La incertidumbre política que ha generado la posible aprobación del Plan C (la reforma judicial), genera cautela de las empresas haciendo que su operación y capacidad de contratación se vean afectadas, señaló el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).
- En su panorama económico semanal, resaltó que los indicadores de confianza empresarial van a la baja en julio y registran cifras negativas, mientras la actividad del Indicador Global de la Actividad Económica (Igae) muestra también una clara tendencia a la baja.
Los analistas del sector privado, comentaron que en cuanto a empleo la tasa de junio sumó 58.9 millones de personas, un aumento de 273 mil nuevos puestos, el menor avance desde la recuperación de la pandemia.
- “De esta manera, en los primeros siete meses del año se acumuló un total de 307.4 mil nuevos registros, lo que igualmente fue uno de los más bajos en varios años”.
- Agregó que no hay duda de lo benéfico que resulta para la población tener mayores oportunidades de ocupación, pero de igual importancia, es que esta sea de calidad que permita a los trabajadores satisfacer sus necesidades familiares.
La posición del gobierno es fundamental para asegurar el mejor ambiente de negocios que permita a las empresas desarrollarse al máximo, insistió el CEESP.
La reforma ahuyentará a los empresarios: Coparmex
El proyecto de reforma del Poder Judicial, y en especial la propuesta de elección popular de jueces y magistrados, se traducirá en incertidumbre jurídica para empresas que podrían ya no invertir en México o se irán del país, plantearon la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y organizaciones de abogados y expertos en derecho.
- Luis Asali Harfuch, del Consejo Nacional de Litigio Estratégico, resumió así los argumentos vertidos en una conferencia de prensa convocada por José Medina Mora Icaza, presidente del organismo patronal: Lo que se está recetando como medicina es el más letal de los venenos. De ninguna manera ayuda a eliminar la corrupción y sí coadyuva a eliminar el contrapeso y la independencia judiciales.
- Las y los representantes de diversos organismos coincidieron en su rechazo a varios puntos de la iniciativa de cambiar la procuración de la leyes y se quejaron de no haber sido escuchados por el oficialismo, pues los parlamentos abiertos no fueron tan abiertos, sostuvo Medina Mora.
Nueva inversión extranjera se detendrá si pasa reforma judicial
Entre las empresas extranjeras existe una alta preocupación ante la posible aprobación de la reforma al Poder Judicial del presidente Andrés Manuel López Obrador, en la cual se elegirán a los jueces y magistrados por voto popular.
- El presidente de la Coparmex, José Medina Mora, alertó que estas compañías ya han externado su intención de frenar sus inversiones si esta reforma se pone en marcha.
«Lo que nos han dicho es que si México entra en la elección de jueces, magistrados y ministros por voto popular detendrán esas inversiones. Eso es lo que nos preocupa, de por sí la inversión extranjera directa prácticamente es reinversión de utilidades, hay muy poca inversión fresca», dijo Medina Mora en la inauguración del primero de tres foros sobre la iniciativa de Reforma al Poder Judicial organizado por el centro empresarial de Coparmex, Ciudad de México, junto con la Barra Nacional de Abogados.
- Comentó que las empresas extranjeras están viendo grandes oportunidades derivadas del nearshoring, y que hay proyectos validados con financiamiento autorizado, pero que están detenidos por la incertidumbre jurídica de la reforma judicial del presidente Andrés Manuel López Obrador.
- «Un juez, magistrado y ministro no tiene una lógica para ser electo por un voto popular a diferencia de la presidencia de la república, un gobernador o un alcalde, (…) que responden a un territorio, ya sea el país, un estado o un municipio, y que por eso mismo son electos por voto popular. En el caso del poder judicial más bien lo que necesitamos es que se aplique la ley para que haya justicia expedita», señaló el presidente del organismo empresarial.
