López OBRADOR confronta y divide a Ministros en aras de que Convaliden sus INICIATIVAS

En las sesiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se ha hecho evidente la diferencia de criterios entre los ministros identificados con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y quienes, con sus sentencias, se mantienen en defensa de la autonomía del Máximo Tribunal.

• Y es que, a decir de expertos en el tema, la designación –el pasado 2 de enero– de la ministra Norma Piña , no solo devolvió el mando del Poder Judicial Federal (PJF) a una jueza, sino a una magistrada federal de carrera, cuya visión de independencia hacia el Ejecutivo Federal, es muy diferente a la de su antecesor Arturo Zaldívar.
• El profesor investigador en la División de Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económica, José Antonio Caballero Juárez, considera normal que en la Corte haya diferencias sobre algunos temas, el problema, dice, es la ausencia de debates o la radicalización de algunas ministras en asuntos que interesan al Poder Ejecutivo.

Para el politólogo Arturo Espinosa Silis, durante la presidencia del ministro Zaldívar hubo una mayor cercanía de la Corte con el Ejecutivo Federal, a diferencia de su antecesor Luis María Aguilar y no solo eso, sino que ahora hay marcadas posiciones en el Pleno.

El Maestro, especialista y Licenciado en Derecho por la Universidad Panamericana, Joel Reyes Martínez considera “normal” que en casos polémicos haya diferencias de criterios, por lo que asegura que a nadie debe extrañar los debates al interior de la Corte.

Pugnas por «decretazo” de AMLO y elección de ministros

• El 18 de mayo pasado, en la discusión y votación en la que se declaró la invalidez del proyecto del llamado “decretazo” de AMLO que se establecía que las obras prioritarias de su gobierno eran consideradas como de Seguridad Nacional, cuando la presidenta de la Corte, Norma Piña tuvo que explicar a su par Yasmín Esquivel, los efectos del mismo.

“Queda vivo (el proyecto) para las demás (dependencias), los demás de la administración pública. Es entre las partes: el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI) y el Ejecutivo federal», argumentó Esquivel.

En respuesta, Piña Hernández explicó que el Poder Ejecutivo federal es el encargado de dar la instrucción de actuar a las demás dependencias, de tal suerte que si esa instrucción se cae, «no existe ya».

• Anteriormente, Zaldívar y Piña defendieron, en una sesión pública, sus posiciones en torno a si los ministros son o no electos democráticamente.
• Y es que durante la discusión del proyecto para declarar la invalidez de la Ley para la Transparencia, Prevención y Combate de Prácticas Indebidas en Materia de Contratación de Publicidad, el ministro Arturo Zaldívar argumentó su voto en contra porque las supuestas violaciones al proceso legislativo no fueron “suficientemente graves”.

Además, dijo, “nosotros no somos elegidos democráticamente, de tal suerte que el sustento de nuestras decisiones tiene que estar en la Constitución, y solamente cuando se afecta el debate democrático o las leyes esenciales del procedimiento, me parece que nos es viable invalidar un procedimiento legislativo”.

• La ministra Piña debatió esa postura: «Respetuosamente, no comparto los comentarios de que nosotros no fuimos elegidos democráticamente, eso está establecido en la Constitución, tampoco comparto que realizar nuestra labor como tribunal constitucional implique una afectación a la división de poderes”.

La colegialidad de la Corte

Sobre la colegialidad en la Corte, el politólogo José Antonio Caballero Juárez considera que hay un cambio evidente entre la presidencia del ministro Zaldívar Lelo de Larrea y la de Piña Hernández.

“En época del ministro Zaldívar se rompió mucho la colegialidad. No obstante, creo que la llegada a la presidencia de la ministra Piña ha contribuido a mejorar el ambiente”, resalta.

