Pese a que fue la principal propuesta de campaña del hoy presidente Andrés Manuel López Obrador y una de las razones primordiales por las que la mayoría de los mexicanos le dieron su voto —de acuerdo con todas las encuestas poselectorales—, el combate a la corrupción se verá mermado institucionalmente en cuanto a la disponibilidad de recursos.
- La Cámara de Diputados, donde el grupo en el poder (Morena) tiene mayoría, aprobó una partida de 6 mil 971.4 millones de pesos para combatir esta problemática en el país durante 2019, cifra 9.7 por ciento menor que la avalada el año pasado, cuando se destinaron 7 mil 720 millones a ese rubro, según datos del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) del periodo que está por comenzar.
- En el primer año de gobierno del tabasqueño, los entes y las dependencias encargados de investigar, denunciar y castigar actos de corrupción tendrán en conjunto el presupuesto más bajo de los últimos cuatro años: desde 2014 no se destinaban menos recursos para esta lucha.
- En ese entonces, los legisladores aprobaron 6 mil 352 millones de pesos en conjunto para la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la Secretaría de la Función Pública (SFP), la Unidad Anticorrupción de la Procuraduría General de la República (PGR), el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (en ese momento todavía no se creaba el Sistema Nacional Anticorrupción).
- El domingo antepasado, la Cámara de Diputados aprobó una partida de 2 mil 304 millones de pesos para la ASF, lo que significa un incremento de 3.3 por ciento respecto a lo que recibió en 2018. Los demás entes encargados del combate a la corrupción sufrieron una reducción de sus recursos respecto a este año, siendo la SFP la más afectada, al pasar de mil 191 millones de pesos a tan solo 901.8 millones para 2019.
- El Tribunal Federal de Justicia Administrativa manejará 2 mil 695 millones de pesos, equivalentes a un decremento de 1.9 por ciento respecto a 2018; el INAI tendrá una partida de 900.1 millones de pesos que significan una reducción de 14.7 por ciento.
Por si estas reducciones de recursos no fueran suficientes, el combate institucional contra la corrupción tiene otras adversidades por resolver: en primer lugar, el recorte presupuestal de 23.2 por ciento que padecerá el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), y los nombramientos pendientes del fiscal anticorrupción y de los magistrados especializados que juzgarán los delitos por corrupción.
De acuerdo con la nueva Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, el fiscal anticorrupción será nombrado por el titular de esta dependencia, mientras que la designación de los magistrados se encuentra estancada en el Senado.
La buena operación del SNA sigue pendiente desde su creación en mayo de 2015, cuando el Congreso aprobó diversas reformas a la Constitución para que dichas instituciones pudieran trabajar eficazmente en la prevención, investigació́n, detección y sanción de las faltas administrativas o los delitos relacionados con hechos de corrupción, así como en la vigilancia y el control de la forma en que las demás instituciones del gobierno ejercen los recursos públicos que se les asignan.
El principal órgano del SNA es el Comité Coordinador, que está integrado por los titulares de la ASF, SFP, TFJA, INAI, Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, un representante del Consejo de la Judicatura Federal y otro del Comité de Participación Ciudadana.
Ranking a la baja
- Las mediciones de Transparencia Internacional reflejan año con año un retroceso del país en la clasificación mundial: en 2008, México ocupaba el lugar 72 en materia de corrupción; 10 años después, nuestro país retrocedió hasta la posición 135 de 180 naciones.
La última encuesta nacional en vivienda sobre corrupción, realizada por Parametría, muestra el deseo y optimismo de la población para que la corrupción disminuya con la llegada del nuevo gobierno:
- Un 68 por ciento de los mexicanos cree que los actos de corrupción aumentaron en los últimos 12 meses, pero hacia los 12 meses siguientes solo 19 por ciento de los encuestados declaró que los actos ilegales de servidores públicos aumentarán, mientras que 30 por ciento piensa que disminuirán.
El presidente López Obrador ha señalado que no perseguirá los actos de corrupción de gobiernos anteriores, salvo cuando haya investigaciones en curso, pero ha vuelto a prometer en días recientes que acabará con la impunidad a partir de su administración, por ejemplo, en el caso del robo de hidrocarburos, conocido como huachicoleo.
Durante la campaña electoral, el ahora mandatario nunca reveló cuál sería su estrategia institucional para erradicar los sobornos y conflictos de interés en el gobierno federal, tampoco habló de fortalecer financieramente y con recursos humanos las instituciones del Sistema Nacional Anticorrupción, solo se limitó a declarar que esta problemática se iba a acabar con el ejemplo, con su ejemplo.
“Eso de acabar con la corrupción se va a resolver porque el presidente no va a ser corrupto, porque la corrupción se da de arriba hacia abajo”, dijo en un mitin en Nuevo León el 29 de abril pasado./MILENIO- PUNTOporPUNTO
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