El pasado lunes se cumplió ocho años de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa luego de la trágica noche del 26 de septiembre en Iguala, Guerrero, en un clima de incertidumbre pues dos gobiernos de distinto partido político han presentado dos investigaciones en las que todavía no se logra determinar, de forma clara, la verdad de lo que sucedió con los jóvenes.
- Mario Patrón, ex abogado del caso Ayotzinapa ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), señaló el jueves que “tras las conclusiones, avances y pendientes presentados en el Informe de la Comisión de la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, a finales de agosto, la verdad sigue sin ser esclarecida”.
- El abogado señaló que si bien la justicia avanza, esta no lo hace al ritmo esperado por las víctimas, razón por la que los padres de los normalistas exigen que la justicia finalmente se aplique, pues en ocho años han desfilado más de un centenar de acusados, pero todavía no existe un consenso definitivo sobre el móvil del ataque contra los normalistas y quien dio expresamente la orden del ataque.
La nueva investigación desarrollada por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador apunta hacia la presunta responsabilidad de algunos mandos del Ejército mexicano en la zona de Guerrero, como el entonces coronel José Rodríguez Pérez, sin embargo, esta acusación se sostiene en presuntas declaraciones de Gildardo López Astudillo, El Gil, que de jefe de plaza pasó a convertirse en testigo, el cual tendría el nombre en clave de “Juan”.
Sobre la versión que apunta a que seis jóvenes permanecieron con vida varios días después de lo ocurrido en Iguala, no se ha presentado otra prueba más sólida que las capturas de pantalla de mensajes telefónicos.
- De hecho, el militar José Rodríguez Pérez, acusado de ordenar la muerte y desaparición de los seis jóvenes retenidos por el ejército, recibió este miércoles el auto de formal prisión acusado del delito de delincuencia organizada y no por desaparición forzada, lo que despierta dudas entre quienes demandan justicia y verdad por este caso.
- Desde agosto se presentó el informe de la Comisión de la Verdad y aunque coincide con la investigación del gobierno anterior en que los 43 normalistas habrían muerto, las múltiples diligencias emprendidas en lo que va del sexenio actual no han podido acreditar el punto exacto donde se habrían llevaron a cabo las ejecuciones.
En el anexo de análisis de comunicaciones telefónicas que sostuvieron los cabecillas de Guerreros Unidos la noche del 26 de septiembre de 2014, señala que entre ellos privó la confusión sobre la naturaleza de la protesta de los normalistas en Iguala, además afloraron las confrontaciones internas por las informaciones a medias que circulaban entre ellos.
La verdad que ya no es “histórica”
Según el gobierno de Enrique Peña Nieto, que llevó las indagatorias de 2014 a 2018, policías corruptos de Iguala, Guerrero, detuvieron a los estudiantes la noche del 26 de septiembre cuando se alistaban para asistir a la marcha del 2 de octubre en la Ciudad de México
- La versión de la administración de Peña Nieto, que llamó “la verdad histórica”, indica que los agentes realizaron ataques que dejaron seis muertos en el momento y a los 43 jóvenes capturados los entregaron al cártel Guerreros Unidos, que los asesinó e incineró en un basurero del municipio de Cocula.
Pero los familiares y una investigación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) cuestionaron la “verdad histórica” al señalar que no pudieron quemar los cuerpos en ese lugar.
El crimen de Estado sustituyó a la “verdad histórica”
El más reciente informe de la Comisión para la Verdad presentado el pasado 18 de agosto, concluyó que la desaparición de los 43 estudiantes fue un “crimen de Estado” en el que estuvieron involucradas autoridades de todos los niveles y que no hay indicios de que estén vivos.
- Pocos días después, el 26 de agosto, los padres de los jóvenes aseguraron que seguirán buscando a sus hijos con vida hasta que haya pruebas “objetivas, científicas e indubitables” de que están muertos.
Aun así, reconocieron la importancia de que el Gobierno estableciera con claridad la participación de las fuerzas armadas y otras autoridades pero recordaron que ya desde hace años las familias y diversas organizaciones venían diciendo que era un crimen de Estado.
El vacío que dejan las dos investigaciones
La gran incógnita, casi ocho años después, continúa siendo dónde están los 43 estudiantes -aunque se encontraron restos de tres de ellos-.