• El profesor investigador en la División de Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económica, A.C, considera normal que en la Corte haya diferencias sobre algunos temas, el problema, dice, es la ausencia de debates o incluso, intervenciones ofensivas.
• “Es frecuente que existan criterios encontrados. Ese no es el problema. El problema está cuando simplemente se deja de debatir o se hacen intervenciones ofensivas”, alerta.
• Incluso, el académico cuyas líneas de trabajo están relacionadas con la función jurisdiccional, la procuración de justicia, el acceso a la justicia y la seguridad pública advierte que la radicalización de algunas ministras de la Corte en asuntos que interesan al Poder Ejecutivo, «tampoco ayuda».

Los estilos de dirigir la Corte

El politólogo Arturo Espinosa deja claro que bajo a presidencia del ministro Zaldívar hubo una cercanía de la Corte con el Ejecutivo Federal, a diferencia de sus antecesores Luis María Aguilar.

Además, fue el primer presidente de la Corte que no venía del Poder Judicial, a diferencia de Piña Hernández.

• “El poder judicial, no sé si para bien o para mal, tiene ciertas estructuras, normas y una manera de desempeñarse muy particular. Los jueces son muy celosos de su trabajo, no les gusta que los presionen, son figuras muy respetables y hasta discretos, pues saben que sus sentencias hablan por ellos.

En síntesis, indica, “los jueces son celosos de la publicidad, de estar en el debate público o en las redes sociales. Ellos hablan a través de sus sentencias y están las instancias para combatirlas, para inconformarse, así como en análisis del sector especializado”.

• Sin embargo, Zaldívar “vino a romper” con ese esquema, “se volcó a las redes sociales, pensó que su protagonismo lo iba a posicionar de mejor manera, pero los jueces no son así, son personas menos mediáticas, más discretas en ese sentido”.
• El también Abogado y consultor Espinosa Silis refiere que el estilo particular de Zaldívar no agradó a muchos jueces y juezas y al final, con la elección de Piña regresaron al viejo estilo de la Corte, de los jueces de carrera judicial.

“Creo que estamos viendo posturas opuestas en la Corte y en el Instituto Nacional Electoral (INE), donde Lorenzo Córdova tenía un estilo protagónico similar al de Arturo Zaldívar, aunque el exconsejero y académico universitario no era afín al presidente y el ministro, sí”.

Además, éste último agradaba mucho al presidente López Obrador, no así Córdova.

• “Hoy de diferente forma, tanto la ministra Piña como Guadalupe Taddei, presidenta del INE, han regresado a una postura más discreta”, indica, aunque la consejera electoral sí le agrada más al primer mandatario, a diferencia de la ministra.
• “Norma Piña se mantiene alejada de los otros poderes (Ejecutivo y Legislativo)”, a diferenciad de Taddei que sus primeros encuentros desde su llegada el pasado 3 de abril, han sido justo con el Ejecutivo y el Legislativo, no con los partidos políticos.

Diferencias de criterios

Joel Reyes Martínez, Maestro en Derecho Procesal Constitucional por la Universidad Panamericana, consideró que decisiones sobre iniciativas polémicas como las que ha enviado el presidente López Obrador deben generar debate.

• “No veo algo por qué escandalizarnos en todo esto que está pasando en la Corte. Son decisiones polémicas de un gobierno que está bien que lo resuelva un poder constitucional, para eso está. Al ser decisiones polémicas, deben generar debate”, expone.

Refiere que el hecho de que los proyectos del presidente tengan el respaldo de las ministras Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz e incluso, de Arturo Zaldívar, “no es extraño”.

• “Imagínese que el presidente, un hombre de izquierda que proponga un ministro conservador, creo que eso si sería de escandalizarnos, Al contrario, si el presidente tiene cierta ideología, lo congruente es que proponga personas que compartan esa ideología y que desde el punto de vista del derecho, apliquen esa ideología. No veo por qué escandalizarse”.

Recuerda que la actual conformación de la Corte no es muy distinta a las anteriores, aunque en temas polémicos, siempre ha habido división del Pleno desde 1994.

