El presidente Andrés Manuel López Obrador no ha logrado ni querido cumplir en su totalidad con los lineamientos generales de su gobierno para el combate a la corrupción y la aplicación de una política de austeridad.
- En 2018 publicó 50 medidas “para que el funcionario aprenda a vivir en la justa medianía”, así como para lograr ahorros, transparencia y evitar la impunidad; sin embargo, a más de cuatro años, aún hay servidores públicos que se niegan a hacer pública su declaración patrimonial.
- También se cancelaron 109 fideicomisos por considerarlos figuras opacas, pero se crearon nuevos que benefician a la Sedena, al Tren Maya, Marina y SAT; sigue habiendo elementos de seguridad al servicio de funcionarios sin plena justificación; continúa la intervención de comunicaciones, y los contratos se adjudican de manera directa.
A 16 meses para que concluyan los seis años de gobierno del Mandatario, se siguen destinando vehículos, aviones militares y bienes públicos para uso privado; se olvidó la prohibición de contratar familiares; se ha hecho caso omiso a la orden de no remodelar oficinas, no comprar mobiliario de lujo y evitar gastos innecesarios; tampoco se ha hecho caso al mandato por el que se prohibió a funcionarios recibir regalos cuyo valor exceda los cinco mil pesos.
- Para los sociólogos Alfonso Zárate y José Antonio Crespo, las promesas del Presidente en el combate a la corrupción y en una política de austeridad “resultaron un verdadero fiasco, plagado de mentiras por el alto nivel de impunidad y complicidad que inicia con sus hijos y se ha extendido a la inmensa mayoria de sus vehementes seguidores”.
Explicaron que como candidato, el político tabasqueño “se benefició del enorme desprestigio de la cofradía que encabezó Enrique Peña Nieto”, y por otra parte, su manera de vivir, la modestia de su departamento en Copilco, del Tsuru y su insistencia en repetir el llamado de don Benito Juárez a vivir en la modesta medianía, parecían anticipar un gobierno austero y eficiente; sin embargo, “no hubo ese cambio cualitativo que ofreció” y en los hechos, “dichos compromisos no fueron otra cosa que una farsa”.
Compromisos incumplidos para erradicar corrupción e impunidad
Son 13 los compromisos que quedaron en el olvido para varios funcionarios del gabinete federal y de la administración pública
- Entre las promesas para erradicar la corrupción que no se han logrado cumplir destaca el punto siete que establece: “Todo funcionario deberá presentar su declaración de bienes patrimoniales, así como la de sus familiares cercanos y será publica y transparente en todos los casos”.
- Recientemente, la Presidencia de la República, a través de su Consejería Jurídica, se negó a transparentar las declaraciones patrimoniales de 23 ingenieros militares que controlaron las obras del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).
- Adicionalmente, son varios los funcionarios que, al amparo de la ley, presentan sus declaraciones “parcialmente públicas”, es decir, que omiten montos y valores que se reportan. Han ocultado su información patrimonial los exsecretarios Esteban Moctezuma, Olga Sánchez Cordero, Josefa González Blanco, Javier Jiménez Espriú e Irma Eréndira Sandoval, entre otros.
Tampoco se cumple el punto 18 de la lista, que señala: “Se cancelarán fideicomisos o cualquier otro mecanismo utilizado para ocultar fondos públicos y evadir la legalidad y la transparencia”.
- Durante su mandato, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador canceló 109 fideicomisos y fondos bajo el argumento de ser figuras opacas, pero entre marzo y abril de 2022 creó los fideicomisos de Administración y Pago de Marina y Sedena con fondos por más de 25 mil millones de pesos para beneficiar a las secretarías de la Defensa Nacional y la Marina, así como del Servicio de Administración Tributaria (SAT), mientras que en 2023 creó un fideicomiso destinado a la administración y operación de proyectos aeroportuarios y aeronáuticos como el Tren Maya o el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).
- El punto 45 de la lista dice que “los contratos del gobierno se llevarán a cabo mediante licitación pública”; sin embargo, en los tres primeros años de esta administración (2018-2021) el gobierno de López Obrador otorgó ocho de cada 10 contratos por adjudicación directa, mientras que para 2023, en el mes de abril se habían dado mil 971 de estos contratos por más de 27 mil millones de pesos.