- Pero también se desconoce, en caso de que hubieran sido ejecutados, quién fue la persona que dio la orden y cuál fue el motivo, puesto que las teorías que se manejan todavía son varias.
Tampoco se sabe con precisión si había algún vínculo entre autoridades de diferentes niveles con en arco ni, de haberlo, cuál sería.
Por último, se desconoce por qué el Gobierno de Peña Nieto creó la “verdad histórica”
Tres años de una nueva investigación
Durante casi un año, no se informaron avances en el caso, hasta que el pasado 18 de agosto Encinas presentó el primer informe de la Comisión para la Verdad, cuya principal conclusión preliminar es que la desaparición “constituyó un crimen de Estado” en el que participaron autoridades municipales, estatales y federales.
- Señaló que mandos militares de la región no realizaron las acciones para la protección y búsqueda del soldado Julio César López Patolzin, quien estaba infiltrado dentro de la Normal, lo que pudo haber dado con el paradero del resto de los normalistas.
Otro punto fue el señalamiento de que el entonces coronel y hoy general José Rodríguez Pérez ordenó asesinar a seis normalistas que estuvieron cautivos con vida varios días.
- “Existen elementos suficientes para que la Fiscalía General de la República inicie o continúe las indagatorias para el deslinde de responsabilidades en contra de 33 personas que hemos señalado”, dijo Encinas.
Tan solo un día después, la fiscalía informó sobre el arresto de Jesús Murillo Karam, exprocurador general de la República, acusado de los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de la justicia en el caso Ayotzinapa.
Así fue detenido el principal artífice de la llamada “verdad histórica”, con la que la administración anterior concluyó que los 43 normalistas fueron asesinados la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014, por integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos, quienes supuestamente incineraron sus restos en el basurero de Cocula para lanzarlos en bolsas de plástico al Río San Juan.
- De manera paralela, la fiscalía informó que el Juez Segundo de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, libró 83 órdenes de aprehensión contra 20 mandos militares y personal de tropa del 27 y 41 batallones de Infantería, en Iguala.
- Estas mismas órdenes de aprehensión incluían a cinco autoridades administrativas y judiciales de Guerrero, a 26 policías de Huitzuco, a seis de Iguala y a uno de Cocula, más 11 policías estatales de Guerrero y 14 miembros de Guerreros Unidos.
- El 24 de agosto, el juez Marco Antonio Fuerte Tapia dio por válidas las pruebas presentadas por la FGR en contra de Murillo Karam, con las que se asegura que debió estar enterado de que sus subordinados cometían delitos, sobre todo Tomás Zerón. Por ello, le dictó prisión preventiva y lo vinculó a proceso.
La calma sobre el caso permaneció nuevamente durante tres semanas, hasta que el 14 de septiembre se dio a conocer que un juez federal absolvió a José Luis Abarca, exalcalde de Iguala, que desde 2014 fue señalado como la persona que ordenó el ataque policial contra los alumnos.
Si bien Abarca no salió de la cárcel debido a que enfrenta otros dos procesos penales, la decisión del juez provocó que el subsecretario Encinas reclamara al Poder Judicial por esta absolución, que se sumaba a la de otros 77 presuntos perpetradores del crimen. Días después, se informó que el mismo juez dio la absolución a 24 presuntos implicados más, razón por la que el gobierno federal decidió interponer una denuncia de hechos ante la FGR para que proceda legalmente en su contra.
- Mientras la discusión de la absolución de Abarca se desarrollaba, elementos de la Policía Federal Ministerial detuvieron al general José Rodríguez Pérez, excomandante del 27 Batallón de Infantería, a quien el gobierno federal le atribuyó la orden de asesinar y desaparecer a seis de los 43 normalistas.
Ese mismo 14 de septiembre fueron detenidos el capitán José Martínez Crespo —que ya había sido detenido en noviembre pasado— y el sargento Eduardo Mota Esquivel, señalados por los delitos de delincuencia organizada y desaparición forzada, así como el subteniente Fabián Alejandro Pirita Ochoa. Esto suma ya cinco aprehensiones nuevas por el caso.