• “Podemos hablar de dos momentos de la SCJN, uno antes de 1994 y otro después de esa fecha, tras la reforma del presidente Ernesto Zedillo que modificó sustancialmente tanto su integración como sus atribuciones”, menciona.

Es así que a partir de ese año, la Corte ejerce sus atribuciones de Tribunal constitucional, es decir, su competencia fundamental es la de analizar la constitucionalidad de las normas que emite el Congreso de la Unión.

• “Digamos que esa es su fuerza. La Corte tiene el poder de invalidar con efectos generales normas que emite el Congreso de la Unión, por eso algunos la denominan legislador negativo, porque las invalida”, añade.

“Me equivoqué”, dice AMLO

Y es que aun cuando el presidente López Obrador propuso a cuatro de los 11 ministros, sus votaciones no han sido siempre a favor de sus proyectos.

• Un ejemplo de ello fue cuando dos de los ministros propuestos por el Ejecutivo federal, Juan Luis González Alcántara y Margarita Ríos Farjat se sumaron a la mayoría de sus pares para declarar, por ocho votos a favor y tres en contra, la nulidad de la Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades Administrativas del llamado “Plan B” de la reforma electoral.

Fue evidente el enojo del ejecutivo Federal que en la mañanera del 2 de septiembre del 2022 declaró abiertamente:

“Me equivoqué, porque hice propuestas, pero ya una vez que propuse, ya por el cargo o porque cambiaron de parecer, ya no están pensando en el proyecto de transformación y en hacer justicia, ya actúan más en función de los mecanismos jurídicos. Y yo respeto eso, porque pues yo propongo, pero yo no quiero tener incondicionales, yo quiero que haya mujeres y hombres libres, conscientes y que al momento de tomar decisiones cada quien asuma su responsabilidad”.

• Otros asuntos donde ha habido una marcada diferencia de criterios es durante la votación del traslado del control operativo y administrativo de la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la primera parte del llamado “Plan B” de la reforma electoral y la invalidez del “decretazo” de AMLO.

Los tres proyectos han contado con el voto en contra de las ministras Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortíz Ahlf y el exministro presidente Arturo Zaldívar, aunque éste último se sumó a la votación que invalidó la primera parte del “Plan B”.

Advierten que tensión entre AMLO y SCJN aumentará

Las tensiones entre el Poder Ejecutivo, que representa el presidente de México, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aumentarán, pues se divide en la fracción mayoritaria de diputados y en la de senadores de Morena y sus aliados.

• Germán Molina, analista jurídico del Instituto de Ciencias Jurídicas (ICI), dijo que la tensión seguirá en las siguientes semanas, porque al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) no le queda claro que los ministros no son sus subordinados.

El experto aseveró que los ministros no están obligados a corregir los vicios y los errores legislativos de los diputados y los senadores.

• Molina afirmó que sin importar que les moleste, la SCJN es la garante del respeto a la Constitución y de hacer prevalecer el Estado de Derecho en el país: Los ministros, integrantes del poder judicial federal, sí pueden decirle a cualquier autoridad, lo sentimos, pero la ley es la ley y vamos a aplicarla.
• «La venganza del presidente López Obrador en contra de la SCJN, la anunció en la conferencia mañanera, al tirar línea a los diputados de su partido, para que revisen el presupuesto de la Corte, con la finalidad de reducir los ingresos de los ministros», dijo el académico.

Hoy, la International Bar Association (IBA) externó su inquietud y preocupación por las “declaraciones injuriosas” de López Obrador en contra de la SCJN, mismas que violentan la independencia judicial, asimismo, debilitan la confianza pública en el Poder Judicial.

Critican expertos la intervención de AMLO con ministros

La intervención que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) fallara a favor de mantener a la Guardia Nacional adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) representa un ataque al principio de la división de Poderes y un atentado a la autonomía que tienen las ministras y los ministros, señalaron constitucionalistas.