- El Mandatario federal también prometió que “se cancelará toda labor de espionaje o intervención telefónica que afecte el derecho a la privacidad de las personas”; sin embargo, ante los señalamientos de que su gobierno sigue usando el sistema Pegasus, el pasado 10 de marzo, reconoció la intervención telefónica al defensor de derechos humanos Raymundo Ramos, y aseguró que las intervenciones no son espionaje, sino investigación y trabajo de inteligencia.
López Obrador estableció que “policías y militares de las distintas corporaciones no estarán al servicio de funcionarios o particulares sin plena justificación”; no obstante, la prensa nacional ha dado cuenta que en los viajes del titular de la Sedena, Luis Cresencio Sadoval, a los que lleva a su esposa, hijos y hasta a la suegra, va acompañado de una célula de al menos 10 militares que atiende sus necesidades: ayudantes de campo, asistentes para él y sus familiares, jefe de seguridad, médico, enfermera, intérprete, más los efectivos encargados de avanzada.
- “El combate a la corrupción fue una de sus principales banderas, todos los presidentes se han comprometido en mayor o menor medida a hacerlo, pero ninguno lo ha logrado. En el caso de este gobierno hay casos fundamentados como el de Pío López, Delfina Gómez Álvarez, el de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), y no actúa, denuncia campaña negra pero no actúa, en ese sentido es igual a los demás, sus promesas para combatir la corrupción y la impunidad no fueron otra cosa que una farsa”, advirtió José Antonio Crespo.
Compromisos incumplidos para lograr la austeridad gubernamental: Entre los compromisos para lograr la austeridad gubernamental no ha cumplido por ejemplo, dijo que “no se utilizarán vehículos, aviones o helicópteros y otros bienes públicos para asuntos particulares”, pero en los viajes del titular de la Sedena, acudió con su familia a ciudades como Nueva York y Roma en aviones de las Fuerzas Armadas.
- López Obrador estableció que “no podrá contratarse a familiares”; sin embargo, la empresa Litoral Laboratorios Industriales, propiedad de su prima, Felipa Obrador, ha recibido 904 millones de pesos en contrataciones públicas en lo que va de esta administración, con entidades como Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), el ISSSTE, y Pemex.
- Se comprometió a que “se evitarán gastos de oficinas innecesarios”, pero en 2022 y 2023, la SHCP y Turismo otorgaron contratos millonarios para recibir, en la oficina de los titulares y no en el comedor de los trabajadores, alimentos como pierna de cerdo, lasaña, tinta de calamar, camarones, así como cortes de rib eye y sirloin, entre otras cosas.
- También ordenó que “ningún funcionario podría recibir regalos de más de cinco mil pesos”, pero de acuerdo con filtraciones de Guacamaya Leaks, en 2022 la Sedena entregó a sus funcionarios regalos de lujo como lentes Cartier y corbatas Pineda Covalin con precio superior a 24 mil pesos, entre muchos otros excesos de los milites.
Debilitamiento de instituciones provocaron que la corrupción se castigue poco
Fueron seis veces las que el presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó la palabra “corrupción”, aunque con contextos distintos, durante su discurso ante cientos de simpatizantes y militantes de Morena en el Zócalo de la Ciudad de México en el mitin del sábado 18 de marzo por el 85 aniversario de la Expropiación Petrolera.
- El presidente López Obrador afirmó, ante el vitoreo de sus simpatizantes, que en su mandato se combate la corrupción y que ello permitió a su gobierno evitar la deuda.
“Ahora no hay simulación, de verdad se combate la delincuencia organizada y de cuello blanco porque no hay corrupción, no hay impunidad ni existen relaciones de complicidad con nadie”, lanzó el tabasqueño.
- Sin embargo, durante su sexenio se ha registrado una disminución en la apertura de carpetas de investigación y sanciones por el delito de corrupción, lo que se ha traducido en un frente que no se ha traducido en “una política de Estado coherente, articulada y efectiva que contribuya a revertir el problema de la impunidad”, afirmó un informe publicado por el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República.
