la República por la alianza “Juntos haremos historia”, le dio la espalda a las cámaras y colocó la hoja de papel con la cita que acababa de leer sobre el podium del tabasqueño: “una secuestradora que está libre por una falla en la policía, esto, Andrés Manuel, queda en tu conciencia”, le dijo y volvió a su lugar.
  • No era la primera vez que Meade Kuribreña, abanderado del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la Presidencia, llamaba secuestradora a Salgado. Lo hizo en sus redes sociales en abril y apenas hace unos días en televisión abierta en el programa “Tercer Grado” de Televisa.
  • “Es el propio candidato que está atacándome y poniéndome en peligro diciendo en televisión que soy una secuestradora y delincuente. También lo responsabilizo por cualquier cosa que le pase a Nestora Salgado y a su equipo”, dijo la ahora candidata a Senadora a SinEmbargo un día antes del debate.
  • En entrevista, la también activista reveló que le habían enviado varias cabezas de perro a su casa en Olinalá después de amenazarla con cortarle la cabeza “literalmente” si regresaba a su tierra natal, la habían detenido en un retén militar en Chilapa y le habían enviado, como respuesta a una solicitud de protección al Estado durante su viaje a Guerrero, agentes de la Policía Federal a custodiarla a pie.
  • De acuerdo con activistas y defensores de los derechos humanos, el caso de Nestora es un patrón de criminalización que siguió la administración de Enrique Peña Nieto en contra de cualquier opositor a su proyecto: jóvenes, policías comunitarias, maestros, ambientalistas, periodistas y defensores de los derechos humanos.
  • Un ejemplo que siguieron varios gobernadores –priistas y no priistas–, como Miguel Ángel Mancera Espinosa, ahora Jefe de Gobierno de la Ciudad de México con licencia, y el panista Rafael Moreno Valle Rosas, ex Gobernador de Puebla, dijo Jesús Robles Maloof, abogado defensor de los derechos humanos.
  • “Meade con Nestora es uno de los elementos más convencidos de esa política. Forma parte de los incentivos que genera el sistema. Al recibir las críticas se dio cuenta de lo que estaba haciendo y cambió de tono, no porque crea que es lo correcto, se dio cuenta que lo hizo mecánicamente, pensando que sería aceptable y unánimemente fue condenado. Es interesante cómo la sociedad lo rechazó”, argumentó Robles Maloof.
  • Apenas en marzo de este año Michel Forst, relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre los defensores de los derechos humanos, presentó un informe sobre México ante el pleno del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Ahí el Relator afirmó que después de reunirse con 800 defensoras y defensores de los derechos humanos en el país, concluyó que existe una violencia generalizada en contra de los activistas, quienes además son víctimas de una criminalización sistemática a través de un “uso indebido e intencionado de la legislación penal y la manipulación de la pretensión punitiva de las autoridades por parte de agentes estatales y no estatales, con el fin de obstaculizar e incluso paralizar los esfuerzos destinados a ejercer el derecho legítimo a promover y proteger los derechos humanos”.

La criminalización, explicó el relator en su informe, inicia con la formulación de acusaciones o denuncias infundadas; luego, se producen “múltiples formas de violación de los derechos humanos como acoso judicial, el enjuiciamiento basado en acusaciones falsas, la doble incriminación, la privación de libertad sin orden judicial y unas condiciones inhumanas de reclusión”.

Antes de la criminalización hay declaraciones de funcionarios públicos de “alto nivel” en contra de los defensores y activistas. El Relator incluyó en su informe datos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que indican que en los primeros 10 meses de 2017 se registraron 285 ataques en contra de defensores de derechos humanos como “acoso, agresiones, robos y delitos cibernéticos”.

Pero los datos de la sociedad civil, aclara el documento, sugieren que sólo entre enero y mayo de 2017 de cometieron 730 violaciones a los defensores de los derechos humanos. Además el relator enfatizó en que se reunió con un gran número de mujeres defensoras y concluyó que son ellas las que encabezan las luchas en el ámbito de los derechos humanos, aunque “su papel no goza del reconocimiento y la difusión que merece”./ CON INFORMACIÓN DE SIN EMBARGO

Recibe nuestro boletín informativo, suscríbete usando el formulario