• Expusieron que el Titular del Ejecutivo es un cínico por confesar las llamadas que hizo a cinco ministros para pedirles que votaran en favor de sus intereses, y además demuestra el poco respeto que les tiene, porque los considera casi empleados.

Dijeron que existe un vacío legal que López Obrador aprovecha para presionar, por todos los medios, a los ministros de la Suprema Corte de Justicia, aunado a que el Derecho no le parece relevante, y ello se refleja también en las campañas anticipadas que emprendieron desde hace casi un año los aspirantes de Morena a la Presidencia.

• Francisco Burgoa, abogado constitucionalista y catedrático de la UNAM, afirmó que el presidente López Obrador está utilizando “todos los medios para presionar a las ministras y los ministros de la Suprema Corte”.

“Que hoy el Presidente sea sincero o peor, que sea un cínico al momento que está diciendo que habló con ellos para pedirles que el Poder Judicial, a través de la Suprema Corte de Justicia, pudiera fallar un asunto en favor de las propuestas del Presidente de la República, lo considero un ataque al principio de la división de Poderes”, comentó en entrevista con este rotativo.

• Explicó que las llamadas no representan ni siquiera un cabildeo, acción que no le corresponde al Presidente de la República, sino a la Consejera Jurídica de la Presidencia de México, sino que se trata de un atentado a la autonomía de los ministros.

“Ni siquiera fue un asunto que fuese totalmente público, en donde el Presidente anunciara: ‘Hoy pedí una reunión con el pleno de la Suprema Corte. Me parece un atentado a la independencia de autonomía que tienen las ministras y los ministros de la Suprema Corte”, comentó.

También recalcó que el presidente López Obrador le faltó al “respeto a la investidura que tienen los ministros, porque ellos no son empleados del Presidente de la República”.

“Hay un vacío legal que el Presidente aprovecha para estar haciendo estas llamadas, cuyo fin es atentar contra la autonomía e independencia del Poder Judicial de la Federación, especialmente, de estos cinco ministros y ministras”, explicó Burgoa.

• Víctor Manuel Martínez Bullé Goyri, doctor en Derecho e integrante del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, coincidió en que el Titular del Ejecutivo federal no les tiene respeto a los ministros de la SCJN, ya que los considera casi sus empleados al darles instrucciones de cómo deben votar.
• “Yo creo que demuestra el poco respeto que les tiene a los ministros como personas, que los considera casi empleados, porque de los que aceptaron su recomendación, le parece muy bien, y de los otros, los ofende, pero yo creo que ofende a los cinco que llamó porque lo que está diciendo es que él puede influir sobre ellos”, expuso.
• Añadió que con dichas acciones, el mandatario federal “demuestra poco respeto al Poder Judicial, a la división de Poderes y a la persona de los ministros”. Señaló que López Obrador pudo haber intervenido en otros casos, pero no se sabe porque tal vez obtuvo resultados, pero ventiló éste porque no le fue favorable.

“Lo primero que pensé es: En cuántos otros casos no les habrá hablado. Éste lo está confesando porque le salió mal, pero ¿en cuántos, en donde sí le salió bien, también ya habrá hablado?”, cuestionó.

“¿En manos de quién estamos? Qué triste que tengamos un gobierno que actúa de esa manera, un Presidente de México al que el Derecho no le parece relevante. Es lo mismo que estamos viviendo con las campañas [políticas de las corcholatas] adelantadas”, afirmó.