- Ello, ha llevado a que entre 2020 y 2021, el número de personas llevadas a prisión por delitos de corrupción pasaron de mil 942 a 857. Esto es una reducción de 55.88 por ciento en solo un año, de acuerdo con un censo del Instituto Nacional Estadística, Geografía (INEGI).
- En el último índice de Transparencia Internacional citado por el Instituto, en su edición más reciente de 2022, indica que México ocupó el lugar 126 de entre un total de 180 países evaluados. Mientras que de acuerdo con el INEGI, en el año 2021, el 57.1 por ciento de la población en México consideró que la corrupción era uno de los problemas más importantes en sus entidades.
Transparencia, aja!!
- En el último índice de Transparencia Internacional citado por el Instituto, en su edición más reciente de 2022, indica que México ocupó el lugar 126 de entre un total de 180 países evaluados.
- Mientras que de acuerdo con el INEGI, en el año 2021, el 57.1 por ciento de la población en México consideró que la corrupción era uno de los problemas más importantes en sus entidades.
Una revisión de datos del Instituto Belisario Domínguez encontró que las sanciones administrativas a funcionarios de la Administración Pública Federal han disminuido notablemente desde 2016 y hasta 2020, datos que comprende el Censo Nacional de Gobierno Federal del INEGI.
- Se encontró que entre 2016 y 2020 se sancionó a 22 mil 824 servidores públicos por faltas administrativas, varias de ellas por faltas no graves y que involucran negligencia. De estas sanciones, 7 mil 656 se realizaron en el año 2016, luego 7 mil 303 en el año 2017; 3 mil 197 en 2018 y ya durante la administración del presidente López Obrador, bajaron a 2 mil 747 en 2019 y mil 921 en el año 2020.
Las sanciones aplicadas a los funcionarios públicos fueron desde una amonestación pública o privada, la suspensión del cargo, la destitución, la inhabilitación temporal y la aplicación de sanciones económicas.
- Por ejemplo, solo en el caso de las suspensiones en el cargo, en el año 2016 fueron 2 mil 743, presentaron un aumento y se colocaron en 2 mil 910 en el 2019 y desde entonces presentaron una disminución para posicionarse en mil 074 en 2018, y baján aún más en 2019 para situarse en 697 y llegar a 2020 a 390 sanciones.
Mientras que respecto a la apertura de averiguaciones previas por corrupción, es decir, su combate por la vía penal, por parte de la extinta Procuraduría General de la República y la Fiscalía General de la República (FGR), estas también han presentado una reducción.
- Estas alcanzaron su punto más alto durante la actual administración federal en el año 2019, con 3 mil 661, y cayeron drásticamente para el año 2020, cuando se abrieron 2 mil 554. Mientras que, en cuanto a las imputaciones, estas cayeron para todos los delitos, pero el cambio más importante se dio en el relacionado con el de abuso de autoridad, que pasó de 2 mil 563 en el año 2014 a los 527 en el año 2020.
- De acuerdo con los informes que la FGR, a través de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, presentó al Senado, en el año 2021 las carpetas de investigación y las imputaciones por este delito también presentaron una caída, al pasar de 773 indagatorias en 2019, 794 para el año 2020 y solo 121 en el año 2021.
Mientras que en cuanto a las personas imputadas, la reducción fue aún más marcada pues se pasó de 6 mil 111 en el año 2014 a solo 22 entre los años 2019 y 2021.
¿Por qué se sanciona menos la corrupción con la 4T?
El Instituto Belisario Domínguez advirtió que algunos de los factores que intervienen en que este delito sea menos sancionado es la menor cantidad de auditorías y fiscalización de los recursos públicos en la Administración Pública Federal, pues estos también registraron una disminución durante el gobierno del presidente López Obrador.
- De tener 4 mil 042 auditorías en el año 2017, pasaron a 2 mil 610 en el año 2018; posteriormente en el año 2019, aumentaron a 2 mil 919 para caer nuevamente hasta 2 mil 209 en el año 2020, esto, con datos del Censo del Gobierno Federal del INEGI.
- Aunque las auditorías realizadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) han logrado un aumento en las revisiones de la Cuenta Pública. Por ejemplo en el caso de la correspondiente al año 2021, se realizaron 2 mil 050 auditorías, desde mil 617 realizadas en el año 2020.
