De nueva cuenta, Leche Industrializada Conasupo (Liconsa) volvió a presentar irregularidades en el manejo de los recursos, luego de que en la revisión de la cuenta pública correspondiente a 2021, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) señala nuevas observaciones por 258 millones 41 mil pesos.
- En los Informes Individuales de la Cuenta Pública 2021 que la ASF presentó ayer a la Cámara de Diputados, detalló que se presume un probable daño o perjuicio a la Hacienda Pública Federal por 202 millones 797 mil 887 pesos, “por no comprobar la prestación de los servicios para la fabricación de productos y derivados lácteos”, los cuales se elaboraron entre el 9 de enero y al 19 de agosto del 2020.
A pesar de no recibir los productos, el 8 de octubre de 2021, Liconsa pagó a los proveedores 232 millones 772 mil 65 pesos. La ASF dijo que este pago no “permite identificar que se encuentre relacionada con los tres convenios de colaboración, con las 10 facturas, ni con las cantidades en kilos señaladas en el ‘Acta Finiquito’, por lo que únicamente se comprobó la entrega de un millón 363 mil 615 kilos de leche transformada en polvo, mientras que el contrato se había firmado por un millón y medio de kilogramos de leche en polvo.
- En el informe entregado a los legisladores, se señala que “Liconsa realizó pagos por 55 millones 243 mil 200 pesos por concepto de pago a trabajadores, sin que exista constancia de las labores desempeñadas en las unidades administrativas u operativas de la empresa estatal. Tampoco se aclara a que área fueron adscritos.
- La auditoría advierte que, con base en la información proporcionada por los funcionarios de Liconsa, que incluye “las bases de datos de personas contratadas bajo los esquemas de sueldos y salarios y asimilados a salarios” no sustentan que éstas hayan prestado el servicio, ya que no se acreditó la designación de enlaces internos ¡ por parte de la Gerencia de Recursos Humanos que dieran seguimiento de las altas, bajas y movimiento de personas.
Se encontró que las listas de asistencia carecieron de la validación del jefe directo o titular del área en la cual se encontró asignado el personal; no se proporcionaron informes de actividades individuales, y las personas entrevistadas informaron que no hubo registros de asistencia y que la hora de entrada, salida y los informes de actividades se precargaron en un sistema.
Por lo que no resulta convincente, añade, que el personal haya realizado las actividades, y que éstas se vinculen a las que correspondan a cada una de las unidades administrativas u operativas en las que hubieran sido asignadas, por lo que determinó que realizó “pagos no justificados”.
Adicionalmente, disminuyeron los beneficiarios, en comparación con el año pasado, lo que significó que sus compras de insumos cayeran hasta 35 por ciento.Por ello, al hacer una revisión y comparación entre el ejercicio del presupuesto y los montos comprometidos por la dependencia, se detectó subejercicio por tres mil 798 millones 538 mil pesos, obtenidos por la venta de la leche a los consumidores, 65.6 por ciento de las metas programadas en las ventas en 2021, debido a una disminución del Padrón de Beneficiarios.
- La Unidad de Administración y Finanzas de Liconsa informó que las ventas cayeron en 337 mil 427 millones 200 mil pesos, esto obligó a la dependencia a recortar su producción y reducir sus compras por 2 mil 107 millones 690 mil pesos, es decir, el 55.5% del subejercicio corresponde a la partida 2300 “Materias primas y materiales de producción y comercialización”.
La ASF recordó que en las cuentas públicas 2018 a 2020, la empresa fue objeto de dos auditorías de cumplimiento, y una más de cumplimiento “forense”, en la que se comprobó el desvío de recursos públicos y se emitió una solicitud de aclaración por cuatro mil 721 millones de pesos.
Piden a Segalmex revelar denuncias presentadas en FGR
Por instrucciones del Inai, Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) deberá dar a conocer el número de denuncias interpuestas ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la falta de casi 900 millones de pesos que fueron pagados a empresas que no cumplieron con sus servicios.
- El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) ordenó al organismo sectorizado de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) que proporcione a detalle el número de carpeta de investigación iniciada, las acciones jurídicas para recuperar los recursos y la cantidad de demandas mercantiles presentadas de este caso, el cual fue desvelado tras las auditorias realizadas por la Auditoría Superior de la Federación.
También instruyó informar que en caso de no haber presentado alguna denuncia se explique el motivo y fundamento sobre por qué no se ha hecho y si existen otros procedimientos jurídicos iniciados para recuperar los montos faltantes.
La orden emitida por el Inai se dio luego de que una persona solicitó un recurso de revisión, debido a que Segalmex declaró la inexistencia de esta información.
Tras analizar el caso, la comisionada presidenta del Inai, Blanca Lilia Ibarra Cadena, advirtió que el argumento de Segalmex no fue fundado ni motivado y «se encuentra en disonancia con lo determinado por las auditorías en cumplimiento, practicadas por la Auditoría Superior de la Federación».
- En un comunicado, el Inai explicó que en el caso de la auditoría «327-DE», se constató en el numeral «9.GASTOS», derivado del análisis al proceso de adjudicación de tres contratos celebrados con dos empresas, se observaron diversos incumplimientos contractuales en contravención a lo previsto en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
- También se verificó que el dictamen de esta auditoría, emitido el 28 de enero de 2022, concluye que «Segalmex no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia».
Ibarra Cadena recordó que el 18 de agosto pasado el titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Roberto Salcedo Aquino, dijo que se investigaría y daría seguimiento a presuntos actos de corrupción en Segalmex.