El discurso de odio de AMLO contra la Corte ya está rebasando límites

El presidente Andrés Manuel López Obrador impulsa un discurso de odio en contra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y de algunos de los ministros que integran su pleno, lo cual junto con su resistencia a acatar las decisiones del Poder Judicial es preocupante por lo inédito de los ataques, porque constituyen un ejemplo a seguir por sus seguidores y porque puede derivar en el rompimiento del orden constitucional, además de que ya está rebasando límites, plantearon investigadores

• Laurence Pantin, coordinadora del Programa de Transparencia en la Justicia de México Evalúa, dijo que, si bien en cualquier democracia es normal que haya tensiones entre los distintos poderes y que en México en distintos momentos de la historia ha habido criticas entre ministros y el presidente de la República, lo que es inédito es el nivel de las criticas expresadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador en contra de ministros de la SCJN, actitud que ha sido replicada por gobernadores, legisladores y dirigentes de su partido.

Comentó que tan sólo en el primer trimestre de 2023, el mandatario hizo al menos 30 señalamientos en contra del Poder Judicial, la Corte y en contra de la ministra presidenta, Norma Lucía Piña Hernández.

“Esto sí nos debe de preocupar porque hay una intensidad inédita en esos ataques, además de que trae consecuencias, por ejemplo, incentivar a otros actores a organizar manifestaciones en donde se dan amenazas incluso a la vida de la presidenta de la SCJN”.

• Francisco Burgoa, profesor de Derecho Constitucional en la UNAM, destacó que ese discurso de odio se ha comenzado a replicar en el interior del país y en la capital por funcionarios, legisladores y seguidores del presidente, cuando lo único que han hecho los ministros es defender la Constitución, haciendo uso de las facultades que les confiere para hacer frente a actos de autoridad que no se encuentran de conformidad con el marco legal vigente.

“Son una serie de palabras, expresiones, manifestaciones que están promoviendo la violencia e incitando a la ciudadanía que tiene simpatía con la 4T con el propósito de seguir atacando al poder Judicial, especialmente contra la Corte y los ministros que han ejercido sus facultades con autonomía”.

• Dijo que esa narrativa se explica porque no han podido someter a ministros de la Corte a la 4T. “Ese es el fondo del asunto”.
• Si el objetivo real fuera impulsar una reforma al Poder Judicial ya se estaría analizando un estudio serio de cómo se va a mejorar la impartición de justicia en todos sus niveles, abundó.
• De acuerdo con el académico, Morena no está interesado en mejorar o fortalecer el sistema de impartición de justicia; “lo que quieren es tener un poder judicial a modo”.

En mayo pasado, durante la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en la que se presentó una iniciativa para que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), así como magistrados de circuito y jueces de distrito, sean electos por voto popular, el diputado federal de Morena, Alejandro Robles, dijo: “vamos a obradorizar el poder Judicial”.

Al respecto, el académico comentó que esa es la más clara expresión de sinceridad o cinismo de Morena que no busca mejorar al Poder Judicial sino someterlo al Ejecutivo. “Quiere tener un hiperpresidencialismo, donde una sola persona desde el Ejecutivo tenga, bajo su mando al Poder Legislativo y al Judicial”.

• Laurence Pantin recalcó que la animadversión no ha quedado solo en el discurso; ha habido comunicados oficiales en los que se crítica a la SCJN, por ejemplo, cuando se conoció un proyecto de sentencia del ministro Alberto Pérez Dayán.

Además, el mandatario ha reaccionado a resoluciones de la SCJN con la amenaza de mandar una iniciativa de reforma constitucional para cambiar la forma en que deben elegirse los ministros.

“Es una actitud que no es democrática y pone en riesgo el Estado de derecho. Por eso nos debe preocupar”, expuso.

• Por su parte, Francisco Burgoa, enfatizó que la SCJN es la defensora de la Constitución, para que sus principios fundamentales, como la división de poderes, sean una realidad. Además, es la defensora de los pesos y contrapesos que garantiza el equilibrio entre poderes.
• Si la SCJN se deja presionar e intimidar, prácticamente dejamos de tener división de poderes y esto se convertiría en un sistema político donde el presidente controlaría todo en la vida pública y transitar hacia una dictadura, añadió.

El papel que tiene la SCJN, dijo, es fundamental para preservar el orden constitucional, convencional y legal.