- No obstante, las muestras fiscalizadas han caído. Estas pasaron de un 79.7 por ciento en el año 2019 a solo 42.1 por ciento para el año 2021, lo que ha generado una caída también en las recomendaciones emitidas a la Administración, las cuales pasaron de 5 mil 299 a 4 mil 446.
Otro factor que se señalaron son los recortes presupuestales a las instituciones fiscalizadoras, esto es, a la Secretaría de la Función Pública (SFP). De acuerdo con el informe, esta dependencia, que inició el sexenio a cargo de Irma Eréndira Sandoval y que actualmente se encuentra a cargo de Roberto Salcedo, pasó de tener un presupuesto de mil 824.3 millones de pesos para el año 2018, a solo tener mil 533.4 para el año 2023.
- Mientras que para el caso de la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción, se mencionó que la problemática no solo radica en la reducción de presupuesto, sino también en el subejercicio de este.
- También se suma a la imposibilidad de combatir la corrupción el desmantelamiento de instituciones relacionadas a ello. Por ejemplo, en el año 2020 se eliminó la Subsecretaría de Responsabilidades y Combate a la Impunidad, la cual estaba a cargo de Luis Gutiérrez Reyes.
- Y para junio de 2021, el subsecretario de Fiscalización y Combate a la Impunidad, Roberto Salcedo, ascendió a titular de la SFP, en sustitución de Irma Eréndira Sandoval. Sin embargo, el cargo que el funcionario dejó vacante permanece así.
Por otro lado, se encuentra el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), que actualmente sesiona con solo cinco de siete integrantes de su Pleno y cuyo futuro es incierto, esto, si el Senado no logra acuerdos para el nombramiento de dos personas.
Autoridades mexicanas son ineficaces para prevenir y sancionar la corrupción
- México tiene la mejor legislación anticorrupción de América Latina, pero sus autoridades son de las más ineficaces para prevenir y sancionar estas conductas, revela la «Evaluación Anticorrupción de América Latina 2021-2022«.
- El estudio, realizado por el Consejo de Abogados por los Derechos Civiles y Económicos del Centro Cyrus R.
- Vance para la Justicia Internacional, con sede en Nueva York, establece que las autoridades mexicanas encargadas de la lucha anticorrupción carecen de independencia y que la persecución penal se ha hecho con un sesgo político.
«La comunidad jurídica consultada identifica que la lucha anticorrupción está siendo utilizada para fines políticos, pues no se brinda el apoyo necesario al Sistema Nacional Anticorrupción y a otras entidades, al contrario, se les ataca desde el Poder Ejecutivo.
«Además, existe mucho interés por perseguir casos de corrupción de administraciones pasadas, pero no casos actuales, incluyendo el reciente caso de posible corrupción para beneficiar a uno de los hijos del Presidente», advierte.
- Ocupa México lugar 9 de 17 países de AL: En el último año, México presentó retrocesos importantes en sus esfuerzos para prevenir y sancionar la corrupción, los cuales, además de ser insuficientes, han sido utilizados para fines políticos, advierte la “Evaluación Anticorrupción de América Latina 2021-2022” del Consejo de Abogados por los Derechos Civiles y Económicos del Centro Cyrus R. Vance para la Justicia Internacional, de la barra de abogados de Nueva York.
El estudio coloca a México en el lugar 9 de 17 países evaluados, con una calificación general de 5.64 puntos, en una escala del cero a 10. Nuestro país está por debajo de Perú (6.06) y arriba de Bolivia (5.50).
- Cabe señalar que este informe se basa en los conocimientos jurídicos y la experiencia de abogados dedicados a la práctica anticorrupción en diversos sectores, incluidos despachos de abogados, empresas, academia, organizaciones de la sociedad civil, defensores de derechos humanos, entre otros.
- Sobre México, el análisis de los expertos advierte que pese a que es el país con la mejor calificación a nivel regional en el rubro de legislación (9.30), se coloca como el sexto peor en materia de autoridades y en número 10 al hablar de la implementación de las leyes anticorrupción.
Por ello, el reporte sostiene que “México es uno de los ejemplos a nivel regional de cómo una buena legislación no es suficiente, si no hay instituciones independientes y con capacidad para implementar ese marco jurídico”./Agencias-PUNTOporPUNTO
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