Apuntó que que se ha argumentado que en Estados Unidos eligen a los jueces, pero realmente son jueces locales que no tienen que ver con el estado de derecho sólo administran un proceso, en el cual quien decide es un jurado.
Y también en ningún país de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) eligen a sus jueces ni magistrados y ministros por voto popular.
«Hay que encontrar cómo mejoramos el Poder Judicial para que haya una mayor certidumbre jurídica para los ciudadanos, las familias, las empresas y los inversionistas, y con esto podamos tener un mejor desarrollo para el país».
Alientan cambio en fiscalías
El dirigente empresarial reconoció que es necesaria una reforma al Poder Judicial, pero no una que ignora las fortalezas del actual sistema, además de que la discusión debe considerar también a las fiscalías, pues se trata de un sistema integral.
En la visión de los conferencistas, la elección popular puede comprometer la independencia judicial, y alejaría a nuestro país de los estándares internacionales en la materia.
- Mariana Campos, directora de México Evalúa, declaró: Estamos frente a un ataque a la independencia del Poder Judicial, que tendría entre sus efectos negativos responsabilidades internacionales por incumplimiento de instrumentos firmados por México, como el tratado comercial con Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
- Si los juzgadores son electos por sufragio de la ciudadanía, sostuvieron los conferencistas, puede abrirse la puerta a presiones de grupos de interés contrarios a la imparcialidad que deben guardar la leyes.
También criticaron que, desde el gobierno, se asegure que la elección no tendría un impacto presupuestario. Con ello, se busca disimular los costos de esta elección y se deja de lado que ha habido una disminución del gasto autorizado al Poder Judicial, pese a que estamos lejos de cumplir con los estándares internacionales (18 jueces por cada 100 mil habitantes, cuando en México tenemos sólo cuatro).
- Nuhad Ponce Kuri, de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, sostuvo que la propuesta a debate no garantiza que el proceso de impartición de justicia sea de mejor calidad y que es poco factible que la ciudadanía pueda realmente conocer los perfiles de todos los aspirantes para elegir de manera razonada y objetiva.
En 2021, la asociación citada rechazó la reforma energética con argumentos similares: que lesionaría los principios de certeza jurídica y confianza legítima. Los cuestionamientos a la iniciativa enviada por el Presidente de la República ya han tenido un primer logro: ese no va a ser el proyecto que se va a votar en el Congreso en septiembre, sostuvo Andrea Rovira del Río, del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México (INCAM).
El propio jefe del Ejecutivo federal ha tenido expresiones, señaló la abogada, que reconocen la complejidad de los costos y los tiempos de implementación.
Es preciso que el gobierno y sus legisladores, siguió la representante del ICAM, escuchen a las agrupaciones de abogados de empresas porque finalmente los inversionistas los escuchan a ellos: somos quienes los convencemos de que México es lugar para invertir.
Impacto “negativo” en el “apetito de inversión” en México: Fitch
La agencia de calificación crediticia Fitch expresó preocupación por el impacto “negativo” en el “apetito de inversión” en México que pudiera tener la reforma judicial que impulsa el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
- “Las reformas judiciales propuestas en México podrían afectar negativamente el apetito de inversión y el entorno de negocios de las empresas no financieras si su implementación impide la autonomía y calidad del sistema judicial”, señaló Fitch Ratings en un comunicado.
- La agencia reconoce que los resultados de las elecciones generales del pasado junio, en las que Claudia Sheinbaum se impuso con aplastante mayoría, señalan una “amplia continuidad política y solidifican el amplio apoyo político del partido Morena (…) que podría asegurar suficiente apoyo legislativo para aprobar enmiendas constitucionales”.
“Las modificaciones en el método de selección de los jueces han suscitado la preocupación de los inversores sobre la imparcialidad judicial para resolver conflictos entre las autoridades gubernamentales y las empresas”, agregó Fitch.