Asimismo, recalcó que el presidente no debe cruzar la línea del desobedecimiento a las resoluciones de la SCJN, ni del Tribunal Electoral, ni de ninguna autoridad judicial.

La SCJN no debe resolver con base en lo que opinen mayorías o minorías

Laurence Pantin recalcó que la democracia define quién debe ser titular del poder Ejecutivo, así como los integrantes del poder Legislativo, por mayoría, pero eso no quiere decir que las minorías no tengan derechos, pues, por una parte, existen los mecanismos para que tengan representación en el Congreso y para que sus derechos sean protegidos por el Poder Judicial.

Por ello, la SCJN tiene la función de controlar que legisladores y el presidente cumplan con lo que establece la Constitución y respete derechos de las minorías.

• Eso da lugar a un sistema de pesos y contrapesos. Sin embargo, el presidente López Obrador se equivoca al declarar que la SCJN ha asumido una actitud de oposición a su gobierno y al Congreso donde su partido tiene mayoría, cuando lo único que ha hecho es asegurar que tanto el mandatario como los legisladores cumplan con la Constitución y las leyes que de ella emanan para que las mayorías no incurran en arbitrariedades, violando el marco constitucional contra las minorías, expuso.
• Pantin destacó que la SCJN debe resolver, no con base en lo que piensen las mayorías o las minorías, sino con base en lo que establece la Constitución y sus leyes, es decir en el Derecho. La especialista enfatizó que tener una alta popularidad no le da al presidente López Obrador el derecho de pasar por encima de la ley y ese es el peligro. “Siempre habla que él representa el pueblo y dice que los ministros de la Corte no son elegidas democráticamente, aunque tengamos cuatro ministros propuestos por él”.

Indicó que la propuesta de nombrar a los ministros de manera directa, vía popular es una falsa buena idea porque si bien puede impedir que haya un vinculo político entre ministros y quienes los nombraron (el presidente y el Senado), si se nombran por voto directo entonces van a necesitar hacer campaña, lo cual necesita dinero, lo cual necesariamente tendrían que ir a buscar en grupos de poder y al ser nombrados le van a deber algo a alguien.

• Dijo que desafortunadamente esta tensión entre el presidente y la SCJN ya rebasó los límites que se debieran permitir porque, por un lado, cuando las manifestaciones se han tornado en discursos de odio, lo cual es muy preocupante, por ejemplo cuando han deseado que la ministra presidenta muera al poner su imagen en un ataúd. Además eso ocurre cuando en México la seguridad de los juzgadores es una preocupación, por las amenazas y agresiones de las que han sido objeto.

Por otra parte, el hecho de que el presidente reaccione publicando un decreto horas después de que otro muy similar ha sido declarado inconstitucional por la SCJN es preocupante porque lo que demuestra es que no quiere acatar las órdenes judiciales. “Lo que significa es que considera que su actuación está por encima de la Constitución y de la ley”.

Cuando tenemos un presidente que no está dispuesto a someterse a la Constitución y a las leyes, entonces estamos en graves problemas, remarcó.

• Por su parte Francisco Burgoa expuso que por la narrativa que ha impulsado en los últimos meses, el presidente López Obrador, sí podría llegar el momento en el que, con el argumento de que el pueblo así lo quiere, determine ya no obedecer lo que diga la SCJN.
• Recalcó que el desconocimiento del presidente a resoluciones de la Corte implicaría un rompimiento del orden constitucional, lo cual no ha ocurrido desde principios del siglo pasado cuando lo hizo Victoriano Huerta.

El presidente estaría cometiendo un delito, pero al estar protegido por una inmunidad procesal, que se desprende de la Constitución, estaríamos en una situación delicada, porque la Cámara de Diputados sería quien debiera acusar ante el Senado y con una composición como la actual del Congreso, eso no prosperaría./PUNTOporPUNTO