No obstante, este domingo se dio a conocer que, a petición de la FGR, un juez federal canceló 21 de las 83 órdenes de aprehensión que se habían girado en contra de funcionarios públicos, por los delitos de delincuencia organizada, desaparición forzada y contra la administración de la justicia; 16 de ellas eran las correspondientes a los mandos militares.
Entre los exonerados están el coronel Rafael Hernández Nieto, comandante del 41 Batallón de Infantería, el exfiscal de Guerrero Iñaki Blanco y Lambertina Galeana, expresidenta del Tribunal de Justicia de Guerrero. Este movimiento —revelan documentos judiciales— dejó fuera de la decisión a la Unidad Especial dirigida por Omar Gómez Trejo y con ello a las familias de los 43.
- Un día antes, este sábado, la periodista Peniley Ramírez publicó en su columna del diario Reforma datos del informe sin testar sobre Ayotzinapa. Según lo publicado, el expresidente Enrique Peña Nieto supuestamente negoció con el exalcalde José Luis Abarca, a través de Tomás Zerón, para que se declarara autor intelectual del crimen a cambio de dejarlo ir del país.
El subsecretario Encinas condenó la filtración y pidió a la FGR indagar y castigar el hecho, debido a que la revelación afecta la investigación “y abre paso a la impunidad”.
- El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, que acompaña legalmente a las familias, afirmó que, si bien las filtraciones sobre el caso revictimizan a las familias, también hay preocupación sobre la información de que la FGR “de forma en extremo inusual, solicitó la cancelación de algunas órdenes de aprehensión”.
“Ante un entorno tan enrarecido, llamamos a la sociedad a acompañar a las familias en su marcha del lunes para recordar a los 43 y las más de #100milPersonasDesaparecidas, pues esta crisis continúa. Pedimos a los actores preservar el carácter de pacífico de la marcha, poniendo en el centro de la dignidad de los padres y madres”, exhortó.
Dónde están las figuras clave en la desaparición de los 43 estudiantes
Jesús Murillo Karam, exfiscal general
El viernes 19 de agosto, el exfiscal general de México, Jesús Murillo Karam, fue arrestado en relación con el caso.
- Como fiscal general del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, abrió la investigación original sobre la desaparición de los estudiantes. Fue acusado de desaparición forzada, tortura y obstrucción a la justicia en relación con los estudiantes desaparecidos.
- El sucesor de Peña Nieto, López Obrador, dijo que el papel de Murillo Karam en los arrestos falsos después de las desapariciones fue una «prueba» de que supervisó un gran encubrimiento destinado a proteger al gobierno federal de la responsabilidad.
En declaraciones en la corte el 24 de agosto, Murillo Karam señaló que si bien estaba dispuesto a aceptar algunos errores de investigación, nadie había podido ofrecer de manera convincente otra versión de lo que les sucedió a los estudiantes.
Ahora irá a juicio. Si bien no se ha anunciado una fecha para el proceso, un juez dictaminó que permanecerá en prisión preventiva hasta entonces.
Tomás Zerón, exjefe de la Agencia de Investigación Criminal de México
- El exdirector de la ahora desaparecida Agencia de Investigación Criminal de México, Tomás Zerón, fue acusado por el gobierno de López Obrador de torturar a testigos en el caso, incluido un miembro de Guerreros Unidos, para ayudar a respaldar la versión del caso del gobierno.
- También es buscado por presunta manipulación de pruebas. Zerón negó los cargos, que ha descrito como motivados políticamente. Según los informes, en 2019 Zerón huyó a Canadá y en julio de 2021 funcionarios israelíes y mexicanos dijeron que Zerón huyó a Israel y solicitó asilo.
Desde entonces, México solicitó su extradición que, según el canciller Marcelo Ebrard, era de «máxima prioridad» para el gobierno de López Obrador. Las autoridades israelíes hasta ahora no han concedido la solicitud.
Según el último informe del gobierno mexicano, funcionarios del gobierno se reunieron con Zerón en Tel Aviv en febrero para discutir la posibilidad de que regrese a México para responder a los cargos en su contra. Él permanece en Israel.
José Luis Abarca, exalcalde de Iguala
El alcalde de Iguala en 2014, José Luis Abarca, huyó del pueblo junto con su esposa María de los Ángeles Pineda a los pocos días del secuestro. Fueron arrestados en la Ciudad de México más de un mes después.