Al presentar el caso ante el Pleno del Inai, la comisionada dijo que la SFP tenía abiertos 618 expedientes de investigación por presuntas responsabilidades administrativas en este organismo creado en 2019 por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
- La comisionada del Inai reconoció que los avances en materia de combate a la corrupción en el país son lentos. De acuerdo con el Índice de Percepción de Corrupción, de 1995 a 2021, México avanzó un punto al pasar de 31 a 32. “Esto nos coloca en el tercio de países con más corrupción en el planeta”, alertó Ibarra Cadena.
Cabe recordar que a finales de octubre pasado, el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Villalobos Arámbula, dijo ante senadores que derivado de esta red de corrupción detectada en Segalmex, la Secretaría de la Función Pública ha presentado ante la Fiscalía General de la República 53 denuncias penales contra 29 exservidores y 24 proveedores.
El titular de Sader urgió a las autoridades correspondientes a acelerar la investigación del caso porque admitió que el “proceso es lento’’ y requiere ser concluido para que los responsables paguen por los ilícitos cometidos.
ASF detecta irregularidades superiores a los 10 mil 312 mdp
La Auditoria Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades en el manejo de los recursos públicos por un monto un monto de 10 mil 312 millones 988 pesos, lo cuales quedaron registrados en la Segunda Entrega del Informe Individual del Resultado de Fiscalización de la Cuenta Pública 2021.
- Al comparecer, vía remota, ante diputados federales de la Comisión de Vigilancia de la Auditoria Superior de la Federación, el titular de la ASF, David Colmenares Páramo, aseguró que esta segunda entrega se realizó a través de 692 informes individuales.
- Aclaró que de la cifra detectada por inconsistencias, 10 mil 312 millones 988 pesos no significa que esa cantidad represente una pérdida o daño al erario, son irregularidades que los entes públicos deben de aclarar ante las autoridades fiscales para que así queden solventados.
Conforme al matriz de los datos básicos del informe, el cual está conformado por 154 hojas, las autoridades de los estados y municipios con irregularidades tendrán que aclarar, durante las próximas semanas, el gasto de 6 mil 675 millones 333 pesos con irregularidades.
Mientras que 3 mil 63 millones 666 pesos, correspondientes a la segunda entrega forman parte de los recursos ejercidos por el Gobierno federal, el Congreso y el Poder Judicial.
- De acuerdo máximo órgano fiscalizador del país, los sectores con más pliegos de Promociones de Responsabilidades Administrativas Sancionatorias (PRAS) son: Educación con 215, Infraestructura Social con 40, Salud con 35, Aportaciones a Seguridad Social con 26, Infraestructura Comunicaciones y Transportes 25, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología con 19, Secretaría de Hacienda y Crédito Público 18, Saneamiento financiero con 18, Gobernación con 17, así como Agricultura y Desarrollo Rural con16. Dichas acciones podrían derivar en causas penales.
Asimismo, en esta segunda entrega de los informes los sectores que tienen más montos por aclarar son: Empresas productivas del Estado mil 837 millones 028 mil 700 pesos, Educación mil 750 millones 537 mil 500 pesos, Saneamiento Financiero mil 732 millones 376 mil 700 pesos, Seguridad mil 343 millones 804 mil 600 pesos, Infraestructura Social mil 269 millones 807 mil pesos, Participaciones Federales mil 022 millones 599 mil 800 pesos, Infraestructura Comunicaciones y Transportes 762 millones 920 mil pesos, Aportaciones a Seguridad Social 366 millones 086 mil 700 pesos, Agricultura y Desarrollo Rural 268 millones 225mil 600 pesos y Salud 168 millones 369 mil 900 pesos.
Durante su mensaje ante los legisladores de todos los partidos políticos aseguró que la ASF en los últimos meses interpuso más de 30 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) en los casos en los que se ha considerado que las irregularidades constituyen delitos, sin dar los pormenores de los entes públicos que cayeron en esta situación.
“Continuaremos en el proceso de presentación de denuncias penales de manera constante considerando lo establecido por la Ley en el sentido de que deben presentarse cuando se tengan todos los elementos para tal efecto y cuando concluyan los procesos legales administrativos”, advirtió.
- La auditoría, dijo, mantiene una excelente coordinación y relación en el ejercicio de sus atribuciones con la FGR lo cual ha permitido avanzar favorablemente en diversos temas relacionados con la defensa del patrimonio público.
- Como parte de esa defensa y recuperación del patrimonio público, David Colmenares informó en su comparecencia que entre las acciones de fiscalización realizadas por esa instancia se lograron recuperar de la Cuenta Pública 2021, hasta su segunda entrega de informes, más de mil 830 millones de pesos, a favor de la Tesorería de la Federación (Tesofe) del gasto federalizado.
“Cifra que, si es comparada con el presupuesto autorizado a la Auditoría Superior de la Federación implica que se recuperaron solo en esta materia 92 centavos de cada peso que nos fue otorgado presupuestalmente”, acotó.
- Mencionó que el segundo informe permite “tener revisiones de mayor horizonte en virtud de que la fiscalización superior es una de las herramientas más versátiles de las que dispone el Estado mexicano para supervisar su propio funcionamiento y promover el cumplimiento de los objetivos planteados en sus políticas y programas”.
“Estamos claros que no hay democracia sin rendición de cuentas, y no hay rendición de cuentas sin fiscalización confiable, por ser neutral, eficaz y eficiente”, consideró.
El auditor reiteró que la fiscalización superior es la herramienta necesaria para disuadir conductas indebidas en el ejercicio del gasto público de los entes auditados y, por otro lado, ayuda a profesionalizar la función pública en todos los órdenes de gobierno./Agencias-PUNTOporPUNTO
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