La Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados concluyó el dictamen con proyecto de decreto que reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, por la cual se crearán las secretarías de Seguridad Pública y de Bienestar, entre otras disposiciones con las que dará inicio la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.
- El documento distribuido anoche entre los diputados federales de todos los partidos políticos representados en San Lázaro, prevé la inclusión del artículo 30-Bis acerca de las actividades de la seguridad pública.
- También define los mecanismos interorgánicos de organización, coordinación y distribución de competencias de las delegaciones de programas para el desarrollo, y plantea la intervención de los delegados del Ejecutivo en el cumplimiento de los programas sociales.
- Las dependencias y entidades de la administración pública federal operan conforme a un criterio de desconcentración territorial basado en delegaciones en las entidades federativas o en regiones. Dichos órganos fungen actualmente como auxiliares en la aplicación de las normas de su competencia, así como en la implementación de los planes y programas del Poder Ejecutivo Federal para dar cumplimiento a sus objetivos.
Para la seguridad pública la propuesta parte de la premisa según la cual es necesario reorientar la estrategia y las acciones para recuperar este sector y reconocer su íntima relación con la seguridad nacional.
Esa reorientación se hace efectiva con la separación de las funciones de seguridad pública que hasta ahora están a cargo de la Secretaría de Gobernación. Las facultades que en esta materia tiene actualmente dicha secretaría pasarían, conforme a la propuesta, a una nueva dependencia del Ejecutivo federal, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que mantiene agrupadas las facultades de gobierno en materia de seguridad en una sola dependencia.
- La intención, señala el dictamen, es recuperar los niveles de segu-ridad y su percepción ante la ciudadanía, para lo cual admite que se requiere de mayor profesionalismo en el combate a la delincuencia, que priorice la inteligencia sobre la fuerza y garantice la coordinación y perseverancia en los cuerpos de seguridad.
- “La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana sería responsable de las labores de inteligencia vinculadas con el comportamiento delictivo; coadyuvante de las dependencias y entidades en las tareas de reconstrucción del tejido social del país, y tendría a su cargo las labores de seguridad nacional, así como las atribuciones que garanticen la protección civil de las personas.
En consonancia con el texto constitucional, la reformulación de esa dependencia respeta la autonomía de las entidades federativas y se basa en la acción conjunta de las fuerzas de policía para la atención del fenómeno delictivo; así, replantea también a la Policía Federal (PF), que queda bajo su adscripción como un órgano policial encargado de salvaguardar la integridad y el patrimonio de las personas y prevenir la comisión de delitos del orden federal.
Modernizar el andamiaje de seguridad pública
Acerca del Sistema Nacional de Seguridad Pública se destaca que por medio de dicho conglomerado se pretende adecuar y modernizar el andamiaje del sistema de seguridad pública y procuración de justicia a escala nacional.
En consecuencia, propone revisar el esquema de funcionamiento de las distintas instancias coadyuvantes en la procuración de seguridad ciudadana (el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la PF, el Servicio de Protección Federal, el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, el Consejo de Menores Infractores y la Comisión Nacional Antisecuestro), pues en el mediano y largo plazos esta estructura ha resultado insuficiente.
- Se plantea que el Centro de Investigación y Seguridad Nacional se transforme en el Centro Nacional de Inteligencia, órgano que integraría todas las áreas correspondientes del gobierno federal en una dinámica coordinada, planificada y sistemática, no reactiva, que cumplirá funciones propias y exclusivas que operará dentro de la más estricta legalidad y en el marco de una visión democrática.
El nuevo centro deberá alinear sus esfuerzos de prevención y atención a situaciones de riesgo, a efecto de redimensionar la percepción que tiene la ciudadanía con respecto de la seguridad.
- En torno a las delegaciones en los estados, se advierte que se contará con una delegación de programas para el desarrollo por cada entidad federativa. Sus funciones serán de coordinación, tanto con las autoridades estatales y municipales como con las oficinas de representación de las dependencias y entidades federales.
- Las funciones administrativas de las delegaciones de programas para el desarrollo serán normadas en el reglamento de la Oficina de la Presidencia. Las oficinas de representación estarán jerárquica y funcionalmente adscritas a las respectivas dependencias y entidades con el objeto de que los actos de autoridad que éstas emiten sigan substanciándose de manera regular y no se cree incertidumbre jurídica a la ciudadanía. Dichas oficinas habrán de ejercer las facultades y las atribuciones que por materia hoy atienden.
También se establecerán periodos de transición de 180 días para que la estructura administrativa de las delegaciones de programas para el desarrollo quede constituida y para que las dependencias y entidades presenten al titular del Poder Ejecutivo un análisis de costos y beneficios sobre la necesidad y viabilidad de mantener determinadas oficinas de representación, en virtud de los trámites y servicios que otorgan a la ciudadanía y el impacto que generaría su desaparición./LA JORNADA- PUNTOporPUNTO
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