- Aunque reconoce que es pronto para calibrar las consecuencias de la modificación constitucional, el organismo crediticio cree que “estas reformas en general afectarían negativamente al perfil institucional de México”.
- “La gobernabilidad de México ya es relativamente débil”, señaló el escrito que refleja que la puntuación del país está muy por debajo de la media del Indicador Mundial de Gobernabilidad del Banco Mundial.
El informe hace referencia a la inestabilidad económica que se creó cuando se confirmó el resultado de las elecciones del 2 de junio, en las que Sheinbaum consiguió la mayoría absoluta, cuando el peso se depreció notablemente frente al dólar estadounidense.
- “La inminencia de reformas económicas, regulatorias y judiciales en México ha provocado una mayor incertidumbre entre los inversores y un aumento de la volatilidad de los mercados a corto plazo”, expresó Fitch.
- Por último, Fitch señala que las empresas mexicanas podrían enfrentarse a un escenario de menor crecimiento económico si el “deterioro del marco judicial actual o el debilitamiento de los controles y equilibrios gubernamentales reducen la inversión nacional y extranjera”.
“Prevemos que el sector privado estará más preocupado si se aprueba la reforma del poder judicial, ya que podría favorecer a las empresas estatales frente a las entidades de propiedad privada”, dice el organismo, que reconoce el papel clave jugado por la Suprema Corte en la protección de las empresas frente a iniciativas estatales.
La reforma, cuyo objetivo es la elección por voto popular al Poder Judicial que planteó López Obrador, fue defendida por Sheinbaum, quien asumirá el Gobierno el próximo 1 de octubre, al anunciado que continuará con el proyecto.
Comprometerá permanencia de México en el T-MEC: IMEF
Las reformas promovidas, en especial al Poder Judicial, podrían frenar la inversión e impactar en el crecimiento económico, advirtió el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF).
Incluso, alertó que se podría comprometer la permanencia de México en sus acuerdos de libre comercio, sobre todo el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) cuyo refrendo o cancelación está programado para julio de 2026.
- “En la medida en que las reformas pudieran ser más agresivas, las empresas entrarían en una etapa de espera hasta conocer cuál es el sentido de la decisión final de las reformas que se están planteando”, dijo el presidente del IMEF, José Domingo Figueroa en conferencia de prensa.
- A los inversionistas les gusta que haya contrapesos, por lo que cualquier cambio legal debe hacerse con prudencia y pragmatismo para dar estabilidad económica y seguir creciendo, combatir la precariedad y resolver los problemas a los que nos enfrentamos.
- “Si los mercados sienten que no están dadas las condiciones que les garanticen inversiones de largo plazo, simple y sencillamente dejarán de invertir, y eso traerá como consecuencia un detrimento en el crecimiento económico y será más difícil combatir la pobreza”, estableció.
Bajo ese entorno de incertidumbre, consideró, se esperarán para tomar la decisión de hacer la relocalización de empresas, añadió.
- En relación al resultado de la encuesta que realizó Morena para consultar a la población sobre la necesidad de llevar a cabo una reforma judicial, estableció que, si bien es el mecanismo para conocer el sentir de los ciudadanos, lo más importante es el sentido en el que irán los cambios de fondo.
Con esa información se podrá ver cuál es el impacto para los inversionistas en el corto, mediano y largo plazos, afirmó.
“Hay que esperar el escenario que se va a presentar finalmente, si va para adelante la reforma y en qué sentido, para tener una idea de cómo va a impactar a las inversiones”, estimó.
Sin embargo, dijo que lo que sí es seguro, es que una reforma debe dar certeza para los inversionistas de que existe un mecanismo judicial para ampararse en actos de autoridad o para litigar controversias, concesiones denegadas o permisos rechazados.
También que garantice seguridad de la posibilidad de dirimir disputas comerciales en los tribunales expertos en materia energética, minera, de telecomunicaciones o de cualquier otra índole./Agencias-PUNTOporPUNTO
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