- Ambos siguen en prisión cumpliendo condena por lavado de dinero y vínculos con el crimen organizado. Sin embargo, a pesar de las acusaciones de que estuvo involucrado en las desapariciones de estudiantes, algunos familiares de los 43 lo han defendido públicamente, e incluso realizaron una marcha en Iguala el mes pasado para pedir su liberación.
El 14 de septiembre un juez lo absolvió de cualquier responsabilidad por el secuestro de Iguala, alegando falta de pruebas. Por separado, enfrenta cargos relacionados con el asesinato de dos activistas locales en 2013, además de los cargos de lavado de dinero y crimen organizado.
Ricardo Mejía, subsecretario de Seguridad Pública de México, prometió que el gobierno impugnaría el fallo. También descartó cualquier sugerencia de que el exalcalde sería liberado de prisión.
Guerreros Unidos
El grupo criminal acusado de matar a los estudiantes, Guerreros Unidos, sigue activo. Según las autoridades mexicanas, está fuertemente involucrado en extorsiones y secuestros en el estado de Guerrero y otros dos estados mexicanos.
- También se cree que produce y trafica heroína de México a Estados Unidos. Ahora se cree que está aliado con el cártel Jalisco Nueva Generación, uno de los más poderosos de México.
A principios de agosto, las autoridades mexicanas anunciaron que 14 miembros anónimos de Guerreros Unidos se encontraban entre un grupo más grande de 83 personas buscadas por arresto en relación con la desaparición de los 43 estudiantes.
- Otros 14 miembros del grupo, así como tres de sus familiares -todos vinculados al caso- han muerto desde entonces, algunos de ellos a manos de otros delincuentes o de las fuerzas de seguridad mexicanas. Otros murieron por causas naturales.
- Las autoridades mexicanas también han sido acusadas repetidamente de torturar a presuntos miembros para arrancar confesiones. La tortura de 6 miembros de Guerreros Unidos está en el centro de los cargos del gobierno mexicano contra Murillo Karam.
Otro miembro del grupo que se cree jugó un papel clave en el incidente de Iguala, Juan Salgado Guzmán, fue asesinado a tiros por la policía en septiembre de 2021.
El informe reciente del gobierno encontró una serie de «irregularidades» relacionadas con su muerte, lo que llevó a las autoridades a concluir que había sido «ejecutado» sin provocación después de haber sido herido y cuando ya no representaba una amenaza para los oficiales.
El Ejército mexicano
Gran parte del misterio que rodea el secuestro de Iguala gira en torno a la participación de los militares.
- Las autoridades confirmaron que el ejército tenía un informante que viajaba con los estudiantes de Ayotzinapa el día de la desaparición y estaba al tanto de los movimientos de los estudiantes antes de que ocurriera el ataque.
- Las autoridades mexicanas han dicho que los militares no hicieron nada para encontrar al informante, que se encuentra entre los que siguen desaparecidos.
- Además, los militares han sido acusados por expertos de ocultar información que podría haber ayudado a localizar a los estudiantes. Imágenes de drones parecían mostrar a los infantes de marina mexicanos, parte de la Marina, manipulando evidencia en el vertedero de Cocula.
El 15 de septiembre, las autoridades mexicanas anunciaron el arresto de un general retirado del Ejército, José Rodríguez Pérez, en relación con el secuestro de Iguala. Rodríguez tenía el grado de coronel al momento del hecho y estaba a cargo de una unidad estacionada en Iguala.
Otros dos oficiales militares también fueron arrestados
No está claro qué evidencia tiene el gobierno contra Rodríguez. Alejandro Encinas, el principal funcionario de derechos humanos de México, dijo a los periodistas que miembros del grupo criminal retuvieron a seis de los estudiantes en un antiguo almacén antes de entregárselos al entonces coronel, quien presuntamente ordenó que los mataran y se deshicieran de sus cuerpos.
- En total se emitieron recientemente órdenes de arresto contra 20 miembros de las Fuerzas Armadas, incluidos comandantes y soldados de los dos batallones diferentes que estaban en Iguala en ese momento.
A pesar de la promesa del gobierno mexicano de responsabilizar a los militares por las violaciones de los derechos humanos, muchos de los problemas planteados por la investigación inicial de Iguala parecen no haber sido abordados./Agencias-PUNTOporPUNTO
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